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Electricidad sin subsidios: en 2026 los usuarios pagarán casi el 86% del costo de la energía

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El esquema de subsidios a la energía eléctrica avanza hacia un cambio estructural. Según un informe técnico que analiza la Resolución 848/25 de la Secretaría de Energía de la Nación, en 2026 los usuarios pasarán a cubrir en promedio el 85,87% del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), mientras que la participación del Estado se reducirá al 24,13%. El giro consolida una de las principales apuestas del Gobierno para ordenar el gasto público, reducir distorsiones tarifarias y avanzar hacia un sistema de precios más alineado con los costos reales.

Del subsidio generalizado al esquema focalizado

La política de subsidios energéticos atraviesa una transformación profunda y sostenida desde fines de 2023. De acuerdo con el documento técnico elaborado en el marco de la Resolución 848/25, el sistema dejó atrás un esquema de subsidios generalizados para avanzar hacia uno focalizado, con mayor peso del usuario en el pago del costo de la electricidad.

En diciembre de 2023, la cobertura promedio del precio de la energía por parte de los usuarios alcanzaba apenas el 29,42%, mientras que el Estado absorbía el 70,58% restante. Para septiembre de 2025, esa relación ya se había modificado de forma significativa: los usuarios cubrían el 66,89% del precio y el aporte estatal se reducía al 33,11%, con una variación acumulada del 127% en apenas dos años.

La proyección hacia 2026 profundiza esta tendencia. Según el informe, al cierre del próximo año la cobertura promedio por parte de los usuarios llegará al 85,87%, lo que implica una variación acumulada del 191% respecto de 2023. Se trata de uno de los cambios más relevantes del sistema tarifario eléctrico de las últimas décadas, tanto por su magnitud como por su impacto fiscal y distributivo.

Cambios regulatorios y segmentación por ingresos

El salto proyectado para 2026 se explica por una combinación de factores regulatorios y operativos. Entre ellos se destacan la eliminación de límites tarifarios, la definición de consumos base y la equiparación progresiva de bonificaciones entre el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) y el Precio en el Mercado Eléctrico Mayorista (PIST).

El esquema establece consumos base diferenciados según nivel de ingresos: 350 kWh mensuales para los usuarios N2 (bajos ingresos) y 250 kWh para los N3 (ingresos medios). A partir de esos umbrales, el consumo adicional se paga a un precio con menor o nula bonificación, reforzando la señal de uso eficiente de la energía.

El impacto del nuevo régimen se observa con claridad al analizar la evolución por segmento. En el caso de los usuarios N2, la cobertura pasó del 8,65% en 2023 al 29,97% en 2025, y se proyecta que alcance el 44,16% en 2026, lo que representa una variación acumulada del 410,52%. Para los usuarios N3, la cobertura subió del 10,69% en 2023 al 41,25% en 2025, con una proyección del 51,61% en 2026, equivalente a un incremento acumulado del 382,79%.

El informe subraya que el objetivo es avanzar con gradualidad y equidad, evitando un retorno a esquemas de subsidios indiscriminados y permitiendo anticipar el impacto de los ajustes en cada segmento de usuarios.

Impacto fiscal y señales al sistema energético

Desde el punto de vista fiscal, la reducción progresiva del aporte estatal aparece como uno de los pilares centrales de la política energética hacia 2026. El mayor peso del usuario en el financiamiento del costo de la energía apunta a corregir distorsiones históricas, reducir el peso de los subsidios en el gasto público y fortalecer la sostenibilidad de las cuentas del Estado.

Al mismo tiempo, el nuevo esquema busca enviar señales más claras al sistema energético en términos de precios y consumo. Un mayor alineamiento entre tarifas y costos reales es considerado clave para incentivar inversiones, mejorar la eficiencia y evitar escenarios de sobreconsumo asociados a precios artificialmente bajos.

El documento técnico también detalla el marco regulatorio, la implementación operativa del esquema de focalización y las memorias de cálculo utilizadas para las proyecciones, remarcando que el proceso responde a una hoja de ruta definida desde fines de 2023, con ajustes escalonados y previsibles.

Con estas proyecciones, 2026 se perfila como un año clave para la consolidación del nuevo régimen de subsidios energéticos. Si se cumplen los escenarios previstos, el sistema eléctrico argentino quedará más cerca de un esquema de precios reales, con subsidios concentrados en los sectores que efectivamente los necesitan y con una menor carga para el Estado. En ese marco, el alivio oficial tras atravesar diciembre sin cortes masivos de luz refuerza la decisión de avanzar con la quita progresiva de subsidios.

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Hacienda ordena el cierre fiscal 2025 y fija reglas estrictas para la Cuenta de Inversión

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El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Hacienda, aprobó la Resolución 147/2025, que establece el procedimiento integral de cierre de las operaciones presupuestarias, contables y financieras del ejercicio 2025. La norma define plazos estrictos, responsabilidades jerárquicas y reglas técnicas que impactan en toda la Administración Pública Nacional, organismos descentralizados, universidades y entes del sector público, y es clave para la elaboración de la Cuenta de Inversión que el Poder Ejecutivo deberá remitir al Congreso.

La resolución, firmada por el secretario de Hacienda Carlos Jorge Guberman y publicada el 18 de diciembre de 2025, se apoya en el marco de la Ley 24.156 de Administración Financiera, la Ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto y la prórroga del Presupuesto 2023 para el ejercicio 2025, dispuesta por el decreto 1131/2024. En los hechos, ordena el cierre del año fiscal en un contexto de fuerte centralidad del resultado financiero y de control sobre la ejecución del gasto público.

Cierre del ejercicio 2025 y elaboración de la Cuenta de Inversión

La Resolución 147/2025 establece que la Contaduría General de la Nación (CGN) será la encargada de efectuar el cierre de las cuentas del ejercicio 2025 con base en la información del Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF), y de confeccionar la Cuenta de Inversión que deberá ser enviada al Honorable Congreso de la Nación, conforme al artículo 95 de la Ley 24.156.

Entre los puntos centrales, la norma dispone que: Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de 2025 constituirán deuda exigible de ese ejercicio y se registrarán como pasivo corriente, con posibilidad de cancelación en el ejercicio siguiente. Los compromisos no devengados al cierre deberán imputarse al ejercicio 2026, afectando los créditos y cuotas del primer trimestre. Se fijan plazos perentorios para la carga y validación de comprobantes en el e-SIDIF, con fechas clave entre el 31 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026, según el tipo de operación.

El esquema refuerza el principio de cierre contable anual y limita cualquier posibilidad de arrastre discrecional de compromisos, un aspecto sensible en años sin presupuesto aprobado oportunamente.

Control del gasto, responsabilidades y sanciones

La resolución pone un fuerte acento en la responsabilidad administrativa de los funcionarios. La carga, consistencia y respaldo documental de la información recaerá, en cada jurisdicción, sobre los secretarios o subsecretarios administrativos, los jefes de los Servicios Administrativo Financieros (SAF) y los responsables de registro contable. Para el resto de los entes, la responsabilidad será de la máxima autoridad.

Además, se establece que: No se aceptará información parcial: los cuadros, anexos y estados deberán presentarse de manera completa y en tiempo y forma. El incumplimiento habilitará a la CGN, la Tesorería General de la Nación y la Oficina Nacional de Presupuesto a bloquear órdenes de pago, comunicar irregularidades a la Sindicatura General de la Nación y aplicar sanciones. Las órdenes de pago caducas deberán ser desafectadas, impactando en el ejercicio 2025, y los remanentes no utilizados deberán ingresar al Tesoro Nacional, salvo excepciones con rango legal.

Este esquema apunta a fortalecer la trazabilidad del gasto y evitar distorsiones en el cálculo del resultado fiscal y del remanente del ejercicio.

Impacto institucional y alcance sobre todo el sector público

El alcance de la Resolución 147/2025 es amplio. Incluye a la Administración Central, organismos descentralizados, instituciones de la seguridad social, empresas públicas, entes residuales y Universidades Nacionales, que deberán presentar sus estados contables y financieros hasta el 27 de febrero de 2026 a través del sistema SIFEP.

También se detallan obligaciones específicas para: Fondos rotatorios, cajas chicas y anticipos de fondos, que deberán quedar totalmente regularizados al cierre. Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX), que deberán informar operaciones y cerrar cuentas con saldo cero. Organismos involucrados en procesos de fusión, disolución o transformación, que deberán cerrar sus operaciones conforme a la Resolución 92/2025.

En términos políticos e institucionales, la norma refuerza el rol de la Contaduría General de la Nación como órgano rector del sistema contable, y consolida un esquema de control centralizado en un contexto de fuerte ajuste fiscal y de énfasis en la rendición de cuentas ante el Congreso.

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Ajuste, deuda y gasto social: las alertas de CIFRA sobre el Proyecto de Presupuesto 2026

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Presupuesto 2026, el informe de CIFRA advierte una profundización del ajuste, recortes históricos en gasto social y una estrategia fiscal con desequilibrios ocultos

El Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 consolida el fuerte ajuste fiscal iniciado en 2024 y sostenido en 2025, en un contexto marcado por la ausencia de leyes presupuestarias aprobadas por el Congreso en esos dos ejercicios. Así lo señala un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA), que advierte una caída real del 24,2% del gasto de la Administración Pública Nacional respecto de 2023, último año con presupuesto sancionado, junto con recortes aún más severos en funciones clave del Estado y una estrategia fiscal que, según el análisis, oculta desequilibrios relevantes vinculados a la deuda y a la política tributaria.

El trabajo sostiene que el proyecto enviado al Congreso no solo legaliza el ajuste ya ejecutado, sino que proyecta su profundización, con impactos económicos, sociales e institucionales de largo alcance, en un escenario de estancamiento económico y fragilidad financiera.

Un Estado desfinanciado y recortes sin precedentes en funciones clave

De acuerdo con CIFRA, el total del gasto previsto para 2026 implica una contracción real del 24,2% frente a 2023, tomando como referencia la inflación proyectada en el propio Presupuesto. Sin embargo, la magnitud del ajuste es significativamente mayor en áreas centrales de la política pública. El informe detalla caídas reales del 45,3% en Educación, del 98,1% en Vivienda y Urbanismo, del 86,5% en Agua Potable y Alcantarillado y del 71,5% en Promoción y Asistencia Social.

El resultado, según el centro de estudios, es “un Estado progresivamente desfinanciado” y una drástica reducción de su capacidad para garantizar derechos básicos. En particular, el presupuesto educativo alcanzaría en 2026 apenas el 0,75% del PBI, menos de la mitad de lo que representaba en 2015 y con una disminución real del 45,3% respecto de 2023. Si se excluye el financiamiento a las universidades nacionales, la caída asciende al 70,1%.

El ajuste también se refleja en los gastos en personal, consolidando, según CIFRA, un proceso de degradación del empleo público iniciado en 2024, profundizado en 2025 y ahora formalizado en el proyecto de ley. Mientras algunos organismos muestran aumentos reales en sus partidas de personal, una amplia mayoría registra recortes de dos dígitos y, en algunos casos, la eliminación total de asignaciones.

Meta fiscal, deuda y recaudación: los supuestos bajo cuestionamiento

El Proyecto de Presupuesto 2026 proyecta un superávit primario del 1,2% del PBI y un resultado financiero equilibrado (0% del PBI). Para CIFRA, esta meta fiscal opera como eje rector de toda la política económica, pero se apoya en supuestos que no están explicitados en el texto legal.

El informe advierte, en primer lugar, que el resultado financiero no contabiliza plenamente los intereses de la deuda, debido a una estrategia de capitalización. Según CIFRA, si esos intereses se registraran como devengados —tal como exige el Fondo Monetario Internacional en su último informe— el resultado financiero de 2025 mostraría un déficit superior a los 2 puntos del PBI, en lugar del equilibrio proyectado.

En segundo término, el análisis subraya el impacto fiscal de la reducción de impuestos a sectores de altos ingresos, como las rebajas en retenciones a las exportaciones y las propuestas de alivio en contribuciones patronales y en el impuesto a las ganancias de grandes empresas. Estas medidas, que no estarían plenamente contempladas en el proyecto, obligarían a un ajuste aún mayor del gasto primario para alcanzar la meta fiscal. CIFRA estima que el esfuerzo fiscal asociado a estas rebajas se acerca al 1% del PBI, unos 6.000 millones de dólares.

A ello se suma un escenario macroeconómico que el informe considera excesivamente optimista. El Presupuesto proyecta una expansión del PBI que, según CIFRA, difícilmente se concrete, dado el estancamiento que muestra la economía desde febrero y sus efectos negativos sobre la recaudación tributaria.

Sin programa financiero frente a una crisis de deuda

Otro de los puntos críticos señalados por CIFRA es la ausencia de un programa financiero claro para enfrentar los vencimientos de deuda externa pública previstos para 2026. Según el informe, esos compromisos ascienden a 35.597 millones de dólares, entre capital e intereses, mientras que la emisión neta de deuda en moneda extranjera proyectada es “sumamente reducida”.

En un contexto de reservas internacionales netas negativas y con un déficit comercial proyectado de 5.752 millones de dólares para 2026, el centro de estudios advierte que el Presupuesto no ofrece respuestas consistentes frente a la problemática de la deuda, lo que agrega incertidumbre macroeconómica y financiera al escenario planteado.

En conjunto, CIFRA concluye que el Proyecto de Presupuesto 2026 no solo consolida el ajuste ejecutado en los últimos dos años, sino que lo institucionaliza, con fuertes recortes en el gasto social, una estrategia fiscal condicionada por supuestos cuestionables y una falta de definiciones clave en materia de deuda. Un diagnóstico que anticipa un debate intenso en el Congreso y posibles reacciones de los sectores más afectados por la reducción del gasto público.

Las alertas de CIFRA sobre el Presupuesto 2026 by CristianMilciades

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CEPA cuestiona el Presupuesto 2026 y advierte por proyecciones cambiarias y ajuste fiscal

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En el marco de las Sesiones Extraordinarias de diciembre de 2025, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentó su informe “Análisis del Presupuesto 2026”, un documento crítico que pone el foco en la regla fiscal, la consolidación del ajuste, las inconsistencias macroeconómicas y el impacto institucional del proyecto enviado al Congreso. El análisis plantea interrogantes de fondo sobre la sostenibilidad del programa económico, el reparto del esfuerzo fiscal y el rol del Estado en áreas clave.

El trabajo advierte que el Presupuesto 2026 consolida una estrategia de reducción del gasto público, con efectos directos sobre provincias, partidas esenciales y metas físicas, al tiempo que sostiene una estructura tributaria regresiva y abre interrogantes sobre el programa financiero que respalda las proyecciones oficiales.

Regla fiscal, ajuste y tensiones macroeconómicas

Uno de los ejes centrales del informe de CEPA es el análisis de la regla fiscal, que —según el documento— opera como ancla para profundizar la consolidación del ajuste. En ese marco, el centro de estudios remarca que las proyecciones macroeconómicas presentan inconsistencias, especialmente en lo referido al sector externo.

El informe señala que las proyecciones del tipo de cambio incluidas en el Presupuesto 2026 no contemplan las modificaciones de política monetaria implementadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la jornada de ayer, lo que introduce un factor adicional de incertidumbre sobre la coherencia del escenario macro previsto. Esta desconexión entre supuestos macroeconómicos y decisiones recientes de política monetaria abre interrogantes sobre la robustez del esquema planteado.

Cuestión tributaria, ajuste territorial y recorte del Estado

CEPA también identifica inconsistencias e interrogantes en materia tributaria, subrayando la consolidación de una estructura tributaria regresiva. Según el análisis, el diseño impositivo que acompaña al Presupuesto 2026 no corrige desigualdades estructurales y refuerza un esquema donde el peso del ajuste no se distribuye de manera equitativa.

Otro punto destacado es el ajuste a las provincias y a partidas esenciales, que se combina con una reducción de metas físicas, reflejando —según el informe— un Estado que continúa en retroceso en términos de capacidades y presencia territorial. Esta dinámica tiene implicancias directas sobre la ejecución de políticas públicas y la provisión de servicios en distintos niveles de gobierno.

En ese contexto, el documento remarca la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, una decisión que introduce un cambio institucional relevante y genera impacto sobre sectores sensibles del entramado social y educativo.

El programa financiero y los interrogantes abiertos

Finalmente, el informe de CEPA plantea una pregunta central: ¿qué esconde el programa financiero?. El centro de estudios advierte que el esquema de financiamiento del Presupuesto 2026 presenta aspectos que requieren mayor claridad para comprender cómo se sostendrá el equilibrio fiscal proyectado y cuáles serán las fuentes efectivas de recursos en un contexto de ajuste.

El análisis presentado durante las Sesiones Extraordinarias se inscribe así en el debate legislativo sobre el Presupuesto 2026, aportando una mirada crítica sobre sus fundamentos económicos, su impacto político e institucional y las consecuencias previsibles de un modelo que prioriza la disciplina fiscal con recortes en áreas estratégicas.

Análisis del Presupuesto 2026 CEPA by CristianMilciades

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Noviembre cerró con superávit financiero y consolida el ancla fiscal del Gobierno

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El Sector Público Nacional (SPN) cerró noviembre con un superávit financiero de $599.954 millones, incluso luego de afrontar pagos de intereses de deuda por $1.528.056 millones, consolidando el sendero de orden fiscal del programa económico. El resultado se explicó por un superávit primario de $2.128.009 millones y permitió sostener, en el acumulado del año, un balance positivo equivalente a 0,6% del PIB en términos financieros y 1,7% del PIB en resultado primario.

Con este desempeño, el Gobierno ratificó la consistencia del ancla fiscal como eje central de la política económica, en un contexto de desaceleración inflacionaria y reordenamiento de las cuentas públicas, donde el control del gasto y la recomposición de ingresos juegan un rol clave.

Ingresos en alza: impuestos, comercio exterior y seguridad social

Durante noviembre, los ingresos totales del SPN alcanzaron los $11.402.650 millones, lo que implicó un crecimiento interanual del 18,7%. Dentro de ese total, los recursos tributarios exhibieron una suba del 16,3% interanual, impulsados por varios componentes de peso.

El mayor dinamismo se observó en los Derechos de Importación, que crecieron 41,9% interanual, reflejando el mayor volumen de comercio exterior y la normalización de flujos. A esto se sumaron los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, con un aumento del 30,6%, el IVA neto de reintegros (+26,5%), el impuesto a los Débitos y Créditos (+22,6%) y Ganancias (+21,3%).

Desde el Palacio de Hacienda destacaron que la comparación interanual se ve condicionada por la reducción de impuestos aplicada a lo largo de 2025, lo que implica que el crecimiento de la recaudación se produce sobre una base tributaria modificada, reforzando la lectura de una mejora real en los ingresos.

Gasto primario contenido y reconfiguración de transferencias

En paralelo, los gastos primarios del Sector Público Nacional totalizaron $9.274.641 millones, con un incremento interanual del 12,7%, por debajo del crecimiento de los ingresos, lo que explica el resultado primario positivo.

Las prestaciones sociales concentraron la mayor parte del gasto, con $6.497.181 millones, lo que representó un aumento del 17,5% interanual, en línea con la actualización de haberes. Las remuneraciones del sector público, en tanto, ascendieron a $1.247.830 millones, con una suba del 10,1% interanual.

Uno de los datos más relevantes del mes fue la fuerte caída en las transferencias corrientes, que sumaron $2.502.952 millones, con una disminución del 17,4% interanual. Las transferencias al sector privado retrocedieron $162.347 millones (-6,5%), mientras que las transferencias corrientes al sector público se redujeron drásticamente a $171.061 millones, con una baja del 67,4% interanual, reflejando un ajuste significativo en los envíos discrecionales.

Subsidios económicos: energía en alza y transporte estable

En cuanto a los subsidios económicos, en noviembre se ubicaron en $700.226 millones, con un aumento del 24,8% interanual. El crecimiento estuvo explicado principalmente por los subsidios energéticos, que se incrementaron 41,0% interanual, mientras que los destinados al transporte mostraron una suba mucho más moderada, del 1,4% interanual.

Este comportamiento confirma una recomposición selectiva del gasto, donde el Gobierno prioriza el sostenimiento del sistema energético en un contexto de transición tarifaria, al tiempo que mantiene contenido el resto de los subsidios.

Señal al mercado y consistencia del programa

Con un superávit financiero mensual cercano a los $600.000 millones y un acumulado anual positivo equivalente a 0,6% del PIB, el resultado de noviembre refuerza la señal de disciplina fiscal hacia el mercado y los organismos internacionales. La combinación de ingresos en recuperación, gasto primario controlado y reducción de transferencias consolida el marco macroeconómico sobre el que el Gobierno apoya su estrategia de estabilización.

El desempeño fiscal del penúltimo mes del año se convierte así en un dato central para evaluar la sostenibilidad del programa económico, con impacto directo en las expectativas financieras, el costo del financiamiento y la credibilidad del rumbo fiscal.

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