género

En Corrientes la participación de mujeres en puestos políticos no supera el 14%

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Así lo manifestó tras un estudio el Observatorio Económico y Social de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Cuenca del Plata. Aseguran que hay una brecha de género en la provincia de Corrientes.
En el marco del 72 aniversario de la sanción de la Ley de Voto Femenino en Argentina, el Observatorio Económico y Social de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Cuenca del Plata llevó a cabo un análisis respecto a la conducción política y la brecha de género en la provincia de Corrientes.
El 21 de agosto de 1946 se ponía fin a una lucha intergeneracional por el reconocimiento del derecho al sufragio que promediaba desde fines del siglo XIX, con varios intentos individuales y colectivos. Sin embargo, el camino inició años antes, el 26 de noviembre de 1911 Julieta Lanteri ejerció su derecho al sufragio, pero no pudo hacerlo extensivo a otras mujeres, pese a su lucha junto a Alicia Moreau de Justo. Luego, en 1919 el radical Rogelio Araya presentó una ley que finalmente fue vetada. En 1927, la Provincia de San Juan se convirtió en la primera circunscripción en ampliar el derecho del voto a las mujeres. Sin embargo, recién en 1946 el Senado de la Nación Argentina aprobó definitivamente el proyecto de ley sobre Derechos Políticos de la Mujer que establecía el sufragio femenino en todo el territorio de la nación.
La Ley N° 13010 fue promulgada el 23 de septiembre de 1947 durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón. No obstante, recién el 11 de noviembre de 1951 ocurrieron en Argentina las primeras elecciones mixtas y se estima que alrededor de 3.8 millones de mujeres emitieron su voto por primera vez.
Cuarenta y cinco años más tarde, en 1991, la Ley Nacional 24012 estableció una cuota para mujeres en candidaturas multinominales a cargos legislativos nacionales, equivalente al 30%. Dicha acción fue implementada inicialmente en las elecciones de 1993.
En Corrientes en 1992 fue sancionada una ley similar −la 4673−, destinada a cubrir los cargos legislativos provinciales. No obstante, esta norma entró en vigencia once años más tarde, una vez obtenida su reglamentación por Decreto del Ejecutivo Provincial N° 1.332. Si bien la Ley 24012 –de cumplimiento obligatorio, y conocida como ‘la del cupo femenino’− transformó paradigmas tradicionales, la participación femenina en cargos legislativos sigue siendo minoritaria.
En el Congreso Nacional, el 42% de los senadores son mujeres y, en la Cámara Baja, el género femenino presenta una participación aún menor al 40%. Corrientes, a nivel nacional, está representada por una senadora y dos senadores; de los siete diputados provinciales, solo tres son mujeres. A nivel provincial, la Cámara Alta es la que registra la mayor participación femenina con un 40%, en tanto que en Diputados la participación femenina alcanza apenas el 30% exigido por ley.
Este análisis −efectuado por el Observatorio Económico y Social de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Cuenca del Plata, y a partir de datos de la Junta Electoral Provincial− destaca que, en la actualidad, en la provincia de Corrientes, las mujeres constituyen el 52% de los votantes habilitados según el Padrón Electoral Provincial (Padrón Electoral Provincial, 2016) y el 41% de las afiliadas a partidos políticos (Cámara Nacional Electoral, 2012). Pese a ello, su participación en el gobierno provincial y municipal se encuentra rezagada respecto del sexo masculino. Entre 1983 y 2018, el porcentaje de mujeres −sobre el total de puestos políticos de decisión en los tres poderes del Estado− se ha mantenido entre el 8 y el 14%.
En los gobiernos municipales de la provincia −de los 72 municipios actualmente existentes− el 32,8% tienen al menos una mujer en las mayores jerarquías de los gobiernos locales. Solo doce municipios se encuentran conducidos por mujeres en el cargo de intendentes; catorce mujeres se desempeñan como viceintendentes y solo el 2.7% de los municipios −Pedro R. Fernández y San Cosme−, presentan una conducción integrada completamente por mujeres.
Respecto de los concejos municipales, la participación de las mujeres supera el 40% con 155 concejales, sobre un total de 377. Sin embargo, ésta no resulta homogénea en todos los municipios de la provincia, ya que la composición al interior de cada concejo varía, con un promedio de intervención del 42%.
En 56 comunas provinciales, las mujeres conforman más del 30% de los concejos municipales. En otras 16, presentan una participación inferior al 30%. No obstante, existen localidades tales como: Cruz de los Milagros, Juan Pujol, Lavalle, Loreto, Pedro R. Fernández, San Antonio, San Lorenzo, Tres de Abril y Yataytí Calle, en las que la presencia del género femenino es nula.

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Se sancionó la Ley Brisa, una reparación económica para hijos de víctimas de femicidios

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En una nueva sesión de la Cámara de Diputados , que dejó la sanción del proyecto de ley Justina -una iniciativa que convierte a todo mayor de 18 años en donante-, también se sancionó la ley Brisa, una reparación económica a hijos de víctimas de femicidios.
Luego de conseguir 203 votos afirmativos, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó hoy por unanimidad la “ley Brisa”, por la cual se crea el régimen de reparación económica para hijos e hijas de víctimas de violencia de género.
La diputada Alejandra Martínez (UCR) fue la encargada de explicar los alcances del proyecto. “El femicidio pone en evidencia la violencia de género más estructural que ocurre en nuestro país. Además de las víctimas directas, están las víctimas colaterales. Es el momento en que más necesitan del Estado”, dijo.
“Ponemos el nombre de un caso emblemático, el de Brisa, pero es una situación que se repite de a cientos en el país. Es una ley impulsada por familiares y por el gran empuje que le dio ‘La Casa del Encuentro’”, narró Martínez, titular de la comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.
Brisa tiene 5 años y su padre está condenado por haber matado a su madre en 2014. Vive en la localidad bonaerense de Moreno con sus hermanos mellizos, sus tres primos y sus tíos. Su dolorosa historia fue tomada por la asociación civil La Casa el Encuentro para reclamar e impulsar la ley aprobada hoy.
“Estamos aquí con esta posibilidad de dar respuesta, con una reparación económica fundamental ante el desamparo de la víctima. Hemos decidido dar una lucha contra la violencia de género y hacernos cargo como estado de lo que esa violencia genera”, dijo la diputada Martínez.
En tanto, Cristina Álvarez Rodríguez (FPV-PJ) recordó que “no hay ámbito privado en la violencia de género. No siempre la justicia actúa como tiene que actuar en estos casos”.
“Hoy es un día muy especial, porque estamos legislando para una niña que tuvo una tragedia enorme, pero que refleja a todos los que están en ese mismo lugar. En la prevención no podemos esperar más, porque el Estado llega tarde con esta pensión”, alegó la diputada.
Desde el bloque Justicialista, María Carolina Moisés sostuvo que se trata de un “una reparación de parte del Estado, que no llega a prevenir estas situaciones. Esto no es un beneficio social, son políticas que parten del dolor de la gente”.
“Tenemos que fortalecer el rol del Estado y que sea más presente en beneficio de los más vulnerables”, añadió.
Igualmente, la diputada Cecilia Moreau, del Frente Renovador, evidenció que esta “ley no resuelve el problema de fondo, tiene cosas que se podrían haber mejorado”.
“Cuando un niño pierde a su mamá de manos de un femicida, no hay retorno, y no hay reparación económica que alcance. Por eso esta ley viene a poner el foco en las víctimas colaterales de los femicidios. Y tiene que ser parte de un plan de lucha sistemática contra la violencia de género”, resumió Moreau.
El proyecto propone que se cree un régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes cuando cualquiera de sus progenitores haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio contra su otro su progenitora.
Según la iniciativa, para hacer efectiva la reparación económica, las personas que administren la prestación deben acreditar ante la autoridad de aplicación tener a su cargo a la niña, niño o adolescente. En el supuesto de personas con discapacidad sin límite de edad, deberán presentar el certificado único de discapacidad emitido por autoridad competente.
La reparación económica establecida en la presente ley debe ser abonada por el Estado Nacional mensualmente, por un valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo y se la considera de atención integral compatible con las asignaciones familiares.
Además, dispone la cobertura integral de salud la cual debe cubrir todas las necesidades de atención de su salud física y psíquica, garantizar en forma prioritaria la atención integral y cumplir un seguimiento y control por parte del Ejecutivo

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Misiones tendrá promotoras de género

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Serán mujeres que se dedicarán a planificar y promover estrategias para fomentar la igualdad de género, y a prevenir la violencia doméstica. La figura legal fue creada por la Cámara de Representantes en su sesión semanal, para dar respuesta a la problemática, estimulando intervenciones concretas que promuevan los derechos de las mujeres.
La ley aprobada busca promover la participación de promotoras de género en actividades municipales, provinciales, nacionales e internacionales relacionadas con la temática; fomentar la inclusión de las características culturales de las poblaciones; promover el pleno ejercicio y respeto de los derechos humanos; y fomentar la educación respecto de la diversidad de género.
Las promotoras de género tendrán las funciones de actuar como nexo entre la comunidad y los actores del ámbito público; desarrollar actividades de promoción, prevención y protección; y brindar información de organismos que intervienen en los casos de violencia, así como también de los derechos correspondientes, y sobre los mecanismos de denuncia y judicialización.
Además, generar espacios de participación comunitaria a través de cursos, charlas, talleres y actividades barriales de sensibilización y capacitación; orientándose a desarmar prejuicios y estereotipos para la detección temprana de casos y su posterior acompañamiento; llevar un registro de los casos de violencia; y acompañar a las víctimas durante el proceso judicial.
La diputada mandato cumplido Myriam Duarte, impulsora de la iniciativa, consideró que “las promotoras de género, al ser integrantes de la comunidad, son consideradas ‘iguales’ y su sola presencia promueve el empoderamiento de las mujeres, y propicia cambios subjetivos de modo tal que se vuelvan actores sociales que se sientan y asuman como sujetas de derechos”.
La legisladora aclaró que “las promotoras no quedan atrapadas en la lógica asistencial, modalidad naturalizada como práctica dominante; por lo tanto generadora de dependencia”, sino que “ellas apoyan y acompañan el empoderamiento y así promueven la participación”.
Lactancia materna
Los diputados provinciales también aprobaron una ley que garantiza la lactancia materna en espacios públicos, como un “acto natural, nutricional e inmunológico indispensable para el desarrollo del niño o niña”. De esta manera, se reconoce a todas las madres el libre ejercicio del derecho de amamantar en todo espacio público; y se considera que todo impedimento u ofensa a tal acción es un acto discriminatorio contrario al orden público.
El diputado mandato cumplicado Roberto Chas Roubineau, autor del proyecto que dio origen a la ley, recordó, en sus fundamentos, que “no existe ninguna ley ni ordenanza que prohíba amamantar en público” y que “ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.
“Una madre tiene derecho a amamantar libremente a su niña/o en cualquier espacio público en que se encuentre y cuantas veces lo requiera”, enfatizó.
Gestión del riesgo y la protección civil
La Cámara de Representantes aprobó la adhesión a la ley que crea el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil. Se trata de una medida impulsada por los diputados Alba Nilsson y Carlos Rovira, a través de sendos proyectos.
Nilsson explicó que la gestión integral de riesgo es un “proceso fundamental para el desarrollo sostenible, que permite “compatibilizar el ecosistema y la sociedad que lo ocupa a fin de lograr un mejor nivel de seguridad para los habitantes”.
Rovira, en tanto, resaltó la importancia de la adhesión a la normativa nacional, ya que implicaría que se activen “los mecanismos para estudiar los fenómenos y delinear de manera consensuada la elaboración de políticas de prevención, anticipación y salvataje ante las situaciones de desastre y catástrofe”.
Manifestó que el objetivo es que “la Nación sea responsable de la gestión de riesgo, integrando e invitando a las distintas jurisdicciones locales”; aclaró que se pretende que “se trabaje en forma participativa con todos”, y que se generen políticas y decisiones concretas.

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Legisladoras impulsan la paridad política equitativa entre géneros

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En la Cámara de Representantes de Misiones, referentes políticas disertaron sobre la temática, frente a un auditorio repleto de dirigentes barriales, promotoras sociales y militantes. También manifestaron el acuerdo de las fuerzas políticas que representan para convertir la iniciativa en ley provincial.
La paridad política implicaría una reforma electoral que permita la incorporación de hombres y mujeres en un 50% en las listas partidarias, de manera secuencial y alternada.
Las disertaciones estuvieron a cargo de la iniciadora del proyecto “Paridad política equitativa entre géneros”, y diputada del bloque Unidos por una Nueva Alternativa (UNA), Silvia Rojas; la legisladora del Frente Renovador de la Concordia, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que estudia la propuesta, Silvana Giménez; y la diputada mandato cumplido del partido Vanguardia Radical, María Ángeles Losada.
Además, cerraron el encuentro la senadora mandato cumplido, actual presidente del Observatorio de Políticas de Género de la provincia de Buenos Aires, Micaela Ferraro Medina; y la concejal de Tigre, Malena Galmarini.
Rojas explicó que la mujer “fue históricamente eje de la política” y que “solamente se puede garantizar el acceso a los lugares de decisión a través de la ley de paridad”, con la cual “se busca reivindicar una lucha genuina, una deuda democrática a favor no sólo de las mujeres sino de los hombres, y de la sociedad toda”.
La diputada agradeció al conductor de la Renovación, Carlos Rovira, por la importancia otorgada al tratamiento de este proyecto. “Sin la ayuda del bloque mayoritario no lo podríamos lograr”, admitió.
A su turno, Giménez destacó el primer proyecto de paridad presentado en el año 2000 por Ramona Pietro de Zamora, en la Legislatura misionera. Entre los antecedentes además resaltó el trabajo de legisladoras y funcionarias. “Esto marcó un camino”, reflexionó.
La legisladora manifestó la “voluntad política” del Bloque Renovador de la Concordia Social “de avanzar en la mejor ley de paridad para las mujeres misioneras”. Indicó que “como bloque mayoritario vamos a votar la paridad política porque es también nuestra voluntad”.
“En nuestro espacio político las mujeres siempre han tenido protagonismo y han ocupado lugares de decisión; esto lo podemos ver en la integración de las listas, tuvimos vicegobernadora, senadoras, diputadas nacionales, y el máximo órgano del Poder Judicial está integrado en su mayoría por mujeres”, reseñó.
Consideró que “ésta es una cuestión interna del partido, pero que no se ve traducida en otros espacios políticos”.
“Por eso es necesaria una ley de participación equitativa para consolidar la participación de las mujeres en la vida política”, expuso.
Por su parte, la diputada mandato cumplido María Losada, refiriéndose a los proyectos de paridad política en estudio, expresó que “la diputada Giménez va a tener el orgullo de verlo parir; yo lo vi gestarse, porque era presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales cuando llegaron a esa Comisión los proyectos que tenían la vocación de ampliar nuestra representatividad”.
“La lucha de la mujer empezó hace mucho tiempo, y nosotras somos parte de un proceso que ojalá no termine acá, porque hay muchas cosas que van a deshilvanarse con esta puntada. Queremos seguir participando pero queremos ser, porque de eso se trata, de poder lograr ser”, reflexionó.
Refiriéndose a la Legislatura, Losada manifestó que, “las mujeres de la política han conquistado este lugar, esta Casa. El desafío y compromiso es que esta conquista se traslade a otros lugares, como las cooperativas y sindicatos”.
Más adelante, Ferraro Medina felicitó el trabajo, la organización y las alianzas estratégicas de las misioneras y contó la experiencia que transitó, en provincia de Buenos Aires, cuando en 2016 lograron aprobar una ley para garantizar la paridad política de mujeres y varones.
Por último, Galmarini agradeció “al presidente de esta Cámara, al compañero Rovira, por darnos el espacio, acompañar esta lucha y por tomar la decisión política de acompañar este proyecto”.
“Mientras seamos solo las mujeres las que peleamos por los derechos de las mujeres, vamos a seguir dando pasos, pero necesitaríamos otros 200 años”, puntualizó.
“Es necesario que tengamos leyes que amparen a las mujeres, pero esto no es suficiente, hay que cambiar la cultura”, consideró

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Partido Obrero: Por más luchas contra la violencia en todo Misiones

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A través de un comunicado el Partido Obrero se suma a la lucha contra el acoso y la violencia, organización y solidaridad. A continuación lo reproducimos:
En las semanas pasadas tuvieron lugar hechos trascendentes por sus motivaciones y por tratarse de iniciativas que canalizaron la bronca y hartazgo de los vecinos frente a la barbarie de la violencia que padecemos las mujeres a diario. Nos referimos a las movilizaciones populares surgidas contra el acoso sexual y las violaciones en Puerto Rico y Candelaria.
La localidad de Puerto Rico fue escenario de una convocatoria en el microcentro de la ciudad, impulsada por mujeres afectadas que se reunieron y se organizaron para exigir medidas contra el acoso callejero. La bronca ganó el ánimo del grupo frente al hecho que al intento de denunciar la situación que estaban sufriendo, en la Comisaría de la Mujer les desalentaron de hacer la denuncia. Si bien el acoso callejero no está tipificado como delito, las mujeres dejaron en claro que los agresores estaban identificados, pues se trataba de un accionar deliberado y sistemático que superaba el cruce efímero con el acosador.
En declaraciones a los medios que se hicieron eco de la movilización, una de las organizadoras manifestó: “Del acoso al abuso hay un paso muy cortito y del abuso a la muerte hay otro paso cortito. Puerto Rico tiene chicas muertas después de haber sido violadas y no queremos que siga pasando. Tenemos violadores sueltos y acosadores sueltos”, dando cuenta de lo terrible de la situación. Ante la firme decisión de organizarse recibieron con sorpresa la “invitación” por parte de los concejales locales para mantener una reunión a la que concurrieron, con cierta expectativa. Pero los ediles se limitaron a excusarse planteando que nada pueden hacer al respecto.
En el municipio de Candelaria, por su parte, la conmoción ganó el ánimo de los vecinos frente a dos terribles hechos de violaciones. La respuesta no se hizo esperar, se movilizaron en dos oportunidades para exigir respuestas al intendente y al concejo deliberante. La segunda movilización, de alrededor de 300 personas, arrancó una sesión especial del concejo deliberante con la participación de los manifestantes.
De las intervenciones de los vecinos en dicha sesión surge a las claras la responsabilidad del estado municipal de las condiciones que dan lugar a los crímenes contra mujeres y niños: cuestiones elementales como falta de iluminación, terrenos baldíos con enorme cantidad de maleza y pastizales altos, los colectivos que no entran a los barrios obligando a los usuarios a trasladarse por grandes distancias hasta la avenida céntrica donde pueden tomarlos para ir a sus trabajos, la policía garante del accionar de los puntos de ventas de drogas, entre otras situaciones.
En su conjunto el panorama da cuenta de que no se puede hablar de un estado ausente, sino todo lo contrario, un estado que garantiza la impunidad de narcos, asesinos y violadores. El antecedente inmediato de éstas movilizaciones lo encontramos en las grandes marchas que tuvieron lugar a principios de marzo en el barrio Palomar de la ciudad de Posadas. Un Barrio castigado por hechos terribles que van desde el femicidio, aún impune, de Lucía Maidana, violaciones a estudiantes que transitaban por el lugar hasta la trata de menores en bares de las inmediaciones.
Estamos en presencia de levantamientos populares contra la impunidad y la violencia hacia las mujeres. Las denuncias en todas las oportunidades son muy concretas y exponen las responsabilidades estatales que repercuten en la vida diaria de la población. A la vez se desnudan las contradicciones de las respuestas que puede dar el Estado a estas problemáticas que son la muestra descarnada del sistema social en el que estamos inmersos, que forja las formas de pensar de las masas en la xenofobia, la discriminación y la misoginia, así como el desprecio hacia quienes luchan y se organizan ante las injusticias del capitalismo.
El reforzamiento del aparato represivo y el punitivismo (más polícias, cárcel etc) no corta con la violencia, sino que la agrava. Justamente lo que podría funcionar como paliativo como la educación sexual y la asistencia a las víctimas, no son prioridad para el gobierno, que no afloja ni con el ajuste, ni con los despidos ni con el desguace de la salud y la educación que agudizan la vulnerabilidad de la población en general.
Vamos por más movilizaciones conscientes contra la violencia y la impunidad, que llamen a toda la población a organizarse de manera independiente del gobierno y sus agentes políticos, por todas las demandas urgentes y por una salida política propia que abra el camino a la emancipación de las mujeres y de toda la clase obrera.

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