gasto público

Misiones alcanza 7,55 puntos en transparencia presupuestaria y ratifica su política de cuentas abiertas

Compartí esta noticia !

Misiones obtuvo 7,55 puntos en el Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), una mejora frente a los 7,10 puntos registrados en la edición 2023. Con ese resultado, la provincia se ubicó en el segundo lugar del ranking regional del NEA y consolidó una política de apertura de la información fiscal que sostiene desde 2019.

La herramienta central de esa estrategia es Presupuesto Abierto, una plataforma digital que permite consultar el destino y la ejecución de los recursos proyectados para las distintas dependencias y unidades ministeriales del Estado provincial. El objetivo es que la información presupuestaria no quede restringida a los circuitos administrativos, sino que pueda ser consultada por ciudadanos, organizaciones y actores económicos.

La apertura de los datos adquiere especial relevancia cuando la provincia ingresa en la discusión de su próximo presupuesto. El proyecto de Presupuesto Provincial 2027 se encuentra actualmente bajo análisis en la Cámara de Representantes y contempla erogaciones superiores a los $5,2 billones, con una planificación que, según lo informado, busca sostener el equilibrio fiscal, la inversión social y el proceso de desendeudamiento provincial.

Una política de transparencia sostenida desde 2019

La política de acceso a la información presupuestaria no se limita a una medición anual. Desde 2019, Misiones mantiene operativo el sistema Presupuesto Abierto como canal para visualizar información vinculada con la asignación y ejecución de los recursos públicos.

A esa plataforma se suma la sección Transparencia del Ministerio de Hacienda, que concentra leyes, documentos, anexos y proyectos relacionados con la administración financiera provincial. La existencia de ambos canales configura un esquema de publicación que permite seguir el recorrido formal de los recursos desde su planificación hasta su ejecución.

La mejora registrada en la medición de CIPPEC aporta un indicador externo sobre ese proceso. El salto de 7,10 a 7,55 puntos muestra una evolución en el índice respecto de la medición anterior y mantiene a Misiones entre las jurisdicciones mejor posicionadas dentro del NEA.

Transparencia y previsibilidad fiscal

El valor de la transparencia presupuestaria no está solamente en publicar números. Para una administración provincial, disponer de información accesible y relativamente previsible permite que el debate sobre el gasto público se apoye en datos concretos: cuánto se proyecta gastar, hacia dónde se asignan los recursos y qué nivel de ejecución alcanzan las partidas.

Ese mecanismo también adquiere peso para empresas, proveedores, organizaciones sociales y actores institucionales que necesitan anticipar el comportamiento del Estado como ordenador de recursos dentro de la economía provincial. La información presupuestaria se convierte así en una herramienta de seguimiento, control y planificación.

En el caso de Misiones, esa política llega al debate del Presupuesto 2027 en un contexto macroeconómico nacional que condiciona los márgenes de las provincias. El proyecto prevé más de $5,2 billones en erogaciones y plantea sostener simultáneamente el equilibrio fiscal, la inversión social y el desendeudamiento.

La discusión legislativa definirá ahora la estructura definitiva de esas prioridades. Pero el mecanismo de acceso a la información ya constituye una parte estable del proceso: desde 2019, los datos presupuestarios cuentan con canales digitales destinados a hacer visible cómo se planifican y ejecutan los recursos públicos.

La señal que deja la medición de CIPPEC es concreta: Misiones mejoró su puntuación y mantiene una posición destacada en el NEA. El desafío siguiente pasa por transformar esa disponibilidad de información en una herramienta cada vez más útil para evaluar resultados, seguir el gasto y comprender qué impacto tienen las decisiones presupuestarias sobre la economía y los servicios públicos provinciales.

Compartí esta noticia !

Daniel Artana: “El verdadero indicador macroeconómico que da mal es la inversión”

Compartí esta noticia !

La economía argentina consiguió ordenar algunas de sus variables fundamentales, resistió una sucesión de shocks y comenzó a desplegar una potencia exportadora que promete cambiar su estructura durante la próxima década. Pero todavía tiene un punto débil que condiciona todo el programa: la inversión no reacciona.

Daniel Artana puso allí el foco durante una entrevista con Economis en el Encuentro de Ejecutivos de Finanzas realizado en el hotel Loi Suites de Puerto Iguazú. Para el economista, la estabilidad alcanzada es una condición necesaria, pero no garantiza por sí misma un ciclo de crecimiento sostenido. Sin inversión, productividad y reformas estructurales, el orden macroeconómico puede convertirse en una plataforma prolija, aunque insuficiente.

La estabilidad es condición necesaria, pero no suficiente. Los países no crecen porque tienen inflación; al contrario, la inflación complica el crecimiento económico. Pero se necesitan otras cosas: más inversión y más productividad”, definió.

Artana considera que la Argentina todavía necesita ampliar su horizonte. Aunque el Gobierno haya corregido desequilibrios importantes, entre los empresarios persiste la duda sobre la continuidad política de esas transformaciones. El temor a que el país vuelva a aplicar políticas que no existen en otras economías desalienta decisiones que requieren años para recuperar el capital comprometido.

Esa incertidumbre, sumada a problemas coyunturales, explica por qué la inversión sigue rezagada. No ocurre lo mismo con las exportaciones, que muestran un fuerte dinamismo, ni necesariamente con el producto bruto interno, que soportó numerosos impactos sin desplomarse. Tampoco es el consumo, según su lectura, la principal señal de alarma.

El verdadero indicador que da mal macroeconómicamente es la inversión. Está muy baja”, remarcó.

La estabilidad no compra el crecimiento

El planteo de Artana atraviesa el debate económico de fondo. Bajar la inflación, reducir el déficit y ordenar los precios relativos son pasos imprescindibles, pero no producen automáticamente nuevas fábricas, infraestructura, tecnología ni empleos de mayor productividad.

Para que eso ocurra, el sector privado necesita previsibilidad suficiente para invertir y el Estado debe avanzar en reformas capaces de remover obstáculos acumulados durante décadas. La estabilidad evita que la economía se desordene, pero el crecimiento requiere aumentar la cantidad y la calidad del capital productivo.

La Argentina todavía enfrenta, además, el riesgo de volver atrás. Una parte de las decisiones empresariales continúa suspendida por la pregunta que acompaña a todos los programas económicos del país: cuánto de lo realizado permanecerá después de la próxima elección.

Artana considera que un programa será verdaderamente consistente cuando pueda atravesar la alternancia política sin que se discutan nuevamente sus principios elementales. Lo que definió como el “ABC” económico -aquello tan básico como aceptar que dos más dos es cuatro- debería sobrevivir a los cambios de presidente.

El problema es que todavía existe una parte de la dirigencia dispuesta a desconocer esas reglas. Mientras esa amenaza siga abierta, el horizonte permanecerá corto y la inversión tendrá dificultades para despegar.

La falta de infraestructura apareció como uno de los puntos centrales de la entrevista. La retirada del Gobierno nacional de la obra pública dejó proyectos paralizados y trasladó presión hacia provincias que, al mismo tiempo, enfrentan una menor disponibilidad de recursos y reclamos para reducir impuestos.

Para Artana, la explicación debe buscarse en la forma en que creció el gasto público durante las últimas décadas. El Estado expandió fuertemente sus erogaciones, pero concentró buena parte de ese incremento en gastos corrientes.

En el nivel nacional, los mayores recursos se destinaron principalmente a subsidios económicos y moratorias previsionales. En las provincias y los municipios, el aumento estuvo asociado, en gran medida, con la expansión del empleo público. El economista aclaró que su descripción no supone necesariamente un juicio sobre la legitimidad de esas decisiones, sino la constatación de una restricción básica: el dinero es limitado.

Si uno gasta más en gasto corriente, gasta menos en gasto de capital”, sintetizó.

La Argentina habría recorrido una historia diferente si el auge del gasto público se hubiera dirigido hacia rutas, energía, conectividad, puertos y otras obras capaces de elevar la productividad. Otros países aprovecharon períodos de abundancia para ampliar su infraestructura. El país, en cambio, consolidó compromisos corrientes que luego resultaron difíciles de reducir.

Cuando el Gobierno nacional decidió recortar el déficit fiscal, una de las partidas más castigadas fue la inversión pública. También cayeron con fuerza las transferencias de capital destinadas a las provincias. Los gobiernos subnacionales ajustaron menos, pero quedaron frente a la misma disyuntiva: revisar el gasto corriente o resignarse a invertir poco.

“Las provincias siempre tienen la opción de ser austeras por el lado del gasto corriente para poder gastar más en infraestructura. Tampoco hay mucho espacio para seguir subiendo impuestos. La plata tiene que salir de algún lado, porque mágicamente las cosas no se resuelven”, señaló.

La definición resulta especialmente sensible para Misiones, una provincia que necesita inversiones nacionales para compensar déficits históricos de infraestructura, pero que también debe competir con Brasil y Paraguay, reducir costos internos y sostener servicios públicos con recursos propios.

Artana considera que el Gobierno nacional podría haber moderado algunos movimientos del programa económico. La alternativa, explicó, habría sido acumular una mayor cantidad de reservas y sostener un tipo de cambio “un poco más depreciado” que el actual.

No propone regresar a una devaluación permanente ni construir competitividad exclusivamente a partir de un peso débil. Su observación apunta a la velocidad con la que se produjo el encarecimiento de la economía argentina en dólares y al impacto que ese proceso genera sobre sectores que todavía no alcanzaron niveles suficientes de productividad.

De todos modos, advirtió que el país probablemente será más caro en dólares que en otros momentos de su historia. Esa tendencia no necesariamente expresa una anomalía: puede ser el resultado de una economía que aumenta con fuerza su capacidad de generar divisas.

“Si no matamos la gallina de los huevos de oro que nos da el campo, la minería, los hidrocarburos y muchos sectores industriales que están aumentando sus exportaciones, esta economía va a ser más cara en dólares de lo que fue históricamente”, explicó.

La proyección que trazó es ambiciosa: en menos de una década, la Argentina podría alcanzar exportaciones por 200.000 millones de dólares anuales. El salto sería impulsado por los recursos naturales, pero también por actividades industriales que ya consiguen colocar más producción en el exterior. La carne es uno de los ejemplos mencionados por el economista.

Ese flujo de dólares cambiaría la estructura económica. También tendería a apreciar los costos internos y obligaría a elevar la productividad. El problema, otra vez, es qué ocurre durante la transición con los sectores que no participan del boom exportador.

No todas las actividades cuentan con petróleo, gas, minerales o una demanda externa en expansión. Parte de la industria depende del mercado interno, arrastra problemas de escala y debe competir después de años de operar dentro de una economía protegida.

Para Artana, esos sectores deberán reconvertirse. El proceso no será inmediato ni indoloro.

“Hay actividades con problemas de demanda interna y esas reconversiones no son fáciles”, reconoció.

La construcción sufrió el golpe más directo por el derrumbe de la inversión pública. Después de una caída muy fuerte, mostró una recuperación parcial, volvió a retroceder y todavía no consiguió estabilizar un sendero de crecimiento. La industria, por su parte, permanece estancada en un nivel relativamente bajo.

Sin embargo, Artana encontró una señal menos negativa: la producción industrial lleva varios meses sin continuar cayendo. El piso puede ser bajo, pero al menos dejó de profundizarse el deterioro.

“Uno puede decir que está en un nivel bajo, y es cierto. Pero por lo menos no cae desde hace varios meses”, observó.

Su expectativa es que la industria empiece a reaccionar a medida que las empresas introduzcan mejoras, eleven su productividad y adapten sus estructuras. No habrá una recuperación uniforme: algunas compañías conseguirán reconvertirse y otras encontrarán mayores dificultades para sobrevivir en una economía más abierta y competitiva.

La combinación entre menor obra pública nacional, presión tributaria elevada y gasto corriente rígido deja a las provincias ante una ecuación incómoda. Necesitan invertir para mejorar su competitividad, pero tienen poco margen para aumentar impuestos y enfrentan resistencias para reducir estructuras estatales consolidadas.

Artana no ofreció una salida sencilla. Precisamente, advirtió que no existe. Si las provincias quieren recuperar capacidad de inversión, deberán revisar prioridades y liberar recursos actualmente absorbidos por gastos corrientes.

Compartí esta noticia !

Milei reordena la OSFA: jerarquías de secretario y subsecretario para la nueva cúpula

Compartí esta noticia !

El Gobierno nacional formalizó la nueva estructura organizativa de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), creada en febrero para reemplazar al esquema anterior, y estableció rangos equivalentes a los de Secretario y Subsecretario para sus principales autoridades. El Decreto 778/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, también creó una Gerencia General con una remuneración equivalente al 90% de la prevista para un subsecretario.

La medida busca dotar a la OSFA de una estructura institucional propia para administrar el sistema de cobertura sanitaria de las Fuerzas Armadas. El decreto aprueba tanto la organización del primer nivel operativo como la del segundo nivel, incorpora los cargos correspondientes al Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y establece que los gastos derivados de la nueva estructura serán afrontados con los créditos presupuestarios asignados a la propia obra social.

El cambio se produce después de que el Decreto 88/2026 creara la OSFA como ente autárquico dentro de la órbita del Ministerio de Defensa. Ahora, el Poder Ejecutivo completa ese proceso mediante la definición de su arquitectura de conducción y de las áreas que deberán sostener el funcionamiento cotidiano de la entidad.

En la parte superior de la estructura, el decreto asigna al presidente de la OSFA rango y jerarquía de Secretario, mientras que los restantes integrantes del Directorio tendrán rango y jerarquía de Subsecretario. A su vez, se incorpora un Gerente General como cargo extraescalafonario, cuya remuneración será equivalente al 90% de la correspondiente a un subsecretario.

La decisión tiene una particular relevancia presupuestaria porque no se limita a definir autoridades: también incorpora los cargos de la OSFA al nomenclador de funciones ejecutivas del SINEP. En otras palabras, la reorganización establece un esquema formal de conducción, niveles operativos y responsabilidades que deberán quedar asociados a la administración de los recursos de la obra social.

El Gobierno fundamentó la medida en la necesidad de garantizar capacidad institucional para que la OSFA pueda cumplir con su objeto y, al mismo tiempo, avanzar bajo parámetros de “desburocratización, eficiencia y eficacia”. El decreto señala además que la propuesta de estructura fue elevada por el propio Directorio de la obra social y que en el proceso intervinieron áreas del Ministerio de Defensa, la Oficina Nacional de Presupuesto y la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público.

El punto que adquiere mayor sensibilidad es la relación entre la nueva estructura administrativa y el funcionamiento efectivo de la cobertura sanitaria. La creación de cargos jerárquicos no constituye por sí misma una mejora en las prestaciones: el desafío de la OSFA será traducir esa reorganización institucional en una gestión capaz de garantizar atención, ordenar el vínculo con prestadores y administrar de manera sostenible los recursos destinados a sus afiliados.

En este sentido, el propio decreto establece que el gasto que demande la estructura deberá ser atendido con los créditos presupuestarios de la OSFA. La norma, sin embargo, no detalla en su articulado el costo total de la nueva estructura ni informa una masa salarial consolidada. Por eso, cualquier cálculo sobre cuánto percibirán en pesos las autoridades requiere cruzar el decreto con las escalas salariales vigentes y otra normativa complementaria.

El antecedente inmediato es la transformación del sistema que hasta comienzos de 2026 estaba organizado alrededor del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). La creación de la OSFA abrió una nueva etapa institucional, pero también dejó planteado un problema central: la reorganización administrativa deberá convivir con las necesidades concretas de los afiliados y con la situación financiera del sistema.

Desde una perspectiva de gestión pública, el decreto fija ahora una hoja de ruta más precisa: una conducción con jerarquías definidas, una Gerencia General con funciones específicas, dos niveles de estructura operativa y cargos incorporados al esquema de funciones ejecutivas. El resultado de esa arquitectura, sin embargo, se medirá menos por el organigrama que por su capacidad para mejorar la atención y hacer más eficiente el uso de los recursos de la obra social.

La cuestión de fondo será, entonces, si la nueva estructura logra resolver los problemas que llevaron al Gobierno a reformular el sistema. La OSFA queda con una organización institucional más definida; el próximo desafío será demostrar que esa mayor capacidad administrativa se traduce en una cobertura sanitaria más previsible y sostenible para sus afiliados.

Compartí esta noticia !

Casa de Moneda proyecta un déficit operativo de $45.487 millones, pero cerraría 2026 con superávit financiero

Compartí esta noticia !

La Resolución 1337/2026, firmada por el ministro Luis Caputo, formaliza una hoja de ruta que expone una diferencia central entre la sustentabilidad del negocio operativo y el resultado final de las cuentas. Casa de Moneda estima $57.978 millones en ingresos de operación, frente a $103.465 millones en gastos operativos, una brecha de $45.487 millones que constituye el principal desafío económico de la empresa.

La lectura del presupuesto requiere distinguir dos planos. Una empresa puede registrar pérdidas en su actividad principal y, al mismo tiempo, mostrar un resultado financiero positivo por transferencias, recursos de capital u otros ingresos corrientes. En el caso de Casa de Moneda, esa diferencia será determinante para evaluar cuánto de su funcionamiento puede sostenerse con ingresos propios y cuánto depende de recursos provenientes del sector público.

El desafío de transformar el presupuesto en una estrategia de sostenibilidad

Casa de Moneda ocupa un lugar particular dentro de la estructura estatal. Su actividad está vinculada a la producción de bienes y servicios de alta sensibilidad institucional, por lo que el análisis no puede reducirse exclusivamente a la rentabilidad. Pero esa condición tampoco elimina la necesidad de construir una estructura operativa sostenible.

El presupuesto aprobado prevé ingresos corrientes por $139.978 millones y gastos corrientes por $117.600 millones, lo que arrojaría un ahorro económico de $22.378 millones. A eso se suman $4.462 millones en recursos de capital, sin gastos de capital previstos en la resolución, para llegar al superávit financiero estimado de $26.841 millones.

La ecuación plantea una cuestión de política pública: el superávit financiero proyectado no modifica el hecho de que la actividad operativa, según los números aprobados, continuará arrojando pérdidas. El desafío será determinar si durante 2026 la empresa puede reducir esa brecha mediante una mayor utilización de su capacidad productiva, una mejora en la composición de sus contratos o una reducción de costos que no afecte su capacidad técnica.

Los ingresos propios y el respaldo estatal

Los anexos presupuestarios permiten observar que, en empresas públicas, la discusión sobre el resultado financiero suele ser más compleja que la simple comparación entre ingresos y gastos.

La información presupuestaria muestra cómo la estructura de ingresos puede combinar facturación por ventas con transferencias públicas, una distinción relevante para medir el grado de autonomía económica de una empresa estatal. En ese sentido, los ingresos de operación y las transferencias corrientes deben analizarse por separado para conocer cuál es el verdadero peso de la actividad comercial dentro de la ecuación financiera.

Esa transparencia resulta especialmente importante cuando se discute el destino de los recursos públicos. Para la sociedad, el debate no debería plantearse únicamente en términos de mantener o cerrar una empresa estatal, sino en cómo mejorar su eficiencia, definir qué funciones estratégicas debe preservar y establecer indicadores verificables sobre productividad y sostenibilidad.

El impacto social de una discusión que parece exclusivamente contable

Detrás de un presupuesto de estas características hay una cuestión que excede la administración de una compañía: la capacidad del Estado para garantizar determinados servicios y funciones sin convertir esa responsabilidad en una fuente permanente de desequilibrios.

El periodismo de soluciones obliga a salir de esa falsa dicotomía. La respuesta no es asumir que toda pérdida operativa debe sostenerse indefinidamente ni que cualquier empresa estatal con dificultades financieras carece automáticamente de utilidad pública. El punto es identificar dónde se produce el desequilibrio y qué decisiones pueden corregirlo.

Para Casa de Moneda, el presupuesto de 2026 ofrece una referencia concreta. La empresa deberá generar casi $58.000 millones de ingresos operativos frente a más de $103.000 millones de gastos de operación. Reducir esa distancia requeriría una revisión permanente de costos, capacidad instalada y fuentes de facturación.

La sustentabilidad también puede medirse por la calidad de los ingresos. Una estructura basada en mayor producción y ventas genera una ecuación diferente a otra sostenida principalmente por transferencias. Esa distinción será central para evaluar el desempeño real de la compañía durante el ejercicio.

El superávit financiero proyectado de $26.841 millones permite que Casa de Moneda presente un presupuesto formalmente equilibrado en términos globales, pero no resuelve por sí mismo la pérdida de su operación principal. La información relevante durante 2026 será si esa brecha de $45.487 millones comienza a reducirse.

Compartí esta noticia !

Aerolíneas Argentinas reduce en más de USD 57 millones el aval del Tesoro y gana tres años para refinanciar su deuda

Compartí esta noticia !

La decisión, formalizada mediante el Decreto 758/2026, no implica la eliminación de la garantía estatal, sino una renegociación de sus condiciones después de que Aerolíneas Argentinas acordara con el Banco Nación una reducción del monto adeudado y una extensión del plazo de financiamiento. El nuevo aval tendrá una vigencia de 36 meses, contados desde la contabilización de la operación, con 12 meses de gracia.

La diferencia entre ambos esquemas es significativa. El aval original, otorgado el 23 de julio de 2024, alcanzaba los USD 151.739.903, mientras que el nuevo instrumento establece un tope de USD 94.700.000, además de los intereses correspondientes. La reestructuración reduce, por lo tanto, la exposición potencial del Tesoro en aproximadamente USD 57 millones de capital, aunque mantiene al Estado como garante frente a un eventual incumplimiento.

Una reestructuración que busca bajar el riesgo fiscal sin cortar el financiamiento

El punto central del decreto está en el equilibrio entre dos objetivos: preservar la capacidad financiera de Aerolíneas Argentinas y, al mismo tiempo, disminuir el riesgo contingente que asume el Estado nacional.

El préstamo había sido utilizado para refinanciar obligaciones vinculadas a la adquisición de 20 aeronaves Embraer 190, incorporadas por la compañía entre 2010 y 2011. La nueva negociación con el Banco Nación permitió modificar las condiciones de aquella financiación, lo que obligó a adecuar también el aval del Tesoro.

El mecanismo aprobado establece que, si el Estado tuviera que hacer efectivo el aval por un incumplimiento de Aerolíneas, deberá ser notificado con una anticipación mínima de 15 días para realizar las previsiones de caja correspondientes. El esquema también obliga a la empresa a suscribir una adenda al contrato de contragarantía para resarcir al Tesoro por cualquier suma que eventualmente deba desembolsar.

La estructura revela que la reducción de la garantía no significa una transferencia completa del riesgo al Banco Nación. El Tesoro continúa respaldando la operación, pero con una exposición menor y mecanismos formales para recuperar los fondos si el aval llegara a ejecutarse.

La adenda mantiene como contragarantía la cesión, en segundo grado de prelación, de determinados derechos de cobro de Aerolíneas Argentinas en el exterior.

Entre ellos figuran ingresos derivados de la venta de pasajes mediante tarjetas Mastercard y Visa procesados a través de Worldpay, además de derechos de cobro asociados a los sistemas internacionales de liquidación de pasajes y cargas administrados a través de IATA. La cesión alcanza al capital y los intereses garantizados por el aval.

Desde una perspectiva financiera, el diseño busca que el Estado cuente con fuentes específicas de recupero ante una eventual ejecución de la garantía. Es un punto relevante porque transforma parte de los ingresos externos de la empresa en respaldo directo de una obligación contingente del Tesoro.

La discusión no se limita a una deuda

La reestructuración tiene una dimensión que excede la ingeniería financiera. Aerolíneas Argentinas cumple una función de conectividad en un país donde muchas rutas no se explican únicamente por su rentabilidad inmediata, sino también por su impacto territorial, turístico, productivo y social.

Para provincias alejadas de los principales centros económicos, la disponibilidad de conexiones aéreas incide sobre el acceso a mercados, la movilidad de profesionales, la actividad turística y la integración con el resto del país. En regiones como el NEA, donde las distancias terrestres elevan tiempos y costos, la sustentabilidad financiera del sistema aerocomercial tiene consecuencias concretas sobre la economía regional.

La solución de fondo, sin embargo, no surge únicamente de refinanciar pasivos. La reducción del aval mejora el perfil de riesgo fiscal de esta operación, pero el desafío estructural seguirá siendo construir una compañía capaz de sostener su conectividad con una estructura financiera que requiera cada vez menos respaldo contingente del Estado.

El dato a observar será qué ocurre durante los 36 meses de vigencia del nuevo aval. El primer año de gracia le otorga a Aerolíneas Argentinas una ventana para ordenar el flujo financiero antes de afrontar plenamente las obligaciones reestructuradas.

Para el Gobierno, la operación representa una reducción concreta del compromiso máximo garantizado, de USD 151,7 millones a USD 94,7 millones. Para Aerolíneas, significa más tiempo para administrar una deuda que quedó vinculada a la incorporación de los Embraer 190.

La verdadera prueba será si la reestructuración consigue cumplir ambos objetivos: proteger al Tesoro de una mayor exposición y preservar una conectividad aérea que sigue teniendo impacto directo sobre la integración económica y social del país.

Anexo 1 Decreto 758/2026 by CristianMilciades

Anexo 2 Decreto 758/2026 by CristianMilciades

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin