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Subsidios energéticos, quiénes podrán mantenerlos tras el nuevo régimen del Gobierno

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El Gobierno nacional avanzó en la redefinición del esquema de subsidios a la energía con la publicación de las condiciones formales para acceder y permanecer en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que unifica la asistencia para electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas en una única categoría de usuarios residenciales. La medida, formalizada mediante las Disposiciones 1/2026 y 2/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético del Ministerio de Economía, establece nuevos criterios de inclusión, exclusión y control patrimonial, con impacto directo sobre millones de hogares y sobre el esquema fiscal y tarifario.

Las normas fueron publicadas en el Boletín Oficial con fecha 20 de enero de 2026 y constituyen el marco operativo del régimen creado por el Decreto 943/2025, que dio por concluido el período de transición iniciado en 2024 y consolidó un modelo de subsidios focalizados, con fuerte énfasis en la capacidad de pago y la trazabilidad de la información.

Unificación del régimen y creación del ReSEF: cómo funcionará el nuevo sistema

El Decreto 943 del 31 de diciembre de 2025 creó el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y unificó los subsidios de jurisdicción nacional aplicables a la energía eléctrica, gas natural, gas propano por redes y Gas Licuado de Petróleo (GLP) en garrafas de 10 kilos, bajo una sola categoría de usuarios residenciales.

En ese marco, se dispuso también la creación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que reemplaza al anterior Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y se conformará inicialmente con la información existente en dicho padrón.

La Disposición 1/2026 (DI-2026-1-APN-SSTYPE#MEC) aprobó formalmente el Formulario de Declaración Jurada para que los usuarios residenciales completen sus datos personales a fin de incorporarse o actualizar su situación en el ReSEF. El formulario podrá completarse a través del sitio web oficial argentina.gob.ar/subsidios o de manera presencial ante la ANSES para quienes no cuenten con acceso a herramientas digitales.

La normativa establece que los datos tendrán el tratamiento previsto en la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, y que los interesados podrán consultar su situación ante el SEF mediante la plataforma Mi Argentina o solicitar revisión a través de Trámites a Distancia (TAD), conforme al procedimiento aprobado por la Resolución 218/2025 de la Secretaría de Energía.

Desde el punto de vista institucional, la Secretaría de Energía fue designada Autoridad de Aplicación del régimen, con facultades para dictar las normas necesarias para su implementación, mientras que la gestión operativa del ReSEF fue delegada a la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético por Resolución 13/2026.

Quiénes pueden acceder: ingresos, condiciones sociales y criterios de inclusión

La Disposición 2/2026 (DI-2026-2-APN-SSTYPE#MEC) detalla los criterios concretos de elegibilidad al régimen SEF, retomando lo establecido en el Anexo I del Decreto 943/25.

En primer lugar, califican como beneficiarios los hogares inscriptos en el ReSEF cuyos integrantes registren, en conjunto, ingresos netos iguales o inferiores a tres (3) Canastas Básicas Totales (CBT) para un Hogar 2, según los valores publicados por el INDEC.

Adicionalmente, la normativa incorpora criterios de inclusión social automática, independientemente del nivel de ingresos monetarios:

  • Hogares con al menos un integrante con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP).
  • Hogares con un integrante titular de una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
  • Hogares con al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), sujeto a evaluación de necesidad económica por parte de la Secretaría de Energía.

Estos parámetros consolidan un esquema que busca articular la variable ingreso con condiciones estructurales de vulnerabilidad, orientando el subsidio hacia los hogares con mayor necesidad efectiva.

Exclusiones, control patrimonial y cruce de datos: el corazón del nuevo modelo

Más allá de los ingresos declarados, el nuevo régimen introduce un elemento central: la evaluación de la capacidad económica real mediante indicadores de exteriorización patrimonial.

La normativa faculta a la Autoridad de Aplicación a rechazar o excluir del beneficio a hogares que, aun cumpliendo el requisito de ingresos, presenten signos objetivos de capacidad de pago. En este sentido, se consideran motivos de exclusión:

  • Hogares cuyos integrantes posean al menos un automóvil con una antigüedad igual o menor a tres años, salvo que exista un integrante con CUD.
  • Hogares con tres o más inmuebles en conjunto.
  • Hogares con al menos un integrante propietario de una embarcación de lujo.
  • Hogares con al menos un integrante titular de una aeronave.
  • Hogares con integrantes que posean activos societarios.

El control de estas condiciones se realizará mediante cruces de información con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), ANSES, ARCA, ENARGAS, ENRE y otras bases oficiales, además de criterios de georreferenciación y verificación patrimonial.

La Disposición 2/2026 subraya que estos mecanismos buscan reducir errores de inclusión y garantizar una asignación más justa de los recursos públicos, preservando principios de razonabilidad, gradualidad y previsibilidad, en línea con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “CEPIS c/ Ministerio de Energía y Minería”.

Desde el punto de vista fiscal e institucional, este giro implica un endurecimiento del control sobre los subsidios, con potencial impacto sobre la cantidad de beneficiarios efectivos y sobre el gasto público en energía.

Sectores afectados y proyección

El nuevo esquema de subsidios focalizados tiene implicancias directas en varios planos:

  • Hogares: quienes no cumplan con los criterios patrimoniales o no actualicen su información podrían perder el beneficio, lo que impactará sobre sus facturas de electricidad, gas y garrafas.
  • Sector energético: una mayor focalización reduce distorsiones de precios relativos y contribuye a una señal tarifaria más alineada con costos reales.
  • Estado nacional: el rediseño apunta a mejorar la eficiencia del gasto público, reducir filtraciones y ordenar una de las partidas más sensibles del presupuesto.
  • Sistema tributario y de datos públicos: se profundiza la interoperabilidad entre organismos, consolidando un modelo de control cruzado y administración basada en información integrada.

En términos políticos e institucionales, la puesta en marcha del SEF marca el cierre definitivo del esquema transitorio de subsidios masivos y abre una etapa de administración más selectiva y tecnificada de la asistencia energética.

A futuro, el alcance real del impacto dependerá de la capacidad del Estado para sostener los controles, garantizar instancias de revisión y evitar errores de exclusión, especialmente en un contexto de heterogeneidad social y territorial.

Modelo de formulario:

FORMULARIO DE SOLICITUD ReSEF by CristianMilciades

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Arranca 2026 con subas de servicios públicos: aumentan electricidad, gas y agua en todo el país

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El inicio de 2026 llegará con nuevos aumentos en las tarifas de luz, gas, agua y cloacas en todo el país, tras una serie de resoluciones oficiales que establecen ajustes de entre 2,5% y 4% promedio para los usuarios residenciales. Las subas, que ya fueron formalizadas en el Boletín Oficial y por los entes reguladores, no incluyen aún la eliminación de subsidios energéticos anunciada por el Gobierno nacional, una decisión que podría llevar los incrementos a porcentajes de dos dígitos, especialmente en el gas natural.

La política tarifaria combina actualizaciones mensuales indexadas por inflación, cambios en la segmentación de usuarios, un nuevo esquema de subsidios focalizados y señales de fondo orientadas a reducir el déficit fiscal, garantizar la sustentabilidad económica de los servicios públicos y avanzar en la reorganización regulatoria y empresarial del sector.

Electricidad y gas: subas moderadas en enero, con riesgo de mayores ajustes

En el caso de la energía eléctrica, el Gobierno confirmó que desde enero regirán nuevos cuadros tarifarios con un aumento promedio del 2,5% en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, áreas bajo concesión de Edenor y Edesur. En términos precisos, el incremento será del 2,31% para Edenor y del 2,24% para Edesur, según lo establecido en las Resoluciones 841 y 842/2025, publicadas en el Boletín Oficial.

Para el resto del país, la actualización del precio mayorista de la electricidad será del 3,2%, aunque el impacto final en las facturas dependerá de las decisiones que adopten provincias y municipios sobre el componente de distribución.

Las normativas explican que los ajustes surgen de la aplicación mensual de la fórmula prevista en el artículo 17 de la Resolución ENRE 304/2025, cuyo objetivo es garantizar que la remuneración de las distribuidoras conserve su valor real durante el período tarifario de cinco años. Para el cálculo se toman las variaciones del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, que en noviembre fueron del 1,59% y 2,47%, respectivamente. La fórmula pondera un 67% el IPIM y un 33% el IPC, lo que arroja un aumento del 1,88% en el Costo Propio de Distribución (CPD) antes de su traslado completo a las tarifas finales.

En cuanto al gas natural por redes, el incremento anunciado para enero oscila entre 2% y 3%. Sin embargo, el principal foco de atención está puesto en la quita de subsidios, ya que la actualización llevará el precio mayorista del gas a 3,79 dólares por millón de BTU, frente a los 2,95 dólares que paga actualmente Metrogas. De concretarse plenamente este ajuste, algunas regiones y categorías de consumo podrían enfrentar subas superiores al 10%.

Nuevo esquema de subsidios y cambios regulatorios desde 2026

A partir del 2 de enero de 2026, el Gobierno reemplazará el esquema de segmentación tarifaria vigente hasta 2025 por una clasificación de solo dos categorías de usuarios residenciales. Además, los bloques de consumo subsidiado variarán según la estación del año, lo que podría modificar de manera significativa la composición de las facturas y el acceso a los beneficios estatales.

En paralelo, comenzará a implementarse el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que establece un tope de ingresos equivalente a tres canastas básicas totales. Los hogares cuyos ingresos totales superen ese umbral perderán el subsidio, en caso de que aún lo estuvieran recibiendo.

El Ejecutivo ratificó que la actualización tarifaria mensual indexada por inflación se mantendrá al menos hasta abril de 2030, con el argumento de preservar la capacidad de inversión de las empresas y evitar nuevos atrasos tarifarios. En ese marco, se prevé que durante el primer trimestre de 2026 se avance en la fusión de los entes reguladores del gas y la electricidad en un único organismo, con directorio y control parlamentario, para unificar la regulación y la supervisión del sector energético.

Agua y cloacas: AySA tendrá aumentos del 4% mensual hasta abril

El servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) también registrará subas relevantes. La Resolución 53 del ERAS habilitó a AySA a aplicar aumentos de hasta 4% mensual entre enero y abril de 2026, en reemplazo del ajuste del 1% mensual que rigió durante 2025.

El cambio busca compensar un retraso tarifario acumulado del 21,05%, asociado a incrementos que no se aplicaron el año pasado, lo que derivó en una caída de ingresos estimada en 95.000 millones de pesos para la empresa. Ese desfasaje fue absorbido mediante la postergación de gastos e inversiones, en un contexto donde el Gobierno evalúa la privatización de la compañía.

Con la nueva escala, la factura promedio antes de impuestos se ubicará en 30.489 pesos para el valor zonal “alto”, 27.689 pesos para el “medio” y 22.248 pesos para el “bajo”. De mantenerse el ajuste del 4% mensual durante los primeros cuatro meses del año, el incremento acumulado alcanzará aproximadamente el 17%.

Pese a que se esperaba la realización de una audiencia pública en 2025 para definir un criterio uniforme de actualización tarifaria, el proceso no se concretó, dejando pendiente la discusión sobre el mecanismo definitivo que regirá los futuros aumentos.

Un inicio de año con mayor presión sobre los ingresos familiares

Las subas de luz, gas y agua que entran en vigencia desde enero se suman en un contexto de reordenamiento fiscal y reducción de subsidios, con un impacto directo sobre el presupuesto de los hogares y sobre la estructura de costos de comercios e industrias. Aunque los aumentos iniciales son moderados, el verdadero desafío estará en cómo evolucionen las tarifas una vez que se profundice la quita de subsidios y se consolide el nuevo esquema regulatorio.

El Gobierno sostiene que estas decisiones son necesarias para asegurar la sustentabilidad de los servicios públicos, reducir el déficit y avanzar con la desregulación de los mercados, pero el efecto social y político de los ajustes marcará buena parte de la agenda económica del primer tramo de 2026.

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Vaca Muerta rompe otro récord histórico

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La producción de petróleo en Neuquén alcanzó un récord. En octubre la provincia logró extraer 587.190 barriles de crudo por día, una marca histórica impulsada casi en su totalidad por los yacimientos de Vaca Muerta y su auge en el shale oil.

Este dato, oficializado por la Subsecretaría de Energía e Hidrocarburos de Neuquén, representa un salto del 3,57% respecto al mes anterior y un aumento del 31,23% si se compara con octubre del año pasado.

En lo que va de 2025, la producción acumulada también muestra una fuerte recuperación: entre enero y octubre, Neuquén creció un 23,81% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El récord no es casualidad, detrás están varias áreas clave de Vaca Muerta que han “pisado el acelerador” recientemente. Entre ellas destacan La Amarga Chica, La Angostura Sur I, Bajada de Añelo, Coirón Amargo Sureste y El Trapial Este, este último operado por Chevron y ubicado cerca de Rincón de los Sauces. Esa zona es especialmente estratégica porque podría consolidarse como un nuevo polo productivo alternativo dentro del bloque shale.Vaca Muerta como protagonista del éxito

De esos 587.190 barriles diarios, 567.802 provienen del petróleo no convencional, lo que equivale al 96,7% del total de la provincia. Esa gran mayoría corresponde justamente al shale oil. Este protagonismo refleja cómo Vaca Muerta se ha convertido en el motor principal del crecimiento petrolero neuquino.La diferencia con el GNL

Producción gasífera

Pero no todo sube. La producción de gas natural en octubre se ubicó en 82,66 millones de metros cúbicos por día, un 6,14% menos que en el mismo mes del año anterior. Aun con esa caída puntual, el acumulado entre enero y octubre registra una mejora interanual del 1,39%, lo que deja entrever que, a pesar de las fluctuaciones, la producción gaseosa también mantiene un crecimiento sostenido.

Del total de gas extraído en ese mes, el 88,54% fue no convencional: 64,84 millones de metros cúbicos diarios provienen de gas shale, y otros 8,33 millones corresponden a tight gas.

El liderazgo del no convencional no es una sorpresa en Neuquén. El desarrollo de Vaca Muerta lleva años consolidándose como la pieza central en el esquema energético provincial.

Además, los expertos atribuyen este crecimiento no solo al incremento en la perforación de pozos, sino también a mejoras estructurales: la expansión de la infraestructura de transporte, como oleoductos, ha sido clave para que la producción no quede estancada por falta de salida.

También hay una lectura estratégica. Algunas de las áreas que más crecieron están en zonas que podrían definir futuros polos de Vaca Muerta, como Rincón de los Sauces, lo que podría diversificar la producción y reducir la dependencia de bloques tradicionales.

La posición Argentina en el mercado petrolero

Desde lo económico, este récord tiene potencial para impactar más allá de Neuquén. Al consolidarse como una potencia petrolera no convencional, la provincia refuerza su peso dentro del mapa energético nacional. Vaca Muerta, con su producción dominante, no solo sostiene el crecimiento neuquino sino que fortalece la posición de Argentina en el mercado hidrocarburífero.

Sin embargo, el récord también refleja desafíos. Aunque el gas no convencional sigue predominando, la caída mensual de octubre plantea preguntas sobre la estabilidad del crecimiento gaseoso. Además, para sostener la producción de petróleo en estos niveles, será clave seguir invirtiendo no solo en perforación, sino también en infraestructura para evacuar todo lo que se extrae.

Al mismo tiempo, a nivel internacional la OPEP+ ya definió que dejará de aumentar la producción de barriles diarios desde enero por temor a una sobreoferta de crudo, que podría bajar los precios.

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Autorizan a Southern Energy a exportar GNL por 30 años con nuevo gasoducto desde Vaca Muerta

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La Secretaría de Energía emitió la Resolución 353/2025, que otorga a Southern Energy S.A. un certificado de libre exportación de Gas Natural Licuado (GNL) por un plazo de tres décadas. La autorización contempla volúmenes diarios de hasta 548.900 MMBTU y un total de 5.464 millones de MMBTU entre 2028 y 2058. El proyecto está condicionado a la construcción de un gasoducto de 470 km que conectará Neuquén con Río Negro.

La medida se enmarca en la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que reformó el marco regulatorio del gas natural (Ley 24.076) y habilitó nuevas actividades como la producción de GNL y el almacenamiento subterráneo.

En particular, el artículo 3° bis de la Ley 24.076 otorga a los exportadores autorizados el derecho a operar “en forma continuada y sin interrupciones ni restricciones”, siempre que cuenten con la infraestructura de transporte y procesamiento necesaria. La Resolución 353/2025 se suma a las disposiciones del Decreto 1.057/2024, que reglamentó la operatoria de exportaciones firmes de largo plazo.

Southern Energy ya había recibido en abril un primer certificado de libre exportación (Resolución 165/2025) con vigencia entre 2027 y 2057. El nuevo permiso amplía ese esquema, extendiéndolo entre septiembre de 2028 y agosto de 2058, con volúmenes mayores y la incorporación de una segunda planta flotante de licuefacción, denominada MKII.

Detalles técnicos del proyecto: gasoducto y plantas flotantes

El certificado publicado como Anexo de la Resolución 353/2025 establece que Southern Energy podrá exportar:

  • CMD (Cantidad Máxima Diaria): 548.900 MMBTU.
  • CMA (Cantidad Máxima Anual): 191.241.750 MMBTU.
  • CT (Cantidad Total): 5.464.050.000 MMBTU.

Para viabilizar estos volúmenes, la empresa se comprometió a construir un gasoducto de 36 pulgadas y 470 km, que partirá desde Tratayén (Neuquén) hasta San Antonio (Río Negro), con capacidad de transporte de 28 millones de m³ diarios y puesta en marcha prevista para mayo de 2028.

El proyecto fue declarado de carácter estratégico dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en abril de este año, tras la adhesión aprobada por la Resolución 559/2025 del Ministerio de Economía. Esto le otorga beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros durante tres décadas.

La Secretaría de Energía, a través de sus áreas técnicas, validó que la disponibilidad de gas de la cuenca neuquina excede en más de veinte veces los volúmenes comprometidos para la exportación. Sin embargo, la garantía de estabilidad de la exportación prevista en la ley y el decreto reglamentario quedó expresamente supeditada a la ejecución del gasoducto.

En caso de que la infraestructura no esté lista al inicio de las operaciones, la empresa deberá gestionar, bajo su propio riesgo, la contratación de capacidad disponible en el sistema de transporte existente.

La resolución también obliga a Southern Energy a cumplir con los requisitos de información, mantenimiento de disponibilidad y reportes previstos en los artículos 6° y 8° de la Resolución 145/2025, que regula el procedimiento de exportación de GNL.

La autorización refuerza la estrategia del Gobierno nacional de posicionar a la Argentina como exportador de GNL a gran escala, aprovechando los recursos excedentes de Vaca Muerta. La magnitud del proyecto —un horizonte de 30 años de ventas externas aseguradas— busca garantizar previsibilidad para atraer financiamiento internacional y socios tecnológicos.

Desde el punto de vista económico, el esquema podría generar un flujo sostenido de divisas en un contexto en el que el sector energético se proyecta como uno de los motores de la balanza comercial. No obstante, expertos advierten que el desafío clave será la infraestructura de transporte y la posibilidad de compatibilizar los compromisos de exportación con la demanda interna, especialmente en picos invernales.

En el plano político, la decisión profundiza la impronta liberal del actual marco energético, en línea con el Decreto 70/2023 y la Ley de Bases, que reducen la discrecionalidad estatal y otorgan seguridad jurídica a los privados.

Si Southern Energy cumple con el cronograma de inversiones, el país contará desde 2028 con al menos dos plantas flotantes de licuefacción operativas, conectadas por un gasoducto dedicado a la exportación. Ello abre la puerta a que la Argentina se convierta en un hub regional de GNL, con acceso a mercados internacionales en Europa y Asia.

El horizonte a tres décadas convierte a este proyecto en uno de los de mayor envergadura del sector energético nacional, comparable con la construcción de gasoductos troncales en la historia reciente. La incógnita radica en si el Estado y el sector privado podrán cumplir con los plazos de inversión y con la estabilidad macroeconómica necesaria para sostener la confianza de los mercados.

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El Gobierno desregula el mercado de gas licuado: eliminan controles y liberalizan precios

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El Gobierno desregula la cadena del gas licuado: Decreto modifica la Ley 26.020 para liberar el mercado de GLP. Con un nuevo decreto, el Ejecutivo avanza en la liberalización del sector del gas licuado de petróleo, elimina controles económicos y redefine el rol del Estado. El objetivo es reducir costos, fomentar la competencia y garantizar el abastecimiento para hogares vulnerables.

Mediante el Decreto 446/2025, el Poder Ejecutivo modificó de forma sustancial la Ley 26.020, que regula la producción, fraccionamiento, distribución y comercialización del gas licuado de petróleo (GLP) en Argentina. La medida redefine el rol de la Secretaría de Energía, limita sus facultades regulatorias al aspecto técnico y de seguridad, y promueve un modelo basado en libre competencia de mercado.

El nuevo marco elimina la intervención del Estado en decisiones vinculadas a precios, oferta y demanda, dejando estos aspectos en manos de los agentes privados del sector. También suprime la necesidad de autorizaciones previas para operar en la industria, sustituyéndolas por un sistema de declaración jurada con verificación posterior.

Con el argumento de reducir sobrecostos, duplicación de funciones y distorsiones, el Gobierno busca incentivar el crecimiento de la industria y garantizar un abastecimiento más económico para los consumidores. La intervención estatal se limitará a controlar condiciones de seguridad, normas técnicas y el cumplimiento de requisitos mínimos operativos.

En este sentido, la Autoridad de Aplicación ya no tendrá potestad para fijar precios o definir cupos, sino que podrá delegar funciones de fiscalización en organismos públicos o privados competentes y coordinar con provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cambios clave en el funcionamiento del mercado del GLP

Entre las modificaciones centrales del decreto se destacan:

  • Libre instalación y operación de plantas fraccionadoras sin necesidad de autorización previa.
  • Eliminación de exclusividades en los contratos entre fraccionadores y comercializadores.
  • Libre importación de GLP, con exportación autorizada automáticamente si no se objeta en un plazo de 7 días.
  • Canje de envases y uso común del parque de cilindros, gestionado de forma voluntaria por las empresas.
  • Simplificación de trámites: el “silencio positivo” se aplicará si la Autoridad de Aplicación no responde en 10 días hábiles ante solicitudes de inscripción o presentación de documentación.
  • Creación de registros digitales abiertos y gratuitos para operadores y centros de canje.

El decreto se enmarca en los objetivos de la Ley Bases (N° 27.742), que declaró la emergencia en áreas clave de la economía, incluyendo el sector energético. En ese contexto, se busca reducir el peso del Estado, achicar estructuras burocráticas y fomentar un entorno propicio para la inversión privada y la eficiencia operativa.

La modificación también responde a la necesidad de adaptarse a una matriz energética cambiante, en la que el GLP sigue siendo una fuente crítica para hogares de bajos ingresos sin acceso al gas natural por redes. La norma resguarda este objetivo social como uno de los pilares del nuevo esquema.

El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, y ya fue publicado en el Boletín Oficial. La medida entra en vigencia de forma inmediata y será notificada a la Comisión Bicameral del Congreso.

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