gasto público

Casa de Moneda proyecta un déficit operativo de $45.487 millones, pero cerraría 2026 con superávit financiero

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La Resolución 1337/2026, firmada por el ministro Luis Caputo, formaliza una hoja de ruta que expone una diferencia central entre la sustentabilidad del negocio operativo y el resultado final de las cuentas. Casa de Moneda estima $57.978 millones en ingresos de operación, frente a $103.465 millones en gastos operativos, una brecha de $45.487 millones que constituye el principal desafío económico de la empresa.

La lectura del presupuesto requiere distinguir dos planos. Una empresa puede registrar pérdidas en su actividad principal y, al mismo tiempo, mostrar un resultado financiero positivo por transferencias, recursos de capital u otros ingresos corrientes. En el caso de Casa de Moneda, esa diferencia será determinante para evaluar cuánto de su funcionamiento puede sostenerse con ingresos propios y cuánto depende de recursos provenientes del sector público.

El desafío de transformar el presupuesto en una estrategia de sostenibilidad

Casa de Moneda ocupa un lugar particular dentro de la estructura estatal. Su actividad está vinculada a la producción de bienes y servicios de alta sensibilidad institucional, por lo que el análisis no puede reducirse exclusivamente a la rentabilidad. Pero esa condición tampoco elimina la necesidad de construir una estructura operativa sostenible.

El presupuesto aprobado prevé ingresos corrientes por $139.978 millones y gastos corrientes por $117.600 millones, lo que arrojaría un ahorro económico de $22.378 millones. A eso se suman $4.462 millones en recursos de capital, sin gastos de capital previstos en la resolución, para llegar al superávit financiero estimado de $26.841 millones.

La ecuación plantea una cuestión de política pública: el superávit financiero proyectado no modifica el hecho de que la actividad operativa, según los números aprobados, continuará arrojando pérdidas. El desafío será determinar si durante 2026 la empresa puede reducir esa brecha mediante una mayor utilización de su capacidad productiva, una mejora en la composición de sus contratos o una reducción de costos que no afecte su capacidad técnica.

Los ingresos propios y el respaldo estatal

Los anexos presupuestarios permiten observar que, en empresas públicas, la discusión sobre el resultado financiero suele ser más compleja que la simple comparación entre ingresos y gastos.

La información presupuestaria muestra cómo la estructura de ingresos puede combinar facturación por ventas con transferencias públicas, una distinción relevante para medir el grado de autonomía económica de una empresa estatal. En ese sentido, los ingresos de operación y las transferencias corrientes deben analizarse por separado para conocer cuál es el verdadero peso de la actividad comercial dentro de la ecuación financiera.

Esa transparencia resulta especialmente importante cuando se discute el destino de los recursos públicos. Para la sociedad, el debate no debería plantearse únicamente en términos de mantener o cerrar una empresa estatal, sino en cómo mejorar su eficiencia, definir qué funciones estratégicas debe preservar y establecer indicadores verificables sobre productividad y sostenibilidad.

El impacto social de una discusión que parece exclusivamente contable

Detrás de un presupuesto de estas características hay una cuestión que excede la administración de una compañía: la capacidad del Estado para garantizar determinados servicios y funciones sin convertir esa responsabilidad en una fuente permanente de desequilibrios.

El periodismo de soluciones obliga a salir de esa falsa dicotomía. La respuesta no es asumir que toda pérdida operativa debe sostenerse indefinidamente ni que cualquier empresa estatal con dificultades financieras carece automáticamente de utilidad pública. El punto es identificar dónde se produce el desequilibrio y qué decisiones pueden corregirlo.

Para Casa de Moneda, el presupuesto de 2026 ofrece una referencia concreta. La empresa deberá generar casi $58.000 millones de ingresos operativos frente a más de $103.000 millones de gastos de operación. Reducir esa distancia requeriría una revisión permanente de costos, capacidad instalada y fuentes de facturación.

La sustentabilidad también puede medirse por la calidad de los ingresos. Una estructura basada en mayor producción y ventas genera una ecuación diferente a otra sostenida principalmente por transferencias. Esa distinción será central para evaluar el desempeño real de la compañía durante el ejercicio.

El superávit financiero proyectado de $26.841 millones permite que Casa de Moneda presente un presupuesto formalmente equilibrado en términos globales, pero no resuelve por sí mismo la pérdida de su operación principal. La información relevante durante 2026 será si esa brecha de $45.487 millones comienza a reducirse.

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Aerolíneas Argentinas reduce en más de USD 57 millones el aval del Tesoro y gana tres años para refinanciar su deuda

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La decisión, formalizada mediante el Decreto 758/2026, no implica la eliminación de la garantía estatal, sino una renegociación de sus condiciones después de que Aerolíneas Argentinas acordara con el Banco Nación una reducción del monto adeudado y una extensión del plazo de financiamiento. El nuevo aval tendrá una vigencia de 36 meses, contados desde la contabilización de la operación, con 12 meses de gracia.

La diferencia entre ambos esquemas es significativa. El aval original, otorgado el 23 de julio de 2024, alcanzaba los USD 151.739.903, mientras que el nuevo instrumento establece un tope de USD 94.700.000, además de los intereses correspondientes. La reestructuración reduce, por lo tanto, la exposición potencial del Tesoro en aproximadamente USD 57 millones de capital, aunque mantiene al Estado como garante frente a un eventual incumplimiento.

Una reestructuración que busca bajar el riesgo fiscal sin cortar el financiamiento

El punto central del decreto está en el equilibrio entre dos objetivos: preservar la capacidad financiera de Aerolíneas Argentinas y, al mismo tiempo, disminuir el riesgo contingente que asume el Estado nacional.

El préstamo había sido utilizado para refinanciar obligaciones vinculadas a la adquisición de 20 aeronaves Embraer 190, incorporadas por la compañía entre 2010 y 2011. La nueva negociación con el Banco Nación permitió modificar las condiciones de aquella financiación, lo que obligó a adecuar también el aval del Tesoro.

El mecanismo aprobado establece que, si el Estado tuviera que hacer efectivo el aval por un incumplimiento de Aerolíneas, deberá ser notificado con una anticipación mínima de 15 días para realizar las previsiones de caja correspondientes. El esquema también obliga a la empresa a suscribir una adenda al contrato de contragarantía para resarcir al Tesoro por cualquier suma que eventualmente deba desembolsar.

La estructura revela que la reducción de la garantía no significa una transferencia completa del riesgo al Banco Nación. El Tesoro continúa respaldando la operación, pero con una exposición menor y mecanismos formales para recuperar los fondos si el aval llegara a ejecutarse.

La adenda mantiene como contragarantía la cesión, en segundo grado de prelación, de determinados derechos de cobro de Aerolíneas Argentinas en el exterior.

Entre ellos figuran ingresos derivados de la venta de pasajes mediante tarjetas Mastercard y Visa procesados a través de Worldpay, además de derechos de cobro asociados a los sistemas internacionales de liquidación de pasajes y cargas administrados a través de IATA. La cesión alcanza al capital y los intereses garantizados por el aval.

Desde una perspectiva financiera, el diseño busca que el Estado cuente con fuentes específicas de recupero ante una eventual ejecución de la garantía. Es un punto relevante porque transforma parte de los ingresos externos de la empresa en respaldo directo de una obligación contingente del Tesoro.

La discusión no se limita a una deuda

La reestructuración tiene una dimensión que excede la ingeniería financiera. Aerolíneas Argentinas cumple una función de conectividad en un país donde muchas rutas no se explican únicamente por su rentabilidad inmediata, sino también por su impacto territorial, turístico, productivo y social.

Para provincias alejadas de los principales centros económicos, la disponibilidad de conexiones aéreas incide sobre el acceso a mercados, la movilidad de profesionales, la actividad turística y la integración con el resto del país. En regiones como el NEA, donde las distancias terrestres elevan tiempos y costos, la sustentabilidad financiera del sistema aerocomercial tiene consecuencias concretas sobre la economía regional.

La solución de fondo, sin embargo, no surge únicamente de refinanciar pasivos. La reducción del aval mejora el perfil de riesgo fiscal de esta operación, pero el desafío estructural seguirá siendo construir una compañía capaz de sostener su conectividad con una estructura financiera que requiera cada vez menos respaldo contingente del Estado.

El dato a observar será qué ocurre durante los 36 meses de vigencia del nuevo aval. El primer año de gracia le otorga a Aerolíneas Argentinas una ventana para ordenar el flujo financiero antes de afrontar plenamente las obligaciones reestructuradas.

Para el Gobierno, la operación representa una reducción concreta del compromiso máximo garantizado, de USD 151,7 millones a USD 94,7 millones. Para Aerolíneas, significa más tiempo para administrar una deuda que quedó vinculada a la incorporación de los Embraer 190.

La verdadera prueba será si la reestructuración consigue cumplir ambos objetivos: proteger al Tesoro de una mayor exposición y preservar una conectividad aérea que sigue teniendo impacto directo sobre la integración económica y social del país.

Anexo 1 Decreto 758/2026 by CristianMilciades

Anexo 2 Decreto 758/2026 by CristianMilciades

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El Gobierno logró en julio un superávit financiero de $244.897 millones pese al fuerte pago de intereses

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El Sector Público Nacional volvió a mostrar un resultado fiscal positivo en julio, después del déficit registrado en junio. Según informó el Ministerio de Economía, las cuentas públicas cerraron el mes con un superávit primario de $2.960.333 millones y un superávit financiero de $244.897 millones, luego de afrontar un volumen particularmente elevado de vencimientos de intereses de la deuda pública.

El dato adquiere relevancia porque el resultado financiero se obtuvo después de descontar $2.715.436 millones correspondientes al pago de intereses de deuda pública netos de las tenencias intra sector público. La concentración de vencimientos estuvo vinculada principalmente con el pago de cupones de los bonos Globales y Bonares, de modo que el excedente fiscal de julio se construyó sobre una diferencia de casi $3 billones entre los ingresos y los gastos primarios, suficiente para absorber la carga financiera del mes.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó precisamente ese componente al señalar que el superávit se alcanzó “en un mes con una alta concentración de vencimientos de intereses de deuda”. La señal que busca transmitir el Palacio de Hacienda es que el resultado no depende exclusivamente de una baja carga financiera coyuntural, sino de la generación de un excedente primario capaz de cubrir buena parte del servicio de la deuda.

Con el resultado de julio, el acumulado de los primeros siete meses del año arroja un superávit primario equivalente a aproximadamente 0,9% del PIB y un superávit financiero de alrededor de 0,1% del producto. La diferencia entre ambos indicadores refleja el peso que continúa teniendo el servicio de la deuda sobre las cuentas nacionales.

La dinámica del gasto constituye otro de los factores centrales. Durante julio, el gasto primario se redujo 7% interanual en términos reales, mientras que las erogaciones correspondientes a la Asignación Universal por Hijo crecieron 3,8%. El comportamiento muestra que el ajuste no fue homogéneo entre las distintas partidas y que algunas políticas sociales mantuvieron o incrementaron su cobertura real dentro de una estructura general de contención del gasto.

Para el Gobierno, el equilibrio fiscal funciona además como uno de los pilares de su estrategia de estabilización macroeconómica. Caputo sostuvo que el superávit se alcanzó en paralelo con una reducción acumulada de impuestos cercana a 3% del PIB desde el inicio de la gestión. La combinación busca mostrar que la mejora fiscal no se explica únicamente por un incremento de la presión tributaria, sino por una reducción del gasto y una modificación de la estructura de las cuentas públicas.

Sin embargo, el resultado también abre una discusión sobre la calidad y sostenibilidad del ajuste. En los últimos días cobró relevancia el debate sobre recursos retenidos a fondos fiduciarios que no habrían sido aplicados a los destinos específicos para los cuales fueron constituidos. La cuestión introduce una diferencia importante entre contabilizar un resultado fiscal positivo y determinar qué componentes explican ese resultado y cuáles son sus efectos sobre la prestación de políticas públicas.

Ese debate es particularmente relevante desde una perspectiva de largo plazo. El superávit fiscal contribuye a reducir las necesidades de financiamiento del Tesoro, mejora la señal de solvencia y puede favorecer la recomposición de las condiciones monetarias y crediticias. Pero su impacto económico depende también de qué gasto se recorta, qué obligaciones se difieren y qué recursos dejan de ejecutarse para alcanzar el equilibrio.

La cuestión central, por lo tanto, ya no es solamente si las cuentas públicas presentan superávit, sino cuánto de ese resultado puede sostenerse sin deteriorar infraestructura, servicios públicos o capacidades estatales necesarias para acompañar la recuperación económica. En otras palabras, la discusión fiscal empieza a desplazarse desde la aritmética del déficit hacia la composición y eficiencia del gasto.

El dato de julio ofrece, en ese sentido, una señal favorable para la estrategia de estabilización: aun después de afrontar intereses por $2,7 billones, el Estado nacional logró terminar el mes con resultado financiero positivo. Pero la consolidación fiscal enfrenta el desafío de sostener ese excedente mientras disminuye impuestos, atiende compromisos de deuda y evita que el ajuste sobre el gasto termine trasladándose a sectores estratégicos de la economía.

Para las provincias y, particularmente, para las economías regionales, esa discusión tiene una consecuencia concreta. La trayectoria de las cuentas nacionales condiciona la disponibilidad de recursos para infraestructura, transferencias y políticas productivas, pero también puede contribuir a generar un escenario macroeconómico más previsible. El punto de equilibrio estará en convertir la disciplina fiscal en una condición para crecer, y no solamente en un objetivo contable.

Julio dejó así una fotografía fiscal favorable para el Gobierno: $244.897 millones de superávit financiero, $2,96 billones de resultado primario y un acumulado anual positivo aun después de afrontar una elevada carga de intereses. El próximo desafío será demostrar que ese equilibrio puede sostenerse con una estructura de gasto eficiente, transparencia sobre los recursos utilizados y capacidad para preservar las inversiones que permitan transformar la estabilización en crecimiento.

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Fabricaciones Militares proyecta pérdidas operativas por más de $30.000 millones, pero apuesta a la exportación y al ingreso de capital privado

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En un escenario internacional marcado por el incremento del gasto en defensa y el rearmamento de numerosos países, el Gobierno nacional aprobó el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de Fabricaciones Militares Sociedad Anónima Unipersonal (FM SAU), una empresa estratégica para la producción de bienes destinados a la defensa, la seguridad, la minería, la industria química y la metalmecánica. El desafío es tan claro como complejo: transformar una compañía con pérdidas operativas en un actor competitivo capaz de insertarse en mercados globales.

A través de la Resolución 1172/2026 del Ministerio de Economía, se oficializó el presupuesto de la empresa, que dependerá de un delicado equilibrio entre mayores ventas, aportes del Estado y una estrategia de internacionalización para sostener su funcionamiento. El plan refleja una realidad conocida por buena parte de las empresas públicas industriales: el mercado interno resulta insuficiente para financiar las inversiones necesarias para crecer.

Los números muestran esa tensión. Fabricaciones Militares proyecta ingresos operativos por 42.081 millones de pesos, mientras que sus gastos de operación ascenderán a 72.545 millones, lo que arroja una pérdida operativa estimada de 30.463 millones de pesos.

Sin embargo, el resultado cambia cuando se incorpora la asistencia del Estado. El presupuesto contempla 23.000 millones de pesos en transferencias corrientes de la Administración Nacional, que reducen significativamente el desequilibrio económico. Aun así, el ejercicio cerraría con un desahorro de 8.434 millones de pesos, mientras que el resultado financiero proyectado muestra un superávit cercano a los 976 millones, producto principalmente de recursos de capital y movimientos financieros previstos para el ejercicio.

Más allá de las cifras presupuestarias, el documento estratégico deja en claro cuál será la hoja de ruta de la empresa. Fabricaciones Militares reconoce que el actual contexto internacional, atravesado por conflictos geopolíticos y un creciente proceso de rearme, genera una demanda sostenida de productos vinculados con la defensa y la seguridad. Bajo ese diagnóstico, la compañía sostiene que mantiene negociaciones con actores internacionales para incorporar capital, tecnología y acceso a nuevos mercados.

La estrategia oficial también implica un cambio de enfoque comercial. La empresa buscará concentrar sus esfuerzos en las líneas de negocio de mayor volumen de ventas, aplicar políticas de precios más competitivas y diversificar su oferta para fortalecer su presencia tanto en el mercado argentino como en el exterior. Según el plan aprobado, la sostenibilidad futura dependerá en gran medida de consolidar alianzas estratégicas con empresas internacionales capaces de aportar financiamiento y ampliar la escala productiva.

El documento admite además una limitación estructural: el mercado doméstico no genera el volumen suficiente para financiar la modernización de las plantas industriales. Por ese motivo, el Gobierno plantea como objetivo atraer inversiones privadas —nacionales y extranjeras— que permitan expandir la capacidad instalada, incorporar tecnología, reducir costos y aumentar la competitividad internacional de la empresa.

En materia laboral, Fabricaciones Militares mantendrá una dotación de 950 trabajadores, de los cuales apenas 20 integran la planta permanente y 930 corresponden a personal temporario, según las proyecciones oficiales. El gasto en remuneraciones alcanzará los 34.553 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los principales componentes del presupuesto operativo.

La inversión en bienes de capital, en cambio, será moderada. El presupuesto destina 335 millones de pesos exclusivamente a la adquisición de maquinaria y equipamiento, sin contemplar nuevas construcciones o ampliaciones edilicias durante 2026.

Otro dato relevante es que la empresa no prevé tomar nueva deuda durante el ejercicio. La estrategia financiera estará basada en mejorar la administración de activos, optimizar la liquidez y sostener el funcionamiento mediante recursos propios, aportes estatales y eventuales asociaciones con capital privado.

El presupuesto aprobado deja una lectura de fondo sobre el rol que el Gobierno asigna a Fabricaciones Militares. Lejos de plantear un esquema de mera asistencia fiscal, la estrategia apunta a convertir a la empresa en un proveedor competitivo para industrias de defensa y seguridad que hoy experimentan una expansión global. El interrogante será si esa oportunidad internacional alcanza para compensar las debilidades estructurales del mercado local y transformar un déficit operativo superior a los 30.000 millones de pesos en un modelo económicamente sustentable.

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Las provincias moderan su superávit fiscal en el primer trimestre de 2026

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El ajuste fiscal que caracterizó a las provincias durante 2024 y gran parte de 2025 comenzó a mostrar señales de agotamiento. El primer trimestre de 2026 cerró con un consolidado provincial todavía superavitario, aunque con un margen significativamente menor al del año pasado. Detrás de ese resultado aparece un escenario más complejo: los recursos crecieron por debajo de las necesidades de gasto, mientras las diferencias estructurales entre provincias se profundizan.

Según el último informe de la Fundación Encuentro sobre federalismo fiscal, el conjunto de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró un superávit primario equivalente al 4,9% de sus ingresos durante el primer trimestre de 2026, frente al 9,3% alcanzado en igual período de 2025. El resultado financiero también permaneció en terreno positivo, con un saldo del 2,4%, aunque igualmente inferior al observado un año atrás.

La explicación principal reside en el comportamiento dispar entre ingresos y gastos. Mientras los recursos totales retrocedieron un 3,1% en términos reales respecto del primer trimestre del año pasado, el gasto primario aumentó un 1,6%. Esa combinación redujo el margen fiscal de las administraciones provinciales, aunque sin comprometer, por el momento, el equilibrio general de las cuentas públicas.

El informe advierte que el fenómeno no responde únicamente a una cuestión coyuntural. La estructura financiera de las provincias continúa exhibiendo una fuerte dependencia de los recursos nacionales, principalmente de la coparticipación y de las transferencias automáticas. Dentro de los ingresos propios, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos sigue siendo la principal fuente de financiamiento, lo que hace que la recaudación provincial permanezca estrechamente vinculada al nivel de actividad económica.

Del lado del gasto, la capacidad de ajuste continúa siendo limitada. Más del 84% del gasto primario provincial se concentra en tres grandes rubros: salarios del sector público, transferencias corrientes y prestaciones de seguridad social. Se trata de componentes de elevada rigidez presupuestaria, cuya reducción resulta compleja tanto desde el punto de vista político como operativo.

Esta configuración explica por qué una desaceleración económica o una caída de la recaudación impactan rápidamente sobre las finanzas provinciales. Cuando los ingresos disminuyen, el margen para compensar ese efecto mediante una reducción del gasto resulta acotado.

Aun así, el informe destaca que la situación patrimonial del conjunto de las provincias continúa siendo relativamente sólida. El stock consolidado de deuda representa el 91% de los ingresos trimestrales, por encima del 83% registrado un año antes, aunque todavía en niveles considerados manejables en términos históricos.

Sin embargo, esa lectura general esconde profundas diferencias entre jurisdicciones. Mientras algunas provincias prácticamente no registran endeudamiento relevante, otras presentan niveles considerablemente elevados. Buenos Aires lidera el ranking con una deuda equivalente al 172% de sus ingresos trimestrales, seguida por La Rioja, con un 149%. Esta heterogeneidad condiciona de manera muy distinta la capacidad financiera de cada administración para afrontar inversiones o responder ante eventuales shocks económicos.

Otro elemento de atención es la composición del pasivo. Cerca del 80% de la deuda provincial permanece denominada en moneda extranjera, lo que incrementa la exposición frente a eventuales movimientos del tipo de cambio o restricciones en el acceso a divisas.

El calendario financiero también comienza a cobrar relevancia. Durante el resto de 2026 las provincias deberán afrontar vencimientos de títulos públicos en moneda extranjera por aproximadamente 1.200 millones de dólares, mientras que en 2027 los compromisos ascenderán hasta los 2.800 millones. Este escenario obliga a monitorear tanto la evolución del riesgo país como las condiciones de acceso al financiamiento internacional, especialmente para aquellas jurisdicciones con mayores necesidades de refinanciación.

El informe deja una enseñanza central para el debate federal argentino. La sostenibilidad fiscal ya no depende únicamente del equilibrio presupuestario. También exige avanzar en una mayor diversificación de las fuentes de ingresos provinciales, fortalecer la capacidad de generación de recursos propios, mejorar la eficiencia del gasto público y reducir las fuertes asimetrías entre jurisdicciones.

La consolidación de reglas fiscales previsibles, junto con una estrategia que permita disminuir la dependencia de la coparticipación y administrar prudentemente el endeudamiento en moneda extranjera, aparece como uno de los principales desafíos para fortalecer el federalismo fiscal y dotar a las provincias de mayor autonomía frente a los cambios del ciclo económico.

Informe Fiscal y Financiero Provincias y CABA by CristianMilciades

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