Luego de la exposición del ministro de Comunicación Oscar Aguad en el Congreso, a donde concurrió para explicaciones sobre el acuerdo entre el Estado y Correo Argentino, en abril se espera la presencia en la Cámara baja del padre del Presidente, Franco Macri, por este mismo tema.
Así lo confirmó al programa “Mañanas Sylvestres”, que se emite por Radio 10, el titular de la comisión de Comunicación de Diputados, Juan Fernando Brügge.
El legislador también confirmó la presencia de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, para el próximo 14 de marzo. La politóloga fue citada por el acuerdo con Correo y además “porque el Presidente dijo que iba a haber un protocolo para casos de conflictos de intereses”, argumentó Brügge en alusión al discurso de Mauricio Macri en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.
Vale recordar que por la comisión pasó el mes pasado el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, quien desligó al primer mandatario del acuerdo.
“Aguad dejó gusto a poco con lo que explicó, dejo más dudas que certezas”, dijo Brügge, quien tuvo un cruce con el ministro, quien tildó el organismo que preside de “semicomisión”.
Brügge adelantó además que busca avanzar “con un proyecto para revivir la comisión de ética pública integrada por ciudadanos comunes”. “Toda la cuestión del Correo ha sido un accionar de mala fe”, concluyó.
El acuerdo de condonación de deudas entre el Gobierno y el grupo Macri, concesionario del Correo Argentino, debería ser considerado un escándalo. No sólo por el monto en juego, estimado por la fiscal que desnudó la maniobra en 70 mil millones de pesos, sino por las partes intervinientes. El Correo Argentino en manos de Franco Macri desde 1997, quebró en 2003 y le debía más de mil millones al Estado. Sucesivamente fue dilatando el arreglo, que llegó con su hijo Presidente. Las negociaciones avaladas por el Gobierno resultaron ser sumamente gravosas para el Estado por la deuda incobrable y por una nueva maniobra que recién se conoció en las últimas horas. No sólo se le perdonó prácticamente toda la deuda, sino que la misma familia Macri reclama un resarcimiento económico de 1850 millones más intereses y no renuncia a más reclamos.
Cuando la familia recibió el Correo de manos de Carlos Menem, la empresa estatal contaba con 20.400 empleados y no tenía deuda. El grupo debía pagarle al Estado un canon semestral de 51,6 millones de pesos.
En la despedida del riojano del poder, el Correo le debía al Estado 408 millones de pesos y otros 60 millones en préstamos al Banco Nación. Nada alcanzaba. En 2001 entró en concurso preventivo y despidió a 12.800 trabajadores. La Afip le reclamó después más de 500 millones de pesos por falta de pago de los aportes patronales, lo que hace una deuda acumulada de más de mil millones de pesos.
Nada extraordinario. Fue más o menos el mismo esquema que se repitió en otras empresas privatizadas. Aerolíneas, YPF, las AFJP, tuvieron el mismo final. Quebrados, sin activos y con millones de dólares fugados. Empresas fundidas, ejecutivos millonarios. En realidad, es una historia que encuentra sus orígenes en las postrimerías de la última dictadura militar, cuando el siempre presente Domingo Cavallo estatizó la deuda privada. El grupo Socma, del entonces joven Mauricio, fue una de las empresas beneficiadas con la licuación y estatización de una deuda de 170 millones de dólares-
La nueva operación, sin embargo, pasa casi desapercibida en los grandes medios y en los principales debates políticos. Por ahora es apenas un vocerío lateral, que indigna a un sector de la oposición, mientras que los indignados con los bolsos del señor López, distraídos, callan o justifican. “No hay que pensar que Mauricio sabía”, dijo la vicepresidenta Gabriela Michetti.
Es poco probable que el tema no se haya colado en alguna cena familiar. Socma, la controladora del Correo, fue transferida en 2007 al ahora Presidente. Ahora está en manos de los hermanos y de tres hijos de Mauricio. Todo se reduce, en última instancia, en un beneficio familiar.
El enorme volumen de dinero en nada se asemeja a los bolsos tirados en el convento. Pero refleja lo mismo. La diferencia es que la condonación de deudas es abstracta. Los bolsos de López fueron fotografiados por doquier y las imágenes ocuparon horas de televisión. Por eso, el grado de indignación es distinto.
Sin embargo, la promesa de “transparencia”, quedó licuada en un gris pantanoso. Hasta los socios de Cambiemos, tímidamente, intentan desmarcarse. Algunos. “No entiendo de derecho pero sí de ética y no hay explicación que valga ni justifique que el hijo Presidente le resuelva un problema al papá empresario en conflicto con el Estado”, aseguró el ex gobernador Ricardo Barrios Arrechea.
En cambio, el diputado Luis Pastori minimizó la situación y culpó a la fiscal Gabriela Boquín de moverse como “un elefante en un bazar”. Para el contador, “la señora hizo mal las cuentas o no supo verificar la que le informaron. No supo qué fórmula usar. Usó la fórmula del interés compuesto cuando tenía que usar la del interés simple. Y así llega a los supuestos 70.000 millones”.
Obvia el legislador en su intento de preservar la “cristalería” del Gobierno, es que más allá del dinero en juego, lo que está en discusión es el uso del Estado al servicio de la familia presidencial. La ética, como define el veterano Barrios Arrechea.
La ética y la transparencia fueron pilares en la campaña de Cambiemos y una piedra en el zapato del kirchnerismo. ¿Por qué era grave antes lo que ahora no lo es?
Los asesores del Gobierno estiman que el escándalo del Correo no pasará a mayores ya que no está en la agenda de los grandes medios ni hace a la realidad del ciudadano común. Y tal vez acierten. Sin embargo, la realidad cotidiana no tiene demasiados elementos alentadores para el que paga los impuestos.
La economía no muestra signos de una enorme reacción, sino apenas retoños que asoman producto de un efecto rebote tras una caída profunda el año pasado. El desempleo se acentúa, con más de 250 mil despidos. La inflación que parece estar contenida en niveles bajos por la caída del consumo, tiene como contrapeso la pérdida del poder adquisitivo del año anterior.
El propio Gobierno es el que puede llegar a minar sus chances políticas en las elecciones legislativas con sendos conflictos generados por la negativa a avalar incrementos salariales que estén por encima del 17 por ciento de inflación estimada para este año.
Los empleados bancarios fueron los primeros en ponerse en estado de alerta. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que apuesta a las pasantías para “generar empleo”, frenó un acuerdo ya cerrado con los bancos y los trabajadores con un aumento del 24 por ciento.
El otro frente que está creciendo en temperatura es el docente. El inicio de clases está en riesgo por la negativa del ministro de Educación, Esteban Bullrich de abrir las paritarias federales y ponerle un techo a las negociaciones. Los gobiernos del interior quedan así librados a su suerte y el salario docente volverá a estar desequilibrado entre provincias ricas y pobres. La ministra de Educación de Misiones, Ivonne Aquino, puso sobre el tapete esas diferencias: sin los recursos federales, será casi imposible sostener los salarios de los educadores.
En el primer encuentro de la paritaria “misionera”, los gremios se mostraron comprensivos con la posición en la que está el Gobierno y reconocieron que una de las prioridades es mantener el empleo. Signo de los tiempos. De todos modos, es probable que haya un acuerdo en Misiones –mañana hay un nuevo encuentro, en el que se conocerá la propuesta oficial-, aunque los sindicalistas quieren bastante más que la oferta oficial y estén presionados por los gremios nacionales para sostener una postura unificada.
A la postura de la Ctera se sumaron en las últimas horas las centrales obreras agrupadas en la CGT, que ya anunció una movilización y un paro nacional sin fecha. Si hay unidad de las centrales sindicales, el foco de conflicto puede agrandar el descontento y provocar efectos inesperados de cara a las elecciones.
Para las provincias el panorama es bastante claro. Más allá del rumbo de la nacional, que arrastra a todos, cada uno de los gobernadores tendrá que hacerse fuerte desde la gestión si quiere obtener resultados políticos favorables.
El gobernador Hugo Passalacqua mantiene aceitadas relaciones con el Gobierno nacional. Esta semana acompañó a Macri a Brasil, donde mantuvo una cumbre bilateral con el presidente Michael Temer.
(Brasília – DF, 07/02/2017) Visita Oficial do Presidente da Argentina, Maurício Macri. Fotos: Marcos Corrêa/PR
Passalacqua es una de las figuras políticas de mayor exposición en las giras de Macri. Viajó con él a Europa y posiblemente sea parte de un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que Cancillería apura a la brevedad posible.
En Brasilia los planteos misioneros fueron precisos: mejorar la conectividad en las fronteras, a través de conexiones físicas y también el flujo del comercio para potenciar la economía local, atascada con un problema intrínseco de la política nacional: el atraso cambiario. Con el precio del dólar planchado como está –esta semana tuvo una caída llamativa-, el problema de las asimetrías seguirá latente, más allá del comercio fronterizo. Las empresas exportadoras no pueden competir con los precios de Paraguay y Brasil y eso ya está afectando al empleo en la zona del Alto Paraná, dedicado esencialmente a la forestoindustria.
Los paliativos con el ITC diferenciado para Posadas apenas ayudaron a mitigar la enorme sangría de recursos hacia Encarnación. Las estaciones de servicio de la capital provincial aumentaron levemente sus ventas –en un promedio del diez por ciento en relación a diciembre-, pero, en cambio, las de Candelaria y Garupá, sufrieron una caída del 40 por ciento.
Las gestiones por mayores beneficios son permanentes, pero los tiempos porteños no coinciden con las necesidades locales.
Esta semana visitó Misiones por unas pocas horas el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Aunque es el funcionario de Nación más cercano a la Provincia, esta vez estuvo parco a la hora de enfrentar los reclamos políticos y empresarios. “Nosotros avanzamos con la diferenciación del ITC para Posadas y para todas las ciudades que tengan un mecanismo o interrelación con el Paraguay cercana o fluida, son los que más sufrían las diferencias de precio de las naftas locales y del otro lado de la frontera, no ocurría lo mismo con Brasil, hicimos los cálculos y no ameritaba”, dijo Frigerio, poniéndole un techo a los comerciantes y a los funcionarios misioneros, quienes reclamaron la medida para toda la provincia.
Después agregó: “Estamos trabajando para mejorar la competitividad de nuestra economía, hablando con los distintos sectores de la producción, representantes de los trabajadores, empresas y el Estado en todos los niveles del Gobierno para vender nuestros productos de manera más barata”. La toma de decisiones, va muy atrás de las demandas.
El titular de la cartera del Interior sí ocupó varias horas en reuniones con referentes del PRO en Misiones. La salvedad no es antojadiza. Los socios radicales de Cambiemos fueron simples espectadores durante las reuniones políticas y después en los actos oficiales.
La idea del PRO es que las elecciones legislativas sirvan para potenciar su propia fuerza. El presidente del partido, el misionero Humberto Schiavoni, insistió en que “no habrá problemas para alcanzar una lista de consenso”. La lista que importa es la naciona y, pretenden, debe ser encabezada por un PRO puro y no por un socio. La discusión local estará abierta a internas y a danza de nombres. El de Alex Ziegler se filtró como posible postulante a la Cámara de Diputados provincial.
La estrategia del Gobierno provincial es clara. Aprovechar cada beneficio que se pueda obtener de la Nación, pero enfocar las energías en las herramientas propias que se puedan utilizar. La puesta en marcha del Fondo de Crédito de Misiones promete convertirse en un potente motor para la economía local, con una capital de 500 millones de pesos disponible para préstamos a pequeños empresarios y productores que tienen dificultades para acceder a la banca financiera tradicional. Los requisitos de acceso son casi tan exigentes como los de los bancos, pero la decisión es impulsar aquellos emprendimientos que puedan generar empleo, generar valor agregado a la producción local y sustituir importaciones. El círculo virtuoso está a la vuelta de la esquina. Si aumenta la producción y se sustituyen importaciones, es dinero que circulará inmediatamente en la economía local.
En paralelo, se abre la discusión por una nueva ley de coparticipación federal. El Gobierno tiene un borrador de proyecto que deberá ser consensuado con las provincias. La iniciativa oficial parte de la base de que ninguna provincia recibirá menos dinero que en la actualidad. Pero, como es de esperar, la disputa se planteará en cuánto debe recibir la provincia de Buenos Aires, gobernada por Maria Eugenia Vidal, la mimada de Macri. El ministerio del Interior calcula que no menos del 35 por ciento más.
La visión del Estado en retroceso del actual Gobierno puede ser fundamental a la hora de las negociaciones, ya que la Nación será la que deba ceder mayores recursos para repartir. A cambio, el Estado nacional se sacaría varias de sus obligaciones actuales, como el caso de los recursos para el salario docente.
Pero los gobernadores advierten que no se trata sólo de no perder dinero, sino que la ecuación debe cubrir además otras desigualdades internas. Misiones, por caso, reveló el secretario de Hacienda, Adolfo Safrán, en una entrevista concedida a Economis, en 1980 era la novena provincia en el reparto de recursos. Después de las cesiones del radicalismo primero y de Ramón Puerta después, ocupa los últimos puestos, pese a ser la provincia del NEA con mayor cantidad de habitantes, una economía más potente y al mismo tiempo, elevados indicadores de NBI y pobreza. “No debemos recibir menos de 30 por ciento más de los recursos actuales”, advierte Safrán.
Esos recursos son claves para el futuro de la Provincia, ya que quedarían fijos y no dependerían del humor político de turno. De todos modos, la balanza no se inclinaría para un lado, sino que nuevamente haría equilibrio con los recursos federales que dejarían de venir por otras vías. Pero con más recursos propios, será la Provincia la que determine cómo y en qué distribuye.
La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, pidió que se rechace el acuerdo al que había llegado el Gobierno nacional con el grupo SOCMA por una deuda que tiene una de sus empresas, Correo Argentino S.A., con el Estado argentino desde 2001, y que según cálculos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) de la Procuración General de la Nación, condonaría hasta $ 70.000 millones de pesos, según la actualización a 2033.
En el marco de un concurso preventivo, Correo Argentino S.A. le propuso al Estado Nacional diversos planes de pago, uno de los cuales fue aceptado en junio pasado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa.
Boquín, luego de revisar el acuerdo, concluyó que lo acordado “equivale a una condonación” de la deuda “y debe considerarse abusiva” en tanto implicaría, de acuerdo a los cálculos realizados por la DAFI, una quita de más de $ 4000 millones de pesos en la actualidad y de más de $ 70.000 millones a 2033.
De acuerdo con el informe de la DAFI, el monto inicial de la deuda de Correo Argentino S.A. es de 296 millones de pesos/dólares, porque estaba vigente antes de la devaluación impulsada por Duhalde en 2002. Al aplicarse la tasa activa BNA vigente a septiembre de 2001 (1,46%) desde ese momento hasta 2017, el monto de la quita ascendería a $ 4656 millones de pesos. Y si se aplica esa tasa de interés hasta el final del plan de pago (2033), la quita llegaría a $ 70.164 millones de pesos.
El acuerdo que aceptó el Gobierno nacional, a través Mocoroa, contempla un plan de pago de 15 cuotas anuales y consecutivas y una más de intereses, y el monto total que terminará de pagar en marzo de 2033 será de $ 1436 millones de pesos.
Además de objetar la quita que aceptó el Gobierno nacional sobre la deuda de Correo Argentino S.A., la representante del Ministerio Público Fiscal advirtió que el consentimiento estatal fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones “sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quien recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso”.
La funcionaria judicial destacó que “la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.”.
En síntesis: el Estado Nacional aceptó una oferta que, en lo real, implica condonarle la deuda a Correo Argentino. Con un agravante: se trata de condonarle la deuda a la familia presidencial.
La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, dictaminó que debe rechazarse la propuesta realizada por Correo Argentino S.A. y aceptada por el Estado Nacional, en junio del año pasado, en el marco de un concurso preventivo. La representante del Ministerio Público Fiscal expresó que lo acordado “equivale a una condonación” de la deuda “y debe considerarse abusiva” en tanto implicaría, de acuerdo a los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033. Asimismo, la representante del MPF advirtió que el consentimiento estatal fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quien recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso. Destacó que “la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.”.
En su dictamen, la Fiscalía -como parte del proceso de homologación- analizó la última propuesta realizada por la empresa en la audiencia del 28 de junio del año pasado, que se celebró a pedido del propio Estado Nacional siendo este titular del 32,65% del pasivo concursal.
La fiscal general llegó a esa conclusión luego de un análisis efectuado con la colaboración de la DAFI de la Procuración General de la Nación: la segunda propuesta -aceptada por el representante del Estado Nacional en la mencionada audiencia- “mejoraba” el plazo de pago (de 19 cuotas a 15) y la tasa de interés (del 6 al 7% anual). Del análisis económico surge que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”, de acuerdo al cálculo realizado por los representantes del Ministerio Público Fiscal. “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”, aseveró Boquín.
En una ampliación al dictamen presentada ayer, la fiscal general acompañó los cálculos complementarios elaborados por la DAFI, de los que surge “el porcentaje actualizado de la quita que importa la propuesta formulada al Estado Nacional y el valor presente de la misma calculada en moneda nacional”, a saber $70.163.910.895,30 -saldo de la quita a marzo de 2033- y 4.277.659.362,13 -saldo de la quita a febrero de 2017-.
Por otra parte, la fiscal general consideró que el consentimiento fue dado por “un funcionario incompetente” para hacerlo -el Dr. Mocoroa, en su condición de Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones en carácter transitorio por 180 días-, en virtud de que debería haber contado con una autorización expresa para “poder transigir en nombre del Estado Nacional”.
Boquín reseñó que, durante el concurso, el juez requirió información sobre la participación de Franco Macri en la compañía. La empresa contestó que el padre del presidente de la Nación no es directivo de Correo Argentino S.A. ni ocupa cargos gerenciales, pero que “la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.”.
“En efecto, pudiendo resultar que familiares del presidente de la Nación resultarían beneficiarios finales de la sociedad concursada y/o de sus controlantes del grupo económico, ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia jerárquica con él [en referencia a Mocoroa], podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente los beneficie”, apuntó la fiscal. Y precisó: “En el caso, la propuesta fue aceptada por un funcionario público que encuentra enmarcada su actuación por una cadena de dependencias jerárquicas que lo vinculan a la máxima autoridad de la administración pública nacional”, por lo que debió haber mediado una “opinión consultiva de la Oficina Anticorrupción o bien, a la Comisión de Ética Pública”. Por ese motivo, solicitó que se libre oficio a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) “a los fines que su titular estime corresponder”.
En ese contexto, Boquín consideró que la nueva propuesta a la que se prestó conformidad “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”. Su aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.
La Fiscalía advirtió que “se encuentran en juego fondos públicos destinados a la satisfacción del bien común, por lo que rige un régimen específico, de carácter publicístico y con principios orientados a la preservación de dichos intereses generales”.
Finalmente, Boquín formuló reserva para acceder por vía extraordinaria a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en caso de que haya una sentencia contraria a lo dictaminado.
