GAZA

La mayoría de la población de Gaza sigue expuesta a riesgos

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IPS Noticias – La mayoría de la población en la Franja de Gaza continúa desplazada y expuesta a riesgos de seguridad, de salud, de alimentación y ambientales, siete meses después de que un frágil alto el fuego detuvo formalmente la lucha entre las fuerzas militares de Israel y la milicia islamista Hamas.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) de las Naciones Unidas, dio cuenta este viernes 15 de que la población civil de los territorios palestinos ocupados (Gaza y Cisjordania) y del Líbano, sigue enfrentándose a crecientes dificultades.

El conflicto, el desplazamiento y las operaciones militares en curso agravan las necesidades humanitarias y ponen a prueba los ya limitados esfuerzos de ayuda, en el caso de Gaza para más de dos millones de personas apretujadas en la mitad de la Franja (cuya superficie es de 365 kilómetros cuadrados).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 43 000 personas en Gaza han sufrido lesiones que les han cambiado la vida, mientras que los servicios de rehabilitación siguen estando desbordados.

La guerra, desatada con un ataque de Hamas al sur de Israel el 7 de octubre de 2023, dejó más de 70 000 palestinos muertos -en su mayoría civiles- y más de 170 000 heridos, y cerca de 2000 muertos del lado israelí, entre víctimas del ataque inicial de la milicia y centenares de soldados durante las operaciones de represalia.

La mayor parte de lo construido en Gaza quedó destruido o severamente dañado, desde viviendas hasta servicios de comunicaciones, incluidos hospitales, escuelas e instalaciones para servicios de agua, alimentación, saneamiento y electricidad.

Aunque muchas familias retornaron a las áreas donde habitaban originalmente, centenares de miles permanecen en campamentos, en medio de grandes privaciones y dependiendo de la ayuda humanitaria exterior para sobrevivir.

Los suministros de ayuda llegan a Gaza con cuentagotas: según el grupo logístico de la ONU que coordina las entregas, solo uno de cada dos camiones de ayuda procedentes de Egipto pudo descargar en los pasos fronterizos controlados por Israel a lo largo del perímetro de Gaza durante los primeros 11 días de mayo.

El reporte de Ocha destaca que los socios humanitarios están ayudando a la población de Gaza a restablecer la producción de pan y a fortalecer la pronta recuperación del mercado de alimentos y otros bienes esenciales.

Durante el pasado abril, las entregas de ayuda humanitaria que ingresa en camiones fueron de 49 500 palés descargados -2000 más que en marzo-, pero 14 % de los suministros enviados no pudieron descargarse, por oposición israelí en los putos de cruce, y fueron devueltos a sus puntos de origen.

En el ámbito comercial, entre el 4 y el 10 de mayo ingresaron a Gaza 789 camiones del sector privado, ligero aumento con respecto a los 750 de la semana anterior.

Según los informes, la mayoría transportaba alimentos, y una proporción menor incluía productos de higiene, materiales para la construcción de refugios, algunos equipos eléctricos y de comunicación, y suministros médicos.

Sin embargo, esos flujos pasan por un número muy limitado de puntos de cruce hacia el enclave palestino. Los pasos israelíes de Kerem Shalom (frontera con el sur de Gaza) y Zikim (norte) siguen siendo los únicos puntos de entrada operativos para los bienes humanitarios y comerciales destinados a Gaza.

Según Ocha, la situación humanitaria en todo el territorio palestino ocupado está marcado por la inseguridad, los ataques incesantes que ponen en peligro vidas y el deterioro gradual, o incluso la destrucción frecuente, de infraestructuras esenciales.

El hacinamiento extremo, el deterioro de los refugios y las precarias condiciones de agua y saneamiento han creado un entorno propicio para la alta transmisión de enfermedades en toda la Franja.

Los desplazamientos repetidos y prolongados, junto con las severas restricciones a la libertad de movimiento, siguen perturbando la vida cotidiana, indica el reporte de la Ocha.

La salud de las poblaciones desplazadas sigue deteriorándose. Las familias presentan cada vez más casos de infecciones cutáneas y otras enfermedades, debido a que ratas e insectos entran en sus tiendas de campaña o contaminan sus alimentos.

Ante este deterioro, las agencias humanitarias están intentando reforzar los sistemas de saneamiento en el enclave y la lucha contra las plagas.

Las agencias humanitarias continúan con su trabajo de asistencia. “Sin embargo, las limitaciones, la escasez, los daños generalizados y, en general, la falta de soluciones que aborden las causas profundas de la crisis, siguen limitando el alcance, la coherencia y la sostenibilidad de esta respuesta”, concluyó el reporte de la Ocha.

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Netanyahu acusa a España de librar “una guerra diplomática” contra Israel

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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó este viernes a España de «librar una guerra diplomática» contra su país, por lo que ordenó expulsar a los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC, por su siglas en inglés) para la supervisión del alto el fuego en la Franja de Gaza.

«Quien ataque al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas, quienquiera que haga esto, no será nuestro socio en el futuro de la región», afirmó en un vídeomensaje. «No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad. No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato por ello».

Acusa a España de difamar a los soldados del Ejercito israelí

El líder israelí acusó a España de difamar a los soldados del Ejército israelí, a raíz de las críticas del Gobierno español a los distintos conflictos en los que el país se ha involucrado, y aseguró que no «permanecerá impasible» ante los ataques.

«Por lo tanto, he ordenado la expulsión de los representantes españoles del centro de coordinación en Kiryat Gat, después de que España haya optado repetidamente por oponerse a Israel», añade.

«Sesgo antiisraelí tan flagrante»

El Ministerio de Exteriores israelí anunció este viernes la decisión, motivada por lo que califican como un «sesgo antiisraelí tan flagrante» del Ejecutivo del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Según Exteriores israelí, España ha sido notificada formalmente de la decisión, así como Estados Unidos también fue informado con antelación.

Fuera del CMCC

El CMCC es el centro multinacional establecido a finales de noviembre en Kiryat Gat (sur de Israel) para avanzar con el plan de paz promovido por Estados Unidos y de cara a una futura reconstrucción y estabilización de la devastada Franja de Gaza.

Esta medida supone la última escalada en la disputa diplomática entre ambos países, cuyas relaciones se han ido deteriorando a partir de los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre y la posterior ofensiva del Ejército israelí en la Franja de Gaza, cuya brutalidad (más de 72.000 muertos) ha sido criticada por el Gobierno español.

Albares señala que las descalificaciones «son una vez más absurdas y calumniosas»

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, señaló este viernes que las descalificaciones de Israel contra España «son una vez más absurdas y calumniosas», refiriéndose a los últimos comentarios del Gobierno israelí, uno de cuyos ministros dijo de Pedro Sánchez que es «un completo y absoluto don nadie».

Albares, en una entrevista en la televisión pública española (TVE), acusó además a Israel de «intentar malograr» la negociación entre EE.UU. e Irán para frenar la guerra, incluso antes de que se sienten mañana en Islamabad, al continuar con los bombardeos en Líbano.

Con información de la agencia EFE

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Estados Unidos presentó en Davos un plan para reconstruir Gaza con rascacielos, zonas industriales y control de seguridad israelí

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Estados Unidos presentó en el Foro Económico Mundial de Davos un plan integral para la reconstrucción de la Franja de Gaza, denominado informalmente “Nueva Gaza”, que propone reurbanizar desde cero el territorio palestino devastado por la guerra mediante rascacielos, zonas residenciales, áreas industriales, infraestructura portuaria y aeroportuaria, y un esquema de seguridad con presencia prolongada de fuerzas israelíes. La iniciativa fue revelada durante la ceremonia de firma de la nueva Junta de Paz impulsada por el presidente Donald Trump, encargada de supervisar el alto el fuego entre Israel y Hamás y la posterior reconstrucción.

El proyecto, que apunta a reorganizar el territorio para 2,1 millones de habitantes, generó fuertes controversias por su alcance político, humanitario y geoestratégico, en un contexto marcado por una tregua frágil, graves condiciones sociales y un elevado nivel de destrucción material, estimado por la ONU en el 81% de las estructuras de Gaza dañadas o destruidas.

El plan maestro: urbanización total, inversión privada y seguridad reforzada

Las diapositivas exhibidas en Davos mostraron un “Plan Maestro” que contempla la construcción de decenas de rascacielos a lo largo de la costa mediterránea, con un área específica destinada al turismo costero, donde se proyectan 180 torres de apartamentos. El diseño también incluye zonas residenciales, complejos industriales, centros de datos, manufactura avanzada, parques, instalaciones agrícolas y deportivas, además de un nuevo puerto marítimo y un aeropuerto cercano a la frontera con Egipto.

La reurbanización se dividiría en cuatro fases, comenzando en Rafah y avanzando progresivamente hacia el norte, hasta la Ciudad de Gaza. El esquema incorpora una franja de terreno baldío a lo largo de las fronteras con Egipto e Israel, identificada como “perímetro de seguridad”, donde las fuerzas israelíes permanecerían “hasta que Gaza esté debidamente protegida”, según el documento de paz de 20 puntos presentado por la administración estadounidense.

Una de las diapositivas detalló el proyecto de “Nueva Rafah”, que incluiría más de 100.000 viviendas permanentes, 200 centros educativos y 75 instalaciones médicas. Antes de la guerra, la ciudad albergaba a unas 280.000 personas, pero fue prácticamente arrasada durante los ataques israelíes y las demoliciones posteriores, quedando bajo control de Israel.

Trump, Kushner y el enfoque económico de la reconstrucción

Durante la presentación, el presidente Donald Trump defendió el proyecto con un discurso centrado en el potencial económico del territorio. “Vamos a tener mucho éxito en Gaza. Será un espectáculo digno de ver”, afirmó. Y agregó: “Soy en el fondo un promotor inmobiliario y lo importante es la ubicación. Miren esta ubicación junto al mar. Miren esta hermosa propiedad”.

El encargado operativo del plan es Jared Kushner, yerno de Trump, quien participó en la negociación del alto el fuego que entró en vigor en octubre. Kushner señaló que durante la guerra se lanzaron 90.000 toneladas de municiones sobre Gaza y que será necesario remover 60 millones de toneladas de escombros. Según explicó, la idea inicial de dividir el territorio entre una “zona libre” y una “zona de Hamás” fue descartada: “Simplemente planeemos para tener un éxito catastrófico”, declaró.

Kushner aseguró que Hamás firmó un acuerdo de desmilitarización y que ese compromiso será exigido. “La gente nos pregunta cuál es nuestro plan B. No tenemos un plan B”, sostuvo. También advirtió que “sin seguridad nadie va a hacer inversiones”, subrayando el vínculo entre desmilitarización, estabilidad y capital privado.

En las próximas semanas, Estados Unidos prevé realizar una conferencia en Washington para anunciar contribuciones internacionales y detallar “oportunidades de inversión” para el sector privado, en lo que se perfila como uno de los procesos de reconstrucción más ambiciosos de las últimas décadas.

Reacciones políticas, alto el fuego frágil y crisis humanitaria persistente

El plan se presentó en un escenario de tregua inestable. Aunque Israel y Hamás acordaron un alto el fuego, intercambios de rehenes y prisioneros, y un aumento de la ayuda humanitaria, en los últimos tres meses murieron al menos 477 palestinos en ataques israelíes, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ejército israelí informó la muerte de tres soldados en ataques de grupos armados palestinos.

Las condiciones humanitarias continúan siendo críticas: casi un millón de personas carecen de refugio adecuado y 1,6 millones enfrentan inseguridad alimentaria aguda, de acuerdo con datos de la ONU.

Hamás reiteró su compromiso con el acuerdo de octubre y acusó a Israel de intentar “socavar los esfuerzos internacionales para consolidar el alto el fuego”. No obstante, el grupo ha rechazado históricamente entregar sus armas sin la creación de un Estado palestino independiente. Trump respondió con una advertencia directa: “Tienen que entregar sus armas y, si no lo hacen, será su fin”.

En Davos, el presidente israelí Isaac Herzog elogió el liderazgo de Trump, aunque advirtió que “la verdadera prueba es que Hamás salga de Gaza”. En contraste, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, exigió la plena implementación del plan de paz, incluida la retirada israelí y un rol central de la AP en la administración del territorio.

Por su parte, el jefe del Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), Ali Shaath, anunció que el cruce de Rafah con Egipto se abrirá la próxima semana en ambas direcciones, tras permanecer prácticamente cerrado desde mayo de 2024. “La apertura de Rafah demuestra que Gaza ya no está cerrada al futuro ni a la guerra”, afirmó.

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Según Trump, la Junta de la Paz debería sustituir a la ONU

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debería continuar, debido a su potencial, pero que la Junta de la Paz propuesta por él mismo “podría” reemplazar a la organización.

Durante su discurso durante la conferencia de prensa en la Casa Blanca para conmemorar el primer aniversario de su segundo mandato, Trump criticó reiteradamente a la ONU por ser ineficaz para poner fin a las guerras, y añadió que debería seguir existiendo porque “el potencial es tan grande”

Sin embargo, según la agencia Xinhua, un borrador de la Carta de la Junta de Paz, supuestamente adjunto a las cartas de invitación enviadas a numerosos líderes mundiales, no hace referencia a Gaza y, en su lugar, esboza una visión del organismo como una organización controlada por Estados Unidos destinada a ayudar a resolver conflictos y guerras en todo el mundo.

“Es una ‘ONU de Trump’ que ignora los fundamentos de la Carta de la ONU”, afirmó un diplomático citado por Reuters. Otros tres diplomáticos occidentales dijeron que, de seguir adelante, probablemente socavaría a la ONU.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, “cree que los Estados miembros son libres de asociarse en diferentes grupos“, dijo el domingo Farhan Haq, portavoz adjunto del jefe de la ONU, en respuesta a una pregunta sobre el borrador de la carta para la Junta de la Paz.

Netanyahu confirmó que se unirá al Consejo de Paz

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles que aceptó una invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para unirse al Consejo de Paz para Gaza. 

Netanyahu señaló en un comunicado que acordó participar como miembro del consejo, el cual, según indicó, estará integrado por líderes mundiales, según un informe de Xinhua, en el cual se indicó, además, que no se ofrecieron más detalles. 

El anuncio se produjo después de que la oficina del primer ministro indicara que Israel se oponía a la composición del consejo, presentado por Trump como parte de su plan para poner fin a la guerra en Gaza.

La oficina del primer ministro dijo en ese momento que el consejo se había anunciado sin coordinación con Israel y que contradecía la política israelí.

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Una jueza peruana de la CPI denunció sanciones de EE.UU. y alertó sobre un ataque al Estado de derecho

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EE.UU. sancionó a una jueza peruana de la Corte Penal Internacional y expuso una tensión inédita sobre la independencia judicial global

Las sanciones económicas y migratorias impuestas por Estados Unidos contra jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) abrieron un conflicto institucional de alto impacto político y jurídico. Entre los afectados se encuentra la magistrada peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza, jueza de la Cámara de Apelaciones del tribunal con sede en La Haya, quien denunció que las medidas le bloquearon cuentas, tarjetas de crédito y transferencias internacionales. El caso reaviva el debate sobre la independencia judicial, la vigencia del Estatuto de Roma y los límites del poder político frente a la justicia penal internacional.

Las sanciones de EE.UU. y el alcance sobre la Corte Penal Internacional

La jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza integra la Corte Penal Internacional desde hace casi ocho años. El tribunal fue creado en 1998 mediante el Estatuto de Roma para juzgar a individuos por genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. En 2025, el gobierno de Estados Unidos sancionó a seis jueces y a tres fiscales de la CPI, incluido el fiscal principal Karim Khan.

Según informó el Departamento de Estado, las sanciones responden a la “oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio por la soberanía nacional y la extralimitación judicial ilegítima de la CPI”. Washington sostuvo que la Corte “constituye una amenaza para la seguridad nacional” y la acusó de actuar como un instrumento de “guerra jurídica” contra Estados Unidos y su aliado Israel. Parte de las medidas se anunciaron luego de que la CPI emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes vinculados a Gaza.

En el caso de Ibáñez Carranza, el Departamento de Estado señaló que fue sancionada por “autorizar la investigación de la CPI contra personal estadounidense en Afganistán”. La magistrada explicó que la decisión cuestionada corresponde a 2019, cuando un panel de cinco jueces de la Cámara de Apelaciones habilitó investigaciones por crímenes cometidos en el territorio afgano, sin distinción de autores: talibanes, fuerzas estatales o fuerzas extranjeras.

Las Naciones Unidas condenaron las sanciones como “un ataque contra el Estado de derecho”. La relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió que las medidas buscan influir directamente en el trabajo judicial y equiparan a jueces internacionales con “presuntos terroristas o líderes de cárteles”.

Impacto personal, económico y familiar de las sanciones

Más allá de la dimensión institucional, la jueza peruana describió el impacto concreto de las sanciones en su vida cotidiana. Entre las restricciones figuran la cancelación de visas, el bloqueo de cuentas en dólares en cualquier país, la anulación de tarjetas de crédito y la imposibilidad de utilizar servicios financieros o plataformas vinculadas a empresas con sede en Estados Unidos.

“No puedo ordenar una comida, no puedo tomar un taxi Uber, no puedo enviar dinero a mi país”, relató. Ibáñez Carranza explicó que transfería mensualmente fondos a Perú para el mantenimiento de su vivienda y el pago de servicios básicos, pero que una operación vía Western Union quedó retenida sin explicación. Las sanciones, además, se extienden indirectamente a familiares y personas que intentan asistir a los magistrados afectados. En su caso, su hija vio cancelada una visa sin fundamentos explícitos.

El alcance extraterritorial de las medidas generó tensiones incluso en Europa. Bancos con sede en Países Bajos restringieron inicialmente operaciones de los jueces sancionados, lo que derivó en gestiones ante autoridades holandesas para garantizar el funcionamiento básico de cuentas en euros. “La pregunta era si Europa es realmente un espacio seguro o si sus bancos están subordinados a la política estadounidense”, sostuvo la magistrada.

Ibáñez Carranza acumuló más de 35 años de trayectoria como fiscal en Perú antes de llegar a la CPI, incluyendo causas emblemáticas como la investigación contra Abimael Guzmán, exlíder de Sendero Luminoso, condenado a cadena perpetua en 2005. Desde esa experiencia, afirmó que las sanciones buscan intimidar, pero no condicionarán sus decisiones: “Frente a unos hechos y una evidencia, lo único que puedo aplicar es el derecho y mi conciencia”.

Repercusiones políticas y debate sobre el futuro de la CPI

El conflicto se inscribe en un escenario de presión creciente sobre la Corte Penal Internacional. Además de las sanciones estadounidenses, algunos jueces enfrentan órdenes de arresto emitidas por Rusia, en represalia por decisiones judiciales vinculadas al conflicto en Ucrania. En paralelo, varios Estados se negaron a ejecutar órdenes de arresto de la CPI, y parlamentos nacionales, como el de Venezuela, debatieron proyectos para retirarse del Estatuto de Roma.

Para la magistrada peruana, el objetivo de fondo es debilitar el sistema de justicia internacional y desalentar investigaciones sobre crímenes atroces. “El ataque no es solo contra los jueces, es contra las víctimas”, sostuvo. Recordó que el principio de complementariedad del Estatuto de Roma establece que la CPI actúa solo cuando los Estados no investigan o juzgan adecuadamente, y que la Corte no persigue países sino hechos y responsabilidades individuales.

Lejos de paralizar su actividad, Ibáñez Carranza aseguró que la CPI continuó dictando sentencias relevantes y celebrando audiencias, incluso después de las sanciones. Mencionó decisiones en casos de la República Centroafricana, Sudán y Filipinas. Según su evaluación, las presiones externas produjeron un efecto inverso al buscado: mayor cohesión interna entre los jueces y fiscales del tribunal.

En términos políticos, el episodio plantea interrogantes sobre la gobernanza global, el respeto a la independencia judicial y el equilibrio entre soberanía estatal y justicia internacional. La jueza advirtió que la respuesta de la Unión Europea será clave: no solo en declaraciones de respaldo, sino en medidas prácticas que garanticen condiciones operativas mínimas para el funcionamiento de la Corte.

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