El gobernador de Salta, Gustavo Saénz, ironizó sobre la falta de respuestas del Poder Ejecutivo en diálogo con las provincias y reveló que no hay entendimiento “en muchas cosas”, aunque destacó la tarea del ministro del Interior, Diego Santilli.
“Venimos conversando. Seguimos hablando. Todavía no hemos logrado entendernos en muchas cosas, pero Santilli le pone mucha voluntad”, destacó en declaraciones radiales.
Sin embargo, aclaró: “El poncho no aparece. No estamos pidiendo nada que no se hayan comprometido antes. Estamos pidiendo que lo que hemos firmado en junio, que no afectaba el equilibrio fiscal, se empiece a cumplir”,
Sus quejas llegan luego de haber visitado Casa Rosada el pasado viernes, en un encuentro con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a Santilli.
“Estamos esperando que el poncho aparezca”
Asimismo, reiteró: “Esas obras que son tan importantes para el crecimiento de la provincia, si no se hacen, no vamos a poder mostrar el potencial que tiene el norte. No son caprichosas, son para el turismo, para el crecimiento minero”.
“Lamentablemente la inaugurará mi tataranieto. Estamos esperando que el poncho aparezca y elegimos creer”, ironizó el salteño.
Por su parte, el mandatario provincial que unificó sus reclamos con sus pares del Norte Grande, manifestó su voluntad de acompañar “las reformas fundamentales” del Gobierno. “Todavía no tenemos en claro cuál va a ser. Hay trascendidos, el proyecto no está. No hay que tenerle miedo al cambio, hay que aggionarse a los nuevos tiempos”, afirmó.
“Tienen que estar en la mesa de diálogo todos los actores que crean que sus intereses estén afectados. Falta mucho por hablar y por resolver este tema”, concluyó el mandatario provincial.
Por Marcelo Capello y Martín Fiore, Fundación Mediterránea. Si hubiera que resumir en tres aspectos clave las necesidades del programa económico en el actual y próximos años, para su éxito a largo plazo, podrían plantearse los siguientes: Viabilidad fiscal: Equilibrio fiscal en Nación y Provincias; Viabilidad externa: Aumento sostenido de las exportaciones, financiamiento externo para afrontar los vencimientos de capital de la deuda y régimen cambiario de largo plazo; Reformas estructurales: para apalancar la competitividad local y la viabilidad fiscal a largo plazo
Por lo acontecido en los primeros dos años de la actual administración de gobierno, pero especialmente por las novedades pre y post electorales de octubre pasado, creció la probabilidad de que dichos aspectos clave puedan consolidarse o encauzarse en la segunda mitad del mandato. Al equilibrio fiscal en Nación y Provincias que existía desde el inicio de la actual administración, y a la evolución observada en los últimos años y esperada a futuro en las exportaciones de energía y minería, se agregó la asistencia financiera del Tesoro de EE. UU., la reducción del riesgo país y la posibilidad cada vez más cercana de volver a los mercados voluntarios de deuda, que aseguraría el cumplimiento de las obligaciones externas, como mínimo en 2026. Por otra parte, el resultado electoral del 26 de octubre y la conformación del nuevo Congreso, aumentaron la probabilidad que se aprueben las principales reformas estructurales, como son la laboral, la tributaria y la previsional, necesarias no sólo para incentivar inversiones y consolidar la evolución de los sectores con más posibilidades de expandirse a futuro, sino también para morigerar los inconvenientes en las ramas industriales que compiten con las importaciones en una economía más abierta y con tipo de cambio que no será alto, y en las regiones y áreas en que dicha industria se halla mayormente ubicada, como son los grandes aglomerados urbanos, especialmente el Gran Buenos Aires. Por supuesto, las reformas deben ser aprobadas en el Congreso de la Nación, y eso implica negociaciones con fuerzas de la oposición más permeables al diálogo, incluyendo legisladores que responden a gobernadores que no hace mucho tiempo atrás solían acompañar algunas iniciativas del gobierno. Claro que estas negociaciones suelen implicar compensaciones económicas para las jurisdicciones de los legisladores que aportan sus votos para las reformas, de modo que surge la necesidad de transitar un estrecho sendero en que se alcanzan los acuerdos necesarios sin perder el necesario equilibrio fiscal. Por un lado, se tiene la necesidad de una reforma tributaria que elimine o sustituya los impuestos más distorsivos que minan las posibilidades de crecimiento económico, como son los Derechos de Exportaciones (1% del PIB) y el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (1,6%), a nivel nacional; Ingresos Brutos (4%) y Sellos (0,4%), a nivel provincial; y la Tasa de Seguridad e Higiene (0,6%), a nivel municipal. En conjunto, representan 7,6% del PIB, un 2,6% del PIB los tributos nacionales, 4,4% los provinciales y 0,6% los municipales. Tras una reducción del gasto público consolidado de poco más 5 puntos del PIB en lo que va de la actual administración, no existe chance de que se pueda reducir en shock el gasto de los tres niveles de gobierno en otros 8 puntos del PIB, para dar lugar a la eliminación de los mencionados tributos. Más bien hay que pensar en un mix de reducción gradual del gasto junto a la sustitución de impuestos malos por menos malos, para que la reforma tributaria resulte viable.
Por otra parte, están los reclamos de los gobernadores por mayores fondos, que seguramente pondrán en estos días sobre la mesa de negociaciones con los funcionarios nacionales. Aquí pueden mencionarse, entre otros: – Los reclamos plasmados en proyectos de ley que se tratan o han tratado recientemente en el Congreso de la Nación (distribución de ATN, con un costo fiscal para la nación de 0,06% del PIB, y distribución del impuesto a los Combustibles, con un costo para Nación de 0,12% del PIB); – La vieja disputa por los fondos que ANSES debiera transferir a las Cajas de Jubilaciones de 13 jurisdicciones con sistemas propios, que podría implicar un costo anual de 0,2% del PIB (sin considerar deudas por períodos anteriores); – Los fondos de coparticipación que reclama CABA, con un costo fiscal anual de alrededor de 0,18% del PIB – Las transferencias nacionales para la ejecución de obras públicas en provincias, que sufrieron un recorte de cerca de 0,3% del PIB si se compara la situación actual contra el promedio observado en 2015-23. Se trata de reclamos provinciales por al menos 0,8% del PIB, que sumados a la pérdida de recursos fiscales para el gobierno nacional que podría significar una reforma tributaria, no resultarían compatibles con el objetivo de viabilidad fiscal, antes planteado como uno de los requerimientos centrales del programa. Probablemente la solución a este rompecabezas surja de priorizar los siguientes criterios: – Reconocer aquellos reclamos provinciales que más probablemente la Justicia termine convalidando, o ya lo ha hecho en el pasado (Cajas de Jubilaciones, coparticipación de CABA); – Transferir recursos a provincias por convenios para que se hagan cargo de la ejecución y/o mantenimiento de infraestructura nacional que de todos modos se deberá afrontar en el corto o largo plazo, dado su progresivo deterioro, y que no se concesione a privados; Dado que se parte de una situación inicial de equilibrio fiscal en Nación y Provincias, y que existe necesidad de otras reformas, como la tributaria, con su consecuente costo fiscal, los mayores recursos que reciban las provincias por sus cajas de jubilaciones o la coparticipación de CABA, debieran derivar en reducciones tributarias en esas provincias por montos equivalentes a los recursos extras recibidos. Claro que lo anterior requiere de un nuevo pacto entre Nación y Provincias, con objetivos fiscales y de competitividad de la economía. Dicho pacto anual debiera contener un elemento central que permita financiar en forma gradual las reformas pendientes, como es aprobar un tope al aumento anual del gasto público en ambos niveles de gobierno, por una cierta cantidad de años, para que no supere a la tasa de inflación. Con crecimiento económico, dicho tope a la suba del gasto liberaría recursos para la reforma tributaria y otros fines. Tal regla resulta vital desde 2026 para que, si el PIB crece, no aumente demasiado el gasto público, especialmente en provincias. Debe tenerse en cuenta que, en el primer semestre de 2025, el gasto provincial consolidado aumentó un 6% anual, en valores constantes, cuando se ha mantenido prácticamente igual a nivel nacional. Así, si se considera la situación acumulada en los dos últimos años (entre 2023 y 2025), el gasto nacional cayó un 30% real, contra 19% en el conjunto de provincias.
La experiencia histórica muestra que el gasto provincial generalmente se expande cuando lo hace la producción, y que los únicos años en que se ajusta el gasto en términos reales, son los recesivos, en que habitualmente una fuerte devaluación de la moneda local acelera la inflación y licua salarios y jubilaciones provinciales. En 6 de los 8 de los años en que se observó una caída del gasto provincial real entre 2006 y 2024, coincidió con una baja del PIB nacional. De otro modo, de los 10 años en que creció el PIB entre 2006 y 2024, sólo en una oportunidad (2010), el gasto provincial exhibió una caída real, aunque sólo del 0,17%.
Lo ocurrido con la política fiscal en Argentina va a contramano de lo que la teoría y el sentido común aconsejan: los ajustes del gasto ocurren en años recesivos, mientras en los expansivos el gasto aumenta. En lugar de apelar a reformas del estado bien planificadas, a ejecutar en años en que la producción crece, siempre los ajustes han ocurrido por licuación salarial y de jubilaciones en años recesivos e inflacionarios. Es decir, una política procíclica. Dada la secuencia histórica, si en los próximos años existe crecimiento económico en Argentina, como es muy probable que ocurra dadas las condiciones que se están gestando, resultaría sumamente necesario establecer un tope al aumento del gasto público en Nación y Provincias, para que no supere la tasa de inflación anual, y así liberar recursos para realizar las vitales reformas económicas. Tal tope permitiría llevar a cabo una reforma del estado planificada, con algunas erogaciones que bajan y otras que suben, pero sin que el aumento del gasto total supere a la inflación anual. Se trata de una regla fácil de explicar, que serviría a los ministros de economía para justificar restricciones al gasto en años donde los recursos aumentan, y que permitiría mantener en valores reales los salarios y jubilaciones. Por ejemplo, si el PIB creciera un 3% anual entre 2026 y 2031, con inflación decreciente, el gasto nacional podría pasar de 16,6% del PIB en 2025 a 13,9% en 2031, con una reducción adicional de 2,7 puntos del PIB. En el caso de las provincias, podrían pasar de un gasto de 16,5% del PIB en 2025 a 13,7% en 2031, con una reducción punta a punta de 2,8 puntos del PIB. Un recorte extra del gasto del orden de los 5,5 puntos del PIB en 6 años, cerca de 1 punto por año.
En suma, la posibilidad de avanzar en reformas estructurales y de encarar una modernización tributaria y productiva depende de un nuevo entendimiento entre Nación y Provincias que combine responsabilidad fiscal, reglas claras y visión de largo plazo. Establecer un tope al crecimiento real del gasto —para que no supere la inflación— aparece como la herramienta central para generar el espacio necesario sin comprometer la estabilidad lograda. Si el país retoma un sendero de crecimiento, esta regla permitirá financiar gradualmente los cambios pendientes, fortalecer la competitividad y aprovechar una coyuntura externa y política más favorable que en el pasado.
El Gobierno confirmó este miércoles que las sesiones extraordinarias del Congreso tendrán lugar desde el 10 de diciembre hasta el 31 de diciembre, período en que se tratarán el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria.
En la Cámara de Diputados, el oficialismo había conseguido este martes el dictamen sobre el proyecto de Presupuesto 2026 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y buscará demorar la aprobación de esa iniciativa hasta diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores y La Libertad Avanza (LLA) pasará a tener junto a bloques aliados la primera minoría del cuerpo parlamentario.
El dictamen de la Libertad Avanza (LLA) reunió 20 firmas, mientras que el dictamen de Unión por la Patria (UcxP) consiguió la misma cantidad, pero al haber habido un empate, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch, hizo uso de su voto doble para desempatar a favor del oficialismo.
La decisión de dilatar los tiempos le permite al Gobierno avanzar en las negociaciones con los gobernadores para incluir algunos cambios en la propuesta oficial y garantizar así los votos para aprobar el Presupuesto antes de fines de diciembre.
Desde diciembre, LLA tendrá entre propios y aliados 115 diputados y podrá sumar el respaldo de siete legisladores de Innovación Federal; dos de Producción y Trabajo y uno de Libertad y Futuro, con lo cual solo necesitará del aval de tres legisladores más.
El dictamen de mayoría mantiene sin cambios el proyecto de Presupuesto oficial que proyecta un aumento de la economía del 5%; una inflación del 10%; un dólar de 1,423 pesos a diciembre de 2026 y proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones y 11 % de importaciones. que se toman fuera de los organismos de gestión que establece la Constitución”.
Milei buscó apoyo político para el Presupuesto 2026 y las reformas. Passalacqua destacó el diálogo “para hacer crecer al país y a Misiones”
En una cumbre clave realizada este 30 de agosto de 2025 en Casa Rosada, el presidente Javier Milei reunió a 19 gobernadores, entre ellos el misionero Hugo Passalacqua, para reconstruir el vínculo Nación–provincias y asegurar respaldos al Presupuesto 2026 y a las “reformas de segunda generación”. El encuentro, que se extendió por más de dos horas, se convirtió en una señal política tras el triunfo legislativo de La Libertad Avanza, con impacto directo sobre el federalismo fiscal, la gobernabilidad y la hoja de ruta económica para el próximo año.
Un cónclave político-económico para recomponer la relación Nación–provincias
La convocatoria llegó apenas 48 horas después del discurso triunfal de Milei en las elecciones de medio término, donde habló de “acuerdos básicos” y de la posibilidad de “traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo”. El Gobierno buscó lograr una foto de respaldo y avanzar con negociaciones sobre el Presupuesto 2026, actualmente en debate en la Cámara de Diputados.
En la mesa, además de Milei, participaron figuras centrales de su Gabinete: Guillermo Francos, Luis “Toto” Caputo, Lisandro Catalán, Patricia Bullrich, Luis Petri, Mario Lugones, Sandra Pettovello, Mariano Cúneo Libarona, Pablo Quirno, Federico Sturzenegger, junto a Karina Milei, el portavoz Manuel Adorni, el asesor Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Desde la Casa Rosada calificaron el encuentro como “fundacional” y parte de “una nueva etapa de diálogo y consenso con los gobernadores”.
Entre los asistentes se encontraban referentes de todo el arco territorial: Jujuy, CABA, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza (vicegobernadora Hebe Casado), Chubut, Catamarca, Tucumán, Misiones, Neuquén (vicegobernadora Zulema Reina), San Luis, Río Negro, Salta, San Juan, Chaco, Córdoba, Corrientes, Santiago del Estero, La Pampa y Santa Cruz.
Sin representación quedaron Buenos Aires, La Rioja, Tierra del Fuego y Formosa.
Passalacqua: diálogo político y foco en la gestión fiscal de Misiones
Tras la reunión, el gobernador misionero Hugo Passalacqua expresó en la red X: “Agradezco la convocatoria del señor presidente Javier Milei, junto a su gabinete y los colegas gobernadores, con quienes nos dispusimos a dialogar las veces que sean necesarias para consensuar temas, más allá de las lógicas diferencias, con el objetivo de hacer crecer al país y a Misiones, generar empleo y cuidar las cuentas públicas como siempre lo hemos hecho”.
El mandatario agregó que: “Buscamos la felicidad de todos los misioneros, y eso se logra trabajando y poniendo el foco en las coincidencias”.
Sus declaraciones ponen el énfasis en dos ejes: 1) defensa de la estabilidad fiscal provincial, un sello tradicional de la gestión misionera, 2) voluntad de sostener el diálogo político, aun en un contexto nacional de reformas profundas.
Agradecemos la convocatoria del señor presidente @JMilei, junto a su gabinete y los colegas gobernadores, con quienes nos dispusimos a dialogar las veces que sean necesarias para consensuar temas, más allá de las lógicas diferencias, con el objetivo de hacer crecer al país y a… pic.twitter.com/PWEbQSa2Gd
Presupuesto 2026 y reformas: impacto político, económico e institucional
Según fuentes citadas, el Gobierno buscó un primer compromiso de apoyo al Presupuesto 2026, pieza central para definir el marco macroeconómico del próximo año. Además, apuntó a iniciar conversaciones sobre las reformas de segunda generación, con prioridad en la reforma laboral.
El resultado de estas negociaciones tendrá efectos directos en:
• Federalismo fiscal y transferencia de recursos
El Presupuesto 2026 definirá el volumen de fondos para provincias, obras públicas, servicios esenciales y mecanismos de compensación. Para distritos con tradición de equilibrio como Misiones, la previsibilidad es un factor crítico.
• Gobernabilidad parlamentaria
Con el oficialismo fortalecido tras las elecciones, la reunión fue una señal de apertura para lograr mayorías en el Congreso. La presencia de 19 gobernadores refuerza ese objetivo.
• Clima político y capacidad de acuerdos
El gesto de Milei de convocar a casi todo el mapa provincial busca ampliar su base de apoyo para avanzar en reformas estructurales.
• Sectores económicos atentos a la definición fiscal
Empresas, inversores y actividades productivas aguardan definiciones que afectan reglas laborales, carga tributaria y perspectivas de obra pública. La construcción, la industria y el comercio son los sectores más sensibles a los cambios.
Con más del 40% de los votos a nivel nacional, el oficialismo encabezado por Javier Milei logró un contundente triunfo en las elecciones legislativas, consolidando su poder político y ampliando su representación en el Congreso. Desde la sede de La Libertad Avanza, el Presidente celebró el resultado y lanzó una convocatoria a los gobernadores para “discutir los nuevos acuerdos que necesita el país”. El mensaje marca el inicio de una nueva etapa institucional: un intento de construcción de gobernabilidad sobre la base de consensos políticos y reformas estructurales.
Consolidación del poder político y mensaje a las provincias
El resultado electoral no solo refuerza la posición de Milei en el Congreso, sino que cambia el mapa político nacional. Con el 40% de los sufragios y una recuperación clave en la provincia de Buenos Aires, el oficialismo amplía su base legislativa, lo que facilitará el avance de su agenda de reformas en materia económica, fiscal y administrativa.
Desde el escenario principal, Milei agradeció a los votantes y destacó la implementación del nuevo sistema electoral: “Deseo darle las gracias a todos los argentinos por esta nueva elección maravillosa que se hizo estrenando un nuevo sistema de votación que es la Boleta Única Papel”.
El uso de la Boleta Única Papel —una reforma impulsada por su propio gobierno— fue resaltado como símbolo de transparencia institucional y modernización electoral. En tono celebratorio, el mandatario aseguró: “Pasamos el punto bisagra, hoy comienza la construcción de la Argentina grande”.
La convocatoria a los gobernadores provinciales se presenta como el paso siguiente en la estrategia oficial para estabilizar la gestión.
“Queremos invitarlos a discutir los nuevos acuerdos que necesita el país para consolidar este rumbo”, dijo Milei, dejando abierta la puerta a un diálogo federal orientado a “trabajar juntos, respetando las autonomías y las diferencias”.
Fuentes cercanas al Ejecutivo señalaron que la iniciativa apunta a “tender puentes” y garantizar la gobernabilidad en los próximos dos años, en un contexto donde las reformas estructurales requerirán respaldo parlamentario y provincial.
Nuevo equilibrio institucional y perspectivas económicas
El fortalecimiento legislativo de La Libertad Avanza redefine las relaciones de poder entre el Ejecutivo y las provincias. La posibilidad de avanzar con un programa de reformas de largo alcance —que incluiría cambios en materia fiscal, administrativa y laboral— dependerá en buena medida del grado de cooperación política que logre establecer el Presidente con los mandatarios locales.
El discurso oficial se inscribe en una lógica de recomposición institucional tras un año de tensiones con varios gobiernos provinciales, especialmente en torno al reparto de recursos coparticipables y los recortes de transferencias discrecionales.
Con la nueva composición del Congreso, Milei buscará consolidar mayorías circunstanciales que le permitan avanzar con proyectos emblemáticos, entre ellos el paquete de reformas estructurales pendiente desde su asunción.
La frase final del mandatario sintetizó la narrativa política del oficialismo: “El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento”.
En el plano económico, la lectura dominante entre analistas es que el triunfo electoral y la apertura al diálogo federal podrían mejorar las expectativas del mercado, otorgando mayor previsibilidad al programa de estabilización. Los próximos pasos estarán centrados en construir consensos con las provincias para asegurar la viabilidad política de las reformas.
Proyecciones tras el triunfo
El llamado de Milei a los gobernadores reconfigura el tablero político. Los mandatarios provinciales deberán definir si responden a la convocatoria y en qué condiciones. Para algunos sectores, la propuesta abre una oportunidad de diálogo institucional; para otros, implica una redefinición del equilibrio de poder entre Nación y provincias.
En cualquier caso, el nuevo escenario legislativo obliga a todos los actores a revisar estrategias y alianzas, especialmente ante un Gobierno decidido a sostener su narrativa de cambio estructural. La elección legislativa de 2025 marca, así, un punto de inflexión político e institucional que podría determinar el rumbo económico y fiscal de los próximos años.
