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Economía avanzó con la privatización de la Hidrovía y prepara una concesión con inversiones por más de US$ 10.000 millones

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El Gobierno cerró la etapa técnica de evaluación de ofertas para la Vía Navegable Troncal. La futura adjudicación concentra apoyo del núcleo exportador y redefine el control logístico sobre la principal ruta comercial del país.

El Ministerio de Economía confirmó que avanzó el proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal tras concluir la etapa técnica de análisis de propuestas presentadas por las compañías internacionales Jan De Nul NV y DEME NV. La resolución firmada por el Gobierno habilita ahora el paso hacia la adjudicación y la firma del nuevo contrato de concesión para una infraestructura considerada estratégica para el comercio exterior argentino.

Según el comunicado oficial, la evaluación incluyó planes de trabajo y antecedentes específicos de ambas empresas bajo un sistema de puntaje validado por Naciones Unidas. El proceso no registró impugnaciones entre los oferentes.

La decisión adquiere peso político y económico porque la Hidrovía concentra buena parte del flujo exportador argentino y funciona como uno de los principales corredores logísticos para la salida de producción agroindustrial. El nuevo esquema prevé inversiones superiores a los US$ 10.000 millones destinadas a modernizar la infraestructura y mejorar la conectividad operativa.

El Gobierno acelera la definición de la nueva concesión

La resolución marca el cierre de una instancia técnica que venía siendo observada de cerca por actores del sistema portuario, exportador y agroindustrial. Economía sostuvo que, finalizadas las evaluaciones, se avanzará hacia la adjudicación formal de la concesión.

El comunicado oficial destacó que el proceso recibió respaldo de entidades empresariales vinculadas al comercio exterior y la producción, entre ellas la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, el Centro de Navegación, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y la Cámara Naviera Argentina.

Ese alineamiento expone una convergencia de intereses entre el Gobierno y sectores que dependen directamente de menores costos logísticos y mayor previsibilidad operativa para exportar.

La futura concesión contempla una inversión estimada superior a los US$ 10.000 millones. De acuerdo con Economía, los fondos estarán orientados a modernizar infraestructura estratégica, mejorar la conectividad logística y fortalecer la competitividad de la producción argentina en mercados externos.

El Gobierno sostuvo además que el nuevo esquema permitiría reducir costos y generar mayor previsibilidad operativa para el sistema de transporte fluvial y marítimo.

Aunque el comunicado no detalla plazos ni condiciones específicas del contrato, el cierre de la etapa técnica reduce el margen de incertidumbre sobre el proceso licitatorio y acerca una definición sobre quién administrará uno de los corredores comerciales más sensibles del país.

La disputa por la logística exportadora

La Hidrovía representa mucho más que una obra de infraestructura. Su control impacta sobre costos de exportación, tiempos logísticos y competitividad de las cadenas productivas vinculadas al agro y la industria.

Por eso, la validación técnica sin impugnaciones aparece también como una señal institucional hacia el mercado y hacia los sectores exportadores que reclamaban definiciones sobre el futuro del corredor navegable.

El respaldo explícito de cámaras empresariales y entidades agroindustriales fortalece la posición política del Gobierno en una discusión históricamente atravesada por tensiones entre administración estatal, concesión privada y regulación del comercio exterior.

La evolución de la Vía Navegable Troncal tiene implicancias regionales por su incidencia sobre costos de transporte y conexión con mercados externos. Las provincias del noreste dependen en parte de la eficiencia logística nacional para colocar producción industrial, forestal y agropecuaria. Una reducción de costos o mejoras en previsibilidad operativa podrían tener impacto indirecto sobre cadenas exportadoras regionales.

Al mismo tiempo, el proceso vuelve a poner en discusión el lugar de la infraestructura logística dentro de la estrategia económica nacional y el rol del sector privado en activos considerados estratégicos.

Con la etapa técnica cerrada, el próximo movimiento será la adjudicación formal y la firma del nuevo contrato de concesión. El Gobierno apuesta a que la inversión privada acelere la modernización del sistema navegable y mejore la competitividad exportadora.

La atención ahora quedará puesta en las condiciones finales del contrato, el alcance efectivo de las inversiones comprometidas y la capacidad del nuevo esquema para sostener eficiencia logística en uno de los corredores más sensibles para el ingreso de divisas del país.

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La Bolsa de Rosario elevó la proyección de divisas del agro en 2026 a US$ 36.100 millones

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La mejora en las estimaciones de soja y maíz, junto con una suba de precios internacionales, agregó US$ 800 millones a la previsión de ingreso de dólares. El dato vuelve a colocar al agro en el centro de la estabilidad cambiaria y fiscal del Gobierno.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) ajustó al alza su previsión de liquidación de divisas del agro para 2026 y estimó ingresos por US$ 36.111 millones, unos US$ 800 millones más que en abril. La revisión se produjo luego de que el informe mensual de GEA-BCR incrementara las proyecciones de producción de soja y maíz para la campaña 2025/26 y registrara mejores precios internacionales para la mayor parte de los productos exportables.

El dato adquiere relevancia política y económica porque el flujo de dólares del complejo agroexportador continúa siendo una de las principales fuentes de ingreso de divisas para la economía argentina. En un escenario donde el Gobierno mantiene el foco en la estabilidad cambiaria y la acumulación de reservas, la evolución de la cosecha y de las exportaciones agrícolas vuelve a convertirse en una variable crítica.

Más soja, más maíz y mayor volumen exportable

En su último informe mensual de estimación de producción nacional, GEA-BCR elevó sus previsiones para la soja y el maíz 2025/26 a 50 Mt (+2 Mt vs. abril) y 68 Mt (+1 Mt vs. abril), respectivamente. Esta mayor oferta se traduce en un aumento en la estimación de molienda de oleaginosa (+1 Mt), y mayores exportaciones de harina/pellets y aceite de soja para la campaña. Asimismo, la proyección de exportaciones de maíz se incrementa en 500.000 t.

Este ajuste al alza en la previsión de exportaciones de maíz, harina y aceite de soja, sumado a precios levemente mayores a los vigentes hace un mes para prácticamente todos los productos dejan a la actualización en la estimación de liquidación de divisas del agro en US$ 36.111 millones para 2026, lo que significa un incremento de US$ 800 millones respecto de abril y un monto prácticamente idéntico al 2025 contemplando tanto lo liquidado en el MLC como lo liquidado vía el mercado Contado con Liquidación. 

En los primeros 4 meses del año el agro liquidó un estimado de US$ 8.516 millones, por debajo de los US$ 9.000 del primer cuatrimestre del año pasado. Esta caída en la comparación interanual se explica, por un lado, por los coletazos finales del régimen de eliminación temporaria de retenciones de septiembre pasado (hubo un efecto “adelantamiento” que hizo mermar el ingreso en los meses subsiguientes); por el otro, por el lento avance de la cosecha y comercialización durante el mes de abril. 

En los primeros días de mayo, el buen avance en las labores de recolección de soja junto con una mejora en los precios ofrecidos aceleró la comercialización por parte de los productores. 

De esta manera, el flujo de divisas de la nueva cosecha al MLC ya ha comenzado a sentirse, y se prevé que el mes cierre con un incremento considerable respecto de abril, ubicándose por encima del promedio del último lustro y manteniéndose arriba para lo que resta del año. 

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“La universidad da pocos graduados”, dijo el subsecretario de Políticas universitarias

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El subsecretario de Políticas universitarias Alejandro Álvarez, “la universidad da pocos graduados” y añadió además que “se designa por rosca política, no hay un procedimiento fijo”. En la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional endureció su discurso sobre el sistema de educación superior y oficializó una reducción de $78.768 millones en distintos programas de la Secretaría de Educación, incluida la suspensión de transferencias para obras universitarias.

La decisión quedó formalizada mediante la Decisión Administrativa 20/2026 y coincidió con una ofensiva pública del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien cuestionó el modelo de financiamiento actual, habló de un sistema “arbitrario” y aseguró que las universidades “dan pocos graduados” pese al nivel de gasto estatal.

El conflicto no se limita a una discusión presupuestaria. El trasfondo combina ajuste fiscal, disputa por el control político de las universidades y redefinición de los criterios de distribución de fondos en uno de los sectores históricamente más sensibles del Estado argentino.

El recorte llega antes de la marcha universitaria

La reducción presupuestaria impacta sobre programas educativos nacionales, infraestructura escolar, becas y universidades. El mayor ajuste recayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió más de $35.288 millones destinados a transferencias a provincias.

También fue eliminado el Fondo de Compensación Salarial Docente, utilizado para equiparar salarios mínimos provinciales, con una quita cercana a $8.930 millones.

La poda incluyó además recortes en infraestructura escolar y equipamiento por más de $21.686 millones, una baja de $6.649 millones en programas socioeducativos y una reducción superior a $559 millones en becas estudiantiles.

La empresa estatal EDUC.AR S.A. sufrió una retracción de transferencias por $48.000 millones.

En paralelo, el Gobierno dejó sin efecto transferencias de capital destinadas a infraestructura universitaria por $5.303 millones. Según el anexo de la medida, las obras quedaron suspendidas en trece universidades nacionales.

La Universidad Nacional de La Plata fue la más afectada, con una reducción de $1.043 millones. También registraron recortes las universidades de General San Martín, Avellaneda, Río Cuarto y Entre Ríos.

La estrategia oficial: cambiar cómo se reparte el presupuesto

Mientras crece la tensión con rectores, sindicatos y centros estudiantiles, el Gobierno intenta instalar otra discusión: no sólo cuánto se gasta, sino cómo se asignan los recursos.

Álvarez sostuvo que el presupuesto universitario “se designa por rosca política” y planteó que la intención oficial es reemplazar ese esquema por un mecanismo basado en “indicadores objetivos”.

Según explicó, la Subsecretaría trabaja en el cruce de información vinculada a cantidad de docentes y estudiantes para diseñar nuevos parámetros de distribución presupuestaria.

La señal política es relevante porque apunta directamente al corazón del sistema universitario: el criterio histórico de negociación entre universidades, Estado nacional y actores políticos con peso parlamentario y territorial.

El funcionario también afirmó que las universidades reciben actualmente los fondos de funcionamiento “en tiempo y forma” y defendió la política salarial del Ejecutivo frente a los reclamos gremiales.

La pelea por los hospitales universitarios

Otro de los focos de conflicto quedó expuesto en la discusión sobre los hospitales universitarios.

Álvarez rechazó las críticas de la Universidad de Buenos Aires y sostuvo que el Gobierno transfirió regularmente los recursos correspondientes. Según dijo, la disputa real gira en torno a un fondo de refuerzo de $80.000 millones destinado a hospitales universitarios de todo el país.

“El reclamo de la UBA es otra cosa”, planteó el funcionario, al señalar que la universidad pretende acceder al 95% de ese fondo extraordinario.

La discusión adquiere peso político porque el Hospital de Clínicas se transformó nuevamente en uno de los símbolos visibles de la protesta universitaria y sanitaria.

La narrativa oficial frente a la marcha

El Gobierno endureció además su caracterización política de la movilización convocada en todo el país.

Álvarez definió la protesta como “un acto opositor” y afirmó que las universidades están dominadas por “dos corporaciones”, una política y otra sindical.

Aunque el Ejecutivo intenta separar la discusión presupuestaria de la protesta callejera, la simultaneidad entre los recortes oficializados y la movilización nacional terminó potenciando el conflicto.

La administración de Javier Milei busca sostener el ajuste fiscal sin ceder ante sectores que considera parte del entramado político tradicional. Del otro lado, rectores, gremios y estudiantes intentan reinstalar el financiamiento universitario como un eje de desgaste para el Gobierno.

Qué muestran los números del presupuesto universitario

Según datos citados del CEPA, el Programa 26 de Desarrollo de la Educación Superior acumula una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025.

El informe proyecta que, a valores constantes de diciembre de 2026, el crédito vigente alcanzaría los $4,87 billones, lo que ampliaría la retracción acumulada al 41,6% respecto de 2023.

El análisis también compara ese escenario con la Ley de Financiamiento Universitario vetada por el Poder Ejecutivo y luego reimpulsada en el Congreso. De haberse aplicado esa norma, el presupuesto universitario habría ascendido a $8,49 billones a valores de 2026.

En contraste, la propuesta oficial elevaría el crédito a $5,51 billones, aunque eso implicaría —según el CEPA— una caída real del 33,9% frente a 2023.

Álvarez cuestionó además la viabilidad financiera de esa ley y sostuvo que implicaba un aumento salarial del 50% “que el Estado no está en condiciones económicas de afrontar”.

Impacto regional y tensión sobre las provincias

Aunque los mayores recortes informados corresponden a universidades de otras regiones del país, la discusión impacta también sobre el NEA y Misiones por múltiples vías.

La reducción de programas nacionales de alfabetización y compensación salarial docente afecta transferencias que alcanzan a las provincias. Además, cualquier modificación en los criterios de distribución presupuestaria universitaria podría alterar el esquema de financiamiento futuro para instituciones nacionales del interior.

En regiones con menor densidad económica relativa, las universidades públicas funcionan además como motores de movilidad social, empleo profesional y circulación de recursos estatales.

La combinación entre ajuste fiscal y revisión de criterios de asignación abre un escenario de incertidumbre para las casas de estudio que dependen en gran medida de fondos nacionales.

Un conflicto que excede la cuestión educativa

La discusión universitaria ya dejó de ser únicamente presupuestaria. El Gobierno intenta avanzar sobre mecanismos de financiamiento, control de gastos y lógica de funcionamiento institucional, mientras las universidades buscan preservar autonomía y capacidad de negociación política.

La magnitud de la movilización federal, la reacción del Congreso y la evolución del conflicto salarial serán variables centrales para medir hasta dónde el Ejecutivo puede sostener su estrategia sin ampliar el costo político.

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El oficialismo acelera la adhesión al sistema internacional de patentes

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El oficialismo intentará avanzar este martes con el dictamen del proyecto de adhesión argentina al sistema internacional de patentes, una iniciativa que combina compromisos internacionales, presión empresarial cruzada y una discusión sensible sobre el acceso a medicamentos y la protección de la industria nacional.

El plenario conjunto de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Industria y Legislación General fue convocado para las 15 con el objetivo de dejar lista la iniciativa para una eventual sesión de la Cámara de Diputados prevista para el 20 de mayo. El proyecto forma parte de una agenda legislativa que también incluiría la denominada Ley de Hojarasca y la readecuación del régimen de zona fría para usuarios de gas.

La discusión gira en torno a la adhesión argentina al PCT (Patent Cooperation Treaty), un sistema internacional al que ya adhieren cerca de 150 países y que permite simplificar el registro de patentes mediante un único trámite internacional. Para el Gobierno nacional, el ingreso al esquema representa una señal de alineamiento regulatorio y apertura económica en el marco de los acuerdos comerciales recíprocos firmados meses atrás con Estados Unidos.

El cambio político que destrabó el expediente

El proyecto había quedado listo para ser dictaminado el 14 de abril, luego de la intervención de la Secretaría de Desregulación de la Nación. Sin embargo, el tratamiento se frenó por la reacción de la industria farmacéutica local frente a uno de los capítulos del texto.

Según lo informado, la versión original dejaba a los laboratorios nacionales en una situación de mayor vulnerabilidad frente a compañías multinacionales, especialmente estadounidenses. Esa situación activó el lobby de las cámaras empresariales locales, principalmente CILFA y COOPERALA, que reclamaron mantener bajo reserva parte del tratado vinculada a instrumentos técnicos y mecanismos de patentamiento de medicamentos.

En paralelo, la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) presionó para sostener la redacción original, en línea con el texto aprobado por el Senado en 1998, con el objetivo de preservar los intereses de las farmacéuticas norteamericanas.

La disputa dejó expuesta una tensión habitual en la política económica argentina: la necesidad de avanzar en compromisos de integración internacional sin desarticular sectores industriales locales considerados estratégicos.

De acuerdo con lo trascendido, representantes de AmCham se comunicaron con la titular de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Juliana Santillán, aunque finalmente no lograron revertir los cambios impulsados por el sector farmacéutico local.

Qué cambia con la adhesión al PCT

El sistema internacional de cooperación en patentes permite centralizar trámites y facilitar la protección de desarrollos tecnológicos en múltiples mercados. Para investigadores y empresas argentinas, el esquema abre la posibilidad de registrar innovaciones con menos costos administrativos y mayor alcance internacional.

Pero el debate excede la cuestión técnica. El punto más sensible está vinculado al negocio farmacéutico y al eventual impacto sobre la producción de medicamentos genéricos.

La preocupación de los laboratorios nacionales radica en que una mayor facilidad para patentar medicamentos por parte de empresas extranjeras podría retrasar o limitar la fabricación local de genéricos, que suelen comercializarse a valores más bajos. Según el planteo de las cámaras empresariales argentinas, eso podría trasladar costos al sistema sanitario y encarecer el acceso a medicamentos.

Frente a esa presión, el Gobierno resolvió finalmente dejar bajo reserva el capítulo II del tratado. De esa manera, Argentina avanzaría con la adhesión al sistema internacional, pero manteniendo control local sobre determinadas herramientas de evaluación técnica y patentamiento farmacéutico.

La negociación con Estados Unidos y los tiempos que se vencieron

El expediente también quedó atravesado por los compromisos asumidos por el Gobierno argentino ante Estados Unidos. El objetivo original era que la ley estuviera aprobada antes del 30 de abril, plazo que formaba parte de los entendimientos comerciales recíprocos firmados meses atrás.

Sin embargo, la negociación interna y la presión cruzada entre laboratorios nacionales y multinacionales terminaron demorando el proceso. Con los tiempos vencidos, la eventual entrada en vigor de la norma recién podría concretarse hacia fines de mayo, siempre que el proyecto logre superar el trámite en Diputados y luego en el Senado.

La secuencia revela una dinámica cada vez más visible en el Congreso: reformas impulsadas por el Ejecutivo que avanzan condicionadas por disputas sectoriales y negociaciones empresariales de alta intensidad.

Impacto económico y lectura industrial

Aunque el proyecto tiene una dimensión diplomática y regulatoria, el trasfondo es económico. El régimen de patentes afecta directamente la estructura de costos del sistema farmacéutico y el posicionamiento competitivo de la industria nacional.

La definición del Gobierno de mantener bajo reserva parte del tratado puede leerse como un intento de equilibrio entre dos objetivos: sostener la agenda de apertura y alineamiento internacional sin exponer completamente a los laboratorios locales frente a actores globales con mayor capacidad financiera y tecnológica.

En términos productivos, el debate también involucra a provincias con presencia industrial vinculada a la salud, distribución farmacéutica y cadenas comerciales regionales. Aunque el texto no menciona impactos específicos sobre Misiones o el NEA, el eventual encarecimiento de medicamentos podría tener efectos indirectos sobre sistemas provinciales de salud y consumo familiar en regiones con menor capacidad adquisitiva relativa.

El oficialismo buscará ahora transformar el acuerdo político alcanzado en mayoría legislativa. Pero el debate sobre propiedad intelectual, producción local y acceso a medicamentos difícilmente quede cerrado con la votación parlamentaria.

La evolución de los costos farmacéuticos, la reacción de los laboratorios nacionales y el alcance efectivo de las reservas introducidas al tratado serán algunas de las variables que el mercado y el sistema político seguirán de cerca en las próximas semanas.

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El Gobierno aprueba el Presupuesto Consolidado 2026 y ordena el mapa real del gasto público

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El Gobierno nacional avanzó este 5 de mayo con una jugada de ordenamiento institucional: aprobó el Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional para el ejercicio 2026 mediante la Decisión Administrativa 18/2026. La medida formaliza la estructura global de ingresos y gastos del Estado sin modificar los presupuestos ya vigentes en cada organismo, pero introduce una señal política clara: la conducción económica consolida su esquema fiscal y lo comunica al Congreso sin requerir aprobación directa.

El Gobierno nacional formalizó el Presupuesto 2026 con un dato político central: proyecta sostener el equilibrio fiscal por tercer año consecutivo y avanzar hacia un superávit financiero de $3.026.420,6 millones (0,3% del PBI). La hoja de ruta quedó plasmada en la Decisión Administrativa 18/2026, publicada el 6 de mayo, y refleja un modelo económico que busca consolidar orden macro con un esquema de gasto altamente concentrado.

El punto de tensión es evidente: mientras se sostiene el equilibrio, el Estado mantiene una estructura donde más de la mitad del gasto sigue atado a la Seguridad Social. ¿Hay margen real para reformar el Estado o el ajuste encuentra límites estructurales?

El marco: equilibrio fiscal como política de Estado

El Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional proyecta recursos totales por $161.611.286,9 millones, equivalentes al 15,6% del PBI . La mayor parte proviene de ingresos tributarios y aportes a la seguridad social, que concentran el núcleo del financiamiento estatal.

En paralelo, el gasto corriente se ubica en torno al 14,8% del PBI , lo que permite generar un resultado económico positivo de $7.960.050,9 millones (0,8% del producto) .

El dato clave no es solo técnico. Marca una continuidad política: el Gobierno ratifica que el equilibrio fiscal no es una meta coyuntural sino un ancla estructural del programa económico.

Qué cambia (y qué no) en la estructura presupuestaria

El Presupuesto Consolidado no introduce nuevas partidas ni reasignaciones. Tampoco altera las previsiones de gasto o ingreso de cada organismo. Su función es integrar y mostrar el resultado global del Sector Público Nacional.

El esquema fiscal proyectado combina tres variables centrales: Superávit primario: 1,5% del PBI. Superávit financiero: 0,3% del PBI. Y presión tributaria: 21,8% del PBI

El resultado es un Estado que, al menos en los papeles, no necesita expandir el gasto más allá de sus recursos y que mantiene estable la carga impositiva en términos relativos.

Sin embargo, la composición revela rigideces. Los ingresos dependen fuertemente de impuestos (9,3% del PBI) y aportes previsionales (5,3%) , lo que limita la elasticidad fiscal ante cambios en la actividad económica.

La estructura del gasto: el peso dominante de la Seguridad Social

El dato más contundente del Presupuesto 2026 está en la asignación del gasto:

  • Seguridad Social concentra el 56,4% del total

Esto incluye jubilaciones, pensiones y asignaciones, con millones de beneficiarios dentro del sistema.

Detrás aparecen otras funciones relevantes pero muy por debajo:

  • Educación y Cultura: 5,2%
  • Energía: 4,4%
  • Transporte: 2,6%

La lectura es directa: el margen de maniobra fiscal es limitado. El grueso del gasto está preasignado por obligaciones sociales.

Empresas públicas y financiamiento: señales de continuidad

El presupuesto también proyecta ingresos operativos de empresas públicas por $11.199.763,5 millones , con fuerte concentración en pocas firmas.

En paralelo, el financiamiento se apoya mayormente en: Endeudamiento y aumento de pasivos (alrededor de 28% del PBI en flujos financieros)

Esto sugiere que, aun con superávit, la dinámica financiera del Estado sigue requiriendo administración activa de deuda.

Orden fiscal con límites estructurales

El Presupuesto fortalece al Ejecutivo en un punto central: valida políticamente su narrativa de equilibrio fiscal.

Pero al mismo tiempo expone una tensión estructural: el Gobierno controla el resultado fiscal. Pero no redefine en profundidad la matriz del gasto

El peso de la Seguridad Social y la rigidez de las erogaciones condicionan cualquier intento de transformación más agresiva del Estado.

En términos macro, el presupuesto apunta a: sostener equilibrio fiscal. Evitar expansión del gasto. Y mantener presión tributaria estable

Esto puede contribuir a la estabilidad, pero también implica un crecimiento del gasto atado a variables sociales y no necesariamente a inversión o expansión productiva.

Información, poder y próximos movimientos

La aprobación del Presupuesto Consolidado 2026 redefine el tablero sobre el que se discute el gasto. Ordena la información, fija un marco y delimita el terreno institucional.

El Presupuesto 2026 ordena las cuentas y consolida una línea política clara. Pero deja abiertos interrogantes clave:

  • ¿Podrá sostenerse el superávit si cae la recaudación?
  • ¿Habrá margen para reconfigurar el gasto más allá de lo social?
  • ¿Cómo impactará este esquema en la inversión y el crecimiento?

El equilibrio está planteado. La discusión pasa ahora por su sostenibilidad en un contexto económico que todavía no termina de estabilizarse.

Presupuesto 2026 Argentina by CristianMilciades

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