Gobierno Nacional

El Gobierno negocia la reforma laboral, pero se niega a cambiar Ganancias

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El Gobierno nacional mantiene una posición firme frente a la reducción del Impuesto a las Ganancias, pese al reclamo de los gobernadores, mientras habilita una revisión parcial del articulado de la reforma laboral, una de las prioridades legislativas del presidente Javier Milei. La discusión se intensificó durante un intercambio de mesa chica realizado el jueves pasado, convocado el miércoles a última hora en las oficinas del Ministerio del Interior, aunque hasta el momento no hay definiciones cerradas.

La estrategia oficial combina resistencia fiscal y flexibilidad política selectiva. Mientras la baja de Ganancias para sociedades —con impacto directo en la recaudación provincial— aparece como una línea roja, el Ejecutivo evalúa ceder en algunos puntos de la Reforma Laboral para asegurar los votos necesarios en el Congreso, en la antesala de su tratamiento legislativo.

Ganancias, gobernadores y una línea roja fiscal

Según trascendió del encuentro, la posición predominante dentro del círculo reducido que rodea al Presidente es no retroceder en la reducción del Impuesto a las Ganancias, pese a las advertencias de los mandatarios provinciales por el efecto sobre los recursos locales. “Los gobernadores están en contra de la baja de impuestos. Es un delirio, pero todavía no definimos”, admitió uno de los participantes del intercambio, que tuvo lugar en la planta baja del Ministerio del Interior.

La decisión de no ceder en Ganancias para sociedades se consolida como el eje de mayor tensión en la negociación política. En el oficialismo reconocen, sin embargo, la necesidad de conformar a los gobernadores para sostener el andamiaje legislativo del proyecto general, en un escenario de equilibrios frágiles y respaldos condicionados.

En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, quedó a cargo de receptar los reclamos provinciales y ofrecer soluciones limitadas, con el objetivo de sumar adhesiones que permitan al oficialismo anotarse un nuevo triunfo parlamentario.

Reforma Laboral: disposición a revisar el articulado

A diferencia del capítulo fiscal, la Reforma Laboral muestra mayor margen de negociación. La mesa política se muestra dispuesta a revisar parte del articulado, aunque el debate interno gira en torno a qué puntos ceder sin desnaturalizar el espíritu del proyecto, diseñado por los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Transformación y Desregulación del Estado).

En la articulación legislativa también intervienen la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes mantienen contactos con legisladores aliados que expresaron reparos públicos sobre algunos aspectos del texto.

Mientras tanto, los interlocutores del Ejecutivo intensifican la militancia política del proyecto, no solo en reuniones con gobernadores, senadores y diputados, sino también a través de actividades destinadas a despejar dudas de los sectores involucrados. En ese contexto, LLA impulsó un conversatorio el jueves pasado para responder inquietudes de actores que manifiestan resquemores, en particular del sector empresarial.

Agenda legislativa y próximos pasos

De cara al calendario parlamentario, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una nueva reunión de la mesa política para el próximo miércoles, una vez iniciado el período de sesiones extraordinarias, que comenzará el lunes. El encuentro se realizará en la previa al tratamiento de la ley previsto para el miércoles 11 de febrero.

Así, el Gobierno encara una semana clave con una hoja de ruta definida: defender el núcleo fiscal del proyecto, negociar ajustes puntuales en la Reforma Laboral y sostener un delicado equilibrio político para avanzar con una de las iniciativas centrales de la agenda presidencial.

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Por decreto el Gobierno declaró 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”

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El Poder Ejecutivo Nacional declaró oficialmente al 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina” mediante el Decreto 56/2026, publicado el 29 de enero de 2026 en el Boletín Oficial. La medida establece que toda la documentación de la Administración Pública Nacional deberá llevar esa leyenda y habilita al Gobierno a difundir activamente las políticas que, según fundamenta el texto, apuntan a consolidar la estabilidad macroeconómica, profundizar reformas estructurales y proyectar al país en una nueva etapa de desarrollo. El decreto funciona como una señal política e institucional que busca reforzar previsibilidad, confianza y horizonte estratégico.

Fundamentos del decreto: estabilidad, reformas y Estado de Derecho

En los considerandos, el Decreto 56/2026 sostiene que el Gobierno Nacional asumió el compromiso de “retornar a los principios fundacionales de la República Argentina” bajo los cuales fue sancionada la Constitución Nacional, garantizando “la libertad, la propiedad privada, la vida y el progreso” de los habitantes. En ese marco, destaca que durante 2025 la actual administración profundizó un proceso de reconstrucción institucional orientado a ampliar márgenes de libertad y corregir desequilibrios estructurales.

El texto subraya que las políticas públicas impulsadas tuvieron como eje la estabilización de la situación macroeconómica, junto con un proceso sostenido de desburocratización estatal, reducción de “cargas improductivas” y reorientación de la actuación pública hacia sus “finalidades esenciales”. Según el decreto, la crisis institucional, económica y social acumulada durante décadas exige sostener un proceso de transformación estructural que fortalezca el Estado de Derecho y garantice el ejercicio efectivo de derechos y libertades.

Desde esa perspectiva, el Ejecutivo considera que los avances logrados habilitan a proyectar una nueva etapa de consolidación y desarrollo, con el objetivo de “colocar a la República Argentina en la senda de la prosperidad nuevamente”.

Alcance institucional y efectos administrativos de la medida

El decreto dispone que, durante todo el año 2026, la documentación oficial de la Administración Pública Nacional, tanto centralizada como descentralizada, así como la de los entes autárquicos, deberá llevar la leyenda “AÑO DE LA GRANDEZA ARGENTINA”. La obligación alcanza a todo el aparato administrativo nacional y constituye un lineamiento uniforme de carácter simbólico e institucional.

Además, el artículo 3° faculta al Poder Ejecutivo Nacional a realizar “las acciones pertinentes” para destacar y difundir las medidas y políticas que se lleven adelante con el objetivo de “engrandecer al país”. En términos prácticos, el decreto habilita una estrategia de comunicación gubernamental alineada con el mensaje central de consolidación, previsibilidad y desarrollo.

La norma también invita a los Gobiernos Provinciales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la declaración, lo que abre la posibilidad de una adopción federal del lema, aunque sin carácter obligatorio. La medida entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

Señal política, clima de inversión y proyección de escenarios

Desde el plano político e institucional, la declaración del “Año de la Grandeza Argentina” funciona como un marco narrativo que acompaña la agenda de reformas y busca reforzar la confianza en la continuidad del rumbo económico. El decreto enfatiza que la previsibilidad y la estabilidad son condiciones necesarias para promover la inversión, impulsar la productividad y consolidar un crecimiento sostenido, en un contexto global con “importantes oportunidades y retos”.

En términos de impacto, la iniciativa puede ser leída como una señal dirigida tanto al sector privado como a los actores institucionales, en la medida en que asocia la identidad del año calendario con la idea de consolidación del cambio estructural. Sectores vinculados a la inversión, la producción y la administración pública resultan directamente alcanzados por el encuadre simbólico y administrativo del decreto, mientras que la invitación a las provincias abre un escenario de alineamiento —o diferenciación— política a nivel federal.

El texto concluye que la grandeza de una Nación se refleja en “instituciones sólidas, el respeto irrestricto de la ley, una Administración eficiente y la confianza de los habitantes y ciudadanos para con sus autoridades”, principios que el Gobierno coloca como eje ordenador del 2026.

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Milei oficializó una reestructuración clave en la cúpula del Ministerio de Defensa

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El Gobierno nacional oficializó una reconfiguración integral de la conducción del Ministerio de Defensa mediante el Decreto 60/2026, publicado el 29 de enero de 2026, que acepta tres renuncias clave y concreta cinco designaciones en áreas estratégicas. La medida, firmada por el presidente Javier Milei en uso de las atribuciones del artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional, ordena la estructura política y operativa del área desde el 10 y 11 de diciembre de 2025, con impacto directo en la planificación militar, la logística, la proyección internacional y la gestión administrativa del sistema de defensa.

Renuncias aceptadas y cierre de una etapa en la conducción civil

El decreto dispone, en primer término, la aceptación de las renuncias de tres funcionarios que ocupaban cargos centrales en el Ministerio de Defensa. A partir del 10 de diciembre de 2025, se hizo efectiva la salida del magíster Juan Erardo Battaleme Martínez del cargo de Secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa. En la misma fecha, también se aceptó la renuncia del licenciado Guillermo Patricio Madero, quien se desempeñaba como Subsecretario de Defensa Civil y Protección Humanitaria.

En tanto, desde el 11 de diciembre de 2025, se formalizó la renuncia de Facundo Benjamín Fernández Lagostena como Subsecretario de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa, una dependencia clave para la articulación entre planificación militar y sostenimiento logístico de las Fuerzas Armadas.

El artículo 4° del decreto expresa el agradecimiento del Poder Ejecutivo a los funcionarios salientes “por los servicios prestados”, cerrando administrativamente una etapa en la conducción del área y habilitando la nueva conformación del gabinete sectorial.

Nuevas designaciones y perfil estratégico de la conducción

En paralelo, el Decreto 60/2026 define una serie de designaciones que reordenan la estructura jerárquica del Ministerio de Defensa. A partir del 10 de diciembre de 2025, fue designado Secretario de Estrategia y Asuntos Militares el General de División Jorge Alberto Puebla, reforzando el peso del estamento militar en la definición estratégica del área.

Ese mismo día asumió como Secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa el Teniente Coronel (R) licenciado Daniel Enrique Martella, en reemplazo de Battaleme Martínez, en un área clave para la vinculación externa, la cooperación internacional y la política de defensa en foros multilaterales.

Asimismo, desde el 11 de diciembre de 2025, el General de Brigada Carlos Horacio Martín fue designado Subsecretario de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa, concentrando la responsabilidad sobre la planificación operativa y el soporte logístico del instrumento militar.

El decreto también designa, a partir del 10 de diciembre de 2025, al Coronel Ariel Andrés Mira Peña como Subsecretario de Gestión Administrativa, función central para la administración presupuestaria y el funcionamiento interno del ministerio. Finalmente, se dispuso que el licenciado Guillermo Patricio Madero asuma como Titular de la Unidad Gabinete de Asesores, reubicándolo dentro de la estructura ministerial tras su renuncia a la subsecretaría anterior.

Impacto del esquema adoptado

La reconfiguración formalizada por el Decreto 60/2026 consolida un esquema de conducción con fuerte presencia de oficiales superiores en áreas estratégicas, operativas y administrativas, y redefine el equilibrio entre conducción política y militar dentro del Ministerio de Defensa. Desde el punto de vista institucional, la medida ordena las designaciones con efecto retroactivo a diciembre de 2025, aportando previsibilidad administrativa y respaldo normativo a decisiones ya operativas.

En términos funcionales, las áreas alcanzadas —estrategia militar, planeamiento operativo, logística, gestión administrativa y relaciones internacionales— concentran buena parte de las decisiones que inciden en la eficiencia del sistema de defensa, el uso de recursos públicos y la articulación con actores externos. El impacto se proyecta tanto sobre la planificación de mediano plazo de las Fuerzas Armadas como sobre la capacidad del ministerio para ejecutar políticas con coherencia interna y alineamiento institucional.

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Santilli avanza con la reforma laboral y consigue el apoyo de Gustavo Sáenz

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El ministro del Interior, Diego Santilli, viajó a la provincia de Salta y consiguió el apoyo político del gobernador Gustavo Sáenz a la reforma laboral impulsada por el oficialismo, una iniciativa clave en la agenda del presidente Javier Milei con impacto directo sobre el empleo privado, la productividad y la atracción de inversiones. El respaldo provincial apunta a robustecer el entramado de consensos necesarios para avanzar con el proyecto en el Congreso y alcanzar un nuevo triunfo legislativo previsto para febrero.

El encuentro se desarrolló en la Gobernación de Salta y se inscribe en una estrategia federal que el Ministerio del Interior despliega desde principios de enero, con visitas a distintas provincias para sumar adhesiones a una de las reformas estructurales centrales del Gobierno nacional.

Apoyo político y coordinación Nación–Provincia

Desde la cartera que conduce Santilli señalaron que, durante la reunión, ambas partes “valoraron positivamente las acciones conjuntas articuladas entre el gobierno nacional y provincial, y coincidieron en la necesidad de que se apruebe la reforma laboral”. En ese marco, el gobernador Sáenz se comprometió a respaldar el proyecto del oficialismo, en línea con la búsqueda de sumar la mayor cantidad de apoyos posibles en el plano legislativo.

Tras el encuentro, el ministro del Interior remarcó en conferencia de prensa que “ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”. La afirmación apunta a posicionar la reforma como una herramienta de desarrollo económico territorial, más allá de las diferencias políticas.

Por su parte, Sáenz planteó el compromiso de acompañar la “modernización de la legislación laboral que permita hacer crecer el empleo y beneficie a todas las provincias”. En ese sentido, sostuvo: “No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando”, y concluyó: “Tenemos voluntad de diálogo, de no obstruir y de acompañar”.

La reforma laboral como eje de la agenda federal

El respaldo de Salta se produce en un momento clave para el oficialismo, que busca consolidar una mayoría política que permita avanzar con la reforma laboral, uno de los pilares del programa económico del presidente Javier Milei. La iniciativa apunta a introducir cambios en el marco normativo vigente con el objetivo de dinamizar el mercado de trabajo, reducir rigideces y fomentar la creación de empleo formal en el sector privado.

En ese contexto, la estrategia de Santilli se apoya en la construcción de acuerdos con los gobernadores, entendiendo que el impacto de la reforma se proyecta de manera directa sobre las economías regionales y las condiciones de inversión en cada provincia. El respaldo de Sáenz se suma así a una serie de gestos políticos que el Gobierno nacional intenta capitalizar en el Congreso.

Próximas paradas: Neuquén y Entre Ríos

La agenda federal del ministro del Interior continuará en los próximos días. Está previsto que el miércoles viaje a Neuquén para reunirse con el gobernador Rolando Figueroa, y que el jueves haga lo propio en Entre Ríos, donde volverá a encontrarse con Rogelio Frigerio, uno de los mandatarios provinciales con mayor sintonía ideológica con el oficialismo.

El objetivo de estas visitas es replicar el esquema de diálogo político desplegado en Salta y seguir acumulando respaldos provinciales a la reforma laboral, en una carrera contrarreloj de cara al tratamiento legislativo previsto para febrero. En términos políticos e institucionales, el Gobierno apuesta a mostrar una base de apoyo federal que refuerce la viabilidad del proyecto y reduzca el margen de resistencia parlamentaria.

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La TV Pública transmitirá los partidos de Argentina en el Mundial 2026

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El Gobierno nacional confirmó que la TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección argentina durante el Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. El anuncio fue realizado este lunes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien subrayó que los derechos de transmisión se obtuvieron mediante un acuerdo comercial que no implicará el uso de recursos tributarios.

La decisión reviste relevancia institucional y económica, ya que garantiza el acceso gratuito a los encuentros del seleccionado campeón del mundo y, al mismo tiempo, apunta a despejar cuestionamientos sobre el financiamiento público de eventos deportivos de alto costo.

“La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026”, informó Adorni a través de un mensaje difundido en la red social X. Y agregó: “Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos”.

Un acuerdo comercial sin impacto presupuestario

El eje central del anuncio oficial se apoyó en el aspecto financiero del acuerdo. Según precisó el jefe de Gabinete, la adquisición de los derechos de transmisión no demandará fondos del presupuesto estatal, lo que marca un punto político sensible en la gestión de medios públicos.

La confirmación se produce en un contexto en el que el uso de recursos fiscales para contenidos deportivos suele generar debate, especialmente cuando se trata de competencias internacionales con elevados costos de licenciamiento. En ese marco, el Gobierno buscó reforzar el mensaje de austeridad fiscal y eficiencia en el uso de los medios estatales, destacando que la cobertura se sostendrá sin recurrir a impuestos.

Desde el punto de vista institucional, la transmisión por la TV Pública y Radio Nacional asegura alcance federal y acceso universal, consolidando el rol de los medios públicos como plataformas de difusión masiva en eventos de interés nacional.

Calendario confirmado: cuándo y dónde juega Argentina

El Mundial 2026 comenzará el jueves 11 de junio y finalizará el domingo 19 de julio, con sede compartida entre México, Estados Unidos y Canadá. La Selección argentina, que defenderá el título obtenido en la edición anterior, ya tiene confirmados los partidos de la fase inicial.

El debut será el martes 16 de junio a las 22, frente a Argelia, en el Kansas City Stadium. Luego, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Austria el lunes 22 de junio a las 14, en el Dallas Stadium, escenario que volverá a recibir al seleccionado argentino el sábado 27 de junio a las 23, cuando se mida ante Jordania.

Por su parte, el partido inaugural del certamen se disputará el jueves 11 de junio a las 16, con el cruce entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.

Impacto político, mediático y social

La confirmación de la transmisión gratuita de los partidos de la Selección tiene impacto directo en varios planos. En el ámbito social, garantiza el acceso masivo a uno de los eventos deportivos de mayor convocatoria global. En el plano mediático, refuerza el posicionamiento de la TV Pública y Radio Nacional como actores centrales en la cobertura de acontecimientos de alto interés público.

Desde una perspectiva política, el énfasis en que el acuerdo no implica gasto fiscal busca anticipar posibles cuestionamientos y alinear la medida con una narrativa de control del gasto público. La frase elegida por Adorni —“para todos, sin usar la plata de todos”— sintetiza ese enfoque y apunta a marcar una diferencia respecto de experiencias previas de financiamiento estatal de transmisiones deportivas.

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