La Justicia también investiga al hermano de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito
La Justicia federal abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Jorge Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N°6 y fue impulsado por el fiscal Guillermo Marijuan, quien ordenó una batería de medidas para reconstruir la evolución patrimonial del funcionario desde 2020 hasta la actualidad.
La pesquisa se concentra en determinar si hubo un incremento patrimonial no justificado durante el período en que Francisco Adorni ocupó cargos dentro del Ejecutivo nacional. Primero se desempeñó como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y, desde junio de 2025, quedó al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Según el dictamen fiscal, no registraba antecedentes públicos relevantes en la función pública nacional ni patrimonio compatible con la rápida incorporación de bienes registrables de alto valor.
El punto central de la investigación está en la evolución de su declaración jurada. Al asumir funciones públicas declaró el 50% de una vivienda en City Bell valuada en $38,79 millones y el 50% de un vehículo Chery Tiggo modelo 2017 tasado en $5 millones, además de otros bienes y dinero que totalizaban $43,79 millones, sin deudas declaradas. Sin embargo, en la declaración jurada anual de 2025 informó un patrimonio neto de $80,5 millones.
Ese salto patrimonial se explicaría principalmente por dos operaciones: la incorporación del 50% de una Jeep Renegade 2020 valuada en $8 millones y, sobre todo, por la cancelación en apenas un año de un crédito hipotecario de aproximadamente $60 millones otorgado por el Banco Provincia.
Allí aparece la principal sospecha del fiscal. En el dictamen, Marijuan sostuvo que “incluso asumiendo una capacidad de ahorro extraordinaria del cien por ciento del salario percibido”, el flujo de ingresos resultaría insuficiente para explicar la cancelación de ese pasivo en un plazo de apenas 12 meses. Ese punto se convirtió en el eje de la investigación judicial.
Para avanzar con la causa, el Ministerio Público solicitó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Francisco Adorni y pidió informes a una amplia red de organismos públicos y entidades financieras. Entre ellos figuran ARCA, el Banco Central, la UIF, la IGJ, registros de propiedad inmueble, automotor, aeronaves y buques, además de compañías aseguradoras y firmas de envío de dinero. También se pidió al Banco Provincia el detalle completo de los pagos imputados a la cancelación del crédito hipotecario durante 2024, 2025 y 2026, incluyendo fechas, montos, medios de pago y origen de los fondos.
Además, el fiscal requirió al Ministerio de Defensa el legajo completo del funcionario, las resoluciones de designación y el detalle de haberes percibidos desde 2023. A la Oficina Anticorrupción también se le solicitaron las declaraciones juradas patrimoniales públicas y sus anexos reservados.
Aunque la denuncia original también hacía menciones sobre el patrimonio de Manuel Adorni, el fiscal aclaró que esas referencias no forman parte de esta investigación específica, que por ahora se concentra exclusivamente en Francisco Adorni.
El expediente suma presión política sobre el entorno del Gobierno nacional en un contexto de creciente exposición pública del caso Adorni, que ya comenzó a generar ruido en el oficialismo y en la oposición, donde distintos sectores impulsan pedidos de explicaciones y mayores controles sobre la evolución patrimonial de funcionarios vinculados al Poder Ejecutivo.