Glifosato: prohibir o regular, ese es el verdadero debate
El glifosato mata. Los antibióticos, la aspirina y hasta la sal también pueden provocar daños graves e incluso la muerte cuando se utilizan o consumen de manera inadecuada o en cantidades excesivas.
La frase puede resultar provocadora, pero sirve para abrir un debate que Misiones necesita dar: ¿debemos discutir la prohibición absoluta del glifosato o debemos discutir cómo, dónde, cuánto y bajo qué condiciones se utilizan los productos fitosanitarios?.
Después de tres años de sancionada la Ley VIII N.º 103 de Promoción de la Producción de Bioinsumos, que establece en su artículo 7 la prohibición del uso del glifosato, considero que tenemos una oportunidad para debatir seriamente sobre esta política y, fundamentalmente, para sacarnos las caretas.
No se trata de defender a ultranza un producto ni de demonizarlo. Se trata de construir una posición consensuada entre el Estado, los profesionales, los productores, los trabajadores y la sociedad.
Es cierto que existen evidencias científicas sobre los riesgos asociados a determinados productos fitosanitarios y que se han detectado residuos de estas sustancias en personas, cursos de agua y alimentos. También es cierto que una utilización incorrecta puede generar consecuencias reales sobre la salud de los aplicadores, terceros y el ambiente.
Pero si realmente queremos abordar el problema, debemos analizar los distintos contextos productivos.
En Misiones, por ejemplo, existe una problemática histórica vinculada al uso de fitosanitarios en determinadas actividades, particularmente en el sector tabacalero, donde las condiciones de aplicación y exposición merecen especial atención.
El sector forestal presenta una realidad diferente. La provincia cuenta con aproximadamente 400.000 hectáreas de bosques cultivados, y una parte importante de esa superficie se encuentra bajo sistemas de certificación forestal, entre ellos PEFC/CERFOAR y FSC.
En este sector, la utilización de productos fitosanitarios se concentra principalmente durante los primeros tres o cuatro años desde la preparación del terreno para la plantación, dentro de ciclos de rotación que pueden extenderse aproximadamente entre 13 y 15 años. Es decir, que durante gran parte del crecimiento de los árboles no se realizan aplicaciones.
Esto no significa que el sector forestal esté exento de impactos ambientales ni que la certificación sea una garantía absoluta. Significa que existen protocolos, controles y criterios de manejo que permiten reducir y ordenar el uso de estos productos.
Además, el sector forestal es actualmente la actividad productiva de Misiones que ocupa la mayor superficie cultivada, por encima de la yerba mate. Por eso, cualquier decisión sobre el uso de fitosanitarios en nuestra provincia debe contemplar necesariamente su impacto sobre esta actividad, sobre el empleo y sobre la competitividad de las empresas y productores.
El glifosato, como muchos otros productos utilizados en la producción agropecuaria y forestal, es una herramienta. Utilizado correctamente puede contribuir a reducir determinados costos y facilitar labores productivas; utilizado incorrectamente puede generar impactos sobre los aplicadores, terceros y el ambiente.
Por eso, no se trata de hacer apología de su utilización. Tampoco de convertirlo en el responsable de todos los problemas ambientales. Se trata de reconocer que estamos frente a una herramienta tecnológica que debe estar sometida a reglas claras, capacitación, controles y responsabilidad.
También debemos discutir el origen y la historia de esta tecnología. El desarrollo de los herbicidas modernos estuvo fuertemente vinculado al crecimiento de grandes empresas multinacionales y a un modelo de producción agrícola que generó enormes transformaciones económicas y tecnológicas, pero que también recibió fuertes cuestionamientos por sus impactos ambientales, por la concentración empresarial y por sus efectos sobre la soberanía alimentaria y la diversidad genética de las semillas.
No debemos ignorar esa discusión. Pero tampoco debemos permitir que nos impida analizar con racionalidad la realidad concreta de Misiones.
Nuestra condición de provincia de frontera agrega otro elemento que no puede ser ignorado.
Cuando se prohíbe un producto que continúa siendo utilizado legalmente en países vecinos y existe una demanda productiva para utilizarlo, también debemos preguntarnos qué ocurre cuando la prohibición no está acompañada de controles efectivos.
El riesgo es que aparezca un mercado ilegal, sin trazabilidad, sin capacitación, sin control sobre las dosis, sin fiscalización sobre las aplicaciones y, especialmente, sin una correcta gestión de los envases vacíos.
Una política de prohibición que no pueda ser controlada puede terminar generando exactamente el efecto contrario al buscado: mayores riesgos ambientales y sanitarios.
Por eso, antes de tomar decisiones definitivas, necesitamos estudios serios e integrales. ¿Sabemos cuánto empleo podría verse afectado? ¿Cuánto aumentarían los costos de producción? ¿Qué impacto tendría sobre la competitividad de nuestras empresas y productores frente a Brasil, Paraguay y otros mercados? ¿Qué alternativas técnicas existen para cada cultivo? ¿Cuál sería el costo de reemplazar determinadas prácticas? ¿Y qué beneficios ambientales concretos obtendríamos?
Hasta el momento, el debate económico necesita mayor evidencia.
Muchos actores del sector productivo advierten que una prohibición absoluta podría generar aumentos significativos de los costos de producción y afectar la competitividad. Puede que algunas de estas advertencias sean exageradas y puede que otras sean reales.
La única manera responsable de saberlo es estudiarlo.
Prohibir o regular: ese es el verdadero debate.
Creo que debemos abandonar las posiciones extremas.
Misiones ya cuenta con un marco normativo que puede ser una herramienta fundamental para avanzar en este sentido: la Ley XVI N.º 144 de Productos Fitosanitarios y Domisanitarios, que establece mecanismos vinculados con la utilización responsable de estos productos, incluyendo la obligatoriedad de la receta y la intervención de profesionales, junto con la responsabilidad técnica.
El problema, entonces, no es solamente qué dice la ley, sino cómo hacemos para que la ley se cumpla efectivamente en todo el territorio provincial.
Para eso hacen falta recursos. Recursos humanos, técnicos, tecnológicos y económicos que permitan fiscalizar, capacitar, registrar aplicaciones, controlar la comercialización y verificar el cumplimiento de las recetas profesionales.
También es necesario fortalecer los organismos responsables del control y generar mecanismos de trazabilidad que permitan saber qué producto se utiliza, dónde, cuánto, quién lo prescribe y quién lo aplica.
Una política de regulación sin recursos para fiscalizar corre el riesgo de convertirse simplemente en una norma escrita.
Por eso, si realmente queremos proteger la salud y el ambiente, debemos fortalecer la aplicación de la Ley XVI N.º 144 y utilizar todas las herramientas disponibles antes de avanzar hacia prohibiciones que pueden resultar difíciles de controlar. Necesitamos una política provincial que involucre a profesionales especializados, productores, trabajadores, organismos técnicos y un verdadero organismo de contralor.
Una política que establezca:
- receta agronómica obligatoria y efectiva;
- intervención y responsabilidad de profesionales habilitados;
- capacitación obligatoria para los aplicadores;
- registro y trazabilidad de las aplicaciones;
- protocolos claros de aplicación;
- distancias y condiciones de seguridad;
- correcta gestión de envases vacíos;
- monitoreo de suelo y agua;
- protección de las personas expuestas;
- fortalecimiento presupuestario de los organismos de fiscalización;
- controles efectivos en todo el territorio, especialmente en zonas rurales y de frontera;
- y multas severas y ejemplares para quienes incumplan y provoquen daños a las personas
o al ambiente.
Pero esta política no debería terminar ahí.
Promover alternativas, no solamente prohibir
La propia Ley VIII N.º 103 de Promoción de la Producción de Bioinsumos nos brinda una herramienta para avanzar en esa dirección. La norma no solamente establece un marco regulatorio para los bioinsumos, sino que plantea entre sus objetivos promover su desarrollo tecnológico, impulsar su utilización, mejorar la fertilidad del suelo, fortalecer el control biológico de plagas y enfermedades y fomentar técnicas vinculadas con sistemas de producción orgánica.
Por eso, en lugar de pensar únicamente en términos de prohibición, deberíamos poner en valor esa herramienta y darle los recursos necesarios para que pueda cumplir con sus objetivos.
Misiones puede avanzar hacia una producción con menor dependencia de productos sintéticos, pero esa transición debe estar acompañada por investigación, desarrollo tecnológico, capacitación, asistencia técnica, financiamiento e incentivos económicos para productores y empresas que adopten alternativas.
La producción de bioinsumos también puede convertirse en una oportunidad para generar conocimiento, empleo y agregado de valor dentro de nuestra propia provincia. Pero esa oportunidad debe construirse mirando hacia adelante y aprendiendo de las experiencias anteriores.
No podemos reemplazar un modelo de dependencia por otro.
Si vamos a promover los bioinsumos, debemos hacerlo generando las condiciones para que puedan surgir múltiples empresas, emprendimientos y desarrollos tecnológicos, con reglas claras, competencia y transparencia, independientemente de su origen o vinculación con el Estado.
El objetivo debe ser crear un verdadero mercado de bioinsumos, donde diferentes actores puedan investigar, producir, comercializar y competir en igualdad de condiciones. El Estado debe tener un rol fundamental, pero como promotor, regulador, fiscalizador y generador de conocimiento.
La producción orgánica requiere un esfuerzo adicional. Requiere más manejo, conocimiento, planificación y, muchas veces, mayores costos.
Si como sociedad queremos que ese modelo crezca, no alcanza con prohibir el producto opuesto: hay que incentivar la alternativa.
Podemos pensar en reducciones impositivas significativas para quienes produzcan bajo sistemas certificados, programas de asistencia técnica, financiamiento diferencial, promoción comercial y, fundamentalmente, políticas que ayuden a encontrar mercados dispuestos a pagar por productos diferenciados.
La transición hacia sistemas productivos más sustentables no debería construirse desde la prohibición, sino desde la promoción y la generación de alternativas viables.
En definitiva, no se trata de elegir entre glifosato u orgánico.
Se trata de construir una política productiva que permita reducir progresivamente la dependencia de los productos sintéticos, promover alternativas biológicas y orgánicas y, al mismo tiempo, garantizar que mientras determinadas herramientas continúen siendo necesarias, su utilización se realice bajo las condiciones más estrictas de seguridad, profesionalización y control.
Misiones no necesita una discusión basada en consignas.
Necesita ciencia, profesionales, productores, controles, incentivos y datos. Y, sobre todo, necesita una política que proteja la salud y el ambiente sin destruir la producción, el empleo y la competitividad de quienes trabajan y producen en nuestra
provincia. Ese debería ser el verdadero debate.