gasto público Argentina

El gasto primario se contrajo 8,9% real en julio, pero el ajuste efectivo sobre lo pagado fue menor

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El análisis de la consultora IARAF, encabezado por Nadin Argañaraz muestra que el gasto primario consolidado pasó de 37,8% del PBI en 2023 a 31,2% en 2025. En julio, la diferencia entre el gasto devengado y el efectivamente pagado volvió a poner el foco sobre la velocidad real del ajuste fiscal.

El ajuste fiscal argentino mantiene una característica que resulta central para interpretar la evolución de las cuentas públicas: la diferencia entre lo que el Estado reconoce como obligación y aquello que efectivamente desembolsa. En julio de 2026, el gasto primario devengado registró una caída real interanual del 8,9%, mientras que el gasto efectivamente pagado se contrajo 2,5%, de acuerdo con el análisis difundido por el economista Nadin Argañaraz.

La brecha entre ambos indicadores no es un detalle contable. El gasto devengado refleja las obligaciones reconocidas durante un período, mientras que el pagado registra la salida efectiva de fondos. Por eso, observar ambas variables permite dimensionar con mayor precisión tanto la intensidad del ajuste como su impacto sobre la ejecución presupuestaria y las necesidades de financiamiento.

La película de mayor plazo muestra una transformación todavía más profunda. Según la estimación de Argañaraz, el gasto público primario consolidado argentino habría pasado de representar el 37,8% del Producto Bruto Interno en 2023 al 31,2% en 2025. En apenas dos años, la reducción habría alcanzado 6,6 puntos porcentuales del PBI.

La magnitud del descenso permite ubicar el proceso dentro de una perspectiva histórica. El gasto primario consolidado de 2025 se encontraba 7,2 puntos porcentuales del PBI por encima del mínimo de la serie, registrado en 2004, cuando representó el 24%. En el extremo opuesto, el máximo se produjo en 2015, con un gasto equivalente al 41,6% del producto.

El dato de 2025 también quedó por debajo del promedio registrado entre 1993 y 2025, que se ubicó en 32,3% del PBI. Es decir, el Estado consolidado cerró ese año con un nivel de gasto primario inferior al promedio de las últimas tres décadas, aunque todavía significativamente por encima del piso observado en 2004.

Nación concentró la mayor parte de la reducción

La composición del ajuste permite observar dónde se produjo el mayor cambio. Entre 2023 y 2025, el gasto primario del Gobierno nacional cayó 5,2 puntos porcentuales del PBI. En las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la reducción fue de 1,1 puntos, mientras que en los municipios alcanzó 0,3 puntos.

La distribución del gasto en 2025 también muestra una estructura relativamente equilibrada entre Nación y gobiernos subnacionales. El Estado nacional habría ejecutado un gasto primario equivalente al 14,3% del PBI, mientras que las provincias más CABA representaron el 13,8% y los municipios, el 3,1%.

La comparación con los extremos históricos permite dimensionar cuánto cambió la arquitectura fiscal. En 2004, cuando el gasto consolidado tocó su mínimo, Nación representaba el 11% del PBI, provincias más CABA el 10,6% y municipios el 2,4%. En 2015, en cambio, el gasto nacional llegó al 22,3% del producto, mientras que provincias más CABA alcanzaron el 15,8% y los municipios el 3,6%.

El contraste muestra que la reducción del gasto no fue homogénea entre niveles de gobierno. La Nación concentró la mayor parte del descenso registrado desde 2023, mientras que provincias y municipios exhibieron una disminución más acotada en términos del producto.

El desafío: cuánto del ajuste se transforma en capacidad fiscal sostenible

La discusión sobre el gasto público adquiere una dimensión adicional cuando se incorpora la diferencia entre devengado y pagado. Una caída real del 8,9% en el gasto devengado no necesariamente se traduce en una contracción equivalente de los desembolsos en el mismo período. En julio, la distancia entre ambos registros fue de 6,4 puntos porcentuales.

Para las cuentas públicas, la cuestión de fondo no pasa únicamente por reducir el gasto nominal o real, sino por determinar qué parte del ajuste puede sostenerse en el tiempo sin trasladar obligaciones hacia períodos posteriores. La consistencia fiscal requiere que la reducción de los compromisos reconocidos tenga correspondencia con una trayectoria sostenible de pagos, ingresos y financiamiento.

La evolución desde 2023 muestra que el cambio en la dimensión del Estado consolidado es significativo. El gasto primario habría retrocedido 6,6 puntos del PBI en dos años y se ubicó en 2025 por debajo de su promedio histórico. El dato de julio, sin embargo, agrega una advertencia metodológica: para medir la intensidad efectiva del ajuste no alcanza con observar una sola variable.

La lectura simultánea del gasto devengado, el pagado y su distribución entre Nación, provincias y municipios permite entender mejor dónde se está produciendo la consolidación fiscal y cuáles son sus efectos sobre cada nivel del Estado. En un país con una estructura federal como la Argentina, esa distinción resulta clave para evaluar no sólo cuánto se ajusta, sino también quién absorbe el costo y qué capacidad queda disponible para sostener servicios, infraestructura y políticas públicas.

Gasto Público de Administración Nacional de Julio 2026 by CristianMilciades

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Corrupción en la Andis: piden volver a indagar a Spagnuolo y Calvete junto a otras 27 personas

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La investigación judicial sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un nuevo capítulo con alto impacto político y económico. El fiscal Franco Picardi solicitó una nueva ronda de indagatorias contra exfuncionarios y empresarios, al considerar que existen elementos que amplían el alcance de un esquema de corrupción que habría operado durante casi dos años.

Según el dictamen fiscal, las maniobras habrían generado salidas de fondos públicos por más de 75.000 millones de pesos, en beneficio de un grupo reducido de empresas proveedoras de insumos médicos de alto costo.

La hipótesis central apunta a la existencia de una estructura organizada entre funcionarios de la Andis y actores privados, con roles definidos para direccionar contrataciones, manipular precios y repartir recursos del Estado. El período bajo investigación se extiende, al menos, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

Una estructura con jefes identificados

La causa ya cuenta con cuatro figuras señaladas como presuntos líderes de la asociación ilícita:

  • Diego Spagnuolo, extitular de la Andis
  • Daniel Garbellini, ex número dos del organismo
  • Miguel Ángel Calvete, empresario y lobbista
  • Pablo Atchabahian, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud

Todos ellos se encuentran procesados por distintos delitos, entre ellos defraudación a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y, en algunos casos, cohecho. Los embargos dictados superan los 200.000 millones de pesos en cada caso, lo que da cuenta de la magnitud económica que la Justicia le atribuye al entramado.

En el centro de la investigación aparece el sistema Siipfis (Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones), utilizado para gestionar la compra de insumos médicos de alto costo.

De acuerdo con el fiscal, este mecanismo habría sido manipulado para favorecer a determinadas empresas mediante prácticas como simulación de competencia, direccionamiento de licitaciones, sobreprecios y retornos ilegales.

La fiscalía sostiene que funcionarios de la Andis habrían filtrado información clave —como fechas de compulsas y pagos— e incluso facilitado accesos al sistema a empresas proveedoras, permitiéndoles operar directamente sobre el esquema de contrataciones.

Más de 20 empresarios bajo sospecha

El nuevo impulso de la causa incluye el pedido de indagatoria para más de 20 empresarios vinculados a unas 30 firmas, lo que amplía significativamente el alcance del caso.

Según la reconstrucción de la fiscalía, el entramado habría sido conducido desde el sector público por Spagnuolo y Garbellini, mientras que desde el sector privado los principales operadores serían Calvete y Atchabahian.

El dictamen de Picardi pone el foco en el daño generado: los recursos desviados estaban destinados a financiar prestaciones médicas para personas con discapacidad, beneficiarios de pensiones no contributivas y usuarios del programa federal Incluir Salud.

La fiscalía sostiene que el esquema convirtió a la Andis en una “ventanilla administrada discrecionalmente”, donde se concentraban beneficios en proveedores afines, en detrimento de los principios básicos de transparencia y control del gasto público.

El expediente, que actualmente tramita en el juzgado de Ariel Lijo tras la intervención inicial de Sebastián Casanello, continúa en expansión. La incorporación de nuevos imputados y la profundización de las líneas de investigación anticipan un proceso de largo recorrido, con potencial impacto institucional y político.

El caso Andis no solo pone bajo la lupa un esquema de presunta corrupción de gran escala, sino que vuelve a exponer las debilidades estructurales en los sistemas de contratación pública, especialmente en áreas sensibles como la salud y la asistencia social.

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Salariazo selectivo: los ministros de Milei recibieron aumentos de 123% desde diciembre

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La política salarial del Gobierno nacional volvió al centro de la escena tras conocerse la evolución de los ingresos de la alta función pública durante los primeros meses de 2026. De acuerdo con datos oficiales, los ministros y principales funcionarios del Ejecutivo registraron incrementos acumulados que alcanzan el 123% desde diciembre.

El punto de partida fue el decreto 931/2025, publicado a comienzos de año, que dejó sin efecto el congelamiento salarial que regía para el Gabinete. A partir de esa decisión, los sueldos comenzaron a actualizarse en una secuencia que los llevó a duplicarse en pocos meses.

En términos concretos, un ministro que percibía $3,58 millones en diciembre pasó a cobrar más de $7,27 millones en febrero y proyecta superar los $8 millones en mayo. La dinámica se replica en otros niveles jerárquicos: los secretarios evolucionaron desde $3,28 millones a más de $6,5 millones en enero, mientras que los subsecretarios pasaron de $2,98 millones a cerca de $6 millones en el mismo período.

La actualización salarial se da en un contexto macroeconómico marcado por la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos en el sector privado y público, con salarios promedio que se ubican en torno a $1,6 millones mensuales según los últimos registros disponibles. La brecha entre los ingresos de la alta función pública y el resto de los trabajadores se amplía en este escenario.

Desde el oficialismo, la recomposición se vincula con la necesidad de sostener equipos técnicos y perfiles competitivos dentro de la administración pública. Sin embargo, el timing de los aumentos -en paralelo a un ajuste del gasto en otras áreas- alimenta el debate sobre la consistencia del discurso fiscal.

En particular, el contraste se vuelve más visible frente a recortes en programas sociales y restricciones presupuestarias en áreas sensibles como educación, salud y asistencia directa. La discusión, en definitiva, no se limita al nivel de los salarios, sino al esquema de prioridades en la asignación de recursos públicos.

El tema suma tensión en un contexto donde el Gobierno busca consolidar el equilibrio fiscal como eje central de su programa económico, mientras enfrenta crecientes cuestionamientos por el impacto social del ajuste.

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Costo marginal

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“El ajuste lo paga la política, jaja”. El posteo en redes sociales de Victoria Villarruel, la titular del Senado, se burla del jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el paseo con su esposa en Nueva York en medio de una gira oficial. 

La ironía del comentario no pasó inadvertida: en pocas palabras, la Vicepresidenta condensó una crítica implícita al relato de austeridad del Gobierno y dejó expuestas, una vez más, las fisuras internas que atraviesan al oficialismo mientras se discute hasta dónde llega -y a quién alcanza realmente- el ajuste.

Argentina Week no será recordada por la lluvia de inversiones generada, sino por el affaire Adorni, que fue a “deslomarse” a Nueva York en compañía de su esposa, a quien subió al avión presidencial contradiciendo el decreto que él mismo anunció hace unas pocas semanas, que limitaba el número de funcionarios en los viajes y excluía a familiares y amigos.

El paseo puede costarle caro al jefe de Gabinete y hombre de confianza de Karina y Javier Milei. No por los reproches que los hermanos puedan hacerle -salieron a “bancarlo” en forma instantánea-, sino porque el desliz daña el contrato tácito con la sociedad: los libertarios prometían “ser mejores” y el paseo por la Gran Manzana, pagado “con la del contribuyente” es una réplica del deterioro de la casta a la que se vino a combatir. 

El Presidente ensayó una suerte de defensa de Adorni y su esposa con un argumento economicista que no alcanza a cubrir -ni a entender- la magnitud del problema: “Costo marginal”, dijo Milei y sus acólitos salieron a repetirlo como un mantra. ¿Qué es el costo marginal? Como el avión debía volar a Estados Unidos y sobraba un asiento, la esposa de Adorni no significó un gasto extra. Mismo argumento podrían ahora utilizar kirchneristas residuales y futuros inquilinos de la Casa Rosada. Incluso, si el avión de todos modos iba a ir a Río Gallegos, no había nada de malo en llevar los diarios a Cristina. Era un costo marginal irreprochable según la lógica presidencial. 

Sin embargo, lo está en discusión no es una fórmula matemática, sino la ética de un funcionario que hace lo contrario a lo que pregona desde el atril. La estatura moral se derrumba por eso, no por un puñado de dólares extra. 

La fractura expone a Adorni con gustos que no condicen con su nivel de ingresos. Viajes en avión privado pagados por el Estado, como confesó su amigo a quien visitó en Punta del Este y gastos de tarjeta de crédito que no coinciden con su sueldo. Un repaso de movimientos de consumo de acceso público muestra un dato difícil de pasar por alto: tras la victoria legislativa de fines de octubre de 2025, los gastos con tarjetas atribuidas a Manuel Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti, se dispararon.

Solo con una tarjeta del Banco Galicia, Adorni habría registrado consumos cercanos a los 30 millones de pesos frente a ingresos por unos 10,5 millones. En paralelo, la tarjeta a nombre de Angeletti suma gastos por más de 65 millones en los últimos meses, sin ingresos conocidos en ese período. En total, entre ambos plásticos, los consumos entre agosto y enero rondarían los 115 millones de pesos contra ingresos declarados cercanos a los 21 millones. Un contraste que, al menos, merece explicaciones que no sean ecuaciones matemáticas ni evasivas. Fin. 

En definitiva, el affaire Adorni rompe la conexión que le quedaba intacta al Gobierno: la promesa de borrar a la casta del poder. Sin ese acuerdo electoral, la alianza libertaria no tiene muchos más éxitos que mostrar, por más que el relato se esmere en contar éxitos donde no los hay. Incluso, el presidente tiene más problemas para explicar su vínculo con el escándalo $Libra y aparecen contactos fluidos entre él y los promotores, junto a su hermana, quien tiene su propio escándalo con la Andis. Manchas que quitan lo impoluto. 

La inflación lejos está de ser contenida y ya lleva diez meses consecutivos en alza, con un acumulado de 280 por ciento desde que asumió en diciembre de 2023. En febrero marcó 2,9 por ciento, muy lejos de las promesas optimistas de llegar a cero en el segundo semestre. Pese a la nula emisión y el inédito ajuste, el ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la ausencia de éxitos en la contención de los precios, en que la economía atraviesa “un proceso de corrección de precios relativos” tras “dos décadas de acumular distorsiones”. Para agosto, septiembre u octubre, insistió, la inflación será cero. 

El impacto de los precios se visualiza en la caída del consumo.En febrero, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, las ventas pymes cayeron 5,6% interanual, con un acumulado del 5,2% en lo que va del año.
El informe de la Came es contundente: “El consumo se concentró en bienes de subsistencia y artículos escolares por la reasignación del gasto de los hogares. La demanda operó con selectividad, priorizando ofertas y financiamiento para sostener las operaciones”.

El relato se agranda en la voz del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien rechazó que el modelo destruya empleo y, por el contrario, aseguró que en dos años se crearon 400 mil empleos. Los propios números oficiales lo desmienten, pero para el siempre presente funcionario, el dato no mata relato. Sin embargo, hay 200.941 empleos registrados menos desde que asumió Javier Milei. En paralelo, hay un fuerte incremento de la informalidad y el empleo asalariado representa apenas el 71,9 por ciento de los ocupados totales, cuando hace un año eran de 74,8%. El boom del Delivery o chofer de App. Los únicos sectores que están generando empleo son los vinculados a Vaca Muerta y las finanzas. 

Sturzenegger tiene a la yerba como un fetiche. En Argentina Week aseguró que la eliminación de la autoridad regulatoria del sector y de su capacidad para fijar precios redujo a la mitad el valor del producto para el consumidor -en realidad, aumentó por debajo de la inflación-, al tiempo que impulsó un aumento del 29% en la producción durante 2024 y llevó a casi 58 millones de kilos las exportaciones en 2025, un récord histórico.

En esa mezcolanza, Sturzenegger omite que la producción está hundida en la miseria y que la propia industria atraviesa momentos delicados.

El semáforo de Coninagro revela un mapa muy distinto a lo que exhibe Sturzenegger. Son ocho las economías que están en rojo, dos más que el mes pasado y apenas cuatro en verde y siete en amarillo. La yerba mate está en rojo desde la desregulación del mercado en diciembre de 2023. Se desplomaron los precios de la materia prima y, aunque la industria recuperó presencia en el mercado interno y bate récord de exportaciones, también atraviesa una crisis por encarecimiento de costos operativos, como energía y combustible y una menor rentabilidad. El argumento tiene números concretos: en conjunto, las principales industrias yerbateras deben a los bancos 230 mil millones de pesos, el equivalente al 83 por ciento de la canchada en stock.

Las consecuencias del “éxito” de Sturzenegger se sienten en la provincia. No sólo en la yerba mate, sino en el té y el sector forestal, con caída de exportaciones y rentabilidad por el suelo. La Provincia intenta contener a los distintos sectores con las pocas herramientas que tiene. La yerba es la mayor preocupación por el volumen de productores afectados, aunque son pocas las alternativas para mejorar su situación. El precio de referencia, que sugirió Misiones al Instituto Nacional de la Yerba Mate, tuvo una recepción negativa en la industria. El principal argumento fue que se trata de un mercado privado en el que cada empresa tiene estructuras de costos diferentes, por lo que consideran difícil establecer un valor único.

En la reunión con la industria que se hizo esta semana, el Gobierno insistió en que contar con un valor orientativo podría ayudar a ordenar el mercado y a sostener el sistema productivo frente a las distorsiones actuales.

Además, los funcionarios señalaron que un precio de referencia permitiría mejorar las condiciones de financiamiento del sector, ya que hoy las empresas enfrentan dificultades para obtener crédito mediante warrants debido a la ausencia de valores de mercado claros para la yerba mate.

En ese marco también se mencionó la implementación de herramientas de monitoreo y trazabilidad como el CeTYM, impulsado tras la desregulación del sector, con el objetivo de seguir la evolución de la cadena yerbatera.

La Provincia sabe que las herramientas con las que cuenta son pocas. Pero el gobernador Hugo Passalacqua se muestra decidido a utilizarlas a fondo para sostener el equilibrio interno. Promoción para el turismo en Perú, obras públicas en la medida que se pueda y austeridad al máximo, como la prohibición de compras de nuevos vehículos para el Estado, forman parte de la misma preocupación: sostener el empleo.

La realidad, esa que en Buenos Aires se esmeran en combatir, marca que Misiones registró en diciembre de 2025 unos 98.721 trabajadores en el sector privado formal, con un descenso del 0,4% contra el mes anterior, lo que equivale a la pérdida de unos 403 empleos.

De este modo, se observa una profundización en el deterioro del mercado de trabajo misionero en este segmento, ya que de los doce meses del año solo creció en tres (enero con +0,2%, abril con +0,5% y mayo con +0,2%), en tanto que cayó en los otros nueve meses, con descensos consecutivos entre junio y  diciembre. El saldo del año en Misiones fue negativo en 4.675 empleos.

Desde que asumió Milei, en tanto, la caída es de 10.152 empleos (-9,3% vs. noviembre de 2023). En este caso, la provincia  presenta la sexta caída más fuerte del país. A la par, otro agravante de suma a la situación: el volumen actual de empleo es el más bajo desde enero de 2021, momento donde el trabajo estaba transitando una recuperación  luego de los impactos de la pandemia. 

Empleo privado registrado en el NEA – Diciembre

Provincia 2024 2025 Variación
Misiones 99,6 95 -4,7%
Corrientes 80,1 78,1 -4,3%
Chaco 73,7 70,5 -4,3%
Formosa 22,5 22,1 -1,8%

Misiones: el empleo privado registrado cerró diciembre con 95 mil puestos, lo que implica una caída de 4,7% interanual. El nivel representa 10.152 empleos menos (-9,3%) respecto de noviembre de 2023.

En el ámbito nacional el empleo privado formal cayó 0,2% mensual  en diciembre, perdiendo 12.399 asalariados privados en todo el país respecto al mes  anterior. Este descenso se explica principalmente por las caídas en sectores como la Minería (-1,0%), Hoteles y Restaurantes (-0,6%) e Industria Manufacturera (-0,5%), entre otros. 

A nivel acumulado de la era Milei (diciembre 2025 vs. noviembre de 2023,  desestacionalizado) son 200.941 los empleos perdidos en el sector privado formal (-3,2%).

Raro el contraste. Sturzenegger jura que se crearon 200 mil empleos por año desde que llegó Milei. La realidad, esa que se empecina en decir otra cosa, marca que son pocos los sectores con saldo positivo. La industria manufacturera argentina comenzó el año con una señal clara de enfriamiento. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la utilización de la capacidad instalada se ubicó en enero en apenas 53,6%, un nivel inferior al registrado en el mismo mes de 2025, cuando había alcanzado el 55%. El dato no solo confirma una caída interanual, sino que además representa el peor inicio de año para la actividad industrial desde la crisis económica de 2002.

El indicador mide qué proporción de la capacidad productiva instalada en las fábricas está efectivamente en uso. Cuando ese porcentaje desciende, significa que las plantas industriales trabajan por debajo de su potencial, ya sea por caída de la demanda, aumento de importaciones o dificultades macroeconómicas que afectan la producción.

Los sectores más golpeados por la caída de la demanda y el cambio en el escenario comercial son la industria automotriz, que operó en enero con apenas el 24% de su capacidad instalada, mientras que los productos textiles utilizaron solo el 23,7%. La metalmecánica -excluyendo automotores- registró un nivel del 31,4%, el sector de caucho y plástico 36,1% y los productos minerales no metálicos 45,5%.

La caída más marcada se observa en la metalmecánica, donde el uso de capacidad instalada descendió desde el 38,1% de enero de 2025 hasta el 31,4% en el inicio de 2026. El informe vincula este retroceso principalmente con la fuerte reducción en la fabricación de maquinaria agrícola y de electrodomésticos, dos segmentos que experimentaron una contracción significativa de la producción.

La industria automotriz también refleja un deterioro considerable. Con apenas el 24% de su capacidad en uso, el sector registra una caída significativa frente al 34,8% del mismo mes del año pasado. La producción de vehículos retrocedió más de 30% interanual, lo que explica buena parte del menor dinamismo industrial.

Algo similar ocurre con el sector textil, que en enero utilizó apenas el 23,7% de su capacidad instalada. La caída responde principalmente a la disminución en la producción de tejidos y de hilados de algodón, que registraron retrocesos superiores al 30% interanual.

El 53,6% de utilización de capacidad instalada registrado en enero refleja que casi la mitad de la capacidad productiva del sector industrial permanece ociosa. Para encontrar un inicio de año con un nivel inferior hay que remontarse a enero de 2002, en pleno colapso económico de la Argentina, cuando la industria utilizaba apenas el 48,2% de su capacidad productiva.

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Informe CEPA: fuerte recorte en áreas sociales mientras crece el presupuesto de inteligencia y deuda

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Entre enero y agosto, el gasto ejecutado por la Administración Pública Nacional se redujo un 31% en términos reales frente a 2023. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que el ajuste impacta con fuerza en áreas sociales clave, mientras se incrementa el presupuesto destinado a inteligencia y se consolida el peso de la deuda.

El gobierno nacional encara 2025 con una estrategia de consolidación fiscal inédita en magnitud. Según el informe de CEPA, la contracción del gasto público es el correlato de una política de ajuste estructural que busca equilibrar las cuentas en medio de un escenario de recesión económica, inflación desacelerada pero persistente y tensiones políticas tras el veto presidencial a leyes de transferencias provinciales.

El dato más llamativo es la caída del 31% interanual en el gasto primario real durante los primeros ocho meses del año, lo que configura un recorte de dimensiones históricas. El impacto atraviesa múltiples sectores: salud, educación, ciencia y tecnología, seguridad social, programas sociales y obra pública.

En contraste, la Secretaría de Inteligencia del Estado aumentó su ejecución en un 23%, y los Servicios de la Deuda Pública concentran el 9% del gasto total, mostrando un reordenamiento de prioridades en la estructura presupuestaria.

Ejecución presupuestaria en detalle

El recorte se refleja con particular crudeza en áreas sociales:

  • Salud: la Superintendencia de Servicios de Salud redujo un -56% su ejecución, los hospitales nacionales entre -30% y -38%, el Instituto Malbrán un -26% y la ANMAT un -27%. Programas de atención y prevención muestran caídas de hasta -100%, salvo el de Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica, que creció un +41%.
  • Seguridad social y programas sociales: ANSES ajustó un -7%, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia un -72% y el INAES un -75%. Los Comedores Comunitarios y Merenderos (-74%), el programa de Primera Infancia (-89%) y el Plan Nacional de Protección Social (-100%) quedaron virtualmente desfinanciados.
  • Educación: Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente registraron ejecución nula (-100%). El fortalecimiento edilicio de jardines infantiles cayó -88% y las becas y programas de formación docente entre -77% y -79%.
  • Ciencia y tecnología: el CONICET recortó un -29%, la CONAE -40%, el INTA -37%, el INTI -44% y la promoción de la investigación e innovación -83%.
  • Producción y energía: la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo ajustó un -76%. La CNEA cayó -39%, el ENRE -24% y el ENARGAS -26%.
  • Obra pública y transporte: ejecución prácticamente nula, con bajas de -89% a -100% en pavimentación, cuencas, túneles y puentes. Las transferencias a provincias también se redujeron entre -98% y -100%, con la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal bonaerense.
  • Defensa y seguridad: las fuerzas federales sufrieron recortes de entre -29% y -32%, y el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea reducciones de entre -17% y -21%.

El informe del CEPA advierte que el ajuste compromete la continuidad de programas esenciales en un momento de alta vulnerabilidad social. La caída en partidas vinculadas a alimentación, salud preventiva, educación inicial y obra pública afecta directamente a provincias y municipios, que ven limitada su capacidad de respuesta.

En paralelo, el incremento del gasto en inteligencia y deuda revela un cambio en el enfoque de prioridades del Gobierno nacional: fortalecer el control institucional y garantizar la sostenibilidad financiera por encima de la inversión social y productiva.

En términos políticos, el ajuste profundiza las tensiones entre Nación y provincias, particularmente tras el veto presidencial a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Gobiernos subnacionales reclaman compensaciones que hasta ahora no han tenido respuesta.

De cara a lo que resta del año, el escenario abre interrogantes sobre la sostenibilidad social y política de un ajuste que, según CEPA, golpea los cimientos de áreas estratégicas. Mientras el Ejecutivo defiende la disciplina fiscal como clave para estabilizar la economía, especialistas advierten que la contracción simultánea en inversión pública, programas sociales y apoyo productivo podría profundizar la recesión y erosionar la gobernabilidad.

En el corto plazo, el desafío radica en sostener el delicado equilibrio entre la reducción del déficit y la necesidad de contener las demandas sociales y provinciales. El debate en torno al Presupuesto 2026 será un test decisivo para medir hasta qué punto el ajuste puede sostenerse sin generar mayores costos políticos e institucionales.

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