gasto público Argentina

Costo marginal

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“El ajuste lo paga la política, jaja”. El posteo en redes sociales de Victoria Villarruel, la titular del Senado, se burla del jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el paseo con su esposa en Nueva York en medio de una gira oficial. 

La ironía del comentario no pasó inadvertida: en pocas palabras, la Vicepresidenta condensó una crítica implícita al relato de austeridad del Gobierno y dejó expuestas, una vez más, las fisuras internas que atraviesan al oficialismo mientras se discute hasta dónde llega -y a quién alcanza realmente- el ajuste.

Argentina Week no será recordada por la lluvia de inversiones generada, sino por el affaire Adorni, que fue a “deslomarse” a Nueva York en compañía de su esposa, a quien subió al avión presidencial contradiciendo el decreto que él mismo anunció hace unas pocas semanas, que limitaba el número de funcionarios en los viajes y excluía a familiares y amigos.

El paseo puede costarle caro al jefe de Gabinete y hombre de confianza de Karina y Javier Milei. No por los reproches que los hermanos puedan hacerle -salieron a “bancarlo” en forma instantánea-, sino porque el desliz daña el contrato tácito con la sociedad: los libertarios prometían “ser mejores” y el paseo por la Gran Manzana, pagado “con la del contribuyente” es una réplica del deterioro de la casta a la que se vino a combatir. 

El Presidente ensayó una suerte de defensa de Adorni y su esposa con un argumento economicista que no alcanza a cubrir -ni a entender- la magnitud del problema: “Costo marginal”, dijo Milei y sus acólitos salieron a repetirlo como un mantra. ¿Qué es el costo marginal? Como el avión debía volar a Estados Unidos y sobraba un asiento, la esposa de Adorni no significó un gasto extra. Mismo argumento podrían ahora utilizar kirchneristas residuales y futuros inquilinos de la Casa Rosada. Incluso, si el avión de todos modos iba a ir a Río Gallegos, no había nada de malo en llevar los diarios a Cristina. Era un costo marginal irreprochable según la lógica presidencial. 

Sin embargo, lo está en discusión no es una fórmula matemática, sino la ética de un funcionario que hace lo contrario a lo que pregona desde el atril. La estatura moral se derrumba por eso, no por un puñado de dólares extra. 

La fractura expone a Adorni con gustos que no condicen con su nivel de ingresos. Viajes en avión privado pagados por el Estado, como confesó su amigo a quien visitó en Punta del Este y gastos de tarjeta de crédito que no coinciden con su sueldo. Un repaso de movimientos de consumo de acceso público muestra un dato difícil de pasar por alto: tras la victoria legislativa de fines de octubre de 2025, los gastos con tarjetas atribuidas a Manuel Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti, se dispararon.

Solo con una tarjeta del Banco Galicia, Adorni habría registrado consumos cercanos a los 30 millones de pesos frente a ingresos por unos 10,5 millones. En paralelo, la tarjeta a nombre de Angeletti suma gastos por más de 65 millones en los últimos meses, sin ingresos conocidos en ese período. En total, entre ambos plásticos, los consumos entre agosto y enero rondarían los 115 millones de pesos contra ingresos declarados cercanos a los 21 millones. Un contraste que, al menos, merece explicaciones que no sean ecuaciones matemáticas ni evasivas. Fin. 

En definitiva, el affaire Adorni rompe la conexión que le quedaba intacta al Gobierno: la promesa de borrar a la casta del poder. Sin ese acuerdo electoral, la alianza libertaria no tiene muchos más éxitos que mostrar, por más que el relato se esmere en contar éxitos donde no los hay. Incluso, el presidente tiene más problemas para explicar su vínculo con el escándalo $Libra y aparecen contactos fluidos entre él y los promotores, junto a su hermana, quien tiene su propio escándalo con la Andis. Manchas que quitan lo impoluto. 

La inflación lejos está de ser contenida y ya lleva diez meses consecutivos en alza, con un acumulado de 280 por ciento desde que asumió en diciembre de 2023. En febrero marcó 2,9 por ciento, muy lejos de las promesas optimistas de llegar a cero en el segundo semestre. Pese a la nula emisión y el inédito ajuste, el ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la ausencia de éxitos en la contención de los precios, en que la economía atraviesa “un proceso de corrección de precios relativos” tras “dos décadas de acumular distorsiones”. Para agosto, septiembre u octubre, insistió, la inflación será cero. 

El impacto de los precios se visualiza en la caída del consumo.En febrero, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, las ventas pymes cayeron 5,6% interanual, con un acumulado del 5,2% en lo que va del año.
El informe de la Came es contundente: “El consumo se concentró en bienes de subsistencia y artículos escolares por la reasignación del gasto de los hogares. La demanda operó con selectividad, priorizando ofertas y financiamiento para sostener las operaciones”.

El relato se agranda en la voz del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien rechazó que el modelo destruya empleo y, por el contrario, aseguró que en dos años se crearon 400 mil empleos. Los propios números oficiales lo desmienten, pero para el siempre presente funcionario, el dato no mata relato. Sin embargo, hay 200.941 empleos registrados menos desde que asumió Javier Milei. En paralelo, hay un fuerte incremento de la informalidad y el empleo asalariado representa apenas el 71,9 por ciento de los ocupados totales, cuando hace un año eran de 74,8%. El boom del Delivery o chofer de App. Los únicos sectores que están generando empleo son los vinculados a Vaca Muerta y las finanzas. 

Sturzenegger tiene a la yerba como un fetiche. En Argentina Week aseguró que la eliminación de la autoridad regulatoria del sector y de su capacidad para fijar precios redujo a la mitad el valor del producto para el consumidor -en realidad, aumentó por debajo de la inflación-, al tiempo que impulsó un aumento del 29% en la producción durante 2024 y llevó a casi 58 millones de kilos las exportaciones en 2025, un récord histórico.

En esa mezcolanza, Sturzenegger omite que la producción está hundida en la miseria y que la propia industria atraviesa momentos delicados.

El semáforo de Coninagro revela un mapa muy distinto a lo que exhibe Sturzenegger. Son ocho las economías que están en rojo, dos más que el mes pasado y apenas cuatro en verde y siete en amarillo. La yerba mate está en rojo desde la desregulación del mercado en diciembre de 2023. Se desplomaron los precios de la materia prima y, aunque la industria recuperó presencia en el mercado interno y bate récord de exportaciones, también atraviesa una crisis por encarecimiento de costos operativos, como energía y combustible y una menor rentabilidad. El argumento tiene números concretos: en conjunto, las principales industrias yerbateras deben a los bancos 230 mil millones de pesos, el equivalente al 83 por ciento de la canchada en stock.

Las consecuencias del “éxito” de Sturzenegger se sienten en la provincia. No sólo en la yerba mate, sino en el té y el sector forestal, con caída de exportaciones y rentabilidad por el suelo. La Provincia intenta contener a los distintos sectores con las pocas herramientas que tiene. La yerba es la mayor preocupación por el volumen de productores afectados, aunque son pocas las alternativas para mejorar su situación. El precio de referencia, que sugirió Misiones al Instituto Nacional de la Yerba Mate, tuvo una recepción negativa en la industria. El principal argumento fue que se trata de un mercado privado en el que cada empresa tiene estructuras de costos diferentes, por lo que consideran difícil establecer un valor único.

En la reunión con la industria que se hizo esta semana, el Gobierno insistió en que contar con un valor orientativo podría ayudar a ordenar el mercado y a sostener el sistema productivo frente a las distorsiones actuales.

Además, los funcionarios señalaron que un precio de referencia permitiría mejorar las condiciones de financiamiento del sector, ya que hoy las empresas enfrentan dificultades para obtener crédito mediante warrants debido a la ausencia de valores de mercado claros para la yerba mate.

En ese marco también se mencionó la implementación de herramientas de monitoreo y trazabilidad como el CeTYM, impulsado tras la desregulación del sector, con el objetivo de seguir la evolución de la cadena yerbatera.

La Provincia sabe que las herramientas con las que cuenta son pocas. Pero el gobernador Hugo Passalacqua se muestra decidido a utilizarlas a fondo para sostener el equilibrio interno. Promoción para el turismo en Perú, obras públicas en la medida que se pueda y austeridad al máximo, como la prohibición de compras de nuevos vehículos para el Estado, forman parte de la misma preocupación: sostener el empleo.

La realidad, esa que en Buenos Aires se esmeran en combatir, marca que Misiones registró en diciembre de 2025 unos 98.721 trabajadores en el sector privado formal, con un descenso del 0,4% contra el mes anterior, lo que equivale a la pérdida de unos 403 empleos.

De este modo, se observa una profundización en el deterioro del mercado de trabajo misionero en este segmento, ya que de los doce meses del año solo creció en tres (enero con +0,2%, abril con +0,5% y mayo con +0,2%), en tanto que cayó en los otros nueve meses, con descensos consecutivos entre junio y  diciembre. El saldo del año en Misiones fue negativo en 4.675 empleos.

Desde que asumió Milei, en tanto, la caída es de 10.152 empleos (-9,3% vs. noviembre de 2023). En este caso, la provincia  presenta la sexta caída más fuerte del país. A la par, otro agravante de suma a la situación: el volumen actual de empleo es el más bajo desde enero de 2021, momento donde el trabajo estaba transitando una recuperación  luego de los impactos de la pandemia. 

Empleo privado registrado en el NEA – Diciembre

Provincia 2024 2025 Variación
Misiones 99,6 95 -4,7%
Corrientes 80,1 78,1 -4,3%
Chaco 73,7 70,5 -4,3%
Formosa 22,5 22,1 -1,8%

Misiones: el empleo privado registrado cerró diciembre con 95 mil puestos, lo que implica una caída de 4,7% interanual. El nivel representa 10.152 empleos menos (-9,3%) respecto de noviembre de 2023.

En el ámbito nacional el empleo privado formal cayó 0,2% mensual  en diciembre, perdiendo 12.399 asalariados privados en todo el país respecto al mes  anterior. Este descenso se explica principalmente por las caídas en sectores como la Minería (-1,0%), Hoteles y Restaurantes (-0,6%) e Industria Manufacturera (-0,5%), entre otros. 

A nivel acumulado de la era Milei (diciembre 2025 vs. noviembre de 2023,  desestacionalizado) son 200.941 los empleos perdidos en el sector privado formal (-3,2%).

Raro el contraste. Sturzenegger jura que se crearon 200 mil empleos por año desde que llegó Milei. La realidad, esa que se empecina en decir otra cosa, marca que son pocos los sectores con saldo positivo. La industria manufacturera argentina comenzó el año con una señal clara de enfriamiento. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la utilización de la capacidad instalada se ubicó en enero en apenas 53,6%, un nivel inferior al registrado en el mismo mes de 2025, cuando había alcanzado el 55%. El dato no solo confirma una caída interanual, sino que además representa el peor inicio de año para la actividad industrial desde la crisis económica de 2002.

El indicador mide qué proporción de la capacidad productiva instalada en las fábricas está efectivamente en uso. Cuando ese porcentaje desciende, significa que las plantas industriales trabajan por debajo de su potencial, ya sea por caída de la demanda, aumento de importaciones o dificultades macroeconómicas que afectan la producción.

Los sectores más golpeados por la caída de la demanda y el cambio en el escenario comercial son la industria automotriz, que operó en enero con apenas el 24% de su capacidad instalada, mientras que los productos textiles utilizaron solo el 23,7%. La metalmecánica -excluyendo automotores- registró un nivel del 31,4%, el sector de caucho y plástico 36,1% y los productos minerales no metálicos 45,5%.

La caída más marcada se observa en la metalmecánica, donde el uso de capacidad instalada descendió desde el 38,1% de enero de 2025 hasta el 31,4% en el inicio de 2026. El informe vincula este retroceso principalmente con la fuerte reducción en la fabricación de maquinaria agrícola y de electrodomésticos, dos segmentos que experimentaron una contracción significativa de la producción.

La industria automotriz también refleja un deterioro considerable. Con apenas el 24% de su capacidad en uso, el sector registra una caída significativa frente al 34,8% del mismo mes del año pasado. La producción de vehículos retrocedió más de 30% interanual, lo que explica buena parte del menor dinamismo industrial.

Algo similar ocurre con el sector textil, que en enero utilizó apenas el 23,7% de su capacidad instalada. La caída responde principalmente a la disminución en la producción de tejidos y de hilados de algodón, que registraron retrocesos superiores al 30% interanual.

El 53,6% de utilización de capacidad instalada registrado en enero refleja que casi la mitad de la capacidad productiva del sector industrial permanece ociosa. Para encontrar un inicio de año con un nivel inferior hay que remontarse a enero de 2002, en pleno colapso económico de la Argentina, cuando la industria utilizaba apenas el 48,2% de su capacidad productiva.

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Informe CEPA: fuerte recorte en áreas sociales mientras crece el presupuesto de inteligencia y deuda

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Entre enero y agosto, el gasto ejecutado por la Administración Pública Nacional se redujo un 31% en términos reales frente a 2023. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que el ajuste impacta con fuerza en áreas sociales clave, mientras se incrementa el presupuesto destinado a inteligencia y se consolida el peso de la deuda.

El gobierno nacional encara 2025 con una estrategia de consolidación fiscal inédita en magnitud. Según el informe de CEPA, la contracción del gasto público es el correlato de una política de ajuste estructural que busca equilibrar las cuentas en medio de un escenario de recesión económica, inflación desacelerada pero persistente y tensiones políticas tras el veto presidencial a leyes de transferencias provinciales.

El dato más llamativo es la caída del 31% interanual en el gasto primario real durante los primeros ocho meses del año, lo que configura un recorte de dimensiones históricas. El impacto atraviesa múltiples sectores: salud, educación, ciencia y tecnología, seguridad social, programas sociales y obra pública.

En contraste, la Secretaría de Inteligencia del Estado aumentó su ejecución en un 23%, y los Servicios de la Deuda Pública concentran el 9% del gasto total, mostrando un reordenamiento de prioridades en la estructura presupuestaria.

Ejecución presupuestaria en detalle

El recorte se refleja con particular crudeza en áreas sociales:

  • Salud: la Superintendencia de Servicios de Salud redujo un -56% su ejecución, los hospitales nacionales entre -30% y -38%, el Instituto Malbrán un -26% y la ANMAT un -27%. Programas de atención y prevención muestran caídas de hasta -100%, salvo el de Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica, que creció un +41%.
  • Seguridad social y programas sociales: ANSES ajustó un -7%, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia un -72% y el INAES un -75%. Los Comedores Comunitarios y Merenderos (-74%), el programa de Primera Infancia (-89%) y el Plan Nacional de Protección Social (-100%) quedaron virtualmente desfinanciados.
  • Educación: Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente registraron ejecución nula (-100%). El fortalecimiento edilicio de jardines infantiles cayó -88% y las becas y programas de formación docente entre -77% y -79%.
  • Ciencia y tecnología: el CONICET recortó un -29%, la CONAE -40%, el INTA -37%, el INTI -44% y la promoción de la investigación e innovación -83%.
  • Producción y energía: la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo ajustó un -76%. La CNEA cayó -39%, el ENRE -24% y el ENARGAS -26%.
  • Obra pública y transporte: ejecución prácticamente nula, con bajas de -89% a -100% en pavimentación, cuencas, túneles y puentes. Las transferencias a provincias también se redujeron entre -98% y -100%, con la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal bonaerense.
  • Defensa y seguridad: las fuerzas federales sufrieron recortes de entre -29% y -32%, y el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea reducciones de entre -17% y -21%.

El informe del CEPA advierte que el ajuste compromete la continuidad de programas esenciales en un momento de alta vulnerabilidad social. La caída en partidas vinculadas a alimentación, salud preventiva, educación inicial y obra pública afecta directamente a provincias y municipios, que ven limitada su capacidad de respuesta.

En paralelo, el incremento del gasto en inteligencia y deuda revela un cambio en el enfoque de prioridades del Gobierno nacional: fortalecer el control institucional y garantizar la sostenibilidad financiera por encima de la inversión social y productiva.

En términos políticos, el ajuste profundiza las tensiones entre Nación y provincias, particularmente tras el veto presidencial a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Gobiernos subnacionales reclaman compensaciones que hasta ahora no han tenido respuesta.

De cara a lo que resta del año, el escenario abre interrogantes sobre la sostenibilidad social y política de un ajuste que, según CEPA, golpea los cimientos de áreas estratégicas. Mientras el Ejecutivo defiende la disciplina fiscal como clave para estabilizar la economía, especialistas advierten que la contracción simultánea en inversión pública, programas sociales y apoyo productivo podría profundizar la recesión y erosionar la gobernabilidad.

En el corto plazo, el desafío radica en sostener el delicado equilibrio entre la reducción del déficit y la necesidad de contener las demandas sociales y provinciales. El debate en torno al Presupuesto 2026 será un test decisivo para medir hasta qué punto el ajuste puede sostenerse sin generar mayores costos políticos e institucionales.

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Presupuesto 2025: el Gobierno recorta en Cultura y Comunicación y refuerza Justicia y transferencias a provincias

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En medio de las tensiones fiscales y el objetivo de alcanzar un superávit primario del 1,6% del PBI, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron la Decisión Administrativa 23/2025, publicada el 11 de septiembre en el Boletín Oficial. La medida introduce modificaciones significativas al Presupuesto General de la Administración Nacional, con impacto directo sobre salarios estatales, programas sociales, organismos descentralizados y empresas públicas.

La normativa se dicta en el marco de la Ley 27.701 de Presupuesto 2023, prorrogada para 2025 conforme al artículo 27 de la Ley de Administración Financiera 24.156. Según los considerandos, la adecuación busca “afrontar gastos impostergables para el normal funcionamiento de las jurisdicciones”, priorizando salarios, transferencias y servicios básicos, mientras se compensan reducciones en gastos de capital.

Entre las justificaciones, se destaca la necesidad de:

  • Atender refuerzos en créditos de personal y gastos de funcionamiento.
  • Cumplir con transferencias específicas establecidas por decretos previos, como el Decreto 377/2025, que derivó fondos de la Secretaría General de Presidencia al Ministerio de Defensa.
  • Incorporar recursos provenientes de la aplicación del Decreto 575/2025, que regula la administración de bienes recuperados de actividades ilícitas.

Ajustes presupuestarios: quién gana y quién pierde

Las planillas anexas muestran con precisión el destino de los cambios:

  • Recortes en Presidencia y Cultura: La Secretaría General de la Presidencia reduce $7.138 millones en gastos corrientes, principalmente en consumo, viáticos y servicios de comunicación institucional. La Secretaría de Cultura también ajusta $3.602 millones, con impacto en museos, organismos estables y transferencias al Instituto Nacional del Teatro.
  • Refuerzos en el Ministerio Público y la Justicia: se destinan más de $13.179 millones al Ministerio Público para obras de infraestructura (nuevas sedes en Tucumán, Bahía Blanca, La Pampa, Esquel y Formosa). La Corte Suprema recibe $2.000 millones para equipamiento.
  • Jefatura de Gabinete: la Vicejefatura Ejecutiva incorpora $5.237 millones, en su mayoría para salarios, contratación de personal y servicios de limpieza. En contraste, programas de federalización científica y turismo registran ajustes negativos por más de $3.800 millones.
  • Transferencias a provincias y municipios: destacan $8.800 millones destinados a administraciones provinciales para obras de capital, bajo el paraguas de la Vicejefatura del Interior. Al mismo tiempo, se reducen transferencias a fondos fiduciarios como el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (–$12.848 millones).
  • Políticas ambientales: se readecúa el Programa de Control Ambiental con un esquema mixto de incrementos y bajas, incluyendo proyectos financiados por el BID para construcción de centros ambientales en Santiago del Estero, Buenos Aires, Formosa y Córdoba.

Reorganización de cargos y reasignaciones institucionales

El Artículo 2° de la Decisión redistribuye cargos entre ministerios y organismos descentralizados:

  • +17 cargos para la Secretaría de Justicia.
  • –16 cargos en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Ministerio de Capital Humano).
  • Transferencias puntuales: un cargo del Ministerio de Seguridad Nacional al Ministerio de Justicia, y uno del Instituto Nacional del Teatro al Tribunal Fiscal de la Nación.

Estas modificaciones responden a decretos anteriores que ordenaron la reestructuración ministerial, como el Decreto 151/2025 sobre el Instituto Emilia y Manuel Patiño y la Decisión Administrativa 6/2025.

La adecuación revela la prioridad del Ejecutivo por sostener la caja corriente —salarios, transferencias y gastos sociales— en detrimento de los gastos de capital, lo que podría afectar la inversión en infraestructura.

En el plano político, el ajuste sobre Cultura, Comunicación y Presidencia será leído como una señal de austeridad en áreas de alta visibilidad pública, mientras que el fortalecimiento del Ministerio Público y la Justicia refuerza la capacidad institucional en medio de la agenda de reformas judiciales.

Las provincias aparecen como receptoras netas de recursos, aunque con un esquema selectivo que puede tensar la relación con gobernadores por el manejo discrecional de transferencias.

Próximos pasos

La Decisión Administrativa 23/2025 marca un cambio de prioridades en la ejecución presupuestaria. De cara a los próximos meses, los analistas anticipan:

  • Mayor presión para nuevas adecuaciones si la inflación erosiona la capacidad real de las partidas.
  • Discusiones políticas sobre el sesgo del ajuste hacia recortes en cultura, comunicación y programas sociales.
  • Un seguimiento atento del cumplimiento de los compromisos de deuda pública, ya que la Jurisdicción 90 –Servicio de la Deuda– también fue ajustada para garantizar pagos.

El documento subraya que la medida se dicta en el marco del artículo 37 de la Ley 24.156, lo que otorga al Jefe de Gabinete amplias facultades para reestructurar el presupuesto sin pasar por el Congreso.

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