Informe CEPA: fuerte recorte en áreas sociales mientras crece el presupuesto de inteligencia y deuda
Entre enero y agosto, el gasto ejecutado por la Administración Pública Nacional se redujo un 31% en términos reales frente a 2023. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que el ajuste impacta con fuerza en áreas sociales clave, mientras se incrementa el presupuesto destinado a inteligencia y se consolida el peso de la deuda.
El gobierno nacional encara 2025 con una estrategia de consolidación fiscal inédita en magnitud. Según el informe de CEPA, la contracción del gasto público es el correlato de una política de ajuste estructural que busca equilibrar las cuentas en medio de un escenario de recesión económica, inflación desacelerada pero persistente y tensiones políticas tras el veto presidencial a leyes de transferencias provinciales.
El dato más llamativo es la caída del 31% interanual en el gasto primario real durante los primeros ocho meses del año, lo que configura un recorte de dimensiones históricas. El impacto atraviesa múltiples sectores: salud, educación, ciencia y tecnología, seguridad social, programas sociales y obra pública.
En contraste, la Secretaría de Inteligencia del Estado aumentó su ejecución en un 23%, y los Servicios de la Deuda Pública concentran el 9% del gasto total, mostrando un reordenamiento de prioridades en la estructura presupuestaria.
Ejecución presupuestaria en detalle
El recorte se refleja con particular crudeza en áreas sociales:
- Salud: la Superintendencia de Servicios de Salud redujo un -56% su ejecución, los hospitales nacionales entre -30% y -38%, el Instituto Malbrán un -26% y la ANMAT un -27%. Programas de atención y prevención muestran caídas de hasta -100%, salvo el de Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica, que creció un +41%.
- Seguridad social y programas sociales: ANSES ajustó un -7%, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia un -72% y el INAES un -75%. Los Comedores Comunitarios y Merenderos (-74%), el programa de Primera Infancia (-89%) y el Plan Nacional de Protección Social (-100%) quedaron virtualmente desfinanciados.
- Educación: Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente registraron ejecución nula (-100%). El fortalecimiento edilicio de jardines infantiles cayó -88% y las becas y programas de formación docente entre -77% y -79%.
- Ciencia y tecnología: el CONICET recortó un -29%, la CONAE -40%, el INTA -37%, el INTI -44% y la promoción de la investigación e innovación -83%.
- Producción y energía: la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo ajustó un -76%. La CNEA cayó -39%, el ENRE -24% y el ENARGAS -26%.
- Obra pública y transporte: ejecución prácticamente nula, con bajas de -89% a -100% en pavimentación, cuencas, túneles y puentes. Las transferencias a provincias también se redujeron entre -98% y -100%, con la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal bonaerense.
- Defensa y seguridad: las fuerzas federales sufrieron recortes de entre -29% y -32%, y el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea reducciones de entre -17% y -21%.
El informe del CEPA advierte que el ajuste compromete la continuidad de programas esenciales en un momento de alta vulnerabilidad social. La caída en partidas vinculadas a alimentación, salud preventiva, educación inicial y obra pública afecta directamente a provincias y municipios, que ven limitada su capacidad de respuesta.
En paralelo, el incremento del gasto en inteligencia y deuda revela un cambio en el enfoque de prioridades del Gobierno nacional: fortalecer el control institucional y garantizar la sostenibilidad financiera por encima de la inversión social y productiva.
En términos políticos, el ajuste profundiza las tensiones entre Nación y provincias, particularmente tras el veto presidencial a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Gobiernos subnacionales reclaman compensaciones que hasta ahora no han tenido respuesta.
De cara a lo que resta del año, el escenario abre interrogantes sobre la sostenibilidad social y política de un ajuste que, según CEPA, golpea los cimientos de áreas estratégicas. Mientras el Ejecutivo defiende la disciplina fiscal como clave para estabilizar la economía, especialistas advierten que la contracción simultánea en inversión pública, programas sociales y apoyo productivo podría profundizar la recesión y erosionar la gobernabilidad.
En el corto plazo, el desafío radica en sostener el delicado equilibrio entre la reducción del déficit y la necesidad de contener las demandas sociales y provinciales. El debate en torno al Presupuesto 2026 será un test decisivo para medir hasta qué punto el ajuste puede sostenerse sin generar mayores costos políticos e institucionales.
