Granja Tres Arroyos pidió el concurso de acreedores y profundiza su crisis financiera
La crisis financiera de Granja Tres Arroyos ingresó en una nueva etapa. Granja Tres Arroyos SA, la empresa de mayor dimensión dentro del grupo GTA y uno de los principales actores de la industria avícola argentina, solicitó la apertura de un concurso preventivo de acreedores ante la Justicia Comercial, en un intento por ordenar un pasivo que se volvió difícil de sostener con el nivel actual de actividad.
La presentación quedó radicada ante el Juzgado Comercial N° 21, Secretaría N° 42, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y se suma al procedimiento que ya había iniciado Wade SA, otra de las compañías pertenecientes al grupo. El concurso preventivo abre una instancia judicial para negociar con los acreedores las condiciones de reestructuración de las obligaciones y evitar, al menos en esta etapa, una interrupción desordenada de la actividad empresarial.
El movimiento judicial llega después de varios años de deterioro operativo. La producción del grupo cayó hasta niveles considerados muy bajos, mientras aumentaron las dificultades para atender compromisos financieros. El incremento de los cheques rechazados se convirtió en uno de los indicadores más visibles de esa tensión y terminó afectando la capacidad de funcionamiento de distintas unidades productivas.
La dimensión financiera permite medir la profundidad del problema. El pasivo total que enfrenta el grupo GTA está estimado en US$350,9 millones, una cifra que la compañía busca reestructurar mediante el mecanismo concursal, con la posibilidad de acordar quitas y nuevos plazos de pago con sus acreedores.
En el caso específico de Granja Tres Arroyos SA, los registros del Banco Central muestran 6.702 cheques rechazados por más de $114.425 millones, mientras que las deudas bancarias superan los $41.827 millones. Los datos reflejan una tensión de liquidez que excede un problema puntual de financiamiento y alcanza el circuito cotidiano de pagos de la compañía.
El deterioro financiero tiene su correlato industrial. La mayoría de las plantas del grupo se encuentra paralizada o funcionando por debajo de su capacidad, una situación que impactó directamente sobre el empleo. Uno de los episodios más significativos ocurrió en Capitán Sarmiento, donde fueron desvinculados 700 trabajadores.
En los telegramas de despido, la empresa atribuyó las desvinculaciones a una “grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora” y a circunstancias extraordinarias que, según sostuvo, afectaron de manera directa el funcionamiento de la actividad. La explicación empresarial ubica la caída del nivel de producción como uno de los principales factores detrás del ajuste de la estructura laboral.
El proceso no comenzó con la presentación judicial. A fines de 2024, el grupo había ingresado en un procedimiento preventivo de crisis y desde entonces profundizó distintas medidas de reducción de costos. Entre ellas se implementó un programa de retiros voluntarios y se avanzó en un esquema de cumplimiento de obligaciones “de manera escalonada y en cuotas”.
El concurso de Granja Tres Arroyos SA transforma ahora esa estrategia de administración de la crisis en una instancia formal de negociación con los acreedores. La herramienta no implica por sí misma la quiebra ni determina el cierre de la empresa: busca establecer un marco judicial para ordenar los pasivos y definir cómo serán atendidos mientras se intenta preservar la continuidad de la actividad.
El desafío productivo, sin embargo, permanece. Para una compañía industrial, reestructurar deuda puede aliviar la presión financiera, pero la recuperación sostenible depende también de recomponer el nivel de producción, recuperar capacidad instalada y generar flujo de fondos suficiente para afrontar las obligaciones futuras.
El caso de Granja Tres Arroyos expone así una tensión que atraviesa a una parte de la industria argentina: cuando la caída de actividad se prolonga, la restricción financiera deja de ser un problema exclusivamente bancario y comienza a comprometer producción, proveedores y puestos de trabajo. El concurso abre una vía institucional para reordenar las deudas; el resultado dependerá de si esa herramienta consigue acompañar una recuperación operativa que permita volver a generar los recursos necesarios para sostener la compañía.
