Gobierno Nacional

Milei condicionó su reelección a los resultados y rechazó flexibilizar la economía

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El presidente Javier Milei reconoció que el futuro electoral de La Libertad Avanza dependerá de su capacidad para mostrar resultados concretos y descartó cualquier flexibilización de la política fiscal o monetaria con el objetivo de mejorar sus chances de reelección. “Si nosotros no mostramos resultados se hace difícil acompañar”, admitió durante el cierre del evento “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso en el hotel Sheraton de Retiro.

La definición expone uno de los principales desafíos políticos del Gobierno hacia 2027: sostener el programa económico mientras busca que la estabilización se traduzca en mejoras visibles para los hogares y en una recuperación que pueda consolidarse en el tiempo. Milei sostuvo que distintos sectores le reclaman moderar la política fiscal y monetaria para llegar mejor posicionado a las elecciones, pero aseguró que no seguirá ese camino.

“Nosotros no vamos a hacer eso, no vamos a flexibilizar. Nuestra política fiscal no se negocia, y tampoco la monetaria, porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación”, afirmó. Para el Presidente, la consistencia del programa constituye también su principal activo electoral. “Al populismo no se le gana haciendo populismo. No hay sustituto para las buenas políticas”, sostuvo.

En paralelo, Milei planteó un escenario electoral favorable para el oficialismo. Aseguró que espera repetir en octubre un resultado similar al de la última elección y proyectó que una victoria permitiría a La Libertad Avanza alcanzar la mayoría en Diputados y quedar a dos bancas de la mayoría en el Senado. “Yo confío en los argentinos y creo que vamos a ganar”, afirmó.

El punto central de su exposición, sin embargo, estuvo en la relación entre gestión y respaldo político. El mandatario reconoció que las ideas necesitan traducirse en resultados para sostener el acompañamiento social y defendió la necesidad de combinar “batalla cultural”, capacidad política y gestión. En su lectura, la política económica no puede separarse de la construcción electoral porque el Gobierno debe demostrar que su programa produce efectos concretos.

Milei utilizó buena parte de su discurso para repasar los indicadores que considera más favorables de su administración y compararlos con los resultados de gobiernos anteriores. El primer eje fue la inflación. Según los datos expuestos por el Presidente, el IPC pasó de una tasa del 3% al comienzo de la gestión de Néstor Kirchner a 8,5% al finalizarla; durante las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner pasó de 8,5% a 26,9%; con Mauricio Macri, de 25,9% a 53,85%; y durante la administración de Alberto Fernández, de 53,8% a 211,4%.

Sobre su propia gestión, Milei afirmó que la inflación se redujo un 85%, al pasar del 211,4% al 30% en los dos años y medio considerados en su exposición. El dato ocupa un lugar central en la estrategia oficial porque la desaceleración de los precios constituye uno de los resultados más directamente perceptibles por la población, aunque su impacto sobre el poder adquisitivo depende también de la evolución de salarios, empleo, tarifas y otros componentes del gasto familiar.

El Presidente también puso el foco en la pobreza. Recordó que la tasa había alcanzado el 53% en el primer semestre de 2024 y destacó su descenso al 28% en el segundo semestre de 2025. A partir de esa comparación, sostuvo que las políticas aplicadas por su administración permitieron sacar a 14 millones de personas de la pobreza.

En materia de actividad, Milei afirmó que la economía argentina acumulaba 12 años consecutivos sin crecimiento cuando asumió La Libertad Avanza. Para su primer mandato proyectó una expansión acumulada del PBI del 17% si se cumplen las hipótesis de mercado utilizadas por su Gobierno. Según planteó, ese crecimiento permitiría además elevar el PBI per cápita y superar el ritmo de expansión de la OCDE.

El tercer eje fue el mercado laboral. Milei contrastó la reducción del empleo público con la generación de puestos en el sector privado. Según sus cifras, el Estado redujo más de 70.000 empleados mientras que el sector privado incorporó más de 600.000 trabajadores. La comparación forma parte de la narrativa económica oficial: achicar el peso del Estado y ampliar el empleo privado aparecen como dos caras de un mismo proceso de transformación.

El desafío para el Gobierno será convertir esas variables agregadas en una percepción sostenida de mejora. La inflación puede desacelerarse y la pobreza puede reducirse, pero la consolidación política del programa dependerá de que la recuperación alcance al empleo, los ingresos y el consumo sin comprometer el equilibrio fiscal que Milei presenta como condición innegociable.

Ese punto resulta especialmente relevante de cara a las elecciones. El propio Presidente admitió que el acompañamiento no está garantizado por la sola estabilización macroeconómica. La sociedad deberá percibir resultados suficientes para volver a respaldar el rumbo. En términos políticos, la ecuación que enfrenta el oficialismo combina estabilidad, crecimiento y capacidad de transformar esos indicadores en bienestar cotidiano.

Milei también vinculó su proyecto con un cambio político regional y celebró el avance de gobiernos de derecha en América Latina. En ese marco, proyectó incluso una eventual victoria de ese espacio político en Brasil y presentó el proceso como parte de una transformación más amplia del mapa político continental.

La apuesta oficial queda así definida: preservar el equilibrio fiscal y monetario aun durante el ciclo electoral y competir políticamente con los resultados de la gestión. La pregunta que queda abierta no es solamente si el Gobierno podrá sostener sus metas, sino si la mejora de los indicadores macroeconómicos tendrá suficiente profundidad y duración para convertirse en una recuperación económica que la mayoría de los hogares pueda reconocer en su vida diaria.

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El Gobierno actualiza los haberes militares y fija una nueva escala salarial desde septiembre

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El Gobierno nacional dispuso una actualización de los haberes del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales, con una nueva escala que comienza a regir desde septiembre de 2026 y contempla incrementos sucesivos durante los últimos cuatro meses del año. La medida fue formalizada mediante la Resolución Conjunta 44/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti.

La decisión se inscribe en la pauta de incrementos salariales acordada para la Administración Pública Nacional para septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Según los fundamentos de la resolución, el objetivo es actualizar las remuneraciones y preservar el poder adquisitivo del personal, contemplando además las diferencias asociadas a jerarquías, grados, responsabilidades y exigencias propias de la función militar.

La normativa establece que los nuevos haberes serán atendidos con los créditos correspondientes a las subjurisdicciones del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional asignadas al Ministerio de Defensa. De esta manera, la actualización salarial queda incorporada al esquema presupuestario vigente y no implica la creación de una partida específica por fuera de los créditos correspondientes.

La resolución alcanza al personal militar de las Fuerzas Armadas y, mediante una escala específica, al personal de la Policía de Establecimientos Navales. En este último caso, el anexo oficial establece los importes correspondientes a cada jerarquía para septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Para septiembre, el haber mensual de un Comisario Inspector de la Policía de Establecimientos Navales queda fijado en $1.110.911, mientras que el de un Comisario asciende a $1.066.299 y el de un Subcomisario a $991.810. En los grados inferiores, el haber alcanza $864.990 para un Oficial Principal, $786.896 para un Oficial Inspector y $658.123 para un Oficial Subinspector. La escala también fija $545.141 para un Oficial Ayudante y $479.448 para un Oficial Subayudante.

La actualización continúa en octubre y noviembre, con nuevos valores para cada jerarquía. Para diciembre, el haber mensual de un Comisario Inspector llegará a $1.166.237, mientras que el de un Comisario será de $1.119.403 y el de un Subcomisario de $1.041.204. Para un Oficial Principal se establece un haber de $908.068 y para un Oficial Inspector, $826.086.

En los grados inferiores, la escala de diciembre fija un haber de $690.900 para un Oficial Subinspector, $572.290 para un Oficial Ayudante y $503.325 para un Oficial Subayudante. Para el personal identificado como Subescribiente, el importe asciende a $821.837, mientras que para Sargento Primero se establece en $620.870 y para Sargento en $594.958.

El esquema también alcanza a los agentes de la Policía de Establecimientos Navales. En diciembre, el haber mensual queda establecido en $461.128 para un Agente de Primera y en $453.665 para un Agente de Segunda.

La resolución incorpora así una actualización escalonada en lugar de una modificación salarial concentrada en un único mes. El mecanismo permite trasladar a las escalas específicas del Ministerio de Defensa la pauta general acordada para el sector público nacional, aunque preservando las particularidades de un régimen que distingue remuneraciones según grado y función.

El componente presupuestario adquiere especial relevancia porque la medida se implementa en un contexto de administración del gasto público bajo criterios de equilibrio fiscal. La propia resolución establece que el financiamiento deberá realizarse con los créditos ya correspondientes a las respectivas subjurisdicciones del Ministerio de Defensa, por lo que el impacto fiscal deberá absorberse dentro de las asignaciones presupuestarias vigentes.

Desde una perspectiva institucional, la actualización busca sostener la relación entre remuneración, jerarquía y responsabilidad dentro de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales. La medida también refleja la utilización de la política salarial de la Administración Pública Nacional como referencia para actualizar regímenes específicos.

La nueva escala comenzará a regir desde septiembre y tendrá sucesivas modificaciones en octubre, noviembre y diciembre. El detalle completo de los importes por grado forma parte de los anexos de la Resolución Conjunta 44/2026 publicada en el Boletín Oficial.

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El Gobierno oficializó el aumento para estatales: subas escalonadas, bono de $80.000 y nuevos montos para residentes

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El Gobierno nacional oficializó el acuerdo salarial para los trabajadores de la Administración Pública Nacional, que contempla aumentos escalonados entre septiembre y diciembre, una suma extraordinaria de $80.000 en diciembre y la actualización de las remuneraciones de los residentes nacionales. Las medidas quedaron formalizadas mediante los Decretos 832/2026 y 833/2026, publicados este lunes en el Boletín Oficial.

El esquema establece una recomposición del 1,9% desde septiembre, del 1,8% desde octubre, del 1,6% desde noviembre y del 1,5% desde diciembre. Los porcentajes se aplican de manera sucesiva sobre las remuneraciones mensuales normales, habituales, regulares y permanentes vigentes al cierre de cada mes anterior. En términos acumulados y por efecto de la aplicación sucesiva, el incremento alcanza aproximadamente el 6,99% entre agosto y diciembre.

El acuerdo alcanza al personal permanente y no permanente comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional. También actualiza distintos componentes vinculados a las condiciones laborales, entre ellos viáticos, gastos de comida, movilidad y reintegros por guarderías o jardines maternales.

Uno de los puntos de mayor impacto directo sobre los ingresos será el pago de una suma fija remunerativa y no bonificable de $80.000, por única vez y por persona, que deberá liquidarse junto con los haberes correspondientes a diciembre de 2026. El beneficio alcanza al personal permanente y no permanente incluido en el convenio general de la Administración Pública Nacional.

El acuerdo también mantiene hasta el 31 de diciembre las sumas fijas remunerativas y no bonificables establecidas por el Decreto 56/2020, aunque deja expresamente establecido que los nuevos porcentajes de incremento salarial no se aplicarán sobre esos conceptos. Esta precisión es relevante porque limita la posibilidad de que el aumento porcentual produzca una actualización automática de esos componentes salariales.

En paralelo, el Gobierno extendió hasta fin de año el Premio Estímulo a la Asistencia y actualizó sus montos. Para quienes registren asistencia perfecta, el incentivo pasará a $68.322 desde septiembre y llegará a $71.725 en diciembre. Para una inasistencia justificada, los valores serán de $47.825 y $50.208, respectivamente, mientras que con dos inasistencias justificadas el premio se ubicará entre $27.329 y $28.690.

El acuerdo introduce además modificaciones transitorias en determinadas licencias. Entre septiembre y diciembre se establecen, entre otros parámetros, hasta seis días para rendir exámenes universitarios o terciarios, tres días para atender situaciones vinculadas con familiares a cargo en los supuestos contemplados y cuatro días por afecciones, tratamientos o lesiones de corto plazo del agente.

La negociación también dejó en suspenso, una vez más, la entrada en vigencia del Régimen de Dirección Pública. Su implementación fue prorrogada desde el 1° de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras el Estado y los representantes sindicales revisan el mecanismo previsto para su aplicación.

El punto expuso una diferencia entre las principales organizaciones gremiales. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó la propuesta del Estado empleador, mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) la rechazó y anunció que dejaría asentada su posición mediante un acta complementaria. De acuerdo con el procedimiento previsto por la normativa de negociación colectiva del sector público, la autoridad laboral consideró perfeccionado el acuerdo a partir de la mayoría correspondiente.

Residentes: cuánto cobrarán desde septiembre

El Decreto 832/2026 también establece nuevos valores para los Profesionales Residentes Nacionales que trabajan en establecimientos hospitalarios, institutos y organismos dependientes del Ministerio de Salud y en el Hospital de Pediatría Garrahan.

A partir de septiembre, un residente de primer año tendrá una remuneración de $1.306.785, mientras que el monto ascenderá a $1.330.307 en octubre, $1.351.592 en noviembre y $1.371.866 en diciembre. Para los residentes de segundo año, los valores serán de $1.464.300, $1.490.657, $1.514.508 y $1.537.226, respectivamente.

Los residentes de tercer y cuarto año tendrán iguales remuneraciones: partirán de $1.610.244 en septiembre y llegarán a $1.690.438 en diciembre. Para los jefes de residentes, en tanto, el ingreso pasará de $1.723.262 en septiembre a $1.809.084 en diciembre.

La norma también actualiza las asignaciones de becas correspondientes a los residentes. Para primer año, el monto será de $413.713 desde septiembre y alcanzará $434.317 en diciembre. En segundo año pasará de $455.078 a $477.741; en tercer y cuarto año, de $500.668 a $525.603; y para jefes de residentes, de $550.618 a $578.039 durante el mismo período.

La particularidad del nuevo esquema es que combina una recomposición salarial gradual con un pago extraordinario y la actualización de componentes asociados al desempeño y las condiciones de trabajo. Para los trabajadores estatales, el resultado concreto sobre el poder adquisitivo dependerá de la evolución de los precios durante los próximos meses, mientras que para el Estado el acuerdo fija de antemano el sendero de actualización y permite cuantificar el impacto presupuestario hasta el cierre del ejercicio.

Desde una perspectiva de política pública, la actualización de las remuneraciones de los residentes adquiere además una relevancia específica: se trata de un segmento estratégico para el funcionamiento del sistema sanitario, donde la retención de profesionales y las condiciones económicas de la formación constituyen factores determinantes para sostener la oferta de atención en hospitales públicos. En ese sentido, la medida no se limita a una discusión salarial, sino que incide sobre la capacidad del Estado para sostener recursos humanos en áreas críticas.

La homologación de los acuerdos marca así el cierre formal de una negociación que tendrá efectos diferenciados: incrementos mensuales para los estatales, un refuerzo extraordinario de $80.000 en diciembre, incentivos y compensaciones actualizados y una nueva estructura de ingresos para los residentes nacionales. El desafío pendiente será determinar cuánto de esta recomposición logrará transformarse efectivamente en una mejora del ingreso real frente a la inflación y cuánto impacto tendrá sobre la capacidad operativa de los servicios públicos.

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Registros Automotores: Justicia simplifica el esquema de aranceles

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El Gobierno nacional avanzó con una nueva reorganización del sistema registral automotor que apunta a simplificar la estructura de aranceles, reducir la cantidad de cánones vigentes y modificar el mecanismo mediante el cual se calculan los emolumentos de los encargados de los Registros Seccionales. La medida fue establecida por la Resolución 412/2026 del Ministerio de Justicia, publicada este lunes 31 de agosto, y entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre.

La decisión se inscribe en el proceso de transformación del Registro de la Propiedad del Automotor que impulsa el Ministerio de Justicia y que tiene como eje la digitalización, la reorganización de los trámites y una estructura de costos que, al menos en su diseño, resulte más sencilla de interpretar para quienes utilizan el sistema. El cambio no consiste solamente en modificar valores: el Gobierno busca alterar la arquitectura con la que se determinan los aranceles y, al mismo tiempo, desacoplar parcialmente la remuneración de los encargados del volumen total de dinero que recaudan sus registros.

Uno de los principales cambios es la reducción en un 40% de la cantidad total de cánones vigentes. Para conseguirlo, los anteriores Anexos I, II y III pasan a organizarse en ocho categorías, mientras que los Anexos IV y V quedan estructurados en seis y cuatro categorías, respectivamente. El objetivo declarado es terminar con una estructura arancelaria fragmentada y reemplazarla por un sistema basado en categorías y módulos que permita determinar el costo de cada operación de manera más uniforme.

El nuevo esquema toma como referencia el Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor, conocido como MRPA, creado por el Ministerio de Justicia mediante la Resolución 308/2026. La utilización de este módulo pretende convertir al sistema en una estructura más previsible: en lugar de una multiplicidad de cánones independientes, los trámites se agrupan y se les asigna una cantidad determinada de módulos.

El cambio también impacta directamente sobre la economía de los Registros Seccionales. La resolución establece un nuevo mecanismo para determinar los emolumentos de sus encargados, que parte de la recaudación total y establece una serie de deducciones vinculadas con certificaciones de firmas, determinados aranceles y el costo de los elementos registrales utilizados durante el período.

Una vez efectuadas esas detracciones, el esquema fija que los emolumentos estarán conformados por la totalidad del monto remanente hasta alcanzar los $16 millones. Sobre lo que exceda ese nivel, los encargados percibirán el 25%, mientras que el techo máximo queda establecido en $40 millones. De esta manera, la reforma introduce un sistema progresivo sobre la recaudación de los registros y establece un límite explícito para la remuneración.

El diseño busca cambiar un incentivo económico relevante dentro del sistema registral: el crecimiento de la recaudación por encima de determinados niveles ya no se traduce proporcionalmente en mayores emolumentos para los encargados. La diferencia queda destinada a los fondos contemplados por el artículo 6° de la normativa vigente, reforzando la separación entre los recursos generados por la actividad registral y la remuneración de quienes administran las unidades.

La resolución también establece parámetros específicos para las certificaciones de firmas y validaciones remotas. Sobre esos conceptos se aplicarán descuentos equivalentes a tres MRPA por cada arancel percibido y se mantienen mecanismos de asignación de los recursos hacia los fondos previstos por la normativa. En paralelo, se establece un tratamiento específico para determinados aranceles identificados como 8E, 8D y 8E en los anexos correspondientes.

El nuevo régimen contempla además un umbral de 1.200 MRPA para la distribución de determinados recursos vinculados con certificaciones. Hasta ese límite, el 100% integra uno de los fondos previstos en la normativa; el excedente pasa a otro destino. Para los registros exclusivos de motovehículos que no estén a cargo de funcionarios responsables de otras unidades operativas, se establece un tratamiento particular.

La misma lógica se aplica a determinados aranceles de certificación, con un límite equivalente a 450 aranceles 8E. El esquema procura así establecer reglas más homogéneas para distribuir los ingresos del sistema, mientras que el costo efectivo de los elementos registrales utilizados también queda incorporado a la fórmula de cálculo.

Desde la perspectiva del usuario, la reforma tiene una consecuencia potencialmente más importante que la discusión sobre la remuneración de los encargados: la reducción de categorías puede hacer más transparente la composición del costo de una operación. El problema histórico del sistema registral no fue únicamente el nivel de los aranceles, sino también la complejidad para anticipar cuánto terminaría pagando una persona por una transferencia, una certificación, una inscripción o cualquiera de los trámites vinculados con la propiedad de un vehículo.

En ese punto aparece la dimensión de política pública de la medida. Si la simplificación arancelaria se acompaña efectivamente con procesos digitales, información accesible y mecanismos que permitan conocer el costo antes de iniciar un trámite, la reforma puede reducir costos de transacción y, sobre todo, disminuir la incertidumbre para ciudadanos y empresas. La digitalización deja de ser entonces una cuestión meramente administrativa para convertirse en una herramienta concreta de transparencia.

La resolución forma parte del denominado Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, que el Ministerio de Justicia aprobó mediante la Resolución 306/2026. El plan plantea una transformación del modelo de gestión registral basada en la optimización de procesos y en la incorporación de herramientas que permitan hacer más eficiente y accesible el sistema.

El desafío, sin embargo, estará en la implementación. Una reducción formal del número de categorías no garantiza por sí misma un sistema más barato ni más sencillo. El impacto real dependerá de que la nueva clasificación reduzca efectivamente los costos administrativos, facilite la comprensión de los aranceles y acompañe una digitalización que permita completar una mayor cantidad de operaciones sin intermediaciones innecesarias.

Para los usuarios, el resultado que importará será concreto: saber cuánto cuesta un trámite antes de iniciarlo, poder realizarlo con menos pasos y evitar costos que no estén claramente explicados. Para el Estado, el desafío será demostrar que la reorganización no se limita a cambiar la fórmula de distribución de los ingresos, sino que consigue construir un registro automotor más simple, trazable y eficiente.

La Resolución 412/2026 representa, en ese sentido, un cambio de arquitectura más que una actualización aislada de aranceles. El Gobierno reduce la cantidad de cánones, consolida el MRPA como unidad de referencia y establece un esquema con un tramo pleno hasta $16 millones, una participación del 25% sobre el excedente y un techo de $40 millones para los emolumentos. El verdadero resultado de la reforma se medirá, ahora, en la ventanilla —física o digital—: cuánto tiempo, cuánto dinero y cuánta incertidumbre le cuesta al ciudadano hacer una operación registral.

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Combustible: El gobierno postergo un aumento clave septiembre

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El Gobierno nacional volvió a postergar la actualización de los impuestos que gravan a las naftas y el gasoil y trasladó de septiembre a octubre la entrada en vigencia del incremento remanente correspondiente a las actualizaciones de 2024, 2025 y el primer y segundo trimestre de 2026. La decisión fue formalizada mediante el Decreto 829/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y apunta a contener el impacto inmediato sobre el precio de los combustibles.

La medida modifica el esquema establecido originalmente por el Decreto 617/2025 y sus sucesivas prórrogas. En concreto, el Gobierno dispuso que los incrementos tributarios pendientes que debían comenzar a regir el 1° de septiembre de 2026 tendrán efecto sobre los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 1° de octubre.

El cambio alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. Se trata de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, cuyos montos fijos en pesos se actualizan periódicamente de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.

La normativa establece que esas actualizaciones deberían realizarse trimestralmente sobre la base de la inflación acumulada. Sin embargo, desde 2025 el Gobierno viene difiriendo la aplicación efectiva de parte de esos incrementos. El Decreto 829/2026 prolonga ahora ese mecanismo de manera que el aumento impositivo acumulado que quedaba pendiente no impacte durante septiembre.

La decisión tiene una consecuencia concreta para consumidores y empresas: durante septiembre no se incorporará al precio de los combustibles el tramo de impuestos cuya aplicación estaba prevista para ese mes. Esto, sin embargo, no significa que el Gobierno haya congelado los precios de las naftas o del gasoil, ya que el decreto únicamente posterga la entrada en vigencia de los incrementos tributarios y no establece un precio máximo para los combustibles.

El argumento oficial vuelve a combinar dos objetivos de política económica: evitar un impacto adicional sobre los precios en el corto plazo y sostener un sendero fiscal considerado compatible con la evolución de la economía. El decreto señala que el diferimiento busca continuar estimulando el crecimiento mediante un “sendero fiscal sostenible”.

Qué cambia desde septiembre

El punto central de la norma es la modificación del cronograma. El período que originalmente contemplaba la aplicación de determinadas disposiciones hasta el 31 de agosto se extiende ahora hasta el 30 de septiembre de 2026.

A partir del 1° de octubre comenzará a regir el incremento total de los montos impositivos que permanece pendiente como consecuencia de las actualizaciones correspondientes a los años 2024 y 2025 y al primer y segundo trimestre de 2026. El decreto no fija un nuevo porcentaje de aumento de los combustibles en surtidor, sino que establece cuándo comenzarán a tener efecto esos mayores montos tributarios.

La diferencia es relevante porque los impuestos sobre los combustibles tienen una incidencia directa en la estructura de costos de las estaciones de servicio, el transporte y numerosas actividades productivas. Postergar su aplicación permite evitar, durante septiembre, una presión tributaria adicional que eventualmente podría trasladarse al precio final.

Para los consumidores, por lo tanto, el beneficio inmediato consiste en que el componente impositivo que debía comenzar a aplicarse en septiembre permanecerá diferido durante un mes más. Para el Estado, en contrapartida, significa resignar durante ese período la recaudación incremental asociada con la actualización de esos impuestos.

El impacto sobre el precio en surtidores

El decreto no permite determinar por sí solo cuánto subirán las naftas o el gasoil en octubre. El monto final que pagarán los consumidores dependerá de la incidencia efectiva de los impuestos actualizados y de la evolución del resto de los componentes que conforman el precio de los combustibles.

Esto incluye variables como los costos de las empresas, el precio de los biocombustibles, la cotización del petróleo y el tipo de cambio, además de las decisiones comerciales de las compañías. Por eso, la postergación del componente tributario no equivale a garantizar que los precios permanezcan sin cambios durante septiembre.

La decisión sí aporta, en cambio, una certeza regulatoria concreta: el aumento impositivo remanente no tendrá efecto durante septiembre y comenzará a impactar sobre los hechos imponibles desde el 1° de octubre. El Gobierno gana así un mes antes de trasladar al mercado una actualización tributaria que acumula ajustes pendientes de varios períodos.

El movimiento se inscribe en una estrategia que busca administrar el impacto de la inflación sobre precios sensibles sin eliminar la actualización prevista por la legislación. La herramienta elegida es nuevamente el diferimiento: el aumento no se elimina, sino que se desplaza en el tiempo.

En términos de política económica, el desafío será administrar el equilibrio entre dos objetivos que pueden entrar en tensión: contener el impacto de los combustibles sobre la inflación y, al mismo tiempo, evitar que la postergación de impuestos genere un costo fiscal creciente. Para septiembre, el Gobierno priorizó el primer objetivo y trasladó al 1° de octubre la aplicación de los incrementos tributarios pendientes.

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