En el marco del sistema rotativo establecido entre los países miembros, se llevó a cabo en la República del Paraguay la ceremonia de traspaso de la Presidencia Pro Tempore del Comando Tripartito de la Triple Frontera. De esta manera, la delegación paraguaya, representada por su Policía Nacional, transfirió el liderazgo de las actividades estratégicas a la delegación Argentina, a través de la Gendarmería Nacional Argentina.
Durante el acto formal, las autoridades paraguayas hicieron entrega al representante de la República Argentina, Comandante Principal Marcelo Martín Molina (Jefe del Escuadrón 13 “Iguazú”), del Cofre de Honor que resguarda el registro histórico del Comando. Con este hito, la Argentina asumirá por los próximos cuatro meses la coordinación de las acciones y operativos conjuntos previstos para el período.
El evento tuvo lugar en Ciudad del Este y estuvieron presentes el Gobernador de Alto Paraná, César Orlando “Landy” Torres, el Intendente de Ciudad del Este, Daniel Pereira Mujica, asistieron además el Cónsul General de la República Argentina en Ciudad del Este, Ministro Juan Guzik, y el Viceministro de Seguridad Interna de Paraguay, Comisario General Comandante (R) Carlos Humberto Benítez González. Asimismo, participaron delegaciones oficiales de la Policía Federal de la República Federativa del Brasil, de la Policía Rodoviária Federal y de la Agência Brasileira de Inteligência (ABIN).
Creado en el año 1996, el Comando Tripartito constituye un mecanismo clave de Cooperación Internacional en materia de seguridad. Está integrado de forma conjunta por las Fuerzas de Seguridad y Policiales de la República Argentina, la República Federativa del Brasil y la República del Paraguay.
Su principal objetivo es consolidar un espacio de articulación que permita el intercambio de información en tiempo real, la coordinación operativa y el fortalecimiento de las capacidades de control fronterizo. Su campo de acción se enfoca de manera directa en la prevención y la lucha contra los delitos complejos de carácter transnacional, tales como el narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando, la trata de personas y el lavado de activos, posicionándose como una herramienta fundamental para la seguridad e integridad regional.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezó en Bernardo de Irigoyen, Misiones, la inauguración oficial del primer Desafío Táctico Femenino 2026, una competencia operativa de alta exigencia que reúne a integrantes de Fuerzas Federales argentinas, policías provinciales y efectivos de la Policía Nacional de Paraguay en uno de los puntos fronterizos más sensibles y estratégicos del país.
La actividad se desarrolla en el Escuadrón 12 “Bernardo de Irigoyen” de Gendarmería Nacional Argentina y cuenta con la participación de competidoras de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Servicio Penitenciario Federal, Policía de Misiones, Policía de Córdoba y Policía Nacional de Paraguay.
Antes de arribar a Bernardo de Irigoyen, la ministra mantuvo reuniones de trabajo en Puerto Iguazú junto al Comando Tripartito de la Triple Frontera y equipos del Centro Internacional de Análisis del Delito Complejo, donde se evaluaron las amenazas vinculadas al narcotráfico, el contrabando y el crimen organizado transnacional en la región fronteriza.
En ese marco, Monteoliva remarcó el carácter estratégico de la frontera norte y el trabajo permanente de las fuerzas federales desplegadas en el territorio.
“La frontera norte se defiende todos los días, sin descanso y con la firme decisión de no ceder un solo paso frente al delito. Porque lo que se hace acá —en el monte, en el río, en las rutas y en cada operativo— es mucho más que una tarea de control: es presencia, es orden y es soberanía real sobre el territorio argentino”, sostuvo.
La ministra destacó además el valor histórico de esta primera edición del desafío, al reunir por primera vez a mujeres de distintas fuerzas de seguridad y de distintos países bajo un mismo esquema de exigencia operativa, entrenamiento y coordinación táctica.
“Por primera vez, competidoras de las Fuerzas Federales argentinas, de las policías provinciales y de la República del Paraguay van a someterse a las mismas pruebas, en el mismo terreno y bajo las mismas reglas”, afirmó.
Durante su discurso, Monteoliva subrayó que la cooperación entre fuerzas y países ya no constituye únicamente una instancia de articulación institucional, sino una necesidad operativa concreta frente al avance del crimen organizado.
“El delito organizado, el narcotráfico y el contrabando no reconocen fronteras administrativas. Nuestra respuesta operativa, entonces, tampoco. La cooperación multiagencial e internacional es una herramienta táctica concreta fundamental, y este desafío conjunto es prueba de ello”, expresó.
Las participantes deberán afrontar una serie de pruebas diseñadas para reproducir condiciones reales de operación: diez kilómetros de marcha forzada con uniforme, fusil y mochila cargada; pistas de tiro individual, en parejas y por equipos; veinte obstáculos en terreno selvático; y un evento acuático que combina remo, traslado de heridos, marcha con peso y un polígono de cierre.
Según explicó la titular de la cartera de Seguridad, el objetivo del desafío es medir capacidades esenciales para el despliegue operativo real: resistencia física, capacidad de decisión bajo presión, criterio profesional, disciplina táctica y trabajo coordinado entre equipos.
“Estas pruebas fueron diseñadas para medir exactamente lo que se necesita en una operación real”, remarcó.
Monteoliva también puso en valor el profesionalismo y la preparación de las competidoras, y reafirmó la posición institucional del Ministerio respecto del mérito y la excelencia operativa.
“La excelencia operativa no tiene género. Cada una de ustedes se ganó este lugar con trabajo, mérito, disciplina y preparación”, sostuvo.
Asimismo, destacó que el entorno elegido para el desarrollo de la competencia no es simbólico ni recreativo, sino plenamente operativo y representativo de las condiciones reales que enfrentan diariamente las fuerzas en la frontera.
“El escenario que hoy las recibe fue elegido porque exige resistencia y templanza. Porque es un terreno real, desafiante y plenamente operativo, donde cada decisión, cada movimiento y cada esfuerzo cuentan”, señaló.
Finalmente, la ministra llamó a fortalecer la confianza y la cooperación profesional entre fuerzas y países a partir de experiencias compartidas en el terreno. “La hermandad que se construye en el barro, en el cansancio y en el esfuerzo compartido, es la que después se traduce en operaciones coordinadas y en confianza profesional”, concluyó.
En el marco de la investigación por el asalto perpetrado ayer a la madrugada contra un empresario de Gobernador Roca, la Policía detuvo a un ex gendarme sospechado de integrar la banda e incautó el automóvil presuntamente utilizado en el atraco, rodado que fue descartado al río Paraná y recuperado tras un complejo procedimiento con máquinas y embarcaciones.
El hecho ocurrió ayer a las 4, cuando Miguel Ángel Morel (67), propietario del parque acuático Complejo La Roca, fue interceptado sobre la ruta provincial 6 por sujetos que se movilizaban en un automóvil Volkswagen Gol, quienes exigieron al hombre la entrega de dinero o la llave de sus oficinas, tras lo cual lo trasladaron hasta su casa, donde lo abandonaron maniatado y con un disparo en la pierna, sin concretar el robo.
A partir de allí, los investigadores reconstruyeron los movimientos previos y posteriores al hecho, lo que permitió establecer la presunta participación de Cristian Emanuel M., de 37 años, ex sargento de Gendarmería Nacional en situación de disponibilidad, quien fue detenido ayer por la tarde en el marco de la causa.
Según las pesquisas realizadas por la Policía de Misiones, el sospechoso habría ocultado días antes en su vivienda un vehículo de similares características al utilizado en el asalto, el cual habría sido empleado durante la madrugada del hecho. Además, registros fílmicos lo ubicarían en la zona, ya que fue captado por cámaras de seguridad circulando en motocicleta en inmediaciones del lugar del ataque.
Incluso, de acuerdo al testimonio de la víctima, semanas antes el ahora detenido habría intentado acercarse ofreciéndole servicios de seguridad y alertándole sobre supuestos planes para robarle, lo que refuerza la hipótesis de una maniobra premeditada.
En paralelo, ayer y con apoyo de efectivos de la Prefectura Naval Argentina con asiento en Puerto Maní, la Policía realizó un rastrillaje en la zona ribereña, donde finalmente logró ubicar y extraer del río Paraná el automóvil presuntamente utilizado. Se trata de un Volkswagen Gol Power, que había sido arrojado con la intención de eliminar pruebas.
Dentro del vehículo, que se encontraba a varios metros de la costa y parcialmente sumergido, se hallaron elementos vinculados directamente con la víctima, lo que fortalece la causa.
Por estas horas, la investigación continúa en curso y no se descarta la participación de otros implicados, que podrían ser oriundos del vecino país. El detenido permanece a disposición de la Justicia.
La reconstrucción de las acciones de la SIDE en Misiones entre 1973 y 1983 expone algo más que una mecánica burocrática de inteligencia: revela cómo el aparato estatal organizó en la provincia una estructura de vigilancia territorial permanente, con la Delegación Regional Posadas como pieza operativa de enlace entre la frontera noreste y la Central de Inteligencia en Buenos Aires. En un escenario atravesado por el control político, la represión y la lógica de la “subversión” como criterio ordenador del Estado, Misiones apareció no como una periferia, sino como un territorio estratégico.
El dato institucional es preciso. Durante ese período, la provincia quedó bajo la jurisdicción operativa de la Delegación Regional Posadas, según el “Manual de Funcionamiento de las Delegaciones Regionales” de febrero de 1974. Esa unidad dependía orgánicamente del Departamento Inspección Delegaciones Regionales, cuya jefatura estuvo a cargo del Cnel. (R.E.) Horacio A. Spinetto y, más tarde, del Cnel. Eduardo Pereyra. Pero el punto central no es sólo la cadena de mandos: es el alcance que adquirió esa delegación en el territorio y el tipo de sociedad que el sistema de inteligencia buscó cartografiar, clasificar y seguir de manera sistemática.
Detrás de esa arquitectura aparece una lectura política de fondo. La SIDE no operó en Misiones únicamente para producir información. Lo hizo para construir capacidad de intervención indirecta sobre actores sociales, territorios sensibles y circuitos de frontera. La pregunta, entonces, no es sólo qué vigilaba, sino qué revelaba esa vigilancia sobre las prioridades reales del poder estatal en una provincia donde se cruzaban producción, organización social, universidad, mundo rural e intercambio transfronterizo.
Posadas como centro de mando regional
La Delegación Posadas no se limitaba al territorio misionero. Funcionaba como un nodo central para el control del noreste, articulando acciones con subdelegaciones y manteniendo un enlace técnico-funcional con la Central de Inteligencia en Buenos Aires a través de la red teletipográfica y radioeléctrica. Esa precisión técnica tiene una consecuencia política concreta: la información que se producía en Misiones no quedaba encapsulada en el plano local, sino que ingresaba en una cadena nacional de procesamiento, evaluación y decisión.
Esa inserción muestra que Misiones ocupaba un lugar relevante dentro del dispositivo estatal de inteligencia. No sólo por su ubicación geográfica, sino por la combinación de variables que concentraba: frontera con Paraguay y Brasil, actividad agraria, peso del sector maderero, vida universitaria y presencia de organizaciones sociales y religiosas. La provincia reunía, en un mismo espacio, varios de los “factores” que el sistema de inteligencia consideraba sensibles.
Una sociedad dividida en “factores” bajo observación
La estructura operativa de la Delegación Posadas seguía un esquema de especialización por “factores”, una modalidad que permitía desagregar la vida social en áreas de seguimiento permanente. Allí se observa una lógica de control que iba mucho más allá de la persecución de organizaciones armadas. El dispositivo abarcaba partidos políticos, sindicatos, estudiantes, sectores barriales, actividades económicas y espacios religiosos y educativos.
En el factor político, el seguimiento se concentraba en partidos locales, en especial el PJ y la UCR, con atención a la eventual “infiltración marxista”. En el factor gremial, el foco incluía sindicatos agrarios, ligas agrarias, docentes y empleados públicos. En el factor social, el monitoreo alcanzaba a movimientos estudiantiles y organizaciones barriales. En el factor económico, la inteligencia se dirigía sobre la producción yerbatera, la actividad maderera y el comercio fronterizo. En el plano educacional y religioso, la vigilancia recaía sobre la Universidad Nacional de Misiones y sobre sectores de la Iglesia vinculados al tercermundismo.
Ese reparto por áreas no era una clasificación neutra. Traducía una visión del poder sobre el territorio: cada espacio de organización social podía convertirse en objeto de sospecha, análisis y seguimiento. La SIDE, en ese marco, no sólo buscaba detectar amenazas; también intentaba anticipar comportamientos, medir climas y ordenar prioridades de intervención.
Fichas, antecedentes e ideología: el control sobre nombres propios
La documentación desclasificada permite identificar una modalidad central: el sistema de fichaje de personas. Toda persona con “antecedentes de valor informativo” era registrada en fichas de colores donde se sintetizaban actividad, contactos e implicancias. En Misiones, ese control se aplicó con particular rigor sobre dirigentes de las Ligas Agrarias Misioneras, estudiantes y docentes de la UNaM, y sacerdotes y laicos vinculados a la Pastoral Social.
La clave política de ese sistema está en la amplitud del criterio. No se trataba únicamente de perseguir conductas delictivas ni de producir información general, sino de construir antecedentes ideológicos como insumo estatal. El fichaje funcionaba como una herramienta de clasificación de actores, con efectos potenciales sobre trayectorias personales, vínculos institucionales y capacidad de inserción pública.
En una provincia con fuerte trama rural, ese dato adquiere un peso particular. Que los dirigentes de las Ligas Agrarias Misioneras aparezcan entre los focos de seguimiento más rigurosos indica que el movimiento agrario no era leído solo como actor sectorial, sino como un espacio de organización social bajo sospecha. La misma lógica alcanzó al mundo universitario y a segmentos de la Iglesia, dos ámbitos donde el Estado veía capacidad de formación, influencia y articulación.
La red de confidentes y el control desde abajo
Otro rasgo de la estructura en Misiones fue el despliegue del Servicio Confidencial. La Delegación Posadas dirigía una red de confidentes, colaboradores e informantes infiltrados, encargados de obtener información “en el terreno” sobre actividades de las organizaciones consideradas subversivas, como Montoneros y el PRT-ERP, con presencia en la zona selvática y fronteriza.
Ese punto es central porque muestra que la SIDE no operaba solo desde escritorios, archivos o comunicaciones formales. También lo hacía desde una red capilar de obtención de datos, construida sobre la infiltración y la colaboración reservada. El territorio, en esa dinámica, se convertía en un espacio de observación permanente, donde la información no se producía únicamente por cruce documental, sino también por proximidad, seguimiento y penetración de redes sociales.
La combinación entre fichaje y servicio confidencial consolidaba una doble capacidad: ordenar antecedentes desde arriba y alimentar inteligencia táctica desde abajo. Esa articulación le daba al dispositivo una profundidad territorial que excedía la idea de una oficina regional de enlace.
Frontera, escucha e interceptación: el valor estratégico de Misiones
La ubicación de Misiones le otorgó a la SIDE una agenda específica de contrainteligencia y control fronterizo. Según el informe, el organismo monitoreaba el ingreso de material bibliográfico prohibido y el desplazamiento de personas hacia Paraguay y Brasil. Para ello utilizaba medios técnicos de escucha e interceptación radioeléctrica en el área.
Aquí aparece otra dimensión de poder. La frontera no era concebida sólo como límite territorial, sino como corredor de circulación política, cultural y operativa. El control sobre libros, desplazamientos y comunicaciones revela una preocupación estatal por los flujos, no sólo por los actores. Lo que se buscaba vigilar era tanto a las personas como a las ideas, las conexiones y los canales de enlace.
En términos institucionales, esa tarea convertía a Misiones en una provincia de valor estratégico dentro del dispositivo nacional de inteligencia. La frontera noreste operaba como un punto sensible donde se cruzaban seguridad, circulación regional y vigilancia ideológica. La Delegación Posadas, por eso, no cumplía una función secundaria: administraba un territorio donde el control estatal se volvía más intenso precisamente por su condición fronteriza.
Operaciones psicológicas y monitoreo del clima social
El informe también identifica la ejecución de directivas de Acción Sicológica destinadas a neutralizar la propaganda de las Organizaciones Político Militares. Esa tarea incluía el control de medios de difusión locales y la elaboración de informes sobre el “clima social” para orientar decisiones del gobierno militar en la provincia.
Ese aspecto permite ampliar la lectura sobre el rol de la SIDE en Misiones. No se trataba únicamente de recolectar información, sino de intervenir sobre percepciones, discursos y marcos de interpretación. Las operaciones sicológicas apuntaban a disputar sentido, neutralizar propaganda y leer el humor social como variable de gobierno.
En otras palabras, la inteligencia no trabajaba sólo para saber qué ocurría, sino también para moldear condiciones de gobernabilidad. La producción de informes sobre clima social, en ese marco, funcionaba como un instrumento de decisión política. La vigilancia sobre medios locales refuerza esa idea: la información circulante era considerada parte del terreno en disputa.
La Comunidad Informativa local y la coordinación entre fuerzas
La SIDE en Posadas actuaba además como órgano rector de la Comunidad Informativa local. Integraba y coordinaba datos con el Destacamento de Inteligencia del Ejército, la Prefectura Naval Argentina en la zona Alto Paraná, Gendarmería Nacional a través de los escuadrones de frontera y la Policía de la Provincia de Misiones mediante la División Informaciones.
Ese dato es decisivo para comprender el alcance institucional del sistema. La SIDE no era un actor aislado, sino un engranaje de articulación entre múltiples estructuras estatales. Su papel rector en la comunidad informativa local sugiere una función de centralización y ordenamiento de datos que fortalecía su capacidad de orientar prioridades y construir lecturas integradas del territorio.
La correlación de fuerzas dentro del Estado, en ese punto, se inclinaba a favor de una lógica de cooperación represiva e intercambio permanente de inteligencia. Esa coordinación multiplicaba la capacidad de control y reducía márgenes de autonomía para los actores sociales monitoreados. También muestra que el territorio misionero fue administrado a través de una malla institucional densa, donde distintas agencias operaban sobre objetivos convergentes.
Qué muestra este esquema sobre el poder real en Misiones
La foto que surge del período 1973-1983 no es la de una vigilancia ocasional ni la de intervenciones aisladas. Es la de un control territorial intensivo, basado en la compartimentación de la sociedad en áreas de estudio, en el uso de informantes y en la articulación entre inteligencia civil, fuerzas federales y estructuras policiales. Misiones fue observada como provincia productiva, universitaria, fronteriza y socialmente organizada. Es decir, como un espacio que debía ser seguido en todos sus planos.
En ese esquema, algunos sectores quedaron especialmente condicionados: el movimiento agrario, el ámbito estudiantil, segmentos de la Iglesia y los circuitos de frontera. No porque el informe adjudique a todos ellos una misma naturaleza, sino porque el aparato de inteligencia los ubicó dentro de un mapa común de atención prioritaria. La consecuencia política de esa mirada fue clara: la vida pública provincial quedó atravesada por una lógica de vigilancia preventiva que reducía la frontera entre información e intervención.
Un archivo que reabre preguntas sobre territorio, memoria y estructura estatal
La reconstrucción de estas acciones en Misiones también abre una dimensión contemporánea. No solo permite revisar cómo operó la SIDE en una provincia específica, sino cómo el Estado nacional organizó territorialmente su aparato de inteligencia durante una década decisiva. La Delegación Posadas aparece, en ese sentido, como una pieza clave de un sistema más amplio, pero con rasgos propios asociados a la frontera, al agro y a la trama social local.
Lo que habrá que observar ahora es qué otros documentos permiten profundizar esa trama: nombres de circuitos internos, niveles concretos de coordinación, alcances operativos de los servicios confidenciales y vínculos entre la producción de inteligencia y las decisiones adoptadas en el plano provincial. Porque el archivo, aun cuando ordena, no clausura. Al contrario: empieza a mostrar cómo el poder estatal se territorializó en Misiones y deja abiertas preguntas sobre la escala real de esa intervención, sus efectos y las zonas del engranaje que todavía permanecen en sombra.
Como consecuencia de los controles dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico en la zona de frontera, Gendarmería Nacional Argentina incautó más de tres toneladas de marihuana y detuvo al chofer de un camión en la provincia de Corrientes.
El hecho se dio en el Peaje inactivo “Bonpland”, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 14, cuando los efectivos de la Sección Seguridad Vial “Paso de los Libres” inspeccionaron un camión con semirremolque que intentaba transitar sin detenerse.
A simple vista, el transporte de cargas generales llevaba madera en placas desde Santo Tomé (Corrientes) hacia Buenos Aires. Pero, en la inspección del rodado, el can detector de narcóticos “Barak” alertó a los uniformados y marcó la presencia de estupefacientes en el sector de la carga.
Ese detalle sirvió para ahondar con el registro del remolque, ya que una semana atrás los efectivos habían detectado el mismo modus operandi, donde secuestraron 7 toneladas de droga en Misiones. De esta manera, con la autorización de la Sede Fiscal Descentralizada de la ciudad de Paso de los Libres, el camión fue trasladado al Complejo Terminal de Cargas para realizar un escaneo, donde se comprobó la presencia de cuerpos extraños entre el cargamento.
Tras una requisa exhaustiva, los funcionarios constataron que el vehículo transportaba 3.695 paquetes de distintos tamaños, envueltos en cinta de embalar y acondicionados en un doble fondo preparado en el interior de las cajas de madera. Luego ello, las pruebas de campo Narcotest efectuadas dieron como resultado final 3.577 kilos 669 gramos de cannabis sativa.
El magistrado interviniente ordenó el decomiso de la droga, dos celulares, el tractor y el semirremolque, y documentación de interés para la causa, como así también la detención del chofer.
