FONDOS BUITRES

YPF: Argentina advierte que irá a la Corte Suprema si falla la apelación en Nueva York

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La Procuración del Tesoro presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito los argumentos para suspender el “turnover” de las acciones. El país busca que el fallo quede sin efecto hasta que se resuelva la cuestión de fondo por la expropiación de 2012.

Argentina pide frenar la entrega de las acciones

El Gobierno argentino presentó formalmente sus argumentos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para evitar la entrega del 51% de las acciones de YPF que el Estado posee desde la expropiación de 2012. La presentación, coordinada por la Procuración del Tesoro, busca que el tribunal suspenda de manera definitiva el “turnover” ordenado por la jueza Loretta Preska en septiembre de 2023, que habilita al fondo Burford Capital a ejecutar las acciones como parte de la indemnización fijada por más de USD 17.500 millones.

El planteo, a cargo del procurador Santiago Castro Videla y un equipo de abogados estadounidenses, insiste en que la medida de Preska “viola la inmunidad soberana” y “desconoce principios básicos de cortesía internacional”, además de subrayar que las acciones de YPF “están radicadas en Argentina” y no forman parte de ninguna actividad comercial en EE.UU.

El apoyo de EE.UU. y los argumentos centrales

En su apelación, la Argentina contó con el apoyo del propio Gobierno estadounidense, que presentó un amicus curiae ante el tribunal en favor de suspender la medida, al advertir que la ejecución podría generar “represalias judiciales” contra EE.UU. en otros países.

Entre los principales argumentos del escrito oficial, se destacan:

  • Violación de inmunidad soberana: las acciones están protegidas por la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos (FSIA) y no fueron utilizadas para actividades comerciales en ese país.
  • Principio de comity: la orden judicial obligaría a la Argentina a incumplir su propia legislación, que prohíbe la venta de las acciones sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional.
  • Irreparabilidad del daño: la entrega de las acciones implicaría la pérdida del control estatal sobre YPF, un perjuicio “irreversible” incluso si el país ganara la apelación final.
  • Interés público afectado: la medida podría impactar en la empresa, sus accionistas, las relaciones bilaterales con EE.UU. y el pueblo argentino en su conjunto.

Qué puede resolver la Corte de Apelaciones

Los escenarios que evalúan en la Procuración son tres:

  1. Favorable: el tribunal suspende el turnover sin condiciones, permitiendo avanzar con la apelación de fondo.
  2. Intermedio: acepta la suspensión, pero exige garantías de parte del Estado argentino.
  3. Adverso: confirma la orden de entrega, lo que llevaría al Gobierno a apelar ante la Corte Suprema de EE.UU., tal como anticipó oficialmente.

Si bien el tribunal no tiene plazos para pronunciarse, las partes esperan que la definición llegue “en cuestión de horas o días”, dada la urgencia del caso.

El caso Petersen/Eton Park vs. Argentina, impulsado por el fondo Burford Capital, cuestiona el proceso de expropiación de YPF en 2012 y es uno de los juicios más costosos que enfrenta el país. Un fallo adverso no solo implicaría la pérdida del control accionario de la principal petrolera argentina, sino que podría sentar un precedente internacional en materia de ejecución de activos soberanos.

Desde el Gobierno argentino remarcan que la prioridad es proteger el capital accionario estatal en YPF y que “negociar no es una opción”. En caso de un revés, la estrategia oficial será apelar hasta las últimas instancias judiciales en Estados Unidos.

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Juicio por YPF: fuerte cruce entre Burford y el Departamento de Justicia de EE.UU.

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Burford Capital, el fondo que litiga contra Argentina por la expropiación de YPF, cuestionó duramente al gobierno de Estados Unidos por intervenir como amicus curiae a favor del Estado argentino ante la Corte de Apelaciones de Nueva York. El bufete británico reiteró que Argentina deberá pagar una sentencia que ya supera los USD 17.500 millones, con intereses incluidos.

Críticas al Departamento de Justicia y advertencia por “efectos adversos” locales
Burford Capital presentó un escrito de 31 páginas ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en el que rechaza el intento de intervención del gobierno estadounidense como amicus curiae en la causa por la expropiación de YPF. El fondo acusó a los funcionarios norteamericanos de presentar un alegato “basado en premisas erróneas” y “sin valor sustancial”.

“Lamentablemente, la prisa y el desconocimiento del gobierno quedan patentes en su escrito”, señaló el documento, en el que además se tilda de “sumamente inusual” la presentación del Departamento de Justicia, aludiendo a funcionarios del entorno del expresidente Donald Trump.

Burford también criticó que EE.UU. no haya respondido a su pedido de reunión previa para aclarar su postura, lo que –según alegó– contribuyó a una interpretación equivocada del caso. “Cuesta entender cómo se benefician los objetivos de política exterior de la Casa Blanca al alentar a países extranjeros a perjudicar a los inversores y desoír fallos de tribunales federales”, sentenció el fondo.

Una batalla de fondo por USD 17.500 millones

El fallo de Preska, las acciones de YPF y la pulseada por la inmunidad soberana
El litigio por la estatización de YPF ya lleva más de una década. En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska falló en contra de Argentina y ordenó que se transfiera el 51% de las acciones en manos del Estado como parte de pago por la expropiación sin oferta previa de compra. La sentencia inicial fue por USD 16.000 millones, cifra que ya se elevó por intereses hasta superar los USD 17.500 millones.

Burford busca que la Corte de Apelaciones no suspenda el fallo de Preska, mientras que Argentina, con el respaldo reciente del Departamento de Justicia de EE.UU., insiste en la inmunidad soberana y el riesgo de daño irreparable si se ejecuta la entrega de acciones antes del resultado final del proceso de apelación.

El giro de EE.UU. y su impacto político

El gobierno argentino lee un respaldo implícito; Burford alerta sobre falsas expectativas
Desde la Procuración del Tesoro, que encabeza Santiago Castro Videla, interpretaron el respaldo de EE.UU. como un gesto diplomático significativo. “No se trata de un respaldo menor ni debe ser naturalizado”, indicaron fuentes del organismo. Recordaron que en 2019, durante las presidencias de Macri y Trump, la posición oficial estadounidense fue contraria a la inmunidad argentina.

En su presentación, el Departamento de Justicia justificó su posición afirmando que “el caso puede tener importantes ramificaciones para las relaciones exteriores de EE.UU. y afectar el trato recíproco en tribunales de otros países”.

Burford, por su parte, advierte que el gobierno argentino ha interpretado erróneamente ese gesto como una garantía de que no deberá pagar. “La prensa y los funcionarios públicos han asumido que Argentina nunca tendrá que cumplir la sentencia”, alertó.

La Corte decidirá si suspende la sentencia y evita la entrega de acciones
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito deberá definir esta semana si hace lugar al pedido de suspensión de la sentencia de Preska. De lo contrario, Argentina podría verse obligada a transferir el paquete accionario en disputa a los demandantes, incluso antes de que se resuelva la apelación.

Burford sostiene que la posición de EE.UU. no debe influir en esa decisión, mientras insiste en que la inmunidad soberana no aplica para actos comerciales incumplidos por parte de Estados que operan en mercados internacionales, como en el caso de YPF.

El fallo definitivo tendrá implicancias financieras y diplomáticas de largo alcance. En juego no solo está el futuro accionario de la petrolera estatal, sino también la credibilidad jurídica de Argentina en los mercados internacionales. Si la Corte ratifica el fallo y avanza la ejecución, el gobierno de Javier Milei deberá afrontar uno de los mayores pasivos heredados del pasado reciente.

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YPF: la Justicia de EE.UU. presiona por US$17.750 millones y el Gobierno busca evitar la transferencia

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La jueza de Nueva York, Loretta Preska, rechazó el pedido del Gobierno argentino para suspender la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park, en el marco de la millonaria demanda por la expropiación de la petrolera. La magistrada advirtió que la Argentina “sigue demorando y eludiendo sus obligaciones” y negó nuevas prórrogas. El Ejecutivo apeló al Segundo Circuito de EE.UU. para frenar la ejecución de la sentencia por US$17.750 millones.

En un fallo crítico, la jueza federal Loretta Preska desestimó la solicitud del Gobierno argentino de postergar la entrega del paquete accionario de YPF como parte del pago del juicio por la expropiación de 2012. La magistrada remarcó que “la República ha abusado de las concesiones del Tribunal” y negó el pedido de suspensión, aunque otorgó tres días adicionales para apelar ante el Segundo Circuito, plazo que Argentina ya utilizó para presentar el recurso.

Preska apuntó que el país “no ofreció la garantía mínima” requerida y que cualquier daño irreparable “se deriva directamente de las propias acciones de la Argentina a retrasar e intentar eludir sus obligaciones”.

El litigio por YPF: cifras y contexto

La causa se remonta a septiembre de 2023, cuando la magistrada condenó a la Argentina a pagar US$16.100 millones por la forma en que se realizó la estatización de YPF. El monto, con intereses, supera hoy los US$17.750 millones.

Los beneficiarios del fallo son los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio al grupo Petersen (familia Eskenazi), exaccionistas de la petrolera. El reclamo se basó en que, al nacionalizar el 51% de las acciones de Repsol, el Estado argentino no extendió una oferta similar a los accionistas minoritarios, como lo exigía el estatuto de la empresa.

Argentina apela al Segundo Circuito y busca frenar la transferencia

Tras el revés judicial, la Procuración del Tesoro, encabezada por Juan Ignacio Stampalija, ya presentó una apelación ante el Segundo Circuito de EE.UU., con el objetivo de suspender la entrega de las acciones mientras se tramita el recurso. Desde el Ejecutivo sostienen que aún no se incumplió la orden judicial, ya que Preska concedió tres días para acudir al tribunal superior.

En paralelo, otros acreedores del país analizan replicar la estrategia de los fondos buitre y solicitar embargos sobre activos estatales, incluida la participación en YPF, lo que abriría una nueva etapa de presión judicial y financiera para la Argentina.

El Gobierno argentino cuestiona el fallo

El presidente Javier Milei cuestionó la aplicación del fallo al considerar que “viola la ley argentina” y sostuvo que su ejecución requeriría una ley del Congreso aprobada por dos tercios, lo cual “no va a ocurrir”.

Por su parte, el CEO de YPF advirtió que “Argentina actuó con celeridad” y que el fallo no debería comprometer el normal funcionamiento de la empresa, aunque reconoció que genera “preocupación en los mercados”.

¿YPF, otra vez en el centro de la disputa por la soberanía financiera?

El rechazo de Preska marca un punto crítico en el litigio por la estatización de YPF. La negativa a suspender la entrega de acciones complica la estrategia de defensa del Gobierno argentino y plantea un escenario incierto para la petrolera nacional. La apelación ante el Segundo Circuito será clave para definir si se concreta la transferencia del paquete accionario estatal, o si se abre una nueva instancia que permita negociar condiciones más favorables.

Más allá del fallo, el caso reaviva el debate sobre el manejo de la política energética y los costos financieros de decisiones de Estado mal instrumentadas.

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Juicio por YPF: la jueza Preska rechazó el pedido de investigar la nacionalización de la petrolera

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La ONG Republican Action for Argentina había solicitado la revocación del fallo por la expropiación de YPF. El Gobierno había opinado también en ese sentido

La ONG Republican Action for Argentina (RAFA) había presentado días atrás un recurso ante la jueza Loretta Preska, titular del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, con el objetivo de que se revoque el fallo en el juicio por la expropiación de YPF. El pedido tuvo que ver con la solicitud de que se investigue el caso desde antes, desde la nacionalización de la empresa.

A partir de esta solicitud, la magistrada ordenó a las partes involucradas que expresen su opinión. Burford Capital, el principal beneficiado por el fallo de primera instancia de Preska que condenó al país a pagar USD 16.000 millones por haber expropiado mal a la petrolera, consideró que no era pertinente el pedido. El Estado argentino, que es representado por la Procuración del Tesoro, dijo que sí.

Preska tomó ambos argumentos y esta noche rechazó el pedido de que se analice otra vez el proceso de nacionalización de la petrolera que tuvo lugar durante el gobierno de Cristina Kirchner y que terminó con la expropiación que dio origen a la demanda.

“Era esperable la decisión, por lo que se venía hablando y discutiendo. Es una media apelable, pero con chances prácticamente nulas de prosperar. Si quieren pedir un stay, o una suspensión del fallo hasta que salga la apelación, también se la van a rechazar porque no puede impediría el correcto funcionamiento de otras medidas que se pidieron en su tribunal. Veremos si apelan, podría ser”, destacó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.

Argumentos

La solicitud de RAFA fue cuestionada y enfrentaba obstáculos significativos ya que la jurisprudencia estadounidense establece estándares estrictos para la reconsideración de fallos, especialmente en litigios comerciales internacionales.

La presentación de la ONG generó reacciones en el ámbito judicial y económico. Maril destacó entonces que estos cuestionamientos ya había sido parte central del juicio y que la jueza Preska determinó que no existían pruebas suficientes para anular el fallo. “Este intento de revisión es inviable porque la magistrada ya analizó los argumentos y descartó cualquier posibilidad de fraude”, sostuvo.

Por otro lado, el presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Nathan Licht, cuestionó la estrategia de RAFA. “Este tipo de recursos tienen la misma probabilidad de éxito que mandar al arquero a cabecear en el último minuto”, afirmó en su cuenta de X.

Como se dijo, Burford se manifestó también en contra de pedido de la ONG. Señalaron que el tribunal de Preska ya ordenó una amplia producción de pruebas a lo largo de este extenso proceso. El bufete indicó que “este asunto (en referencia al fallo) ha estado pendiente durante casi una década, y RA4ARG no ofrece ninguna explicación legítima sobre por qué esperó tanto tiempo –casi un año y medio después de que el Tribunal dictara sentencia sobre el fondo del caso– para solicitar su intervención”.

“La respuesta expresará también la voluntad del Gobierno de colaborar con el gobierno de los Estados Unidos en cualquier investigación que pueda arrojar luz sobre los hechos y circunstancias que rodean este asunto, sin que ello implique abandonar sus planteos en el sentido de que los tribunales estadounidenses no son el foro adecuado para resolver las pretensiones de los demandantes en este caso”, expresaron fuentes oficiales.

Por su parte, la firma inglesa Burford Capital (beneficiarios del fallo YPF) dio varios argumentos defendiendo su postura. Entre ellos, señalaron que el tribunal de Preska ya ordenó una amplia producción de pruebas a lo largo de este extenso proceso. La empresa indicó que “este asunto (en referencia al fallo) ha estado pendiente durante casi una década, y RA4ARG no ofrece ninguna explicación legítima sobre por qué esperó tanto tiempo –casi un año y medio después de que el Tribunal dictara sentencia sobre el fondo del caso– para solicitar su intervención”.

El Gobierno argentino, por medio de la Procuración, reiteró “su compromiso con que se investiguen los hechos que rodearon” la nacionalización de YPF y expresaron la voluntad del Gobierno de “colaborar con el gobierno de los Estados Unidos en cualquier investigación que pueda arrojar luz sobre los hechos y circunstancias que rodean este asunto, sin que ello implique abandonar sus planteos en el sentido de que los tribunales estadounidenses no son el foro adecuado para resolver las pretensiones de los Demandantes en este caso”.

“Este Gobierno ha tenido que asumir la defensa del Estado Argentino basado en hechos de los cuales ninguno de sus integrantes ha participado y en una etapa procesal sumamente avanzada. Frente a esta situación heredada, continuará haciendo todo lo qué está a su alcance para buscar alternativas de solución que permitan, a pesar de la enorme dificultad que ello presenta, revertir la sentencia o mitigar su impacto. La República Argentina continuará haciendo uso de su derecho de legítima defensa y agotando instancias judiciales en pos del bienestar de todos los argentinos”, destacaron fuentes oficiales.

Ahora la causa seguirá su curso por distintas vertientes. Por un lado, la apelación al fallo de primera instancia: no se esperan novedades de la Corte de Apelaciones neoyorquina hasta dentro de, al menos, un año. Luego, en paralelo, en el tribunal de Preska se cursan otros pedidos de Burford. Por ejemplo, la solicitud de quedarse las acciones que tiene el Estado en la compañía (51%) y la demostración del “alter ego”, o que la empresa y el Gobierno de turno “son lo mismo”. Preska deberá decidir sobre ambos pedidos.

“Lo único que Burford quiere es sentarse a negociar, pero ninguno de los últimos cuatro gobiernos que tuvo el país se manifestó en ese sentido”, aseguró una fuente con alto conocimiento de la causa.

Mientras tanto, corren los intereses del monto indemnizatorio. A los USD 16.000 millones iniciales se sumaron, durante el primer año de Javier Milei como presidente, otros USD 1.000 millones. Esa es la deuda que, por el momento, debe enfrentar Argentina.

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Causa YPF: Cómo fue el fallo y que debe hacer el Estado Argentino

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YPF obtuvo un fallo favorable pero condenan al Estado argentino que ahora debe apelar.

Es un fallo positivo para YPF, entienden los abogados de la empresa, porque la jueza de Nueva York, Loretta Preska, reconoce que la compañía no tuvo responsabilidad y no es garante del Estado nacional. Por lo tanto, sus activos están fuera de riesgo.

Luego, no se hace lugar a todos los pedidos de los demandantes.

Pero, a la vez la jueza Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, responsabilizó al Estado argentino, que deberá pagar indemnizaciones de entre US$ 7.000 millones y US$ 19.800 millones, según estimaciones de los fondos demandantes.

La Argentina tiene 2 instancias para apelar el fallo adverso, pero igualmente deberá pagar una garantía.

A los efectos de los fondos demandantes, Burford Capital y Eton Park, quienes compraron el derecho a litigar contra la Argentina y contra YPF, recibirán una satisfacción a su reclamo.

Para los contribuyentes argentinos, entonces, es una mala noticia. Para los accionistas de YPF, es una buena noticia.

Esto explica que las acciones de YPF no sufran un castigo y que Burford pueda festejar.

Burford y Eton han utilizado errores del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner / Axel Kicillof cuando decidieron expropiar una empresa privada sin realizar una oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones, cuando expropió el 51%.

En definitiva, es un tema para la actual Administración, porque habrá que depositar una garantía a los demandantes, y para la próxima Administración argentina ya que puede demorar varios años más la demanda en sus instancias de apelación.

Repercusiones opositoras de la condena contra la Argentina por YPF

El Estado argentino fue condenado este viernes por los tribunales de Nueva York a pagar indemnizaciones por la expropiación del 51% de la petrolera YPF, ocurrida en 2012.

La jueza Loretta Preska determinó que el Estado nacional vulneró la cláusula de oferta pública fijada en los estatutos en la compañía. Aquel litigio fue iniciado por la familia Eskenazi, exaccionistas de YPF que se vieron perjudicados por la expropiación. Pero el pleito lo continuaron los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park, que compraron la demanda.

Es un fallo en primera instancia. Quedan las apelaciones. En YPF celebraban que la empresa fue eximida de responsabilidades, por lo que no deberá responder con su patrimonio.

No obstante, el Estado argentino, que ejecutó la expropiación por orden de Cristina Kirchner, con la arquitectura intelectual de Axel Kicillof, deberá pagar -si se ratifica la sentencia- hasta US$20 mil millones en compensaciones.

En la oposición ya hubo repercusiones.

El diputado libertario y precandidato presidencial Javier Milei disparó contra “casi la totalidad de la clase política” por haber votado la expropiación que calificó de “ilegal”.

“Hace casi diez años casi la totalidad de la clase política argentina votó a favor de la expropiación de YPF. Incluido 34 votos positivos de la UCR. Esa expropiación ilegal nos acaba de salir 20 mil millones de dólares en un juicio contra Argentina. La joda la pagamos nosotros”, tuiteó el líder de La libertad avanza.

Por suparte, el diputado nacional liberal José Luis Espert advirtió que el costo de la sentencia saldrá “de más impuestos” y pidió que “los que reestatizaron YPF vayan presos”.

El dirigente Carlos Maslatón, por su parte, recordó sus advertencias cuando fue anunciada la expropiación y sostuvo: “Tan claro, no se puede creer, lo advertí en 2012 el mismo día que tomaron ese edificio de Puerto Madero. No se puede expropiar parcialmente una empresa sometida a oferta pública. Se debe OPAr (hacer una oferta pública), porque ley especial deroga ley general. Y el deudor del desatino es el estado, no YPF”.

También desde sector de Javier Milei, en tanto, el legislador Ramiro Marra apuntó en duros términos contra Kicillof.

“En 2012, Kicillof se agrandaba diciendo que Argentina no iba a pagarle un peso a Repsol por la expropiación de YPF. Poco más de 10 años después, el país se ve obligado a pagar US$20 mil millones por su accionar”, tuiteó.

Desde el macrismo, la extitular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso disparó en la red social: “Las aventuras ideológicas y los negocios del kirchnerismo los pagamos todos los argentinos. Por eso voté en contra (de la estatización) cuando fui diputada”.

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