Gasoducto

Buscan llevar gas natural a Misiones y Corrientes

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El senador nacional Maurice Closs presentó un proyecto de ley que impulsa la llegada de gas natural a Misiones, que en la actualidad no cuenta con este servicio y, a gran parte de Corrientes.
El proyecto apunta a la concreción de obras de interconexión de las mencionadas provincias a la red de gas natural, en el marco de lo establecido por el artículo 1º de la Ley 26.095, a través del Gasoducto Misiones/Corrientes.
La iniciativa, asimismo, propone la creación de un fondo fiduciario del Gasoducto Misiones Corrientes, destinado a financiar la construcción de la obra, los ramales provinciales de aproximación, subtroncales y las redes de distribución domiciliaria en estas provincias a partir del gasoducto de Uruguayana (Brasil).


Cabe recordar, que en junio del año pasado el Gobierno nacional decidió desistir de terminar el Gasoducto del Nordeste. Por lo cual Misiones continúa siendo la única provincia del país que no tiene gas natural en ninguna de sus localidades.
Al respecto, el exgobernador de la provincia advirtió que la ausencia de acceso a una red de gas natural “deja al descubierto la profunda disparidad en materia energética que existe en el territorio argentino”, y que después de 14 años, la producción gasífera de Vaca Muerta “vuelve a generar excedentes exportables de gas que volverán a abastecer al Sur de Brasil, mientras en la Argentina aún hay provincias que no tienen acceso a la red de distribución de gas natural”.
Asimismo agregó: “Misiones quedó como la única provincia a la que no llega el gas y no está previsto que llegue, aun cuando el cambio en la matriz energética que estamos atravesando nos obliga a repensar el diagrama de abastecimiento. Eso debe cambiar, especialmente porque están dadas las condiciones para que el desarrollo energético llegue a la provincia de Misiones, como lo ha hecho a todo el resto del país”, finalizó.

 
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El gobierno decidió abandonar sin terminar el Gasoducto del NEA

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El Gobierno desistió de terminar el Gasoducto del Nordeste. No se trata de una postergación ni un replanteo sino que se decidió abandonar cientos de kilómetros de cañerías instaladas con el argumento de que durante más de una década el Estado desembolsó casi 2300 millones de dólares, el doble de su presupuesto original, a través de licitaciones en las que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) identificó vicios que irían desde la falta de planificación a licitaciones amañadas y sobreprecios.

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Los caños del gasoducto del NEA destinados al abandono si el gobierno nacional no toma la decisión política de proveer de energía a la región. En el Chaco las obras estaban terminadas en gran parte.

Según un informe del diario Clarín la obra se repartió entre varias empresas conocidas y otras no tanto algunas de las cuales aparecen complicadas con la investigación sobre el dinero negro que se habría pagado a funcionarios en el marco de la obra pública de acuerdo a los cuadernos que supuestamente escribió el ex chofer Centeno. Entre ellas Vertúa, que debía ejecutar el primer tramo del ducto (EPC1), que en Salta permitiría conectar todo el tendido con la cuenca boliviana en un tramo de 100 kilómetros.
A pesar de los anticipos de dinero, el contratista no concluyó la tarea y en un concurso reciente, Ieasa (sucesora de la estatal Enarsa) relicitó ese fragmento a través de una compulsa que ganó la constructora de Techint. Pero la posibilidad de que Argentina sea superavitaria en gas, unida a las restricciones fiscales, hicieron que el Gobierno tomara la decisión de no construirlo, abortando el proyecto tal como fue concebido.
Qué hacer con los caños
El primer desafío oficial es darle un uso a los 3018 kilómetros de caños, troncales y de aproximación, so pena de que se transformen en un monumento al despilfarro de fondos públicos. El renunciado titular de Enarsa, Hugo Balboa, había imaginado utilizarlo para almacenar el gas que sobra en verano. El diario Clarín publica que según Ieasa, una porción del tendido se está utilizando para llevar gas por redes a una docena de localidades santafesinas en un ramal que finaliza en San Justo y algo similar ocurriría con otras del Chaco sin que se sepa de caños que empalmen lo existente con el ramal santafesino que se alimenta en la ciudad bonaerense de San Nicolás. Lo cierto es que Vaca Muerta recién produce el 10% del gas que se consume en épocas normales y por ahora parece difícil que pueda asimilar la demanda de una región tan grande como la del gasoducto ahora abandonado. A primera vista parece más económico y rápido completar los 100 kilómetros que dejó sin terminar Vertúa.
La decisión descarta de hecho a Bolivia como proveedora a futuro de los 26 millones de metros cúbicos diarios comprometidos en un contrato que vence en el 2026 y que algunos especialistas reivindican como “el más barato” de los importados. También representa rescatar sólo parcialmente la enorme infraestructura esparcida por el Nordeste a través de contratos dados de baja, aún sin la conclusión de las obras. A poco de asumir Mauricio Macri, Enarsa pidió una auditoría general de la obra a la Sigen, concluida en abril del 2017. Este trabajo identificó algunos pecados de origen como la falta de estudios de preinversión y análisis de la demanda futura que justificaran el emprendimiento. Como añadido: “falta de sustento económico financiero”, ya que la obra ni siguiera fue prevista en los presupuestos públicos.
Todo sea por el déficit fiscal
Según el informe firmado por los síndicos Ignacio Rial e Ignacio Días Zavala en abril del 2017, los contratos en ejecución sumaban US$ .217.912.015. Y según la última versión del proyecto, sólo se había concretado el 66,15% del avance: “la obra faltante implicaba desembolsar US$ 563.200.000”. Ese esfuerzo fiscal fue una causa de desaliento que se sumó a la idea de que el gas no convencional de Neuquén alcanzará para alimentar el circuito desde el sur. El Gasoducto del Nordeste fue declarado de interés nacional por el decreto 267/07 en el que se previó una inversión total de US$1.382.557.000 para 1.500 kilómetros de extensión. Pero sufrió una metamorfosis constante, con cambios realizados con procedimientos que no siempre honraron las formalidades exigidas por ley. Según los síndicos, los pliegos incluyeron “cláusulas susceptibles de restringir la concurrencia de oferentes” y hubo “mínimos parámetros de exigencia” de antecedentes, disociados de la envergadura de la obra. Peor aún: no se constató que en todos los casos se haya hecho la convocatoria a licitación a través del Boletín Oficial.
Las adjudicaciones de los varios tramos en que se fragmentó la obra tuvieron precios US$117.400.000 por encima de los valores de referencia de Sigen y el segmento EPC8, en el Chaco, se adjudicó a una oferta “que superaba en 27% el presupuesto oficial”, sin que haya ningún justificativo técnico para eso. De remate: hace poco más de un año, “se encontraba pendiente de ejecución una parte significativa de las inversiones de los contratistas”, por las que éstos habían recibido anticipos.
Además de Vertúa, participaron otras firmas de distinta performance en el proyecto y reputación. Entre ellas Rovella Carranza, Contrera Hermanos, José Chediack (arrepentido en la causa de los cuadernos), Esuco (del arrepentido Carlos Wagner), BTU y Techint Compañía Técnica Internacional, que logró alzarse con uno de los fragmentos de la obra después de lidiar judicialmente para integrarse a concursos algunas veces anulados por razones poco nítidas. En el 2018 logró otro triunfo al ganar el concurso por los 100 kilómetros en Salta, que ahora abortó el gobierno.
El holding de Rocca tuvo un lugar particular en el GNEA. En el 2004 le arrimó a Néstor Kirchner la idea de ejecutar el tendido bajo el sistema de iniciativa privada con un presupuesto cercano a los US$1.200 millones. La primera oposición fue la de Repsol, que vio en esta propuesta una competencia a Loma de la Lata. Finalmente Julio De Vido decidió realizarla como obra pública convencional, a través de Enarsa, y reclamándole al grupo que le cediera la ingeniería base: lo consiguió sin problemas.

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Se licitó nuevo tramo del gasoducto del NEA, pero Misiones sigue relegada

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En Salta estaba abandonada la obra. La iniciativa corresponde a la inspección de obra y montaje, control de calidad de suministro y puesta en marcha de la misma.
La noticia dada a conocer en los últimos días que el Ministerio de Energía de la Nación, abrió la licitación para la puesta en marcha de la obra del primer tramo del Gasoducto del NEA, devuelve las expectativas a los chaqueños, en cuyo territorio la obra avanza de manera significativa y se están alcanzando los últimos tramos de la misma. La cartera de Energía que conduce Javier Iguacel, informó que la licitación corresponde a la inspección de obra, inspección de montaje, control de calidad de suministro y puesta en marcha de la misma. La noticia es importante para los chaqueños porque mientras aquí se avanzaba en las obras troncales, en Salta la empresa concesionaria nada más ni nada menos del primer tramo había abandonado la misma.
 
El abandono
Cabe indicar que el Gasoducto del NEA, una de las obras de infraestructura más grande de la Argentina, tiene sus obras paralizadas en la provincia de Salta, desde hace 19 meses. La empresa Servicios Vertúa se había retirado en diciembre de 2015, con los trabajos ejecutados a medias, y dejó 125 kilómetros de tuberías abandonadas en los montes del departamento Rivadavia, en la vecina provincia.
Tras rescindir el contrato en mayo último, por responsabilidades atribuidas a la contratista, la Empresa Nacional de Energía (Enarsa) encaró el llamado a licitación y según confirmaron a NORTE este fin de semana fuentes dignas de crédito la idea es tener terminado el proceso licitatorio en octubre e inmediatamente a fines de noviembre retomar las obras abandonadas.
El tramo EPC4, que cubre 280 kilómetros del este formoseño, tiene un retraso significativo. Esa sección también –dice el diario El Tribuno de Salta–fue entregada a Servicios Vertúa, que se asoció allí con JCR, la empresa de Juan Carlos Relats, fallecido inquilino de los hoteles patagónicos de la familia Kirchner.
 
La licitación
Desde el 24 de marzo de 2007, mediante el Decreto N° 267 del Poder Ejecutivo Nacional, se otorgó a ENARSA la concesión de esta obra: Gasoducto del Noreste Argentino. La concesión le otorga a la empresa, la responsabilidad de construir, operar y comercializar gas natural durante 35 años.
La obra, que se extiende por varias provincias del NEA está en licitación, para inspección, como así también puesta en funcionamiento del tramo 1, (desde el Gasoducto Juana Azurduy en Salta, hasta límite con la Provincia de Formosa).
Según la publicación en el Boletín Oficial, la licitación pública nacional, tiene como objetivo la inspección de obra, inspección de montaje, control de calidad de suministro y puesta en marcha, del tramo 1 de la misma.
Además, detallaron que hasta mediados de agosto se podrán presentar las ofertas. La obra prevé la instalación y construcción de 3.000 kilómetros de gasoducto, para abastecer en todo su recorrido a 168 localidades con gas natural.
El GNEA, (Gasoducto del Noreste Argentino), una vez concluida su construcción, permitirá llevar gas natural a provincias que hoy no cuentan con ese servicio: Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones.
 
Estado de la obra
SAENZ PEÑA (Agencia). En función de lo publicado en su sitio web Enarsa da cuenta de sus últimas certificaciones, en el tramo formoseño EPC2, de 303 kilómetros, las contratistas Techint y Panedile ya tienen ejecutado el 99,24% de los trabajos.
En el tramo EPC3, que cubre 265 kilómetros del sur de la provincia de Santa Fe, las obras ejecutadas por las constructoras Rovella Carranza, Contreras, Helport y CPC presentan un avance físico del 97,44%. En el tramo chaqueño EPC5, de 215 kilómetros, el consorcio integrado por las empresas Chediack, UCSA y Conta tiene ejecutado el 81,86n por ciento del tendido.
En el tramo EPC6, que recorre 215 kilómetros en el sur de Santa Fe, las constructoras Rovella Carranza, Contreras, Helport y CPC ya certificaron el 89,52% de los trabajos.

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Peña reconoció la demora del artículo 10 y aseguró que buscarán resolver “el problema del FET”

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Durante su presentación ante el Congreso, Marcos Peña debió responder a las repreguntas del diputado Jorge Franco, quién le planteó la problemática del Fondo especial del Tabaco (FET), el gasoducto del NEA y la falta de reglamentación del artículo 10 de la Ley Pyme.
Al hacer uso de la palabra en la sesión especial de la Cámara de Diputados de la Nación, donde el jefe de Gabinete Marcos Peña presentó su tercer informe de gestión, el diputado Jorge Franco se refirió a temas puntuales de la problemática regional, como la reglamentación del artículo 10 de la Ley Pyme, el avance de obras para la llegada del Gasoducto a la provincia y la demora en el envío de los recursos del Fondo Especial del Tabaco.
“Sería bueno insistir en la reglamentación del artículo 10 porque los hermanos paraguayos y brasileños ya lo están haciendo, van adelante nuestro en este sentido. Han hecho una serie de ventajas, fundamentalmente en Brasil a favor de sus pymes en la frontera”, observó al plantear el reclamo en el que coinciden empresarios y funcionarios.
Franco precisó que lo establecieron de lado brasileño “en una línea de 60 kilómetros, que no estaría mal porque hasta incluso en los controles en la relación del Mercosur son más intensos pasando 60 km para adentro, en la frontera con Brasil, que 60 km para acá. Quiero que ese tema se tenga en cuenta”, apuntó.
Sobre el Gasoducto, el legislador indicó que leyó el informe de Peña y “si bien tiene que ver con otras realidades, a mí lo que preocupa es que en algún momento, creo que para octubre de 2015 había una licitación”. “Creo que no solo debe discutirse, porque por ahí una alternativa serían los PPP, pero nuestro miedo es que llegue hasta nuestra frontera, hasta las puertas de Misiones y tengamos que hacernos cargo. No estamos los misioneros en condiciones de hacer una distribución interna”, advirtió.

En tanto, al hacer referencia al Fondo Especial del Tabaco, Franco observó que se trata de un recurso que reciben los pequeños productores en varias provincias, que tiene que ver con un impuesto que se cobra al paquete del cigarrillo. Recordó que el 80 por ciento va a la cuestión social del productor.
“La preocupación nuestra es que de los 1.500 millones de pesos aproximadamente que están disponibles, a mi provincia le llegó solamente 250 millones. Me gustaría que ese 54 por ciento que todavía no nos llegó, llegue pronto y que no demos vuelta en cuestiones burocráticas”, puntualizó.
Las respuestas de Peña sobre reglamentación del Art 10 ley Pyme
La Ley Pyme ya da beneficios a todas las pequeñas y medianas empresas del país. Ya son 390.000 las empresas que accedieron a los beneficios: pagan IVA a 90 días, no pagan ganancia mínima presunta, descuentan de ganancias el impuesto al cheque y hasta 10% de las inversiones que realizan además de tener la posibilidad de solicitar un bono de crédito fiscal por el IVA de dichas inversiones que aún tengan a favor.
Además, tienen mayor acceso a crédito y simplifican su administración. Hasta ahora se ahorraron más de $2.251 M en el pago de ganancias por inversiones realizadas.
El primer paso entonces para todas las PyMEs es registrarse. Hoy sólo 44% de las MiPyMEs recibieron o están recibiendo los beneficios. Si sos una peluquería, un comercio, una maderera, también sos MiPyMe.
El segundo paso es que las provincias se adhieran a la Ley PYME Nacional y se comprometa a no subir los impuestos provinciales por dos años como ya hicieron CABA, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Formosa, Tucumán y Santa Fe.
Mientras, seguimos trabajando en la reglamentación de los artículos 10 y 11 de la ley, para definir qué otros beneficios van a recibir las MiPyMEs de frontera y las economías regionales. El desafío es que ayude a toda la región y no a “correr” el problema del desequilibrio hacia una frontera interna. Para eso, estamos trabajando con las cámaras empresarias y los gobiernos provinciales.
A la fecha los costos fiscales de los beneficios otorgados en dicha ley son los siguientes: $80M en 2016, $120M en 2017 y $150M en 2018.
Al 24 de abril se registraron, en total, cerca de 390.000 empresas. De estas, cerca de 350.000 se encuentran vigentes actualmente.
 

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TGS invertirá u$s250 millones para construir un gasoducto en Vaca Muerta

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Se trata de un plan más amplio, que contempla desembolsos totales por u$s800 millones de parte de la mayor transportadora de gas del país. TGS es controlada por la sociedad CIESA, donde el 50% del capital es propiedad de Pampa Energía, del empresario Marcelo Mindlin
Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS), invertirá u$s250 millones para transportar y acondicionar la producción gasífera en Vaca Muerta.
La empresa desembolsará los fondos entre este año y el próximo en la formación hidrocarburífera ubicada en la provincia de Neuquén con el objetivo de contar con la infraestructura necesaria para ofrecer una mayor producción de gas a los sistemas troncales de transporte de la zona.
Se trata de la primera etapa de un proceso más amplio que concretará la mayor transportadora de gas de la Argentina y que prevé la construcción de un gasoducto que atravesará diferentes áreas petroleras hasta la conexión con los sistemas troncales en Tratayén.
Según un comunicado de la transportadora controlada mayoritariamente por Pampa Energía, del empresario Marcelo Mindlin, el nuevo ducto tendrá 92 kilómetros con una capacidad de transporte de 37 MMm3 por día, ampliables a 56 MMm3 diarios y un plazo de ejecución de obra estimado en 17 meses.
De acuerdo al plan de TGS, el gasoducto atravesará las áreas de Bajada de Añelo, Bajo del Choique, La Invernada, Pampa de las Yeguas I y II, Parva Negra Este y Oeste. También, La Escalonada, Rincón La Ceniza, Los Toldos Norte, Sur, Este y Oeste, La Calera, El Orejano y Sierra Chata.
Adicionalmente, el proyecto incluye la construcción de una planta de acondicionamiento que adecuará la calidad del gas natural antes del ingreso a los gasoductos troncales, con 5 MMm3/día capacidad inicial y ajuste del punto de rocío de hidrocarburos. Asimismo, se prevé incluir módulos de ampliación, hasta 56 MMm3/día.
Mas allá de esta primera etapa, el plan también contempla la extensión del gasoducto y la ampliación de la planta “para acompañar el ritmo de desarrollo de las reservas de gas natural de Vaca Muerta y otras áreas de la Cuenca Neuquina”, de acuerdo al comunicado de TGS. En ese marco, el total de las inversiones estimadas en este proyecto para la zona de Vaca Muerta alcanza los u$s800 millones.
“Se trata de una iniciativa que permitirá dar un salto de magnitud en las actividades de midstream que refuerza nuestro interés de invertir en el país para continuar integrando la producción con el mercado energético”, explican los ejecutivos de TGS en el comunicado.
Para la empresa, el proyecto se suma a los $7.000 millones de inversión comprometidos para el período 2017/2021 en su sistema de transporte y marca la consolidación de “nuestro compromiso con la seguridad de abastecimiento energético del país y confirma la visión de nuestros accionistas respecto del rol protagónico de la inversión privada como sostén del crecimiento económico y generación de empleo”.
TGS comenzó sus operaciones el 28 de diciembre de 1992, luego del proceso privatización del sector energético argentino. En la actualidad, es la transportadora de gas más importante del país, opera el sistema de gasoductos más extenso de América Latina, es propietaria del Complejo General Cerri, ubicado en Bahía Blanca y compite también en el mercado mayorista de las telecomunicaciones a través de su controlada Telcosur.
Su principal accionista es Compañía de Inversiones de Energía S.A. (CIESA), que posee el 51% del capital social. El porcentaje restante cotiza en las Bolsas de Comercio de Buenos Aires y Nueva York. Los accionistas de CIESA son Pampa Energía con el 50%; Grupo Inversor Petroquímica S.L. (de la familia Sielecki), WST S.A. (del Grupo Werthein) y PCT L.L.C. por el restante 50%.

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