El Gobierno nacional aprobó un nuevo Estatuto para la Gendarmería Nacional Argentina, en el marco del Decreto 454/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La medida implica una reforma integral del marco normativo de esta fuerza de seguridad federal, con el objetivo de modernizar su estructura, profesionalizar su desempeño y adecuarla a los desafíos actuales en materia de seguridad interior y defensa.
Reestructuración normativa y derogación de leyes vigentes
El nuevo Estatuto sustituye a la Ley de Gendarmería Nacional N° 19.349, vigente desde 1971, y deroga también los artículos 2° al 6° de la Ley N° 18.711, con el propósito de consolidar y unificar las funciones y competencias de la Gendarmería bajo una sola norma. La iniciativa se enmarca en las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por la Ley de Bases N° 27.742, que declara la emergencia pública en diversas áreas y habilita reformas estructurales del Estado.
El Estatuto —cuyo texto completo se encuentra en el Anexo IF-2025-73005042-APN-MSG— deberá ser reglamentado en un plazo de 90 días hábiles. En ese lapso, la propia Gendarmería deberá presentar ante el Ministerio de Seguridad los proyectos normativos necesarios para su implementación.
Modernización institucional y racionalización del gasto
La reforma propone una reorganización integral del funcionamiento interno de la fuerza, con ejes en la eficiencia administrativa, la transparencia en la gestión de los recursos y la profesionalización del personal. Entre los puntos destacados, se incluye:
- Jerarquización de la carrera profesional.
- Racionalización de funciones y eliminación de superposiciones normativas.
- Fortalecimiento del control interno y la trazabilidad presupuestaria.
- Reforma del régimen disciplinario para asegurar el debido proceso.
Según el Poder Ejecutivo, la nueva norma busca alinear las capacidades operativas de la Gendarmería con amenazas contemporáneas como el crimen organizado transnacional, el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, además de responder con mayor eficacia ante emergencias o catástrofes.
El decreto hace hincapié en la necesidad de adecuar la normativa de la Gendarmería al marco legal posterior a su ley orgánica original, en particular a las Leyes de Seguridad Interior (24.059) y Defensa Nacional (23.554). Ambas establecen nuevos criterios de articulación entre fuerzas armadas y de seguridad en escenarios mixtos, como los que plantea el combate al narcotráfico en zonas de frontera.
En este sentido, el nuevo Estatuto define a la Gendarmería como una fuerza de seguridad federal militarizada, con competencia primaria en la Zona de Seguridad de Fronteras, pero también con capacidad de intervención nacional en situaciones definidas por el Ministerio de Seguridad.
El decreto se alinea con la estrategia general del Gobierno de Javier Milei de avanzar en la reestructuración del Estado para reducir el déficit fiscal, eliminar estructuras duplicadas y optimizar la gestión de recursos públicos. En esa línea, la Gendarmería —una de las instituciones clave del aparato de seguridad— se convierte en un modelo piloto de reforma organizativa.
El artículo 6° del decreto establece que hasta tanto se reglamente el nuevo Estatuto, continuarán vigentes los regímenes de las normas derogadas, garantizando así una transición ordenada. La Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional deberá pronunciarse sobre la validez del decreto en los términos de la Ley 26.122.
