Gobierno Nacional

Milei ratificó el “apretón monetario” y aseguró que el Gobierno ya eliminó el 95% del cepo

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El presidente Javier Milei volvió a cerrar filas sobre el núcleo de su programa económico y aseguró que el Gobierno continuará endureciendo la política monetaria para “derrotar la inflación”. Lo hizo durante un evento organizado por VALO en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), donde además sostuvo que la Argentina ya eliminó “prácticamente el 95% del cepo” y reivindicó el ajuste fiscal como base de la estabilización económica.

La exposición del mandatario funcionó como una señal política y financiera. En medio de discusiones sobre el ritmo de recuperación económica, la dinámica del dólar y la sustentabilidad del esquema cambiario, Milei buscó transmitir previsibilidad hacia los mercados y reafirmar que no habrá modificaciones de rumbo.

“Tenemos una política de apretón monetario y estamos convencidos de seguir en ese camino hasta derrotar la inflación. No vamos a ceder ni un ápice”, sostuvo el jefe de Estado.

El Gobierno endurece el mensaje monetario

Durante su intervención, Milei insistió en que la administración nacional mantiene como prioridad absoluta la desaceleración de los precios, aun cuando reconoció que todavía persisten “rezagos” derivados de la expansión monetaria previa y de los controles cambiarios.

Según explicó, el Ejecutivo logró frenar los mecanismos de emisión monetaria hacia mediados de 2024, aunque advirtió que aún permanecen efectos residuales en la economía. En paralelo, defendió la política de esterilización monetaria aplicada por el Banco Central para evitar que la acumulación de divisas presione sobre la inflación.

En ese marco, el Presidente afirmó que, de no haber comprado “8.500 millones de dólares”, el tipo de cambio oficial se ubicaría en torno a los $1.100.

La definición no es menor: el Gobierno vuelve a colocar la política monetaria en el centro de la estrategia económica y refuerza la idea de que la estabilidad cambiaria y la desaceleración inflacionaria seguirán prevaleciendo sobre cualquier intento de expansión de liquidez o estímulo vía gasto público.

Uno de los puntos más sensibles del discurso estuvo vinculado al esquema cambiario. Milei aseguró que el país avanza hacia “un esquema de mayor libertad cambiaria”, aunque admitió que aún persisten restricciones parciales.

La declaración se complementa con las recientes definiciones del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien había señalado que eliminar totalmente las restricciones para empresas no aparece entre las prioridades inmediatas de la autoridad monetaria.

El Gobierno, de acuerdo con las exposiciones oficiales, busca preservar el equilibrio externo mientras sostiene el proceso de desinflación. Esa estrategia explica por qué la administración libertaria mantiene foco en la acumulación de reservas y en la estabilidad financiera antes que en una liberalización total del mercado cambiario.

Milei también remarcó que el mercado paralelo “es completamente legal” y defendió el actual esquema de regulación cruzada para operar en distintos segmentos financieros.

Superávit fiscal y disputa política

El Presidente volvió a vincular el equilibrio fiscal con la baja del riesgo país, la reducción de tasas de interés y la posibilidad de atraer inversiones. Según planteó, la política de “déficit cero” permite consolidar solvencia macroeconómica y mejorar las condiciones de financiamiento.

En esa línea, reivindicó el trabajo del ministro de Economía, Luis Caputo, y del titular del Banco Central, Santiago Bausili, al asegurar que el Gobierno logró ordenar las cuentas públicas “en el primer mes”.

La lectura política del discurso también dejó un mensaje hacia la oposición. Milei responsabilizó a sectores políticos por episodios recientes de volatilidad financiera y afirmó que existieron intentos de “romper el equilibrio fiscal” mediante proyectos legislativos.

Pese a ello, sostuvo que la economía “resistió” shocks internos y externos y aseguró que los indicadores de marzo y abril comenzaron a mostrar señales de recuperación.

En su exposición, Milei sostuvo que la inflación podría haber escalado a niveles extremadamente altos si no se aplicaba el ajuste fiscal y monetario implementado desde el inicio de la gestión.

Además, afirmó que la reducción de la inflación tuvo impacto sobre los indicadores sociales y aseguró que la pobreza descendió respecto de los máximos registrados en 2024.

El Presidente también defendió la reforma laboral sancionada este año y vinculó el crecimiento futuro con la expansión del sector privado y la inversión empresarial.

“Sin empresarios no hay nada”, afirmó.

Un programa que entra en fase de validación política

El discurso de Milei dejó una definición central: el Gobierno considera que el programa económico ya superó su etapa defensiva y busca consolidar una fase de estabilización prolongada.

La tensión ahora pasa por otra dimensión: si el esquema de ajuste monetario y fiscal logra sostener actividad económica, empleo y recuperación del consumo sin perder respaldo político.

Con inflación todavía elevada, restricciones cambiarias parciales y señales mixtas en el mercado laboral, la evolución de los próximos indicadores económicos será determinante para medir si la estrategia oficial logra traducir estabilización financiera en crecimiento sostenido.

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Lugones redefine el rol sanitario de Nación y empuja un esquema federal con mayor peso de las provincias

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El ministro de Salud ratificó que las jurisdicciones deben asumir la gestión directa de los sistemas sanitarios mientras Nación conservará funciones estratégicas. El planteo reabre el debate sobre financiamiento, coordinación y capacidad operativa en las provincias.

El ministro de Salud de la NaciónMario Lugones, manifestó que, junto a sus pares provinciales, busca impulsar un “sistema sanitario verdaderamente federal”, al mismo tiempo en que ratificó que “cada nivel del Estado tiene que cumplir su responsabilidad”.

Desde sus redes sociales, el titular de la cartera sanitaria sostuvo que el Gobierno “va a continuar garantizando recursos estratégicos“, como por ejemplo, las vacunas del Calendario Nacional, y “acompañando a las jurisdicciones en los procesos vinculados a los medicamentos de alto costo y tratamientos oncológicos“.

“Las provincias y la Ciudad tienen a su cargo la gestión de la atención en sus territorios y conocen las necesidades de sus poblaciones. Para cuidar la salud de todos los argentinos, cada nivel del Estado tiene que cumplir su responsabilidad. Orden, eficiencia y trabajo coordinado”, se sostuvo.

En la misma línea, el comunicado firmado por todos los ministros sanitarios del país se indicó que la salud en Argentina “es una responsabilidad jurisdiccional dentro de un sistema federal” y que, tanto las provincias como la Ciudad de Buenos Aires, tienen a su cargo la gestión de los sistemas sanitarios locales y “conocen de cerca las necesidades de sus poblaciones”. 

Asimismo, subrayaron en el texto que Nación seguirá cumpliendo el rol de “rector indispensable” que “coordina políticas, fija estándares y garantiza recursos estratégicos“.

“Este trabajo articulado entre el Ministerio de Salud de la Nación y las provincias, que se refleja en los encuentros mensuales del Consejo Federal de Salud, es el que permite fortalecer el sistema de salud y mejorar las respuestas para todos los argentinos”, concluyeron. 

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Caputo sostuvo el superávit fiscal en abril y el Gobierno refuerza su ancla económica pese a la caída de retenciones

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El Gobierno nacional volvió a mostrar superávit fiscal en abril y ratificó el equilibrio de las cuentas públicas como eje central de su programa económico. Según informó el Ministerio de Economía, el Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado financiero favorable de $268.103 millones, luego de afrontar pagos de intereses de deuda por $364.741 millones.

Con este resultado, el superávit financiero acumulado en los primeros cuatro meses de 2026 alcanzó aproximadamente el 0,2% del Producto Bruto Interno (PIB), mientras que el superávit primario llegó al 0,5% del PIB. Para la administración de Javier Milei, el dato funciona como una señal política y financiera en un escenario todavía marcado por la desaceleración económica y la presión sobre la actividad industrial.

El equilibrio fiscal sigue siendo el eje del programa económico

Desde el Palacio de Hacienda sostienen que el resultado confirma la continuidad del “ancla fiscal”, uno de los pilares del esquema económico que impulsa el Gobierno. El Ministerio de Economía remarcó que el desempeño se logró pese al pago de intereses y en un contexto donde algunos ingresos asociados al comercio exterior mostraron retrocesos.

Los ingresos totales del SPN durante abril alcanzaron los $13,4 billones, con una suba interanual del 29,6%. La recaudación tributaria creció 26,9% interanual, impulsada principalmente por el impuesto a los Débitos y Créditos, los aportes y contribuciones a la Seguridad Social y el IVA neto de reintegros.

Sin embargo, los Derechos de Exportación registraron una caída de 17,4% interanual. El dato adquiere relevancia política porque las retenciones continúan siendo una fuente sensible de recursos fiscales y reflejan, además, el impacto de la dinámica del comercio exterior y de la actividad agroexportadora.

Del lado del gasto, el Gobierno informó que los gastos primarios ascendieron a $12,7 billones, con un incremento interanual del 34,5%.

Las prestaciones sociales representaron el principal componente, con erogaciones por $8,09 billones, mientras que las remuneraciones del sector público alcanzaron $1,62 billones.

Uno de los puntos que más creció fueron los subsidios económicos, que aumentaron en $701.872 millones. Según Economía, la suba estuvo vinculada al pago de gastos asociados a transacciones energéticas correspondientes a marzo y abonadas durante la primera semana de abril.

También se destacó el crecimiento del gasto de capital, que alcanzó $420.661 millones, con una variación interanual de 123,2%. Descontando aportes a organismos internacionales, la inversión real directa y las transferencias de capital crecieron 69,5%.

El dato introduce un matiz relevante dentro de la estrategia oficial: mientras el Gobierno mantiene el discurso de austeridad y ajuste fiscal, también busca mostrar capacidad de sostener determinados niveles de inversión y compromisos operativos del Estado.

El resultado fiscal tiene una dimensión política central para la Casa Rosada. En un contexto donde el oficialismo necesita sostener confianza en los mercados y mostrar capacidad de pago, el superávit aparece como una herramienta de legitimación económica.

Luis Caputo reforzó esa línea al afirmar que el equilibrio se sostiene mediante “una estricta administración del gasto público” y aseguró que el objetivo es combinar orden fiscal con reducción de impuestos y cumplimiento de compromisos financieros.

La administración nacional intenta construir una narrativa de estabilidad basada en la disciplina presupuestaria, incluso cuando algunos indicadores de actividad todavía muestran debilidad. La caída en los ingresos por retenciones y el aumento de subsidios energéticos revelan, no obstante, que el margen fiscal continúa condicionado por variables sensibles de la economía real.

Impacto económico y señales para las provincias

El sostenimiento del superávit también tiene implicancias para las provincias y los sectores productivos. La reducción de transferencias corrientes al sector público —que cayeron 18,6% interanual— mantiene bajo presión a las administraciones subnacionales, especialmente aquellas con menor autonomía financiera.

En el caso de Misiones y el NEA, el comportamiento de los recursos vinculados al consumo interno y a la actividad exportadora seguirá siendo un factor clave. La caída en derechos de exportación y la evolución de la recaudación tributaria nacional pueden impactar indirectamente sobre el flujo de recursos y el ritmo de actividad regional.

Al mismo tiempo, el incremento del gasto de capital podría convertirse en una variable a seguir para evaluar si el Gobierno sostiene niveles de inversión pública selectiva en infraestructura o energía durante los próximos meses.

El resultado de abril fortalece la estrategia oficial de mostrar consistencia fiscal en medio de un escenario económico todavía frágil. Sin embargo, el equilibrio dependerá de múltiples factores: la evolución de la actividad, la recaudación, el costo energético y la capacidad del Gobierno de sostener el superávit sin profundizar tensiones sobre el entramado productivo y las provincias.

El comportamiento de las exportaciones, la dinámica inflacionaria y el nivel de gasto en subsidios aparecerán como variables decisivas para medir hasta dónde puede sostenerse el actual esquema fiscal en la segunda mitad del año.

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Desde la provincia reclaman a Nación la eliminación del IVA sobre el agua potable

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Por primera vez en Argentina, un ente regulador provincial impulsa formalmente la reducción y/o eliminación del IVA sobre el agua potable, planteando que resulta incoherente sostener un discurso de baja de impuestos mientras millones de argentinos siguen pagando un 21% sobre un servicio esencial. Es que desde el Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas de Misiones (EPRAC), organismo encargado del control del agua en Misiones, iniciaron un proceso formal para solicitar la reducción de impuestos al estado Nacional.

“Por disposición de nuestro gobernador y con el apoyo de nuestros diputados nacionales, le solicitamos al gobierno nacional que revea el esquema de IVA aplicado a este servicio básico” instó la presidente del EPRAC, Soledad Balán, quien sostuvo que el agua “no puede ser tratada como un bien de lujo” y cuestionó que el Gobierno Nacional mantenga una de las cargas impositivas más altas sobre un recurso básico para la vida cotidiana.

En esa línea, explicó que no es disparatado el pedido ya que hay alimentos de la canasta básica que cuentan con este tipo de beneficios impositivos. “Si Nación realmente quiere sostener coherencia con su discurso liberal y de alivio fiscal, debería empezar por eliminar impuestos sobre servicios esenciales como el agua potable”, expresó la titular del organismo de control de los servicios de agua.

Desde el organismo remarcaron que una reducción del IVA tendría impacto directo sobre las facturas de millones de usuarios y representaría un alivio concreto para las familias en un contexto económico complejo. Además, señalaron que la iniciativa busca abrir una discusión nacional sobre la lógica de seguir cobrando impuestos elevados sobre consumos básicos mientras se habla de reducción de presión fiscal.

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Puertos aplica una rebaja del 16,7% en la Hidrovía para buques que usen el Canal Martín García

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El Gobierno nacional decidió intervenir en la ecuación de costos de la Vía Navegable Troncal con una señal concreta: una rebaja del 16,7% en el peaje para los buques que transiten por el Canal Martín García. La decisión quedó formalizada el 4 de mayo de 2026 mediante la Resolución 25/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, con aplicación retroactiva desde el 1° de mayo y vigencia hasta el 30 de junio.

El movimiento no es menor. Se inscribe en pleno proceso de rediseño del esquema de concesión y control de la hidrovía, uno de los activos logísticos más sensibles del país. La pregunta que queda flotando es si se trata de un incentivo táctico de corto plazo o de una señal más profunda sobre el modelo de navegación que el Ejecutivo busca consolidar.

Reconfiguración institucional en la hidrovía

La medida no surge en el vacío. Se apoya en un proceso de reorganización que comenzó con la declaración como servicio público de las tareas de dragado, señalización y mantenimiento de las vías navegables en 2024, y que tuvo un punto de inflexión con la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación mediante el DNU 3/2025.

Ese rediseño institucional implicó la disolución de la Administración General de Puertos y la transferencia de funciones a un ente autárquico con mayor capacidad de intervención. La nueva agencia no solo heredó competencias técnicas, sino también la potestad de actuar como autoridad de aplicación y control del sistema.

En ese marco, la resolución actual aparece como una herramienta operativa dentro de ese esquema: ajustar tarifas para ordenar el tráfico y sostener condiciones de navegabilidad mientras se define el futuro concesionario del sistema.

La decisión establece una bonificación del 16,7% sobre el peaje en el tramo comprendido entre la Sección 0.0 y la Sección 1.2 de la Vía Navegable Troncal, en ambos sentidos, exclusivamente para los buques que utilicen el Canal Martín García.

El beneficio no es nuevo en términos conceptuales. Ya había sido aplicado previamente mediante una resolución de marzo de 2026, pero con plazo vencido. Ahora se renueva bajo el argumento de los “resultados obtenidos”, aunque el texto no detalla cuáles fueron esos efectos.

La clave operativa está en tres elementos: Temporalidad definida: desde el 1° de mayo hasta el 30 de junio de 2026. Aplicación retroactiva: alcanza operaciones ya realizadas desde el inicio del período. Y focalización: solo para quienes opten por el Canal Martín García.

En términos concretos, la medida altera los costos relativos entre rutas dentro de la hidrovía, lo que puede incidir en la elección de trazas por parte de los operadores.

Control tarifario en transición

El movimiento refuerza el rol de la Agencia como actor central en la regulación económica del sistema. No solo administra contratos o fiscaliza obras: también interviene directamente en la estructura de incentivos del transporte fluvial.

En un contexto donde el contrato de concesión está en revisión y se proyecta una nueva licitación, la política tarifaria se convierte en una herramienta de gestión y, al mismo tiempo, en una señal hacia el mercado.

El Ejecutivo mantiene así capacidad de arbitraje en una etapa de transición. La bonificación puede leerse como un mecanismo para sostener flujo operativo, evitar desbalances en el tráfico o corregir distorsiones detectadas en la operatoria reciente.

Sin embargo, también introduce una variable política: quién define el costo de navegar la hidrovía mientras el modelo definitivo aún no está cerrado.

Costos logísticos en ajuste

Aunque la resolución no cuantifica impactos agregados, la reducción del peaje implica una disminución directa en los costos de transporte para los buques que utilicen el canal beneficiado.

En un sistema donde cada decisión logística impacta en la competitividad de las cargas, pequeñas variaciones tarifarias pueden modificar rutas, tiempos y márgenes.

La clave está en que la medida no es generalizada: premia una vía específica. Eso introduce competencia interna entre canales y puede redistribuir el tránsito dentro del sistema troncal.

Señales en medio de la transición

La bonificación tiene fecha de vencimiento: 30 de junio. Ese límite temporal funciona como recordatorio de que el esquema está en revisión.

Lo que ocurra después será clave. Si la medida se prorroga, podría consolidarse como política de incentivo. Si se modifica, indicará ajustes en la estrategia. Si desaparece, quedará como intervención puntual.

En paralelo, el proceso de licitación y redefinición del contrato de la hidrovía seguirá marcando el pulso de fondo. La política tarifaria, en ese contexto, aparece como una herramienta flexible para administrar una infraestructura crítica en plena transición.

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