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RIGI: el Gobierno aprueba una inversión de USD 550 millones para ampliar Vaca Muerta

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El Ministerio de Economía aprobó el ingreso al RIGI del proyecto de ampliación del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno —ex Néstor Kirchner— impulsado por Transportadora de Gas del Sur (TGS), con una inversión comprometida de USD 550 millones y el objetivo de incrementar en 14 millones de metros cúbicos diarios la capacidad de transporte de gas desde Vaca Muerta.

La decisión no sólo consolida al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones como herramienta de atracción de capitales para infraestructura energética. También marca un cambio estructural en la lógica económica argentina: el Gobierno empieza a priorizar obras destinadas a aumentar exportaciones y disponibilidad energética antes que proyectos de infraestructura tradicional financiados por el Tesoro.

Para Misiones y el NEA, el impacto no será directo en términos de producción gasífera, pero sí puede alterar variables clave para la competitividad industrial, logística y energética regional. El proyecto aprobado permitirá ampliar la capacidad de evacuación del gas de Vaca Muerta desde Neuquén hacia Buenos Aires mediante nuevas plantas compresoras sobre el Tramo I del gasoducto.

La apuesta oficial es clara: aumentar transporte de gas para reducir costos energéticos internos, sustituir importaciones y ampliar saldos exportables.

El RIGI entra en fase real

La aprobación del proyecto de TGS representa uno de los primeros casos de infraestructura energética de gran escala que obtiene formalmente los beneficios del RIGI.

La iniciativa contempla:

  • USD 550 millones de inversión total
  • USD 513 millones computables bajo régimen RIGI
  • Plazo de obra estimado: 18 meses
  • Inicio operativo previsto: abril de 2027
  • Participación mínima de proveedores locales: 20%

El esquema otorga beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros, incluyendo facilidades para importar equipamiento y estabilidad normativa de largo plazo.

El punto central para el mercado es político: el Gobierno busca mostrar que el RIGI puede transformarse en una plataforma concreta para destrabar inversiones que durante años quedaron condicionadas por volatilidad macroeconómica, restricciones cambiarias y litigios regulatorios.

El dato financiero que sigue el mercado

El Banco Central avaló el proyecto al concluir que la demanda de divisas asociada a la inversión “no afecta la sostenibilidad del sector externo ni las reservas”.

Ese punto es central porque revela el nuevo criterio oficial para aprobar grandes proyectos: inversiones privadas, financiamiento externo, capacidad exportadora, y bajo impacto fiscal directo.

A diferencia de los viejos modelos de obra pública, el esquema RIGI traslada gran parte del riesgo financiero al sector privado mientras el Estado ofrece estabilidad jurídica y beneficios regulatorios.

El mensaje hacia inversores internacionales es evidente: Argentina intenta reconstruir credibilidad ofreciendo reglas de largo plazo para sectores estratégicos.

Un cambio profundo en la infraestructura argentina

La obra también tiene una lectura geopolítica interna.

Durante años, la restricción energética funcionó como límite estructural para el crecimiento industrial argentino. La falta de capacidad de transporte obligaba a importar combustibles caros incluso teniendo reservas abundantes en Vaca Muerta.

Con esta ampliación, el Gobierno apunta a resolver parte de ese cuello de botella.

La discusión ya no pasa sólo por producir gas, sino por transportar más volumen hacia centros industriales y mercados externos.

Para provincias alejadas de los grandes polos industriales, el desafío será evitar quedar afuera del nuevo mapa de inversiones.

Misiones tiene oportunidades potenciales en: biomasa, industria forestal, logística regional, y exportaciones con valor agregado. Pero necesitará infraestructura, competitividad tributaria y costos energéticos sostenibles para aprovechar un eventual ciclo de expansión energética nacional.

El RIGI puede acelerar inversiones concentradas en sectores extractivos y transporte. La incógnita es si esa dinámica logrará derramar competitividad hacia economías regionales periféricas o si consolidará aún más las diferencias entre el centro energético y las provincias de frontera.

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Gas de Vaca Muerta prueba salida directa a Brasil: el Gobierno habilita un test clave

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La primera exportación de prueba de gas natural desde Argentina hacia Brasil por el Gasoducto del Mercosur, concretada tras años de inactividad, reabre un capítulo estratégico en la política energética regional. El envío, impulsado por TotalEnergies junto al grupo brasileño J&F hacia la central de Uruguaiana, no solo busca validar la infraestructura técnica, sino medir si el país puede consolidar una salida directa para el shale gas de Vaca Muerta sin depender de terceros. La tensión es clara: ¿se trata del inicio de un corredor energético estable o de un ensayo condicionado por limitaciones estructurales y regulatorias?

Un ducto inactivo que vuelve al centro de la agenda energética

La operación marca el primer flujo por el Gasoducto del Mercosur desde 2021. El test permitió verificar condiciones técnicas clave: integridad de la tubería, funcionamiento de válvulas y estaciones, y protocolos de operación tras años sin actividad.

El sistema conecta Aldea Brasileña, en Entre Ríos, con Uruguaiana, en Río Grande do Sul, a lo largo de 421 kilómetros, con capacidad de transporte de 15 millones de metros cúbicos diarios. La infraestructura, inaugurada en 2000, tiene licencia vigente hasta diciembre de 2027, con posibilidad de extensión por 20 años bajo el nuevo marco normativo.

La validación técnica no es un trámite menor. Es el paso previo para habilitar contratos de exportación en firme, en un contexto donde la confiabilidad del suministro se vuelve un factor político y económico.

De la prueba técnica a la geopolítica del gas

El ensayo se inscribe en un cambio más amplio del mapa energético regional. La caída de las exportaciones de gas desde Bolivia obliga a Brasil a redefinir su matriz de abastecimiento. En ese escenario, Vaca Muerta aparece como alternativa.

La prueba actual replica, en otro formato, los testeos realizados un año atrás vía Bolivia. Pero introduce una diferencia clave: la posibilidad de un corredor directo entre Argentina y Brasil.

Ese cambio altera la lógica de interconexión regional. Deja de depender de terceros países y abre la discusión sobre infraestructura propia. El proyecto en análisis contempla una extensión de más de 550 kilómetros del lado brasileño para conectar con Porto Alegre y, potencialmente, con el cinturón industrial de San Pablo.

Actores en juego y control del sistema

El movimiento involucra a múltiples actores con intereses convergentes pero no necesariamente alineados. Del lado argentino, la operación del ducto está en manos de Transportadora Gas del Mercosur, con participación de Total Gas, Tecpetrol, Central Puerto y CGC. En Brasil, la operación corresponde a Transportadora Sulbrasileira de Gás, con presencia de Petrobras, Total Gas, Repsol e Ipiranga.

Las tareas técnicas del test están a cargo de Petrobras y Ámbar Energía, del grupo J&F. El objetivo es determinar si el sistema puede operar de forma continua y estable.

La central termoeléctrica de Uruguaiana, con 640 MW de capacidad instalada, funciona como punto de anclaje de esta estrategia. Diseñada para operar con gas importado, requiere hasta 2,8 millones de m³ diarios para plena carga. Su historial de funcionamiento irregular —alternando entre GNL y combustibles líquidos— expone la fragilidad del suministro en ausencia de un esquema estable.

Integración energética y disputa por el mercado brasileño

El test refuerza una tendencia: la integración energética bilateral empieza a pasar de la planificación a la ejecución. Para el sistema eléctrico brasileño, el gas argentino aparece como una alternativa competitiva y cercana, especialmente en contextos de baja hidraulicidad.

Pero el impacto trasciende lo técnico. La posibilidad de exportaciones firmes redefine la posición de Argentina como proveedor regional. También reconfigura la competencia por el mercado brasileño, donde conviven distintas rutas de abastecimiento.

El Plan Nacional Integrado de Infraestructura de Gas Natural y Biometano de Brasil, que prevé inversiones por US$7.500 millones en 14 obras, incluye la conexión con Argentina como una de las prioridades. El proyecto contempla un gasoducto de 593 kilómetros con capacidad de 15 millones de m³ diarios.

En paralelo, el Grupo de Trabajo Bilateral Argentina-Brasil avanzó en un informe técnico que evalúa múltiples alternativas: rutas vía Bolivia, Paraguay, Uruguay y una conexión directa. Esa diversidad de opciones refleja que la decisión final aún no está cerrada.

Entre la validación técnica y la decisión política

El test en curso no define por sí solo el futuro del corredor energético. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Lo que sigue es una fase donde lo técnico se cruza con lo político y lo económico.

Habrá que observar si los resultados habilitan contratos en firme y si avanzan las inversiones en infraestructura complementaria. También, cómo se ordena la competencia entre rutas alternativas y qué rol asumen los Estados en ese proceso.

La exportación de prueba reactivó un ducto. Pero, sobre todo, volvió a poner en discusión quién controla el flujo de gas en el Cono Sur y bajo qué condiciones. Ese debate, más que técnico, es estratégico.

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Valdés presentó en New York el gasoducto Chaco–Santa Catalina como carta política y productiva en la agenda internacional

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El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, cerró el jueves (12/03) su participación en la Argentina Week en Nueva York con una apuesta clara: colocar al gasoducto Chaco–Santa Catalina en el centro del mapa de inversiones para el nordeste argentino. Durante un panel de gobernadores realizado en el marco del encuentro, el mandatario provincial presentó la obra energética como una infraestructura capaz de redefinir el perfil productivo de la región y abrir nuevas oportunidades industriales.

La intervención funcionó, además, como el punto final de su gira en Estados Unidos. En un foro orientado a vincular a dirigentes provinciales con inversores y actores del sistema financiero internacional, Valdés eligió subrayar un mensaje político y económico concreto: la disponibilidad de gas natural podría transformar el escenario energético de Corrientes y generar condiciones para atraer capital productivo.

La pregunta que sobrevuela ese planteo es evidente. ¿Se trata simplemente de un proyecto de infraestructura o del intento de posicionar a Corrientes como un nodo energético en el nordeste, capaz de alterar la dinámica productiva regional?

Infraestructura energética y estrategia de desarrollo

En su exposición, Valdés explicó que la construcción del gasoducto Chaco–Santa Catalina tendría efectos directos sobre varios sectores de la economía provincial. Según detalló, la llegada del gas natural permitiría ampliar la capacidad productiva en áreas vinculadas a la logística, la industria química y el sector alimentario.

El planteo apunta a una ecuación clásica en la política económica regional: energía más accesible como motor para atraer inversiones. En ese marco, el gobernador sostuvo que la obra podría facilitar además la exportación de productos agroindustriales deshidratados, un segmento donde el acceso a energía competitiva suele ser un factor decisivo para la industrialización local.

Durante el panel también proyectó un horizonte más amplio. La infraestructura energética —según indicó— abriría la puerta al desarrollo de nuevos modelos de negocios vinculados al gas, como plantas de GNL o GNC.

El argumento se articula con una narrativa de desarrollo basada en infraestructura estratégica. En esa lógica, el gasoducto aparece no solo como una obra energética sino como una plataforma para reconfigurar cadenas productivas.

Energía, inversiones y posicionamiento regional

El mensaje del gobernador estuvo acompañado por una cifra que dimensiona el alcance del proyecto. De acuerdo con su exposición, el gas natural beneficiaría a más de 2,6 millones de personas en Corrientes y Misiones, con energía “más competitiva y limpia”.

En términos económicos, el planteo vincula tres variables: reducción de costos productivos, mayor eficiencia energética y menor impacto ambiental. Esa combinación suele ser central en los discursos dirigidos a potenciales inversores internacionales.

En ese sentido, Valdés enfatizó la necesidad de consolidar condiciones institucionales que respalden la llegada de capital. “Con reglas claras y un marco legal que promueve inversiones, Corrientes puede consolidarse como un nodo energético del NEA”, afirmó durante su intervención.

La estrategia se inscribe en una dinámica más amplia donde las provincias buscan posicionarse en el escenario internacional para captar proyectos productivos. En ese terreno, las obras de infraestructura energética funcionan como una carta de negociación política y económica.

Un proyecto que abre expectativas y desafíos

El cierre de la participación correntina en la Argentina Week dejó instalado un eje claro: la infraestructura energética como palanca de desarrollo regional.

Si el gasoducto Chaco–Santa Catalina avanza según lo proyectado, el impacto podría extenderse más allá del suministro energético. El acceso al gas natural podría modificar costos industriales, habilitar nuevas actividades productivas y generar un entorno más atractivo para inversiones.

Sin embargo, el escenario todavía depende de múltiples variables: la concreción de la obra, la capacidad de transformar disponibilidad energética en proyectos industriales concretos y la coordinación regional para aprovechar esa infraestructura.

Por ahora, la apuesta política quedó planteada en un escenario internacional. El desafío comenzará cuando ese proyecto de desarrollo tenga que traducirse en inversiones, producción y empleo dentro del territorio.

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El Gobierno activa subas en gas, luz y combustibles y recalibra el esquema tarifario en marzo

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Marzo comienza con una señal clara del Ejecutivo: la normalización tarifaria sigue en marcha. El Gobierno nacional autorizó nuevos aumentos en gas natural, electricidad y combustibles que impactan desde el 1° de marzo y que, en el caso de los carburantes, se traducen en subas de entre 1% y 1,2% por la aplicación parcial del Impuesto a los Combustibles Líquidos, postergado desde principios de 2024. En paralelo, el Ente Nacional Regulador del Gas habilitó incrementos en los cargos del sistema —con alzas del 8% en transporte, desplazamiento e intercambio— y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad aprobó subas de hasta 2,43% en el Costo Propio de Distribución.

El movimiento no es aislado. Forma parte de una estrategia que combina reducción de subsidios, recomposición de ingresos en las empresas reguladas y dosificación del impacto inflacionario. La clave política está en ese equilibrio: sostener el sendero de corrección de precios relativos sin detonar una nueva espiral en un insumo transversal a toda la economía.

Regulación y discrecionalidad: cómo se arma la nueva factura

En gas, el aval del Ente Nacional Regulador del Gas permitió a las distribuidoras trasladar mayores costos al usuario final. Los cargos del sistema suben 8%, aunque el efecto en la boleta no es lineal. Depende del área de concesión, de los cuadros tarifarios vigentes y de los beneficios aplicables. En la zona núcleo el impacto es mayor; en áreas frías, más acotado.

En electricidad, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad autorizó hasta 2,43% de aumento en el Costo Propio de Distribución. Ese componente es solo una parte de la factura, que también incluye el precio de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista, subsidios, bonificaciones e impuestos locales. Por eso el traslado al usuario será dispar según zona y categoría.

El caso de los combustibles tiene otra lógica. El Gobierno habilitó una porción del impuesto específico, que había sido diferido desde 2024. Aunque el tributo se fija en valores nominales, el impacto final se traduce en un aumento de entre 1% y 1,2%, al que se suman las remarcaciones que definan las petroleras. Desde la desregulación del mercado en 2024, los precios se mueven con mayor libertad y el Ejecutivo dejó de exigir informes públicos sobre actualizaciones. El resultado fue un 2024 con aumentos en 11 de 12 meses y un alza acumulada superior al 42%, por encima de la inflación anual informada por el Indec.

La dosificación impositiva revela la tensión central: recomponer recaudación sin trasladar de una sola vez el peso tributario al surtidor. Es una decisión fiscal con lectura macroeconómica.

Costos, salarios y consumo bajo presión

El encadenamiento es evidente. Energía y combustibles son insumos difundidos. Afectan transporte, producción industrial, logística y servicios. Cada ajuste impacta de manera directa en el gasto fijo de los hogares y de forma indirecta en la estructura de costos del sector productivo.

Según el Observatorio de Tarifas del IIEP (UBA-CONICET), en 2025 los servicios públicos acumularon actualizaciones promedio de hasta 30%, un ritmo menor al shock de 2024 pero alineado con la inflación anual. El peso estimado de estos gastos ronda el 20% del ingreso mensual de los hogares, en un contexto de cuatro meses consecutivos sin mejora del salario real según el Indec.

Para las empresas energéticas y distribuidoras, la señal es de continuidad regulatoria. El esquema busca garantizar ingresos operativos y previsibilidad en la inversión. Para los consumidores, el efecto es más inmediato: mayor proporción del ingreso destinada a tarifas y combustibles, con menor margen para consumo discrecional.

El Gobierno intenta evitar un salto brusco que reavive expectativas inflacionarias. Sin embargo, la suma de ajustes parciales termina configurando una presión acumulativa. No es un shock único; es una secuencia.

Señales al mercado y clima político

La decisión consolida el rumbo de corrección tarifaria iniciado el año pasado. No hay congelamientos ni interrupciones en el proceso de recomposición de precios relativos. El Ejecutivo muestra coherencia con su política de reducción de subsidios y desregulación, pero también administra tiempos y porcentajes para evitar desbordes macroeconómicos.

El mensaje al mercado energético es de previsibilidad. El mensaje a los hogares es más complejo: la normalización continúa en un escenario donde el poder adquisitivo todavía no acompaña. Esa tensión define el clima económico del primer trimestre.

Marzo abre con tarifas en alza y con un esquema que combina regulación, impuestos y mercado. El impacto pleno se medirá en las próximas mediciones de inflación y en la dinámica del consumo. Por ahora, el ajuste avanza por tramos.

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Tarifas de energía: el Gobierno avanza con la reducción de subsidios y nuevos aumentos desde febrero

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Las tarifas de los servicios públicos registrarán nuevos aumentos a partir del 1º de febrero de 2026, como resultado de una serie de medidas adoptadas por el Gobierno nacional para avanzar en la reducción de subsidios y sostener el esquema de actualización de precios del sector energético. El ajuste más significativo se verificará en el gas natural, con una suba promedio del 16,86% en todo el país, mientras que en el caso de la energía eléctrica el incremento autorizado será del 2,55% en Misiones, según lo dispuesto por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para la empresa LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL LITORAL SOCIEDAD ANÓNIMA (LITSA).

Las decisiones se formalizaron a través de la Resolución ENRE 38/2026, publicada en el Boletín Oficial el 30 de enero, y se inscriben en el marco de la emergencia del Sector Energético Nacional declarada por el Decreto 55/2023 y prorrogada sucesivamente hasta el 9 de julio de 2026.

Gas natural: suba promedio del 16,86% y cambios en el esquema de precios

El aumento más relevante se producirá en la tarifa de gas, que registrará un incremento promedio del 16,86% como consecuencia de la combinación de varios factores regulatorios y económicos. Entre los motivos del ajuste se encuentran la cuota mensual de la Revisión Quinquenal Tarifaria, el aumento mensual por fórmula de actualización basada en el IPIM y el IPC para evitar el deterioro real de las tarifas, la aplicación del nuevo esquema de subsidios SEF y la implementación de un precio de gas unificado y fijo para todo el año.

Según explicaron desde el Gobierno nacional, este último punto genera un salto tarifario puntual en febrero, pero se aplica en un mes de bajo consumo. En ese sentido, la interpretación oficial sostiene que “se busca darle previsibilidad al usuario para que en los meses donde más necesita consumir gas (invierno) no se le dispare el precio”, y que de esta manera “se evita así sobresaltos estacionales de la factura a lo largo del año”.

El enfoque apunta a reducir la volatilidad estacional del costo del servicio y a profundizar el proceso de corrección de los precios relativos de la economía, en línea con los objetivos planteados por el Ministerio de Economía en el marco de la emergencia energética.

Electricidad en Misiones: ajuste del 2,55% para LITSA

En el caso de la energía eléctrica, el incremento autorizado será del 2,55% en Misiones, correspondiente al segmento de transporte bajo jurisdicción federal. El ajuste fue aprobado por el ENRE mediante la Resolución 38/2026 y alcanza a LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL LITORAL SOCIEDAD ANÓNIMA (LITSA), en su carácter de transportista independiente.

El aumento surge de la aplicación del mecanismo de actualización de la remuneración aprobado por el ENRE en la Resolución 320/2025, rectificada por la Resolución 591/2025, que establece una fórmula de ajuste basada en la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicados por el INDEC.

Para diciembre de 2025, el IPIM registró una variación del 2,40% y el IPC del 2,85%. Dadas las ponderaciones definidas en el esquema regulatorio —67% IPIM y 33% IPC—, el porcentaje de actualización resultante fue del 2,55%, con vigencia a partir del 1 de febrero de 2026.

El objetivo explícito del mecanismo es que la remuneración de las transportistas se mantenga en términos reales durante todo el período tarifario de cinco años, conforme a lo establecido en el marco de la Revisión Quinquenal Tarifaria.

Marco normativo, fundamentos y alcance institucional

La resolución del ENRE se apoya en una extensa base normativa, que incluye la Ley 24.065 de Energía Eléctrica, la Ley 27.742, el Decreto 55/2023 que declaró la emergencia energética, sus prórrogas posteriores, y las instrucciones impartidas por el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía mediante notas fechadas el 26 de enero de 2026.

En ese contexto, el organismo regulador aprobó los valores horarios a aplicar al equipamiento regulado de LITSA, detallados en el anexo de la resolución, que incluyen remuneraciones por conexión y por capacidad de transporte, con montos expresados en pesos por hora según nivel de tensión y tipo de equipamiento.

La medida fue notificada a las principales asociaciones del sector eléctrico y a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), y forma parte del proceso más amplio de actualización tarifaria que el Gobierno impulsa para reducir subsidios, ordenar las cuentas públicas y garantizar la sostenibilidad del sistema energético.

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