gobierno de Javier Milei

El Gobierno formalizó la salida de Cúneo Libarona y designa a Juan Bautista Mahiques

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El Gobierno nacional reconfiguró la conducción del Ministerio de Justicia. Con la publicación del Decreto 133/2026 en el Boletín Oficial del 5 de marzo, el presidente aceptó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y designó en su reemplazo a Juan Bautista Mahiques, quien asumirá formalmente el cargo a partir de esa misma fecha.

La decisión implica un cambio en una de las áreas más sensibles de la administración nacional: la relación con el Poder Judicial, el diseño de la política penal y la arquitectura institucional del sistema de justicia. La salida de Cúneo Libarona se hizo efectiva el 4 de marzo, mientras que el nuevo ministro toma funciones desde el 5 de marzo, sin período de transición formal.

El movimiento ocurre en un momento en el que la agenda judicial continúa siendo un eje central del Gobierno, tanto en materia de reformas institucionales como en la articulación con tribunales y organismos del sistema.

Cambio inmediato en la conducción del Ministerio

El decreto presidencial tiene un alcance breve pero institucionalmente significativo. En términos operativos, la norma dispone tres acciones concretas: Acepta la renuncia de Mariano Cúneo Libarona al cargo de ministro de Justicia a partir del 4 de marzo de 2026. Agradece formalmente los servicios prestados durante su gestión. Designa a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro, con inicio de funciones el 5 de marzo de 2026.

El acto administrativo se dicta en ejercicio de las facultades del presidente establecidas en el artículo 99 inciso 7 de la Constitución Nacional, que habilita al Poder Ejecutivo a nombrar y remover a los ministros del gabinete.

La medida no introduce cambios estructurales en el funcionamiento del ministerio ni modifica competencias institucionales. Sin embargo, redefine la conducción política del área.

Una cartera clave para la agenda judicial

El Ministerio de Justicia ocupa un lugar central en la arquitectura institucional del Estado. Desde esa cartera se coordinan políticas vinculadas al sistema penitenciario federal, el registro de sociedades y asociaciones, el funcionamiento de organismos registrales y la relación administrativa con diversos organismos del sistema judicial.

También es el ámbito desde el cual el Ejecutivo canaliza iniciativas legislativas relacionadas con reformas judiciales, modernización institucional y políticas penales.

La salida de Cúneo Libarona implica el cierre de una etapa dentro de la gestión del gobierno libertario en esa cartera. El decreto, sin embargo, no detalla los motivos de la renuncia ni establece lineamientos específicos para la nueva conducción.

Seguridad jurídica y clima de inversión

Aunque el cambio se produce en el plano político-administrativo, el Ministerio de Justicia tiene un vínculo directo con variables que impactan en el clima económico.

La estabilidad institucional del sistema judicial, la previsibilidad regulatoria y la seguridad jurídica son factores que inciden en: Decisiones de inversión. Resolución de conflictos empresariales. Funcionamiento del mercado de capitales. Cumplimiento de contratos

En ese sentido, la conducción del área suele ser observada de cerca por el sector privado, especialmente en contextos donde el Gobierno impulsa reformas regulatorias o cambios institucionales.

Por ahora, el decreto no adelanta cambios de política ni redefine programas en curso, por lo que el impacto inmediato se limita al reemplazo de la autoridad política del ministerio.

Señales políticas dentro del gabinete

El nombramiento de un nuevo ministro también tiene lectura política dentro del esquema del gabinete nacional.

Los cambios en áreas estratégicas suelen funcionar como herramientas de reorganización interna del Ejecutivo o como ajustes en la implementación de políticas públicas. En este caso, el decreto refleja una decisión directa del Presidente de redefinir la conducción del Ministerio de Justicia sin alterar la estructura formal de la cartera.

El documento tampoco establece un esquema transitorio ni menciona reformas institucionales asociadas al cambio de liderazgo, lo que sugiere que la modificación responde principalmente a una reorganización en la conducción política del área.

Lo que habrá que observar

El reemplazo abre una nueva etapa en el Ministerio de Justicia. Más allá del cambio de nombres, el impacto real dependerá de la agenda que adopte la nueva gestión.

En los próximos meses, tres variables permitirán medir el alcance del cambio: la orientación de las políticas judiciales impulsadas por la cartera, la relación institucional con el Poder Judicial y organismos del sistema, y el rol del ministerio en las reformas regulatorias que afectan al clima de negocios.

En un contexto donde la institucionalidad jurídica continúa siendo un factor clave para la economía, la evolución de esa agenda marcará la verdadera dimensión del recambio.

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Conflictividad laboral: a dos años de Milei, los conflictos se aceleran y el NEA no queda al margen

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El paro general convocado para hoy por la Confederación General del Trabajo encuentra un escenario social atravesado por una creciente conflictividad laboral. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), titulado “Conflictividad laboral a 2 años del gobierno de Milei”, releva que entre enero de 2024 y comienzos de febrero de 2026 se registraron al menos 717 casos de conflictos laborales en todo el país, con un marcado predominio de despidos y cierres.

El estudio, basado en un seguimiento sistemático de coberturas periodísticas y sitios sindicales, traza un mapa sectorial, empresarial y geográfico de los conflictos que atravesaron estos dos primeros años de gestión libertaria.

La industria, el epicentro

El 62,1% de los casos se concentró en la Industria, seguida por Servicios (16,9%), el sector Primario (9,5%), Comercio (8,2%) y Construcción (3,3%). Dentro del entramado industrial, los rubros más afectados fueron textil, alimentos, metalurgia y siderurgia, en un contexto signado por la apertura importadora, la caída del consumo interno y la contracción de la actividad.

En términos de tipo de conflicto, los despidos explican el 63,6% de los casos, seguidos por cierres de empresas (12,3%), suspensiones (10%) y situaciones catalogadas como “crisis” (7,8%). El informe recuerda que entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrados, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Pymes en la primera línea

El impacto no fue homogéneo. Las pymes concentraron el 39,1% de los conflictos, seguidas por conglomerados extranjeros (27,3%) y grandes empresas (18,3%). En el 71,5% de los casos se trató de firmas de capital nacional.

Desde la elección legislativa del 26 de octubre de 2025, lejos de moderarse, la conflictividad se intensificó. Mientras entre enero de 2024 y septiembre de 2025 se registraban en promedio 24 casos mensuales, luego de los comicios el promedio trepó a 42 casos por mes, acumulando 210 conflictos entre octubre y febrero.

En este período reciente, el 67,1% de los casos volvió a concentrarse en la industria, aunque se observa un aumento relativo de cierres (21,9%) y crisis empresarias (20,5%).

Misiones: 6,7% de los conflictos tras las elecciones

El mapa federal muestra que los conflictos se distribuyeron en las 24 jurisdicciones. Históricamente, la zona centro (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, CABA y Entre Ríos) concentró el 48% de los casos.

Sin embargo, tras las elecciones legislativas, Misiones representó el 6,7% de los conflictos registrados a nivel nacional, ubicándose entre las provincias con mayor nivel de conflictividad en esta etapa, detrás de Buenos Aires (17,6%), La Rioja (13,3%) y Santa Fe (11,4%).

En el caso misionero, el informe destaca especialmente la crisis de la industria yerbatera, donde los productores resolvieron frenar la cosecha de hoja verde “hasta nuevo aviso” ante precios que no cubren los costos de producción. La medida impactó de manera directa sobre productores primarios, tareferos, secaderos y cooperativas, afectando el nivel de actividad rural y el empleo.

También se menciona el caso del Grupo Dass, con planta en Eldorado, que en enero de 2026 desvinculó a 43 trabajadores en un contexto de caída de la demanda y reducción de la producción.

El informe repasa conflictos paradigmáticos en distintos sectores: la paralización de Lácteos Verónica, la crisis de la avícola Granja Tres Arroyos, los cierres textiles como Emilio Alal, las suspensiones masivas en Acindar y el proceso de reducción de personal en General Motors.

En el sector automotriz, por ejemplo, la capacidad instalada cayó al 56,1% en octubre de 2025 y el déficit comercial del rubro se amplió 155% respecto de 2023, en un escenario de aumento de importaciones y caída de exportaciones.

Paro general en un contexto de tensión creciente

El paro general convocado hoy por la CGT -el cuarto contra la gestión de Javier Milei- se inscribe en este cuadro de tensión laboral sostenida. La central obrera argumenta que la reforma laboral en debate y la pérdida de empleo justifican una medida de fuerza nacional.

Los datos del CEPA muestran que, más allá de los grandes centros industriales, la conflictividad se expandió a todo el país, incluyendo provincias del NEA como Misiones y Corrientes, donde la combinación de apertura comercial, caída del consumo y crisis sectoriales -como la yerba mate- impacta de lleno en las economías regionales.

A dos años de gestión, el indicador de conflictividad laboral funciona como termómetro de una economía en reestructuración profunda, donde la industria y las pymes aparecen como los eslabones más tensionados del mercado de trabajo.

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La fábrica de neumáticos Fate anunció su cierre definitivo y echará a más de 900 empleados

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El cierre definitivo de la fábrica de neumáticos Fate no es solo el final de una empresa histórica: es la postal más contundente del retroceso industrial que atraviesa la Argentina. Con 920 despidos y el cese total de actividades en su planta de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando, la firma de más de 80 años de trayectoria se convierte en uno de los símbolos más fuertes del actual ciclo económico.

“FATE S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial”, informó la compañía en un comunicado oficial, en el que atribuyó la decisión a “los cambios en las condiciones de mercado”.

La empresa, que fue pionera en abastecer neumáticos radiales a la industria automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, arrastraba años de crisis por caída de ventas, conflictos gremiales y pérdida de mercados de exportación.

Pero el impacto del cierre excede a la firma. Se produce en un contexto en el que el sistema productivo argentino viene reduciéndose a una velocidad sostenida.

La salida de Fate del mapa productivo no ocurre en el vacío. Se inscribe en un proceso más amplio de contracción del entramado empresario formal que viene profundizándose desde fines de 2023. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 el sistema perdió 21.938 empleadores registrados. En el mismo período, el número de trabajadores formales cubiertos cayó en 290.602 personas. Si en noviembre de 2023 había 512.357 empresas y 9.857.173 trabajadores, dos años después los registros muestran 490.419 empleadores y 9.566.571 trabajadores. Solo en noviembre último el cierre neto fue de 892 empresas, y en los primeros once meses de 2025 la pérdida acumulada alcanzó a 9.722 empleadores.

La construcción aparece como el sector más golpeado por el freno de la obra pública y la retracción de la inversión privada, pero la industria manufacturera también viene mostrando señales persistentes de debilidad. En ese contexto, el caso Fate adquiere una dimensión simbólica: no se trata de una pyme marginal, sino de una firma con liderazgo tecnológico, presencia exportadora en Europa, Estados Unidos y América Latina, y un rol estratégico dentro del complejo automotriz argentino.

La crisis de la compañía no comenzó este año. En 2019 aplicó una reducción de 450 puestos y volvió a ajustar en 2021 y 2022. En julio de 2024 solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la abrupta caída de ventas y la pérdida de mercados externos. La empresa sostuvo entonces que la demanda interna se había desplomado un 30% y que acumulaba pérdidas superiores a los 30 millones de dólares en el primer semestre de 2024. En mayo de ese mismo año ya había anunciado cerca de 200 despidos para adecuar su estructura. Entre los factores señalados figuraban los elevados costos de producción, la sobrecarga impositiva, las restricciones cambiarias para importar insumos, la deficiente infraestructura, los sobrecostos laborales, la baja productividad y la conflictividad gremial.

El cierre de Fate deja así una doble lectura. Por un lado, el drama inmediato de casi mil trabajadores que pierden su empleo. Por otro, la confirmación de una tendencia estructural: la economía argentina atraviesa una etapa de fuerte reducción de su base empresaria formal. Con casi 22 mil empleadores menos en dos años, la pregunta que comienza a instalarse no es solo cuántas compañías más resistirán el nuevo escenario, sino qué perfil productivo quedará en pie una vez que el ajuste termine de reconfigurar el mapa industrial del país.

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