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Vaca Muerta mira a Brasil: Paraguay avanza con un gasoducto de US$ 2.000 millones

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Paraguay quiere convertirse en una pieza central del nuevo mapa energético del Cono Sur. El Gobierno de Santiago Peña negocia que una de las grandes vías de salida del gas de Vaca Muerta hacia Brasil atraviese territorio paraguayo, mediante un gasoducto de aproximadamente 1.050 kilómetros y una inversión preliminar calculada en US$ 2.000 millones.

El proyecto es de una escala considerable: alrededor de 530 kilómetros del ducto atravesarían Paraguay y representarían inversiones cercanas a US$ 1.000 millones. La capacidad proyectada alcanza los 30 millones de metros cúbicos diarios, pensados para abastecer demanda de Argentina, Paraguay y Brasil.

Pero detrás de la iniciativa paraguaya aparece una pregunta inevitable para el Nordeste argentino: ¿puede Misiones quedar nuevamente fuera de una transformación energética que está ocurriendo prácticamente en sus fronteras?

La respuesta requiere prudencia. No existe hasta ahora un proyecto oficial para desviar hacia Misiones el gasoducto que Paraguay pretende construir hacia Mato Grosso do Sul. Tampoco tendría demasiado sentido analizar a Misiones como competidora directa de Paraguay por ese trazado.

Sin embargo, la integración gasífera que estudian Argentina, Brasil y los organismos regionales es mucho más amplia que ese único proyecto. Y allí aparece una oportunidad que merece ser analizada: recuperar al Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) dentro de la nueva arquitectura destinada a transformar a Vaca Muerta en proveedor energético regional y, eventualmente, conectar al NEA con el gigantesco mercado brasileño.

Paraguay se anticipa al nuevo negocio regional

El proyecto impulsado por Asunción partiría del sistema argentino abastecido por Vaca Muerta y atravesaría el Chaco paraguayo siguiendo, en buena medida, el corredor de la Ruta Bioceánica. Desde Carmelo Peralta cruzaría hacia Porto Murtinho, en Mato Grosso do Sul, y desde allí buscaría integrarse con la infraestructura brasileña.

La utilización del corredor existente es una de las principales ventajas que presenta Paraguay. El Estado ya dispone de franjas de dominio e infraestructura vial y de puentes, lo que podría reducir costos de implantación, dificultades ambientales y tiempos de ejecución.

El objetivo paraguayo, además, excede ampliamente el cobro por el tránsito del gas.

Asunción pretende utilizar el hidrocarburo para generar electricidad, desarrollar nuevas industrias intensivas en energía y producir fertilizantes, particularmente urea. También observa la posibilidad de abastecer centros de datos y otras actividades que requieren grandes volúmenes de energía.

El viceministro paraguayo de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, sostiene que la existencia de compradores capaces de garantizar grandes volúmenes de consumo permitiría estructurar financieramente el proyecto y despertar el interés de bancos y organismos multilaterales.

La CAF ya financia estudios vinculados con la factibilidad del corredor.

El proyecto paraguayo contempla incluso un escenario sin Brasil. En ese caso, el gasoducto podría redimensionarse desde los 30 millones de metros cúbicos diarios inicialmente proyectados hasta unos 10 millones, destinados fundamentalmente al mercado paraguayo.

Es una definición estratégica: Paraguay considera al gas argentino no solamente como combustible sino como instrumento para atraer inversiones, desarrollar industria y modificar su matriz productiva.

Vaca Muerta cambia el mapa

El elemento que vuelve especialmente relevante esta discusión para Misiones es que el mapa gasífero sudamericano se está invirtiendo.

Durante décadas, la integración energética del norte argentino fue concebida alrededor del gas proveniente de Bolivia. El Gasoducto del Noreste Argentino nació precisamente bajo esa lógica. Ahora ocurre lo contrario.

La declinación de la producción boliviana coincide con el crecimiento de Vaca Muerta, que transformó a la Argentina en un potencial proveedor estructural de gas para sus vecinos.

Argentina y Brasil vienen trabajando en diferentes alternativas para aumentar las exportaciones de gas argentino. En abril de 2026 concluyó el informe técnico del Grupo de Trabajo Bilateral creado para estudiar infraestructura, interconexiones, capacidad de transporte y condiciones regulatorias necesarias para profundizar ese intercambio.

Brasil representa el premio mayor: posee un gigantesco mercado industrial y energético y busca aumentar la disponibilidad de gas a precios competitivos.

La discusión, por lo tanto, ya no pasa exclusivamente por construir un gasoducto entre dos puntos. Lo que comienza a diseñarse es una red regional capaz de conectar Vaca Muerta con distintos mercados del Mercosur.

El GNEA vuelve a aparecer en el tablero

Aquí surge el dato más relevante para Misiones.

Los estudios regionales impulsados por CAF y OLADE no analizan solamente el corredor argentino-paraguayo-brasileño. Entre las diferentes infraestructuras consideradas para profundizar la integración aparecen el Gasoducto Norte, GasAndes, el Gasoducto Centro Oeste, distintas conexiones con Brasil y también el Gasoducto del Noreste Argentino.

CAF estima que el conjunto de proyectos estudiados podría involucrar unos 6.000 kilómetros de gasoductos y más de US$ 25.000 millones en inversiones potenciales.

En escenarios de mayor integración, el intercambio regional podría ubicarse entre 35 y 40 millones de metros cúbicos diarios y superar incluso los 60 millones en escenarios expansivos.

La inclusión del GNEA en estos análisis es significativa porque permite revisar una infraestructura concebida originalmente para recibir gas boliviano desde una perspectiva completamente diferente: utilizar el sistema argentino para llevar gas de Vaca Muerta hacia el Nordeste y eventualmente conectar esa infraestructura con mercados regionales.

Y Misiones formó parte desde el comienzo del diseño político del GNEA.

El decreto nacional 267/2007 declaró de interés público nacional la construcción del gasoducto y recordó el acuerdo firmado por Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.

Incluso existieron iniciativas específicas para incorporar las obras necesarias para abastecer de gas natural a las principales ciudades del Nordeste, entre ellas Posadas.

La historia terminó de otra manera. El GNEA avanzó parcialmente, Misiones nunca fue conectada y continúa siendo una de las provincias argentinas sin acceso al gas natural por redes.

Misiones no competiría con Paraguay

Pensar que el gasoducto de US$ 2.000 millones anunciado por Paraguay podría simplemente desviarse hacia Misiones sería equivocado.

El corredor paraguayo tiene otra lógica geográfica. Busca atravesar el Chaco por la Ruta Bioceánica y entrar a Brasil por Porto Murtinho para abastecer fundamentalmente Mato Grosso do Sul y avanzar hacia São Paulo.

Incorporar Misiones a ese recorrido significaría modificar radicalmente el trazado y probablemente perder buena parte de las ventajas logísticas que Paraguay presenta como argumento.

La oportunidad misionera pasa por otro lado.

La pregunta estratégica es si el nuevo mercado regional del gas puede volver económicamente viable la extensión del sistema hacia el Nordeste argentino y, en una segunda etapa, una eventual conexión con el sur brasileño.

Misiones posee una característica geográfica excepcional: comparte aproximadamente 900 kilómetros de frontera internacional con Paraguay y Brasil y se encuentra junto a tres estados del sur brasileño -Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul- que concentran población, agroindustria y una enorme actividad económica.

Los estudios de integración regional incluyen, además, distintas alternativas de conexión con el sur de Brasil, entre ellas corredores relacionados con Uruguaiana y Porto Alegre.

No existe hasta ahora un proyecto oficial que conecte el GNEA, Misiones y Brasil. Pero sí existen las piezas de una discusión energética que hace pocos años parecía imposible.

De provincia terminal a corredor energético

Hay una diferencia económica fundamental entre la discusión actual y la que acompañó durante años el reclamo misionero por el gas natural.

Si un gasoducto hacia Misiones tuviera que justificarse exclusivamente por el consumo residencial provincial, la ecuación económica sería una.

Pero si esa misma infraestructura pudiera abastecer industrias del NEA y formar parte de una futura red de exportación hacia Brasil, la escala del proyecto sería completamente diferente.

La demanda potencial tampoco se limita a los hogares.

La forestoindustria, la producción de celulosa y papel, los secaderos, la industria cerámica, establecimientos agroindustriales y eventualmente la generación eléctrica podrían convertirse en consumidores relevantes de gas natural.

La disponibilidad de una fuente energética diferente también podría modificar decisiones futuras de inversión industrial. Es precisamente lo que está entendiendo Paraguay.

Asunción no está negociando el gasoducto solamente para reemplazar una fuente de energía por otra. Pretende utilizar el acceso al gas como plataforma para desarrollar fertilizantes, generación eléctrica, centros de datos y nuevas industrias.

Para Misiones, entonces, la discusión debería superar el viejo reclamo de “tener gas natural” y comenzar a formularse en otros términos: qué papel pretende ocupar la provincia en el nuevo corredor energético e industrial que comienza a construirse alrededor de Vaca Muerta.

Una carrera que ya comenzó

Paraguay se está moviendo rápido. Firmó memorandos de entendimiento con Argentina y Mato Grosso do Sul, negocia condiciones regulatorias y comerciales y trabaja sobre estudios de factibilidad con apoyo internacional.

Brasil analiza distintas alternativas para asegurarse gas argentino.

Argentina necesita mercados capaces de absorber la producción creciente de Vaca Muerta.

CAF y OLADE estudian cómo conectar las infraestructuras existentes y qué nuevas obras serán necesarias para convertir al Cono Sur en un verdadero mercado regional del gas.

Misiones todavía no aparece como protagonista de esa negociación.

Pero paradójicamente posee algunos de los elementos que vuelven pertinente la discusión: pertenece al NEA que debía abastecer el GNEA, continúa fuera de la red de gas natural, tiene una importante base industrial demandante de energía y limita directamente con Brasil.

La oportunidad no consiste necesariamente en disputar a Paraguay los 530 kilómetros de gasoducto que pretende construir.

La oportunidad puede ser mayor: plantear que el renacimiento del GNEA no termine nuevamente en el Nordeste, sino que convierta al Nordeste -y eventualmente a Misiones- en parte de una red energética vinculada con Brasil.

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Valdés reclamó igualdad para el Norte: “Necesitamos gas para desarrollar nuestras industrias”

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El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, puso el foco en las asimetrías estructurales que condicionan el crecimiento del Norte Grande y reclamó que las inversiones nacionales en energía, gas, rutas e infraestructura logística permitan equiparar las oportunidades productivas con las regiones Centro y Sur del país.

Todos estamos de acuerdo con Vaca Muerta, con las inversiones que realiza la Nación, pero el Norte tiene que tener las mismas oportunidades de desarrollo que la zona centro y la zona sur del país”, planteó Valdés al hacer un balance de la reunión de gobernadores.

El mandatario correntino remarcó que la discusión sobre la expansión de la red de gas no está centrada únicamente en el consumo residencial. Para las provincias del Norte, explicó, se trata fundamentalmente de una cuestión de competitividad.

Nosotros, más que gas para la zona domiciliaria, lo que buscamos es gas para desarrollar nuestras industrias y para que las oportunidades también estén en el Norte del país y no solamente en la zona centro y sur”, sostuvo.

Gas para producir: el costo de una infraestructura que no llega

Valdés señaló que la falta de gas natural atraviesa buena parte de las economías regionales y afecta directamente la capacidad de competir de las industrias de Corrientes, Misiones y Chaco.

En ese punto, recordó una definición planteada durante el encuentro por el gobernador misionero Hugo Passalacqua: “Hugo le decía muy claramente: acá en Misiones no tenemos problema de gas porque, claramente, no tenemos gas”.

La misma dificultad, explicó, alcanza a Corrientes y amplias zonas chaqueñas, donde numerosas industrias todavía dependen de biomasa, madera o leña para generar energía térmica.

Mucha parte de la industria se mueve a través de la quema de diferentes tipos de maderas o leñas y eso nos hace perder mercado”, advirtió.

El gobernador utilizó como ejemplo la producción arrocera correntina. La provincia lidera la producción nacional, pero la matriz energética utilizada en determinados procesos industriales termina convirtiéndose en una barrera para acceder a mercados más exigentes.

Nosotros en Corrientes, que somos los principales productores de arroz de la Argentina, podríamos abarcar muchos más mercados, pero muchas veces, como los secaderos son a leña, el ahumado que produce la contaminación nos deja fuera de muchos mercados”, explicó.

Según Valdés, una situación similar atraviesa la cadena yerbatera. Por eso, sostuvo que las reuniones del Norte Grande permiten exhibir que detrás de los problemas particulares de cada economía regional existe un denominador común.

Lo que hacen estas reuniones en el Norte Grande es desnudar la cantidad de problemas que tienen las diferentes provincias”, afirmó.

Y enumeró: “Falta de infraestructura de gas, falta de infraestructura energética, falta de infraestructura de rutas”.

Hidrovía: Corrientes pide entre 12 y 14 pies de calado

La logística fluvial también formó parte de la agenda. Corrientes pretende avanzar, junto con Chaco, en mejores condiciones de navegabilidad sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay para reducir costos y potenciar los puertos de la región.

Lo que estamos buscando es tener planteos para que se extiendan las profundidades de los calados del troncal de la Hidrovía”, indicó Valdés.

El objetivo inmediato no pasa por alcanzar los 34 pies disponibles en otros tramos del sistema, sino por conseguir una profundidad suficiente para ampliar las posibilidades de transporte desde el Norte.

No el máximo calado, porque estamos lejos de los 34 pies, pero sí por lo menos alcanzar los 12 a 14 pies, que nos permitiría tener otro tipo de navegación, otro tipo de competencia logística”, precisó.

Para el gobernador, la discusión vuelve al mismo punto: reducir las diferencias estructurales entre regiones. “Cuando la Nación hace inversiones en determinadas zonas, que la igualdad llegue también a las provincias del Norte”, reclamó.

El Niño, la sequía y el temor a una nueva temporada de incendios

La cuestión climática fue, según reveló Valdés, el primer tema abordado por los gobernadores.

El mandatario explicó que algunas zonas continuarán expuestas a los efectos asociados al fenómeno de El Niño, mientras otras podrían atravesar períodos de sequía. Pero la preocupación de Corrientes está puesta especialmente en lo que puede venir después.

Siempre después de un Niño viene una Niña y eso significa muchas posibilidades de incendios”, señaló.

La advertencia tiene un peso particular para una provincia que atravesó temporadas de incendios de enorme impacto productivo y ambiental.

Para nosotros los incendios tienen un muy mal recuerdo, entonces hay que estar previstos y atentos a todo lo que podamos hacer”, sostuvo.

Un reclamo para convertir en ley

Valdés también destacó los avances vinculados con el reconocimiento de las zonas cálidas y muy cálidas, como contrapartida del régimen de Zona Fría, pero advirtió que los gobernadores pretenden darle estabilidad jurídica al esquema.

La intención es que el beneficio no dependa exclusivamente de decisiones administrativas o reglamentarias que puedan modificarse con cada gobierno.

Lo que vamos a buscar en este tiempo, y se lo planteamos a nuestro presidente pro tempore, Raúl Jalil, es trabajar en una ley que lo deje explícito, por asentado, y que no siempre quedemos a la buena de que hoy te reconozco, mañana no te reconozco”, señaló.

“El balance siempre es positivo”

Más allá de los reclamos, Valdés valoró la presencia del jefe de Gabinete nacional en la reunión y consideró que el diálogo directo permite trasladar a la Nación una fotografía más precisa de las restricciones que enfrenta la región.

Celebramos hoy la presencia del jefe de Gabinete en esta reunión que impulsamos nosotros, los gobernadores del Norte Grande, porque nos permite darle un conocimiento mucho mejor a la Nación de cuál es la problemática”, expresó.

Para Valdés, la fortaleza política del bloque regional radica precisamente en construir posiciones compartidas alrededor de demandas concretas.

El balance siempre es positivo, siempre que nosotros nos podamos juntar los gobernadores y entender que tenemos que ir con planteos concretos”, concluyó.

La síntesis que dejó el gobernador correntino atraviesa prácticamente toda la agenda del Norte Grande: Vaca Muerta puede transformar la matriz energética argentina, pero para que esa transformación también modifique la estructura productiva del Norte, el gas, la energía, las rutas y la logística tienen que cruzar las fronteras de las regiones que históricamente concentraron la infraestructura del país.

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Osvaldo Jaldo: “La macroeconomía mejoró, pero no llegó a la gente ni a la microeconomía”

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El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dejó una de las definiciones económicas y políticas más fuertes de la 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande realizada en Posadas. Reivindicó el diálogo institucional con el Gobierno nacional, reclamó acelerar las obras necesarias para garantizar gas y energía al Norte y advirtió que la mejora de algunos indicadores macroeconómicos todavía no se tradujo en una recuperación de los ingresos, el empleo y la actividad cotidiana.

Hoy la Argentina no está bien. Lo único que se hizo fue mejorar algunas variables macroeconómicas, pero ese mejoramiento no llegó abajo, no llegó a la gente, no llegó a la microeconomía”, afirmó Jaldo al finalizar la cumbre que reunió a los diez gobernadores del NEA y NOA y que tuvo como anfitrión al mandatario misionero Hugo Passalacqua.

La energía ocupó buena parte de su análisis. Jaldo sostuvo que, aunque la política energética es una atribución del Gobierno nacional, los gobernadores tienen la obligación de involucrarse porque la disponibilidad y el precio del gas y la electricidad impactan directamente sobre los hogares, la producción, las exportaciones y el empleo.

Es una facultad exclusiva del Gobierno nacional, pero los gobernadores nos tenemos que involucrar porque no hay duda de que la energía eléctrica la necesitamos para nuestra gente a nivel domiciliario, pero también la necesitamos para nuestra industria”, explicó.

Del primer lugar al último: el nuevo mapa del gas golpea al Norte

Jaldo describió cómo cambió la situación energética del Norte argentino a partir del reemplazo del gas boliviano por la producción proveniente de Vaca Muerta.

Durante años, recordó, el gas importado ingresaba al país desde Bolivia y las primeras provincias abastecidas eran precisamente las del NOA.

Antes éramos las primeras en recibir el gas cuando se lo compraba a Bolivia: entraba por Jujuy, Salta, Tucumán y así desde el norte hacia el sur. Hoy hemos quedado al último porque el gas que se provee viene del sur del país, de Vaca Muerta”, señaló.

Ese cambio de dirección convirtió a la infraestructura de transporte en un asunto estratégico. Por eso, uno de los planteos realizados al jefe de Gabinete, Diego Santilli, fue acelerar las obras que permitan completar la reversión del sistema y utilizar plenamente el Gasoducto Norte.

Le hemos planteado la necesidad de agilizar algunas obras de infraestructura, que es la planta de reversión. Vamos a aprovechar el Gasoducto Norte para que desde Vaca Muerta llegue en la cantidad suficiente para nuestros vecinos de cada una de las provincias que estamos hoy acá presentes, como así también para nuestra industria”, sostuvo.

El costo de quedarse sin energía: 100.000 empleos en juego

Para dimensionar el problema, Jaldo llevó la discusión energética directamente al terreno productivo.

Tucumán tiene dos complejos económicos particularmente sensibles al abastecimiento: la industria citrícola y la cadena sucroalcoholera. Entre ambas, señaló el gobernador, están vinculadas a cerca de 100.000 fuentes de trabajo.

Hemos tenido graves problemas por la falta de gas porque tenemos industrias como la citrícola que se mueve exclusivamente en base a gas y también tenemos la actividad sucroalcoholera, que es la de la caña de azúcar”, explicó.

En el caso de los ingenios existen fuentes alternativas durante parte del proceso, ya que pueden utilizar el bagazo de la propia caña para alimentar sus calderas. Sin embargo, el gas sigue siendo necesario para poner en marcha la producción.

Jaldo planteó entonces el escenario más extremo para explicar por qué considera que la energía debe formar parte de la agenda política de los gobernadores.

Nuestras dos actividades principales son más de 100.000 puestos de trabajo en Tucumán. Ustedes se imaginan, por no andar un ingenio, por no andar una citrícola por falta de energía, que haya 100.000 desocupados en Tucumán”, advirtió.

Energía cara también significa perder mercados

El problema no termina con la disponibilidad. Jaldo introdujo otra variable determinante: el precio del gas.

Según explicó, durante los episodios de restricciones energéticas la oferta terminó apareciendo, pero a costos que golpearon directamente la competitividad industrial.

El gas en algún momento empezó a llegar, pero a valores muy elevados, con lo cual el costo de producción de nuestra industria se elevó tanto que por ahí nos sacó de competencia”, señaló.

El riesgo, agregó, es particularmente elevado para una economía regional fuertemente exportadora.

Tucumán tiene casi 150 productos en 160 países y cuando uno sale de competitividad, mercado que se pierde luego cuesta recuperarlo en esta economía globalizada”, advirtió.

La frase expone uno de los argumentos centrales del Norte Grande: la energía no puede analizarse únicamente como una cuestión tarifaria o domiciliaria, porque constituye uno de los principales componentes de competitividad de las economías regionales.

El respaldo a Misiones y Corrientes por el gas natural

Consultado específicamente por la situación de Misiones, una de las provincias argentinas que todavía no cuenta con gas natural por redes troncales, Jaldo aseguró que el reclamo tiene el respaldo de los gobernadores del bloque.

Todos apoyamos a Misiones como apoyamos también a Corrientes, a aquellas provincias que no solo les falta el gas, sino que no lo tienen”, afirmó.

Y vinculó ese respaldo con la propia razón de ser del bloque regional.

Para eso existe esta Asamblea del Norte Grande, para eso existen estas reuniones con los diez gobernadores: tratamos los temas regionales, pero nos solidarizamos con los problemas específicos de cada una de las provincias”, explicó.

“Hay que terminar con las grietas”

El gobernador tucumano también dejó una definición política frente a las críticas que reciben los mandatarios que mantienen una relación institucional con el presidente Javier Milei.

Jaldo no esquivó su identificación como gobernador “dialoguista” y defendió abiertamente esa posición.

Muchas veces hay gobernadores, como quien habla —hablo por mí—, que somos criticados porque somos gobernadores dialoguistas. Todos sabemos que el Presidente no es de mi espacio político ni yo tampoco soy del de él”, expresó.

Pero inmediatamente marcó la diferencia entre la competencia partidaria y la responsabilidad de gobierno.

Eso no quiere decir que no tengamos que conversar con el Presidente, no quiere decir que su jefe de Gabinete pueda venir a esta asamblea con diez gobernadores porque es de un partido político diferente”, sostuvo.

Y agregó una de sus definiciones más contundentes: “Acá hay que terminar con las grietas, acá hay que terminar con las diferencias que tanto mal le hicieron a nuestra querida patria argentina”.

Para Jaldo, la legitimidad democrática obliga tanto al Presidente como a los gobernadores a encontrar mecanismos de convivencia institucional.

Los gobernadores representamos al 100% de los que viven en nuestra provincia. El Presidente representa a todos los argentinos y ha sido elegido en democracia por la voluntad popular. Quienes tenemos responsabilidad institucional debemos estar a la altura de las circunstancias”, afirmó.

“El que tiene empleo no llega a fin de mes”

La defensa del diálogo, sin embargo, no implicó un respaldo sin matices al rumbo económico nacional. Allí Jaldo trazó una línea clara.

Reconoció avances macroeconómicos, pero sostuvo que esos resultados todavía no modificaron la realidad cotidiana de buena parte de los argentinos.

Hoy la Argentina no está bien. Hoy lo único que se hizo fue mejorar algunas variables macroeconómicas, pero ese mejoramiento no llegó abajo, no llegó a la gente, no llegó a la microeconomía”, insistió.

Y avanzó sobre uno de los puntos más sensibles de la coyuntura: los ingresos familiares.

Hoy los sueldos, aquel que tiene la posibilidad de tener un empleo, no llega a fin de mes. Y también el que tiene un empleo tiene un nivel de endeudamiento importante”, sostuvo.

Para el gobernador tucumano, el deterioro se explica por una combinación de salarios insuficientes, falta de recomposición de los ingresos y problemas laborales.

Por los salarios bajos, por la falta de incrementos salariales y ni qué hablar de los niveles de desocupación que tiene hoy la Argentina, hay problemas muy importantes por solucionar”, afirmó.

Del diálogo a las soluciones

Consultado sobre la afirmación de Santilli de que el 90% de los pedidos realizados por los gobernadores ya se encuentran resueltos, Jaldo evitó entrar en una discusión porcentual.

Reconoció que existen cuestiones encaminadas, aunque recordó que durante este mismo año las provincias sufrieron problemas concretos de abastecimiento energético.

Hay muchos problemas que van en vías de solución, pero tampoco podemos negar que este año hemos tenido problemas con la provisión de energía, fundamentalmente del gas en nuestras provincias”, señaló.

Para Jaldo, ese equilibrio entre diálogo y reclamo define el papel que pretende asumir el Norte Grande frente a la administración nacional.

La Asamblea realizada en Posadas fue la número 24 desde la conformación del espacio y, según el mandatario tucumano, esa continuidad ya permitió obtener resultados.

Desde esta asamblea, que es la número 24 que llevamos los gobernadores del Norte, humildemente vamos haciendo nuestros planteos, vamos planteando nuestras necesidades y muchos problemas hemos solucionado en el ámbito de este tipo de asambleas”, concluyó.

La síntesis que dejó Jaldo en Posadas combinó así dos mensajes dirigidos a la Casa Rosada: los gobernadores del Norte están dispuestos a sostener el diálogo institucional, pero esperan que la estabilización macroeconómica se transforme en energía disponible, producción, salarios, empleo y recuperación de la economía real.

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Norte Grande: gas, infraestructura y zonas cálidas, la agenda que Misiones llevó a la mesa nacional

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La 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande dejó en Posadas una conclusión que excede la discusión coyuntural sobre la provisión de energía: para las provincias del norte argentino, la infraestructura sigue siendo una condición determinante para competir, industrializarse y reducir las brechas de desarrollo con el centro y el sur del país. El encuentro reunió a los mandatarios regionales con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y colocó en el centro de la agenda el transporte de gas, las obras viales, la hidrovía, el impacto climático y el futuro régimen de zonas cálidas.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, planteó que la discusión energética debe incorporar las particularidades estructurales de la región. “No tenemos un metro de caño de gas, Osvaldo yo te envidio cuando decís que tenés problemas con el gas, acá no tenemos porque no hay gas. Acá funcionamos a leña”, remarcó el misionero. “El Norte Grande necesita una estrategia energética que contemple nuestra realidad y nos permita contar con el gas necesario para seguir creciendo, fortaleciendo nuestra industria y reduciendo las asimetrías de la región”, sostuvo.

La definición tiene una particularidad para Misiones: la provincia no enfrenta simplemente un problema de abastecimiento insuficiente, sino que carece de acceso a la red de gas natural. Esa diferencia explica por qué el reclamo regional apunta a una política de infraestructura de largo plazo y no únicamente a resolver eventuales restricciones durante los meses de mayor demanda.

Santilli aseguró que el Gobierno nacional tomó nota de los planteos y vinculó la discusión con las obras destinadas a recuperar capacidad de transporte. Según explicó, la reversión del Gasoducto Norte ya fue concluida y ahora resta avanzar con obras de compresión y otros trabajos necesarios para incrementar el flujo. El funcionario también señaló que el cambio en el suministro proveniente de Bolivia obligó a modificar la arquitectura del abastecimiento y a fortalecer el transporte desde Vaca Muerta hacia el norte.

La cuestión adquiere una dimensión productiva cuando se observa cómo la falta de gas condiciona a las economías regionales. El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, fue explícito al señalar que el objetivo no es solamente garantizar el consumo domiciliario, sino disponer de energía suficiente para transformar la matriz productiva. En su diagnóstico, Corrientes y Misiones comparten con sectores de Chaco una desventaja estructural frente a las zonas que sí cuentan con infraestructura gasífera.

El caso correntino permite dimensionar el costo económico de esa brecha. Valdés señaló que parte de la industria arrocera utiliza leña en sus procesos de secado y que el humo generado puede convertirse en una barrera para acceder a determinados mercados. La discusión, por lo tanto, no se reduce al precio de la energía: involucra calidad, competitividad, estándares ambientales y capacidad exportadora.

El mismo razonamiento alcanza a la yerba mate y a otras actividades industriales del Norte Grande. Cuando una provincia carece de infraestructura energética competitiva, una parte del costo de producir se traslada directamente a las empresas. En mercados internacionales donde los compradores pueden sustituir proveedores con rapidez, perder competitividad puede significar perder mercados que después requieren años para recuperarse.

Tucumán llevó a la Asamblea una advertencia similar. Osvaldo Jaldo explicó que las restricciones en el suministro de gas afectan actividades estratégicas como la industria citrícola y la producción sucroalcoholera. En conjunto, según planteó, esos sectores representan cerca de 100.000 puestos de trabajo en la provincia. El dato expone el vínculo entre infraestructura y empleo: una interrupción energética para una industria de escala regional no es solamente un problema operativo, sino un riesgo directo sobre la actividad económica y los ingresos de miles de familias.

Jaldo también marcó una transformación en el mapa energético argentino. Durante los años en que el gas proveniente de Bolivia ingresaba por el norte, las provincias de esa región ocupaban una posición privilegiada dentro del esquema de distribución. Con el desplazamiento hacia el gas producido en Vaca Muerta, el flujo se reorganizó desde el sur hacia el norte y dejó a varias provincias ante la necesidad de adaptar su infraestructura para recibir el nuevo suministro.

En ese punto aparece uno de los principales desafíos de la política energética nacional: Vaca Muerta puede ampliar de manera sustancial la disponibilidad de gas argentino, pero el recurso no genera por sí mismo desarrollo territorial si no existe una red capaz de transportarlo hacia los centros industriales y productivos. La infraestructura es el puente entre la abundancia del recurso y su transformación en inversión, empleo y competitividad.

La discusión sobre las llamadas zonas cálidas incorpora otra dimensión de la misma asimetría. Mientras el Congreso avanza con el proyecto de Zonas Frías, los gobernadores del Norte Grande buscan que el esquema de beneficios energéticos contemple también las regiones sometidas a temperaturas extremas durante el verano. El planteo consiste en evitar que el reconocimiento de las condiciones climáticas dependa de decisiones administrativas cambiantes y avanzar hacia un marco legal que otorgue previsibilidad.

Valdés sostuvo que los gobernadores quieren trabajar durante este período en una ley que deje expresamente establecido el tratamiento para las provincias cálidas y muy cálidas. El objetivo político es convertir un reclamo recurrente en una política pública permanente, con criterios objetivos y previsibles.

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca y presidente pro tempore del Norte Grande, confirmó que habrá una nueva reunión de trabajo con el Gobierno nacional para abordar la cuestión energética. La expectativa es que el debate por zonas frías y cálidas pueda avanzar en paralelo con las obras de infraestructura necesarias para ampliar la disponibilidad de gas y electricidad.

La agenda energética no fue el único frente de infraestructura discutido en Posadas. Los gobernadores también plantearon la necesidad de mejorar las rutas nacionales y profundizar la capacidad navegable de la hidrovía Paraná-Paraguay. Para Corrientes, Valdés puso el foco en llevar el calado del troncal a un rango de entre 12 y 14 pies, una mejora que permitiría ampliar las alternativas de navegación, reducir costos logísticos y generar mayor competencia entre puertos.

La lógica detrás de ese reclamo es similar a la energética. Una infraestructura insuficiente aumenta el costo de colocar producción en los mercados y termina funcionando como un impuesto implícito sobre las economías regionales. En provincias alejadas de los grandes centros de consumo y exportación, cada restricción logística tiene un impacto proporcionalmente mayor.

El componente climático agregó una urgencia adicional a la agenda. Corrientes planteó la necesidad de anticiparse a las consecuencias de la transición entre los fenómenos de El Niño y La Niña, especialmente por el riesgo de sequías e incendios. La experiencia reciente de la región convirtió la prevención en una cuestión económica además de ambiental: incendios, sequías y eventos extremos afectan producción, infraestructura, empleo y finanzas provinciales.

En ese contexto, la presencia de Santilli fue leída por los gobernadores como una oportunidad para transformar reclamos dispersos en una agenda institucional común. El jefe de Gabinete evitó involucrarse en la política interna de las provincias y sostuvo que el camino debe ser el trabajo conjunto entre Nación y gobernadores, incluso cuando existan diferencias políticas.

La definición tuvo especial eco en Jaldo, quien reivindicó el diálogo institucional con un Gobierno nacional de signo político diferente al suyo. El tucumano sostuvo que los gobernadores deben representar a todos los habitantes de sus provincias y que el Presidente, elegido democráticamente, representa al conjunto de los argentinos. Para el mandatario, la discusión sobre infraestructura requiere superar la lógica de la confrontación política y concentrarse en aquellos puntos donde existe coincidencia.

Esa postura también revela el nuevo escenario de negociación entre Nación y provincias. Los gobernadores buscan recuperar capacidad de incidencia sobre políticas que impactan directamente en sus economías, mientras el Gobierno nacional necesita ordenar prioridades fiscales y de infraestructura. El desafío consiste en transformar esa tensión en acuerdos que permitan ejecutar obras con impacto productivo y no solamente atender emergencias.

Jalil resumió esa perspectiva al destacar que una parte importante de los reclamos planteados en reuniones anteriores está avanzando y que el diálogo permitió destrabar distintos temas. También anticipó avances en una nueva legislación vinculada al cabotaje y una agenda de trabajo con Cancillería para fortalecer la denominada Marca Norte Grande.

Para Misiones, sin embargo, el punto estructural continúa siendo el acceso a la energía. La provincia puede reclamar reducción de asimetrías, pero la discusión adquiere otra profundidad cuando se considera que el gas natural todavía no forma parte de su infraestructura básica. En ese escenario, la incorporación al sistema de transporte de gas no debería pensarse únicamente como una obra energética, sino como una plataforma para atraer inversiones, sustituir combustibles más costosos, mejorar procesos industriales y ampliar mercados.

El resultado de la Asamblea, por eso, puede medirse menos por la cantidad de compromisos anunciados que por la capacidad de convertir una agenda regional en decisiones concretas. La solución para el Norte Grande no pasa por una transferencia permanente de recursos para compensar desventajas, sino por construir las condiciones de infraestructura que permitan que las provincias produzcan en igualdad de condiciones.

La discusión sobre gas, rutas, hidrovía, electricidad y clima converge finalmente en una misma pregunta: qué infraestructura necesita la Argentina para que el crecimiento de Vaca Muerta, la producción agroindustrial y las economías regionales no queden concentrados territorialmente. La respuesta, para el Norte Grande, pasa por conectar recursos con mercados y convertir esa conexión en competitividad. En Posadas, los gobernadores volvieron a poner esa ecuación sobre la mesa; ahora el desafío es convertir el diagnóstico en obras y reglas que sobrevivan al próximo ciclo político.

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Energía: el Gobierno prorrogó la emergencia eléctrica hasta fines de 2027

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El Poder Ejecutivo extendió, mediante el DNU 585/2026, la emergencia en generación, transporte y distribución eléctrica bajo jurisdicción federal hasta el 31 de diciembre de 2027. La medida busca dar continuidad al proceso de normalización del mercado mayorista y preservar la seguridad de abastecimiento en un contexto de márgenes operativos reducidos y obras de infraestructura aún en ejecución.

El decreto destaca que la generación térmica mantiene una fuerte dependencia del gas natural, por lo que la coordinación entre los sistemas eléctrico y gasífero resulta central para evitar tensiones en costos y suministro. Para las empresas productivas, la prórroga implica la continuidad del marco regulatorio vigente, con avances graduales en materia tarifaria, focalización de subsidios y mecanismos orientados a incentivar inversiones y mejorar la cobrabilidad del sistema.

Entre los indicadores citados por el Gobierno sobresalen un margen de reserva operativa de apenas 4,4 % frente al pico de demanda registrado en 2025 y niveles de utilización superiores al 90 % en instalaciones críticas de transporte. A la vez, la tasa de cobrabilidad del mercado eléctrico mayorista se habría recuperado desde el 48 % a cerca del 97 %, fortaleciendo el flujo financiero del sector.

Para las economías regionales del NEA, la continuidad de las herramientas excepcionales apunta a reducir riesgos de interrupciones y a facilitar la concreción de inversiones en redes y confiabilidad del sistema. La evolución de las obras de transporte y la consolidación del nuevo esquema de subsidios focalizados serán factores decisivos para determinar si la transición logra traducirse en un suministro más robusto y previsible para la actividad productiva.

La emergencia abarca los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica

La prórroga se fundamenta en “la persistencia de condiciones técnicas y económicas críticas”, lo que se evidencia en informes que precisan que el sistema opera con márgenes de reserva operativa muy reducidos, alcanzando apenas un 4,4% frente a picos de demanda registrados en febrero de 2025.

A esto se agrega el preocupante estado de la infraestructura, que se refleja en el envejecimiento del parque generador eléctrico. Al respecto, el texto oficial detalló que “más del 60% de las fallas en el sector distribución se producen en alimentadores de más de 25 años de antigüedad”.

Asimismo, puntualizó que “el sistema de transporte enfrenta limitaciones estructurales severas“, ya que “opera con márgenes de seguridad reducidos y las principales estaciones transformadoras registran niveles de carga superiores al 90%”, lo que reduce la capacidad de respuesta ante contingencias.

En este sentido, las obras ampliación del sistema de transporte eléctrico, como el sistema “AMBA I” o las líneas de 500 kV, requieren plazos de ejecución que exceden el corto plazo, por lo que el Ejecutivo consideró que “resulta indispensable preservar herramientas regulatorias transitorias”.

El decreto hace hincapié en la necesidad de avanzar hacia la autosuficiencia económico-financiera del sistema, ya que si bien la tasa de cobrabilidad de CAMMESA mejoró del 48% al 97% gracias a la normalización de la cadena de pagos, aún existe una brecha significativa entre el costo de generación y lo que pagan los usuarios.

Al respecto, indicó que “dicha recomposición requiere continuidad, seguimiento y consolidación, toda vez que una reversión en la disciplina de pagos podría afectar el flujo de fondos administrado por CAMMESA, comprometer pagos a generadores, transportistas y demás agentes del mercado, deteriorar la confianza de los inversores y recrear desequilibrios financieros que el régimen de emergencia procura superar”.

A mayo de 2026, el Precio Estacional (PEST) pagado por los usuarios residenciales subsidiados representaba aproximadamente solo el 24% del costo real de abastecimiento. En este sentido, el Gobierno sostiene que con la emergencia busca permitir una transición gradual hacia el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)“evitando impactos abruptos” en los sectores más vulnerables.

La decisión de extender la emergencia eléctrica hasta diciembre de 2027 busca equiparar los plazos con la emergencia de transporte y distribución de gas natural, ya que la generación térmica sigue siendo un componente sustancial de la matriz eléctrica, y la disponibilidad de gas natural incide en los costos y la seguridad del despacho eléctrico.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo explicó en el texto oficial que con una interrupción de la emergencia “podrían producirse discontinuidades regulatorias, demoras en la adopción de medidas operativas, debilitamiento de los mecanismos de regularización financiera, pérdida de previsibilidad para los agentes, afectación de procesos de inversión y mayores riesgos sobre la continuidad del servicio público de electricidad”.

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