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CEPA cuestiona el Presupuesto 2026 y advierte por proyecciones cambiarias y ajuste fiscal

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En el marco de las Sesiones Extraordinarias de diciembre de 2025, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentó su informe “Análisis del Presupuesto 2026”, un documento crítico que pone el foco en la regla fiscal, la consolidación del ajuste, las inconsistencias macroeconómicas y el impacto institucional del proyecto enviado al Congreso. El análisis plantea interrogantes de fondo sobre la sostenibilidad del programa económico, el reparto del esfuerzo fiscal y el rol del Estado en áreas clave.

El trabajo advierte que el Presupuesto 2026 consolida una estrategia de reducción del gasto público, con efectos directos sobre provincias, partidas esenciales y metas físicas, al tiempo que sostiene una estructura tributaria regresiva y abre interrogantes sobre el programa financiero que respalda las proyecciones oficiales.

Regla fiscal, ajuste y tensiones macroeconómicas

Uno de los ejes centrales del informe de CEPA es el análisis de la regla fiscal, que —según el documento— opera como ancla para profundizar la consolidación del ajuste. En ese marco, el centro de estudios remarca que las proyecciones macroeconómicas presentan inconsistencias, especialmente en lo referido al sector externo.

El informe señala que las proyecciones del tipo de cambio incluidas en el Presupuesto 2026 no contemplan las modificaciones de política monetaria implementadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la jornada de ayer, lo que introduce un factor adicional de incertidumbre sobre la coherencia del escenario macro previsto. Esta desconexión entre supuestos macroeconómicos y decisiones recientes de política monetaria abre interrogantes sobre la robustez del esquema planteado.

Cuestión tributaria, ajuste territorial y recorte del Estado

CEPA también identifica inconsistencias e interrogantes en materia tributaria, subrayando la consolidación de una estructura tributaria regresiva. Según el análisis, el diseño impositivo que acompaña al Presupuesto 2026 no corrige desigualdades estructurales y refuerza un esquema donde el peso del ajuste no se distribuye de manera equitativa.

Otro punto destacado es el ajuste a las provincias y a partidas esenciales, que se combina con una reducción de metas físicas, reflejando —según el informe— un Estado que continúa en retroceso en términos de capacidades y presencia territorial. Esta dinámica tiene implicancias directas sobre la ejecución de políticas públicas y la provisión de servicios en distintos niveles de gobierno.

En ese contexto, el documento remarca la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, una decisión que introduce un cambio institucional relevante y genera impacto sobre sectores sensibles del entramado social y educativo.

El programa financiero y los interrogantes abiertos

Finalmente, el informe de CEPA plantea una pregunta central: ¿qué esconde el programa financiero?. El centro de estudios advierte que el esquema de financiamiento del Presupuesto 2026 presenta aspectos que requieren mayor claridad para comprender cómo se sostendrá el equilibrio fiscal proyectado y cuáles serán las fuentes efectivas de recursos en un contexto de ajuste.

El análisis presentado durante las Sesiones Extraordinarias se inscribe así en el debate legislativo sobre el Presupuesto 2026, aportando una mirada crítica sobre sus fundamentos económicos, su impacto político e institucional y las consecuencias previsibles de un modelo que prioriza la disciplina fiscal con recortes en áreas estratégicas.

Análisis del Presupuesto 2026 CEPA by CristianMilciades

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Noviembre cerró con superávit financiero y consolida el ancla fiscal del Gobierno

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El Sector Público Nacional (SPN) cerró noviembre con un superávit financiero de $599.954 millones, incluso luego de afrontar pagos de intereses de deuda por $1.528.056 millones, consolidando el sendero de orden fiscal del programa económico. El resultado se explicó por un superávit primario de $2.128.009 millones y permitió sostener, en el acumulado del año, un balance positivo equivalente a 0,6% del PIB en términos financieros y 1,7% del PIB en resultado primario.

Con este desempeño, el Gobierno ratificó la consistencia del ancla fiscal como eje central de la política económica, en un contexto de desaceleración inflacionaria y reordenamiento de las cuentas públicas, donde el control del gasto y la recomposición de ingresos juegan un rol clave.

Ingresos en alza: impuestos, comercio exterior y seguridad social

Durante noviembre, los ingresos totales del SPN alcanzaron los $11.402.650 millones, lo que implicó un crecimiento interanual del 18,7%. Dentro de ese total, los recursos tributarios exhibieron una suba del 16,3% interanual, impulsados por varios componentes de peso.

El mayor dinamismo se observó en los Derechos de Importación, que crecieron 41,9% interanual, reflejando el mayor volumen de comercio exterior y la normalización de flujos. A esto se sumaron los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, con un aumento del 30,6%, el IVA neto de reintegros (+26,5%), el impuesto a los Débitos y Créditos (+22,6%) y Ganancias (+21,3%).

Desde el Palacio de Hacienda destacaron que la comparación interanual se ve condicionada por la reducción de impuestos aplicada a lo largo de 2025, lo que implica que el crecimiento de la recaudación se produce sobre una base tributaria modificada, reforzando la lectura de una mejora real en los ingresos.

Gasto primario contenido y reconfiguración de transferencias

En paralelo, los gastos primarios del Sector Público Nacional totalizaron $9.274.641 millones, con un incremento interanual del 12,7%, por debajo del crecimiento de los ingresos, lo que explica el resultado primario positivo.

Las prestaciones sociales concentraron la mayor parte del gasto, con $6.497.181 millones, lo que representó un aumento del 17,5% interanual, en línea con la actualización de haberes. Las remuneraciones del sector público, en tanto, ascendieron a $1.247.830 millones, con una suba del 10,1% interanual.

Uno de los datos más relevantes del mes fue la fuerte caída en las transferencias corrientes, que sumaron $2.502.952 millones, con una disminución del 17,4% interanual. Las transferencias al sector privado retrocedieron $162.347 millones (-6,5%), mientras que las transferencias corrientes al sector público se redujeron drásticamente a $171.061 millones, con una baja del 67,4% interanual, reflejando un ajuste significativo en los envíos discrecionales.

Subsidios económicos: energía en alza y transporte estable

En cuanto a los subsidios económicos, en noviembre se ubicaron en $700.226 millones, con un aumento del 24,8% interanual. El crecimiento estuvo explicado principalmente por los subsidios energéticos, que se incrementaron 41,0% interanual, mientras que los destinados al transporte mostraron una suba mucho más moderada, del 1,4% interanual.

Este comportamiento confirma una recomposición selectiva del gasto, donde el Gobierno prioriza el sostenimiento del sistema energético en un contexto de transición tarifaria, al tiempo que mantiene contenido el resto de los subsidios.

Señal al mercado y consistencia del programa

Con un superávit financiero mensual cercano a los $600.000 millones y un acumulado anual positivo equivalente a 0,6% del PIB, el resultado de noviembre refuerza la señal de disciplina fiscal hacia el mercado y los organismos internacionales. La combinación de ingresos en recuperación, gasto primario controlado y reducción de transferencias consolida el marco macroeconómico sobre el que el Gobierno apoya su estrategia de estabilización.

El desempeño fiscal del penúltimo mes del año se convierte así en un dato central para evaluar la sostenibilidad del programa económico, con impacto directo en las expectativas financieras, el costo del financiamiento y la credibilidad del rumbo fiscal.

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Superávit financiero: el Gobierno cerró octubre con $517.672 millones y acumula 0,5% del PIB

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El Sector Público Nacional cerró octubre con un superávit financiero de $517.672 millones, tras un resultado primario de $823.925 millones y pagos de intereses por $306.253 millones. Con este desempeño, el Gobierno acumula un superávit equivalente al 0,5% del PIB y ratifica la estrategia fiscal que sostiene su programa económico.

Ingresos en alza y efecto de tributos clave en la recaudación

Según los datos oficiales, los ingresos totales del Sector Público Nacional (SPN) alcanzaron en octubre $11.987.193 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 28,1%. Los recursos tributarios exhibieron un incremento del 24,4% i.a., impulsado por variaciones significativas en impuestos ligados al comercio exterior y al movimiento económico.

Entre los tributos con mayor crecimiento se destacaron:

  • Derechos de Importación: +65,7% i.a.
  • Impuesto a las Ganancias: +41,8% i.a.
  • Débitos y Créditos Bancarios: +41,2% i.a.
  • Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social: +35,9% i.a.
  • IVA neto de reintegros: +31,5% i.a.

El informe advierte que la comparación interanual se encuentra influida por la vigencia del Impuesto PAIS, la exteriorización de activos y los ingresos generados por el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP), factores que ampliaron la base recaudatoria en 2025.

Este desempeño consolidó la capacidad del Tesoro para sostener el superávit primario, que acumula aproximadamente 1,4% del PIB al décimo mes del año.

Gasto primario: prestaciones sociales y subsidios económicos marcan el ritmo

En paralelo, los gastos primarios ascendieron en octubre a $11.163.268 millones, con un incremento interanual del 29,6%, ritmo levemente por encima del crecimiento de los ingresos.

El componente más relevante volvió a ser el de prestaciones sociales, que sumaron $6.891.369 millones (+31,5% i.a.), impulsadas por la actualización de haberes y programas de asistencia asociados a la cobertura social.

Las remuneraciones del sector público alcanzaron $1.416.199 millones (+21,9% i.a.), variación atribuida a los incrementos salariales acordados y a “las sucesivas reducciones en la planta de empleados públicos”, según detalla el informe.

Las transferencias corrientes totalizaron $4.131.125 millones (+15,1% i.a.):

  • Al sector privado: +16,7% i.a. (+$453.927,6 millones).
  • Al sector público: +13,4% i.a. (por $957.908,3 millones en el mes).

Los subsidios económicos ascendieron a $1.041.225 millones, con un incremento del 27,1% i.a.. Dentro del rubro, se observaron variaciones similares en:

  • Energía: +28,2% i.a.
  • Transporte: +27,3% i.a.

En conjunto, estos componentes determinaron un gasto primario todavía elevado, pero compatible con el objetivo fiscal planteado por el Gobierno para 2025.

Implicancias económicas y políticas: una señal al mercado en un contexto de ajuste

El resultado de octubre refuerza la estrategia del oficialismo de sostener un ancla fiscal firme como pilar del programa económico. La continuidad del superávit financiero acumulado —equivalente al 0,5% del PIB— constituye un mensaje dirigido tanto a los mercados como a los organismos multilaterales, en un contexto de tensiones políticas y discusiones sobre el alcance futuro del gasto público.

El crecimiento de la recaudación por comercio exterior, el mayor aporte de impuestos transaccionales y el efecto de los regímenes especiales dieron margen adicional al Tesoro. Sin embargo, la evolución de subsidios, prestaciones sociales y remuneraciones seguirá siendo determinante para evaluar la sostenibilidad del superávit en los meses finales del año.

Hacia adelante, la política económica deberá conciliar la continuidad del equilibrio fiscal con las demandas de sectores productivos, provincias y actores sociales afectados por la reducción del gasto público y la recomposición de tarifas.

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Caída real del 6,1% en gasto agropecuario y ajuste del 16,4% en 2026, según Analytica

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El último informe de la consultora Analytica revela una reconfiguración del gasto público en Argentina, con impactos significativos en el sector agropecuario. En los primeros nueve meses de 2025, el gasto primario cayó 2% interanual a precios constantes, mientras las partidas agrícolas sufrieron una contracción del 6,1%. Estas tendencias se profundizan en el presupuesto proyectado para 2026, que implicaría una reducción real de hasta 16,4% en inversión agropecuaria, afectando áreas clave como investigación, sanidad y productividad. El análisis cobra relevancia en un contexto de exención transitoria de retenciones a la soja, medida con un costo fiscal estimado en $1,6 billones (0,19% del PIB) y efectos directos sobre la capacidad de inversión estatal en el sector.

En septiembre, el gasto primario devengado disminuyó un 2% interanual medido a precios constantes. En el acumulado en los primeros nueve meses se incrementó un 0,9% comparado con igual período del año pasado.

Los mayores aumentos en pesos constantes respecto al acumulado enero-septiembre 2024 fueron las transferencias corrientes a provincias (+42,2%), las asignaciones familiares y por hijo (+15,8%), particularmente la AUH (+23,2%), y los bienes y servicios (+15,0%).

Por otro lado, las partidas con mayores ajustes reales interanuales en el acumulado en los primeros nueve meses fueron los programas sociales (-21,1%), el gasto en subsidios económicos (-45,2%), particularmente los asociados a la energía (-57,0%), y la obra pública (-48,3%) donde la caída se concentra en las transferencias de capital (-61,9%) mientras que las construcciones tuvieron una leve mejora (+4,5%).

Dentro de las transferencias a provincias se encuentran los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En los primeros nueve meses se incrementaron un 206,6% interanual real.

GASTO EN AGRICULTURA

La decisión de eliminar transitoriamente las retenciones al sector agro exportador tiene un costo fiscal de $1,6 billones, 0,19% del PIB. Como se observa a continuación la mayor parte de la menor recaudación proviene de la exención aplicada a la soja y sus derivados —que concentran la mayor parte del valor exportado—, lo que refleja el peso estratégico del complejo sojero en la generación de divisas y en la recaudación tributaria.

Por su parte, durante los primeros nueve meses de 2025, el gasto público asociado a la función “Agricultura, Ganadería y Pesca” registró una contracción interanual del 6,1% en términos reales. Esta caída se suma al fuerte ajuste observado en igual período de 2024, cuando el gasto se redujo un 61,7% real interanual. Aun así, cabe señalar que la reducción del año pasado está influenciada por la alta base de comparación, ya que en 2023 se registró un gasto históricamente alto en esta función, que pudo estar en parte influenciado por la sequía.

En el acumulado entre enero y septiembre de 2025, los fondos destinados al sector agropecuario se concentraron en: “Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible” (17,9%), “Acciones para la Inocuidad y Calidad Agroalimentaria” (14,7%), “Acciones para la Protección Vegetal” (9,9%), “Acciones para la Sanidad Animal” (9,5%), “Investigación y Desarrollo Pesquero” (6,1%) y “Promoción del Comercio y Producción de Semillas” (2,9%). A su vez, un 38,6% del gasto se concentró en actividades centrales y comunes de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, mientras que el 0,30% restante se distribuyó entre los programas “Administración y Control Comercial Agropecuario” y “Políticas para la Gestión del Riesgo Agropecuario”. En particular, este último redujo en gran medida su ponderación, pasando de representar el 8,9% en 2022 y el 6,9% en 2023, a ser el 0,26% en 2025. Aun así, y como se mencionó antes, esto puede explicarse por la sequía iniciada en 2022 y prolongada hasta inicios de 2023, lo cual también puede explicar el motivo de un mayor gasto en esos años.

El proyecto de presupuesto 2026 contempla un crédito de $375.461,2 millones para la función “Agricultura, Ganadería y Pesca” y toma como base de comparación un presupuesto de $351.355,6 millones para 2025, lo que implicaría un aumento nominal del 6,9%. Sin embargo, si se toma como base de comparación al crédito vigente al 2 de octubre, el monto es de $363.704 millones por lo que el aumento nominal sería del 3,2%. Más aún, si se descuenta la inflación promedio proyectada en el presupuesto (14%), se obtendría una caída real del 8,4%, mientras que utilizando nuestra proyección del 23,5%, la caída sería del 16,4%.

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA)

Es uno de los organismos más importantes de la política pública en el sector agropecuario, actualmente es un descentralizado del Ministerio de Economía luego de que el Congreso revierta el DNU 462/2025 que lo reagrupaba a la Administración Centralizada.

En los primeros nueve meses del año, el gasto en el INTA se redujo un 23% real interanual, y se mantiene en niveles históricamente bajos.

El programa principal que ejecuta el INTA es “Investigación Aplicada, Innovación, Transferencia de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural”, el cual concentra el 71,1% del gasto total del organismo. En lo que va del año, este programa registró una reducción del 15,2% en términos reales respecto al mismo período del año anterior. Por fuera de las actividades centrales, el segundo programa en relevancia es “Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas”, que tuvo un recorte interanual del 26,5% a pesos constantes.

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Argentina cumple la meta con el FMI, pero con fuerte ajuste y rojo oculto

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El Sector Público Nacional (SPN) cerró agosto con un superávit primario de $1,56 billones, aunque el resultado financiero fue deficitario en $0,39 billones, tras destinar $1,17 billones al pago de intereses de deuda. No obstante, al incluir los intereses capitalizados en las LECAP, el déficit real se amplía a $2,86 billones en agosto y acumula $14,59 billones en los primeros ocho meses de 2025, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Los ingresos totales del SPN alcanzaron $11,36 billones, con una suba real del 2,7% interanual, pese a la eliminación del Impuesto PAIS a fines de 2024. Entre los tributos, se destacaron las caídas en Bienes Personales (-79,5% i.a.) y en el rubro “Resto de tributos” (-52,1% i.a.), que incluía al Impuesto PAIS. Los derechos de exportación retrocedieron 29,8% interanual, mientras que los derechos de importación crecieron 35,8% i.a., impulsados por el aumento del comercio exterior.

En paralelo, las Rentas de la Propiedad casi se duplicaron (+199,3% i.a.), gracias a transferencias extraordinarias del Banco Nación por utilidades de inversiones financieras.

El gasto público: subsidios y obra pública en retroceso

El gasto total fue de $9,8 billones, lo que implica una contracción de 6,4% interanual y de 28,6% frente a 2023. El ajuste alcanzó a casi todas las partidas:

Jubilaciones y pensiones: +9,1% i.a., pero aún 3,1% por debajo de 2023. Desde junio se aplica un aumento de 7,2% en haberes y un bono de $110.000, ajustado por inflación.

Universidades: crecieron 9,3% i.a., aunque permanecen 24,7% debajo de 2023.

Subsidios económicos: cayeron 47,2% i.a.; los de energía se redujeron 51,1% y los de transporte 26,2%, tras la eliminación de compensaciones en el AMBA.

Obra pública: gasto de capital con baja de 37,2% i.a. y desplome de 82,2% frente a 2023.

Programas sociales: recorte de 31,3% i.a. y 63,7% respecto de 2023, afectando Tarjeta Alimentar, comedores, ex Potenciar Trabajo, Acompañar y Becas Progresar.

FMI, metas fiscales y perspectivas

Pese al ajuste, el SPN acumula hasta agosto un superávit primario de $11 billones, superando la meta anual de $10,52 billones acordada con el FMI. Para sostenerla, será necesario mantener un promedio mensual de $0,22 billones de superávit hasta diciembre.

Sin embargo, el déficit financiero real refleja la presión que ejercen los instrumentos de deuda en pesos indexados. Para CEPA, el desafío será sostener la disciplina fiscal sin profundizar la contracción social y sin afectar la capacidad de crecimiento.

El sendero elegido abre interrogantes sobre la gobernabilidad política, en un año donde el ajuste impacta en subsidios, obra pública, salarios estatales y programas sociales.

2025 09 19 Informe Fiscal Agosto 2025 by CristianMilciades

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