GNL Argentina

RIGI: aprueban una inversión de USD 1.300 millones para construir un gasoducto exclusivo para exportar GNL desde Vaca Muerta

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El Ministerio de Economía aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto “Gasoducto dedicado para la Exportación de Gas Natural”, que demandará una inversión de USD 1.300 millones y permitirá transportar hasta 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural desde Tratayén, en Neuquén, hasta el Golfo San Matías, en Río Negro, donde se desarrollan los proyectos de licuefacción destinados a exportar Gas Natural Licuado (GNL).

La Resolución 873/2026 formaliza el ingreso de San Matías Pipeline SA (SMP SA) como Vehículo de Proyecto Único (VPU) dentro del RIGI, luego de que la compañía adecuara su estructura societaria exclusivamente para desarrollar esta obra de infraestructura, tal como exige la Ley 27.742.

El proyecto constituye una pieza estratégica para resolver uno de los principales cuellos de botella de Vaca Muerta: la capacidad de evacuación del gas destinado a los mercados internacionales. El nuevo ducto tendrá 480 kilómetros de extensión, 36 pulgadas de diámetro y será complementado por una nueva planta compresora de 60.000 HP, además de la repotenciación de la estación existente en San Antonio Oeste.

Más allá de la magnitud de la inversión, el dato de mayor relevancia económica es que se trata de un gasoducto concebido exclusivamente para abastecer las futuras terminales de GNL. Esto implica que la infraestructura no apunta al mercado interno sino a incrementar la capacidad exportadora del país, uno de los principales objetivos que persigue el RIGI para sectores considerados estratégicos.

La empresa comprometió inversiones por USD 454 millones durante el primer año y USD 501 millones en el segundo, superando ampliamente los umbrales mínimos exigidos por el régimen. El cronograma presentado prevé el inicio de las obras el 30 de junio de 2026 y el comienzo de operaciones en mayo de 2028.

Otro aspecto con impacto sobre la cadena productiva es el compromiso asumido por SMP SA de destinar al menos el 20% del monto total de inversión a proveedores locales, tanto durante la construcción como en la etapa operativa. Para las empresas argentinas de ingeniería, obras civiles, metalmecánica, logística, servicios petroleros y equipamiento industrial, esta cláusula representa una oportunidad concreta de participación en una obra de escala internacional.

La resolución también habilita a la compañía a importar bienes de capital y equipamiento bajo los beneficios aduaneros previstos por el RIGI, mientras que el Banco Central deberá aplicar los incentivos cambiarios correspondientes. No obstante, la empresa informó expresamente que no solicitó el beneficio de libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones, uno de los incentivos opcionales contemplados por el régimen.

Durante la evaluación, la Secretaría de Energía concluyó que el proyecto cumple con todos los requisitos técnicos, financieros y regulatorios establecidos por la Ley 27.742. En paralelo, el Banco Central determinó que la demanda de divisas asociada a la inversión no compromete la sostenibilidad del sector externo ni las reservas internacionales, uno de los análisis clave para este tipo de emprendimientos.

Desde la perspectiva productiva, la aprobación consolida un cambio de escala para la infraestructura energética argentina. El desarrollo de plantas de GNL requiere no sólo mayores niveles de producción en Vaca Muerta, sino también sistemas de transporte dedicados que garanticen abastecimiento continuo y previsible hacia la costa atlántica.

Para el entramado industrial, el proyecto abre un nuevo ciclo de demanda en bienes y servicios especializados, mientras que para las provincias productoras fortalece la integración entre la explotación no convencional y la infraestructura logística necesaria para convertir el gas argentino en un producto exportable de largo plazo.

Claves del proyecto inversión total: USD 1.300 millones. Capacidad de transporte: 27 millones de m³ diarios. Extensión: 480 kilómetros. Diámetro: 36 pulgadas. Inicio de obras: 30 de junio de 2026. Puesta en operación prevista: mayo de 2028. Participación mínima de proveedores locales: 20% de la inversión. Destino del gas: abastecimiento exclusivo de plantas de GNL para exportación.

La evolución de esta obra será uno de los indicadores más relevantes para medir la capacidad del RIGI de transformar anuncios de inversión en infraestructura efectiva. También permitirá evaluar el grado de integración de proveedores nacionales en proyectos de gran escala y la velocidad con la que Argentina logra convertir el potencial de Vaca Muerta en mayores exportaciones de energía y generación de divisas.

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El Estado retoma la importación de GNL en medio de la suba global de precios

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El esquema de abastecimiento de gas para el invierno 2026 dio un giro en las últimas horas: el Gobierno nacional resolvió que el Estado, a través de Enarsa, vuelva a asumir la importación de Gas Natural Licuado (GNL), luego de que la licitación privada quedara en un virtual empate técnico. La decisión —aún sin confirmación formal pero validada por fuentes del sector— reconfigura una política que el propio oficialismo buscaba desarmar. En un contexto de precios internacionales en alza y tensión geopolítica, la pregunta es inevitable: ¿se trata de una marcha atrás táctica o de un límite estructural a la desregulación energética?

Una licitación sin definición y un regreso forzado del Estado

El proceso había comenzado en febrero con un objetivo explícito: transferir al sector privado toda la operación, desde la compra del GNL hasta la logística y la asunción del riesgo comercial. Dos empresas llegaron a la instancia final. La diferencia entre ambas ofertas fue mínima, inferior al 1%: USD 4,50 por millón de BTU frente a USD 4,57.

Ese margen activó mecanismos de desempate y dilató una definición que, en términos operativos, tenía plazos críticos. Históricamente, la contratación de buques se resuelve en los primeros meses del año. Sin embargo, la licitación se extendió hasta la semana pasada, en paralelo a un cambio abrupto en el escenario internacional.

El precio spot del GNL trepó hasta USD 22 por millón de BTU, más del doble del nivel observado en febrero, en un contexto atravesado por el conflicto en Medio Oriente. Esa volatilidad alteró los supuestos iniciales del proceso y dejó a la Secretaría de Energía frente a una decisión incómoda: adjudicar en condiciones inciertas o retomar el control.

La segunda opción fue la que terminó prevaleciendo. Enarsa, con casi dos décadas de experiencia en estas operaciones, ya inició gestiones para asegurar la llegada de los primeros buques en mayo.

Restricciones estructurales y dependencia estacional

Más allá del cambio de esquema, el dato de fondo no se modifica: Argentina seguirá necesitando importar entre 20 y 24 cargamentos de GNL durante el invierno. El problema no es la disponibilidad de recursos, sino la infraestructura.

La demanda residencial se dispara con las bajas temperaturas y el sistema de transporte no logra trasladar todo el gas desde las cuencas productoras hacia los centros de consumo. En ese vacío operativo, el GNL funciona como un mecanismo de respaldo para garantizar el abastecimiento, con un peso relevante también en la provisión a la industria.

Hasta el año pasado, el Estado compraba GNL a valores internacionales de entre USD 15 y USD 17 por millón de BTU y lo revendía en el mercado interno con subsidios que llevaban el precio a cerca de USD 2,7. El objetivo oficial era desarmar ese esquema. La coyuntura, sin embargo, forzó una reversión parcial.

Costos en alza y margen reducido

El nuevo escenario tiene una consecuencia directa: el costo de abastecimiento podría duplicarse. Estimaciones del sector ubican la factura del invierno 2026 en torno a USD 1.400 millones, frente a niveles significativamente menores el año anterior.

El aumento no responde a decisiones locales, sino a un contexto internacional más restrictivo. La suba de precios energéticos y la menor disponibilidad de buques encarecen la operación y reducen el margen de maniobra, tanto para el Estado como para eventuales operadores privados.

La propia licitación reflejó esa tensión. Las ofertas ajustadas, con diferencias marginales, expusieron un mercado que opera con alta incertidumbre y escaso espacio para absorber riesgos.

Un giro con implicancias políticas y regulatorias

La decisión de mantener la importación en manos del Estado introduce una señal ambigua en la estrategia energética del Gobierno. Por un lado, confirma la intención de avanzar hacia un esquema con mayor protagonismo privado. Por otro, evidencia que esa transición enfrenta límites cuando el contexto internacional se vuelve inestable.

El cambio también impacta en la relación con el sector energético. Las empresas que participaron del proceso quedaron frente a un escenario donde la definición no dependió exclusivamente de la competitividad de sus ofertas, sino de variables externas que reconfiguraron la ecuación.

Tiempos ajustados y un esquema en revisión

Con el invierno en puerta, la prioridad pasa por garantizar el abastecimiento. Enarsa ya se mueve para asegurar los primeros cargamentos, mientras la Secretaría de Energía revisa costos y condiciones del proceso.

El esquema que el Gobierno buscaba implementar —con contratos anuales y riesgo transferido al sector privado— queda, por ahora, postergado hacia 2027. La experiencia de este año funcionará como testeo de los límites reales de esa estrategia.

La política energética entra así en una zona de transición. Entre la necesidad de asegurar suministro y la intención de redefinir el rol del Estado, el equilibrio todavía no está cerrado.

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