Peña reconoció la demora del artículo 10 y aseguró que buscarán resolver “el problema del FET”

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Durante su presentación ante el Congreso, Marcos Peña debió responder a las repreguntas del diputado Jorge Franco, quién le planteó la problemática del Fondo especial del Tabaco (FET), el gasoducto del NEA y la falta de reglamentación del artículo 10 de la Ley Pyme.
Al hacer uso de la palabra en la sesión especial de la Cámara de Diputados de la Nación, donde el jefe de Gabinete Marcos Peña presentó su tercer informe de gestión, el diputado Jorge Franco se refirió a temas puntuales de la problemática regional, como la reglamentación del artículo 10 de la Ley Pyme, el avance de obras para la llegada del Gasoducto a la provincia y la demora en el envío de los recursos del Fondo Especial del Tabaco.
“Sería bueno insistir en la reglamentación del artículo 10 porque los hermanos paraguayos y brasileños ya lo están haciendo, van adelante nuestro en este sentido. Han hecho una serie de ventajas, fundamentalmente en Brasil a favor de sus pymes en la frontera”, observó al plantear el reclamo en el que coinciden empresarios y funcionarios.
Franco precisó que lo establecieron de lado brasileño “en una línea de 60 kilómetros, que no estaría mal porque hasta incluso en los controles en la relación del Mercosur son más intensos pasando 60 km para adentro, en la frontera con Brasil, que 60 km para acá. Quiero que ese tema se tenga en cuenta”, apuntó.
Sobre el Gasoducto, el legislador indicó que leyó el informe de Peña y “si bien tiene que ver con otras realidades, a mí lo que preocupa es que en algún momento, creo que para octubre de 2015 había una licitación”. “Creo que no solo debe discutirse, porque por ahí una alternativa serían los PPP, pero nuestro miedo es que llegue hasta nuestra frontera, hasta las puertas de Misiones y tengamos que hacernos cargo. No estamos los misioneros en condiciones de hacer una distribución interna”, advirtió.

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En tanto, al hacer referencia al Fondo Especial del Tabaco, Franco observó que se trata de un recurso que reciben los pequeños productores en varias provincias, que tiene que ver con un impuesto que se cobra al paquete del cigarrillo. Recordó que el 80 por ciento va a la cuestión social del productor.
“La preocupación nuestra es que de los 1.500 millones de pesos aproximadamente que están disponibles, a mi provincia le llegó solamente 250 millones. Me gustaría que ese 54 por ciento que todavía no nos llegó, llegue pronto y que no demos vuelta en cuestiones burocráticas”, puntualizó.
Las respuestas de Peña sobre reglamentación del Art 10 ley Pyme
La Ley Pyme ya da beneficios a todas las pequeñas y medianas empresas del país. Ya son 390.000 las empresas que accedieron a los beneficios: pagan IVA a 90 días, no pagan ganancia mínima presunta, descuentan de ganancias el impuesto al cheque y hasta 10% de las inversiones que realizan además de tener la posibilidad de solicitar un bono de crédito fiscal por el IVA de dichas inversiones que aún tengan a favor.
Además, tienen mayor acceso a crédito y simplifican su administración. Hasta ahora se ahorraron más de $2.251 M en el pago de ganancias por inversiones realizadas.
El primer paso entonces para todas las PyMEs es registrarse. Hoy sólo 44% de las MiPyMEs recibieron o están recibiendo los beneficios. Si sos una peluquería, un comercio, una maderera, también sos MiPyMe.
El segundo paso es que las provincias se adhieran a la Ley PYME Nacional y se comprometa a no subir los impuestos provinciales por dos años como ya hicieron CABA, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Formosa, Tucumán y Santa Fe.
Mientras, seguimos trabajando en la reglamentación de los artículos 10 y 11 de la ley, para definir qué otros beneficios van a recibir las MiPyMEs de frontera y las economías regionales. El desafío es que ayude a toda la región y no a “correr” el problema del desequilibrio hacia una frontera interna. Para eso, estamos trabajando con las cámaras empresarias y los gobiernos provinciales.
A la fecha los costos fiscales de los beneficios otorgados en dicha ley son los siguientes: $80M en 2016, $120M en 2017 y $150M en 2018.
Al 24 de abril se registraron, en total, cerca de 390.000 empresas. De estas, cerca de 350.000 se encuentran vigentes actualmente.
 

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