Amayadap sobre el fin de la prohibición del glifosato: “Se terminó el divorcio entre el sector productivo y la política”
La discusión sobre el uso del glifosato en Misiones dejó de ser solamente un debate ambiental para convertirse en una señal política hacia quienes producen, invierten y generan empleo. Así lo planteó Enrique Juan Bongers, presidente de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), al respaldar la iniciativa impulsada por el Gobierno provincial para modificar el artículo 7 de la Ley VIII-103, que establecía la prohibición del herbicida.
“Se terminó el divorcio entre el sector productivo y la política”, definió Bongers durante una entrevista con El Noticiero de Canal 12. La frase sintetizó el posicionamiento de la entidad forestoindustrial, pero también buscó marcar un punto de inflexión en una relación que, según advirtió, llevaba demasiado tiempo atravesada por la falta de diálogo y la ausencia de los temas productivos en la agenda legislativa.
AMAYADAP formalizó su respaldo mediante un comunicado institucional. Para Bongers, la revisión del artículo cuestionado representa una decisión pragmática: avanzar hacia una producción más sustentable sin imponer plazos ni prohibiciones que desconozcan las herramientas disponibles, los costos de los productores y las condiciones exigidas por los mercados internacionales.
El empresario aclaró que el planteo no supone una defensa irrestricta del glifosato ni un abandono de la transición hacia los bioinsumos. La discusión, sostuvo, pasa por encontrar alternativas que sean ambientalmente superadoras, económicamente accesibles y técnicamente eficaces.
“Actualmente no existe otra herramienta tecnológica, económica y ecológica que sea superior al glifosato cuando se utiliza como debe ser, bajo las normas y cumpliendo todos los estándares”, afirmó.
Una prohibición que atravesaba a toda la producción
Aunque la actividad forestal quedó en el centro del debate, Bongers remarcó que una prohibición absoluta no impactaría solamente en las plantaciones de árboles. También alcanzaría a producciones tradicionales de Misiones, como la yerba mate y el té, que necesitan controlar malezas para sostener rendimientos, calidad y competitividad.
En el caso forestal, explicó, el herbicida se utiliza principalmente durante las primeras etapas de las plantaciones. Su eliminación sin una alternativa eficaz elevaría los costos, reduciría la eficiencia productiva y podría desalentar nuevas inversiones.
La preocupación también alcanza al comercio exterior. Los países compradores y las empresas internacionales establecen protocolos precisos sobre los productos permitidos en las distintas cadenas productivas. En mercados como el del té, señaló Bongers, el uso controlado del glifosato se encuentra autorizado, mientras que algunos de los productos propuestos como reemplazo todavía no cuentan con aceptación comercial o validaciones equivalentes.
“Hasta que no haya un producto superador en cuanto a la ecología y a la economía, no podemos prohibir el uso del glifosato”, planteó.
Bongers fue enfático al separar la posición empresarial de cualquier defensa corporativa del fabricante del herbicida. “No le vamos a hacer propaganda a Monsanto con esto”, aclaró. El sector forestal, añadió, tiene incorporados estándares ambientales exigentes, pero necesita herramientas que permitan producir de manera competitiva mientras se desarrollan sustitutos confiables.
Las certificaciones internacionales
Uno de los principales argumentos de AMAYADAP está vinculado con las certificaciones ambientales que ya posee la actividad forestal misionera. Según Bongers, la provincia cuenta con unas 150.000 hectáreas de plantaciones certificadas bajo estándares PEFC y otras 117.000 hectáreas bajo el sistema FSC.
Se trata de certificaciones internacionales que auditan la trazabilidad, el manejo ambiental y las prácticas utilizadas en las plantaciones. Ambos esquemas admiten, bajo protocolos y durante etapas determinadas, el uso controlado de herbicidas.
Para el empresario, esa evidencia mostraba la contradicción de avanzar con una prohibición provincial absoluta sobre una herramienta aceptada por los principales estándares forestales del mundo.
“La ley no iba acorde con la producción”, resumió.
El cuestionamiento no apunta contra el objetivo de transformar a Misiones en una provincia agrosustentable. Bongers consideró que esa meta debe mantenerse, pero advirtió que la transición necesita respaldo científico, pruebas en campo, disponibilidad comercial y costos compatibles con la realidad de los productores.
La sustentabilidad, en esa mirada, no puede construirse a partir de una fractura entre los objetivos ambientales y las posibilidades concretas de las chacras y las industrias.
Previsibilidad para volver a invertir
Detrás de la discusión sobre el glifosato aparece un reclamo más amplio: reglas claras. Para Bongers, la modificación del artículo 7 permitiría devolver previsibilidad a las cadenas productivas y mejorar la posición de Misiones frente a potenciales inversores nacionales y extranjeros.
“Necesitamos producir cuidando el medio ambiente, pero también ser eficientes”, señaló.
La previsibilidad resulta especialmente relevante para el sector forestal, donde las inversiones se proyectan a largo plazo. Una plantación requiere años antes de alcanzar su etapa de aprovechamiento y una industria necesita desembolsos importantes en tecnología, energía, infraestructura y logística. Una regulación desconectada de esos ciclos puede frenar proyectos antes de que comiencen.
Bongers interpreta la decisión del Ejecutivo provincial como una señal de que la producción vuelve a ocupar un lugar en la agenda política. “Estamos viendo que empiezan a aparecer temas productivos en la Cámara de Diputados. Este asunto lo venimos impulsando y discutiendo desde hace varios años”, explicó.
Para el presidente de AMAYADAP, la revisión legislativa abre la posibilidad de construir regulaciones mediante el diálogo con quienes conocen las necesidades del territorio. No se trata de renunciar al desarrollo de bioinsumos, sino de establecer una transición ordenada mientras se prueban alternativas capaces de ofrecer resultados equivalentes.
De reconstruir una fábrica a reclamar reglas claras
La posición de Bongers también está atravesada por su propia historia empresarial. Ingeniero forestal y oriundo de Leandro N. Alem, construyó su trayectoria desde cero. Fue padre mientras cursaba la universidad, trabajó desde muy joven y convirtió esa experiencia en una forma de entender la actividad privada: las oportunidades se construyen con esfuerzo, responsabilidad y capacidad para sobreponerse a las crisis.
Fundó GP Energy S.A., una empresa dedicada a transformar subproductos de la industria maderera en pellets de madera, un combustible renovable que logró ingresar en mercados internacionales. El proyecto combina valor agregado, aprovechamiento integral de la materia prima forestal y generación de energía a partir de residuos que anteriormente tenían escaso valor económico.
En 2021, un incendio destruyó prácticamente toda la planta industrial. Bongers quedó frente a una decisión extrema: abandonar el proyecto o reconstruirlo. Eligió empezar de nuevo.
La empresa volvió a ponerse en marcha y actualmente opera en Colonia Victoria, genera empleo para más de 40 familias y continúa ampliando su capacidad productiva. Esa experiencia explica, en buena medida, su insistencia sobre la necesidad de contar con reglas estables para invertir.
Quien reconstruye una industria sabe que el capital no busca privilegios, pero sí certezas. La revisión del artículo 7 es leída por AMAYADAP desde esa perspectiva: como una señal de que la política comenzó a escuchar nuevamente a quienes producen.