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Ceuta enfrenta una crisis migratoria sin precedentes: miles de personas cruzan desde Marruecos y ya hay al menos 15 muertos

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La ciudad autónoma de Ceuta atraviesa una de las mayores crisis migratorias de los últimos años, con una entrada masiva de personas procedentes de Marruecos que volvió a poner bajo máxima presión al sistema de seguridad, asistencia humanitaria y control fronterizo de España. La magnitud del fenómeno ya deja al menos 15 personas fallecidas, miles de ingresos irregulares y un operativo extraordinario que involucra a la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

La situación recuerda al episodio registrado en mayo de 2021, cuando unas 6.000 personas lograron ingresar a Ceuta en pocas horas. Sin embargo, la actual crisis presenta una dimensión aún mayor. Distintas estimaciones señalan que alrededor de 20.000 personas intentaron cruzar la frontera en las últimas horas, principalmente a nado a través del espigón del Tarajal, aunque también se registraron ingresos por tierra tras superar los cordones policiales.

El drama humanitario se profundizó con la confirmación de al menos 15 víctimas fatales, cuyos cuerpos fueron recuperados por efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y equipos de rescate. Las primeras hipótesis indican que la mayoría murió por asfixia por inmersión mientras intentaba alcanzar la costa española. Según autoridades locales, más de 60 personas perdieron la vida en estas aguas durante los últimos doce meses, lo que evidencia que el Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar continúan siendo una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.

Las imágenes difundidas por medios españoles muestran a cientos de personas llegando exhaustas a las playas de Ceuta, muchas de ellas jóvenes, aunque también se observaron mujeres con bebés y menores de edad. En la costa quedaron abandonados flotadores, aletas, trajes de neopreno y otros elementos utilizados para atravesar el mar, mientras los servicios de emergencia intentaban asistir a los recién llegados y derivarlos a centros de acogida ya colapsados.

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), diseñado para albergar poco más de 500 personas, superó ampliamente su capacidad operativa. La saturación obligó a improvisar espacios de alojamiento y reforzar la asistencia sanitaria y alimentaria, mientras numerosas familias permanecen a la espera de una definición administrativa sobre su situación migratoria.

El Gobierno español atribuye buena parte de esta nueva ola migratoria a la acción de redes de tráfico de personas que aprovecharon una reciente sentencia del Tribunal Supremo. El fallo estableció que las personas interceptadas en el mar no pueden ser sometidas automáticamente al denominado “rechazo en frontera”, sino que deben atravesar el procedimiento administrativo previsto por la Ley de Extranjería. Según el Ministerio del Interior, esa interpretación judicial fue ampliamente difundida en redes sociales marroquíes y habría incentivado nuevos intentos de ingreso.

No obstante, el Ejecutivo descartó que la crisis responda a una decisión deliberada del Gobierno marroquí de flexibilizar los controles fronterizos, como ocurrió durante la crisis diplomática de 2021. Por el contrario, aseguró que Rabat y Madrid mantienen una coordinación permanente para contener los flujos migratorios y avanzar en la devolución de quienes ingresaron irregularmente.

Del lado marroquí, las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo para intentar frenar la concentración de miles de personas en Castillejos, la ciudad vecina a Ceuta. Según constató la agencia EFE, la policía utilizó gases lacrimógenos, cañones de agua y material antidisturbios para dispersar a la multitud, aunque cientos de personas continuaron lanzándose al mar o permanecieron acampadas en las inmediaciones de la frontera con la intención de volver a intentarlo.

Ante la creciente presión, España decidió reforzar significativamente el dispositivo de seguridad. A los efectivos permanentes de la Guardia Civil se sumaron nuevas unidades especializadas, patrullas marítimas, helicópteros, drones, grupos de buceadores y el buque Duque de Ahumada. Paralelamente, las Fuerzas Armadas comenzaron a brindar apoyo logístico y operativo para garantizar el control territorial, mientras la Policía Nacional incrementó la dotación destinada a tareas de identificación y seguridad ciudadana.

La tensión también alcanzó a Melilla, donde las autoridades ordenaron el cierre preventivo del paso fronterizo de Beni Enzar luego de registrarse intentos de ingreso masivo. La Guardia Civil reforzó la vigilancia terrestre y aérea, mientras la Delegación del Gobierno pidió a la población evitar acercarse a la frontera para no entorpecer el despliegue de los operativos.

El impacto económico tampoco pasó inadvertido. Comercios, restaurantes y grandes superficies comerciales cerraron preventivamente durante buena parte de la jornada, mientras la Confederación de Empresarios de Ceuta solicitó calma y coordinación institucional para minimizar las consecuencias sobre la actividad económica y preservar la seguridad de la población.

El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, reclamó al Gobierno español la declaración de una emergencia nacional y la implementación de un mando único para coordinar la respuesta. Sin embargo, el Ministerio del Interior rechazó esa posibilidad al considerar que la legislación vigente sobre Protección Civil no contempla los flujos migratorios dentro de los supuestos habilitantes para esa figura jurídica.

Más allá de la emergencia inmediata, la crisis vuelve a instalar un debate de fondo sobre la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea, la cooperación con los países de origen y tránsito, el combate contra las redes de tráfico de personas y la necesidad de equilibrar el control migratorio con la protección de los derechos humanos. La combinación de presión demográfica, desigualdades económicas, conflictos regionales y cambios normativos confirma que el fenómeno excede ampliamente el ámbito policial y requiere respuestas coordinadas entre los Estados europeos y el norte de África.

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