lun. Ago 10th, 2026

GUSTAVO PETRO

Abelardo De la Espriella, presidente electo de Colombia tras el preconteo: se impone por 247.000 votos

By Redacción Economis 2 meses ago
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En las elecciones con mayor participación y, al tiempo, las más apretadas desde que se instauró la segunda vuelta presidencial (1994), Abelardo de la Espriella se impuso por 247.000 votos sobre Iván Cepeda y, tras el preconteo de la Registraduría, es el nuevo presidente electo de Colombia. 

De la Espriella fue respaldado por 12’949.162 ciudadanos, mientras que Cepeda, candidato del Pacto Histórico y del gobierno Gustavo Petro, logró 12’701.546 votos, contabilizado el 99,9 por ciento de las mesas electorales. El 63,55 por ciento de los 41’421.973 colombianos habilitados para votar se acercaron a las urnas: fueron 26,3 millones de sufragios, 2,3 millones más que los que votaron en la primera vuelta del 31 de mayo.

La apretada victoria de De la Espriella —0,95 puntos porcentuales de diferencia— centra la atención del país en el proceso de escrutinio, que comenzó anoche, está a cargo de 9.300 jueces, notarios y registradores, es de carácter público y, en condiciones normales, debería concluir esta semana.

“Estamos agradecidos con Dios”, señaló ayer, vía ‘X’, el abogado De la Espriella, quien recibió la felicitación del argentino Javier Milei casi de inmediato: “El león y el tigre rugen en Latinoamérica“, se jactó el libertario.

Anoche, el candidato Cepeda reconoció el resultado del preconteo y se declaró “dispuesto a la concertación”. Dijo que esperará, en todo caso, al proceso de escrutinio. Por su parte, el presidente Petro se mantuvo en la línea de no reconocer la derrota de su candidato y aseguró que supuestamente no era posible declarar aún a un ganador de las presidenciales hasta que finalice el escrutinio.

Frente a la primera vuelta, Cepeda recortó las diferencias con De la Espriella en casi 450.000 votos. En esas votaciones, los escrutinios arrojaron una coincidencia con el preconteo superior al 99,98 por ciento y, como lo señaló Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), solo hubo impugnaciones sobre unos 30.000 votos.

Abelardo de la Espriella pasó de 10’361.499 votos en la primera vuelta a 12’949.162 en la segunda, un aumento de 2’587.663 sufragios, equivalentes a un crecimiento del 24,9 por ciento. Cepeda pasó de 9’688.361 votos en la primera vuelta a 12’701.546 ayer. Fueron 3’013.185 votos más, es decir, un crecimiento del 31,1 por ciento. Apenas 426.000 colombianos votaron en blanco.

Otro dato relevante es que De la Espriella ganó en el exterior con 380.751 votos, es decir, el 63,70 por ciento del total. Se impuso en Estados Unidos, Venezuela, México, Canadá y China. En el territorio nacional, sus respaldos se concentraron en la zona andina y los Llanos, mientras Cepeda sacó ventajas en la Costa Caribe, el Pacífico, la Amazonía y en Bogotá.

Aunque el candidato de la izquierda ganó en más departamentos (18 frente a 14), De la Espriella obtuvo una mayor concentración de votos en territorios con alto peso electoral. Así, se impuso en Cundinamarca, Meta, Santander, Norte de Santander, Arauca, Boyacá, Casanare, Antioquia, Tolima, Huila, Quindío, Risaralda, Caldas y Guaviare.

Por su lado, el candidato del Pacto Histórico ganó en Amazonas, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, San Andrés y Providencia, Sucre, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada y Bogotá. Comparando los mapas electorales de primera y segunda vuelta, el único departamento que cambió fue Caquetá, que se fue con Cepeda.

Aunque tras la derrota en la primera vuelta el oficialismo logró activar sus bases políticas y la maquinaria amarrada al poder burocrático del Gobierno, el resultado final marca una clara derrota para el presidente Gustavo Petro, que en contra de lo que señala la ley se jugó abiertamente para hacerle campaña a Cepeda.

De la Espriella, que no tiene un partido propio, contará con el respaldo de partidos como el Centro Democrático, el conservatismo, el oficialismo liberal y Cambio Radical. Los papeles se invierten con respecto al 2022 y el Pacto Histórico, que fue el movimiento con más escaños en Cámara y Senado en las elecciones del 8 de marzo, queda en cabeza de la oposición.

Pendientes aún de la oficialización de los resultados en el escrutinio, lo cierto es que la votación de este 21 de junio retrató fielmente la polarización que caracterizó esta campaña presidencial, por lo que el primer reto para el nuevo mandatario de los colombianos pasará por tratar de restañar la profundas diferencias políticas que se acrecentaron en los últimos cuatro años.

“Paradójicamente, aunque vamos a tener el mayor respaldo popular de la historia en favor de un Presidente, al mismo tiempo vamos a tener una situación de gobernabilidad complicada porque los dos bloques políticos son muy similares en tamaño. El país, definitivamente, está partido por la mitad”, señaló el analista y columnista de este diario Thierry Ways.





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Abelardo de la Espriella en su discurso tras la victoria de la primera vuelta. Foto:AFP

Colombia: De la Espriella ganó la primera vuelta y enfrentará a Cepeda en un balotaje marcado por la polémica

By Economis Redacción 2 meses ago
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Las elecciones presidenciales de Colombia dejaron un escenario de alta polarización política de cara al balotaje del próximo 21 de junio. Con más de 10,3 millones de votos (43,73%), el candidato de la derecha, Abelardo De la Espriella se impuso en la primera vuelta y aventajó por cerca de 668.000 sufragios a Iván Cepeda, candidato respaldado por el oficialismo y referente del Pacto Histórico.

Cepeda obtuvo 9,68 millones de votos (40,91%), lo que le permitió asegurar su lugar en la segunda vuelta, en una elección que registró una participación histórica: casi 24 millones de colombianos acudieron a las urnas, equivalentes al 57,84% del padrón electoral.

La jornada electoral quedó atravesada por una nueva controversia política luego de que el presidente Gustavo Petro expresara cuestionamientos al proceso de preconteo difundido por la Registraduría Nacional. Sus declaraciones generaron reacciones de dirigentes opositores, especialistas electorales y exfuncionarios, quienes defendieron la institucionalidad del sistema electoral colombiano.

Más allá de la polémica, los resultados consolidaron a De la Espriella como la principal figura de la oposición y reflejaron un fuerte respaldo en buena parte del territorio colombiano. El abogado y dirigente obtuvo victorias en varios de los departamentos más poblados del país y también lideró el voto de los colombianos residentes en el exterior.

Por su parte, Cepeda logró imponerse en Bogotá y en numerosos departamentos, manteniendo competitiva una elección que ahora se definirá voto a voto en la segunda vuelta.

Entre los candidatos que quedaron fuera de carrera, Paloma Valencia obtuvo 1,63 millones de votos (6,92%), mientras que Sergio Fajardo alcanzó poco más de un millón de sufragios (4,25%). Ambos espacios aparecen ahora como piezas clave para la definición del balotaje, ya que sus votantes podrían inclinar la balanza entre las dos fuerzas que disputarán la Presidencia.

Analistas políticos coinciden en que la elección estuvo marcada por una fuerte polarización entre oficialismo y oposición, fenómeno que redujo el margen de crecimiento de las opciones de centro. En ese contexto, la campaña hacia la segunda vuelta se concentrará en captar el respaldo de los votantes que apoyaron a los candidatos eliminados y en movilizar a quienes no participaron en la primera ronda.

La definición presidencial del 21 de junio será observada de cerca en toda la región, ya que determinará si el proyecto político impulsado por Gustavo Petro logra continuidad o si Colombia inicia un cambio de rumbo bajo el liderazgo de De la Espriella.

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Petro rechaza denuncias por narcotráfico

By Redacción Economis 5 meses ago
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Gustavo Petro decidió responder de manera directa y política a una acusación que, aun sin notificación formal, amenaza con alterar el delicado equilibrio de su relación con Estados Unidos. Este viernes, el presidente de Colombia negó tener vínculos con el narcotráfico luego de que circularan reportes periodísticos sobre posibles investigaciones en oficinas federales de EE.UU. por presuntas reuniones con criminales y eventuales donaciones a su campaña presidencial. La reacción no quedó solo en una defensa personal: la Embajada de Colombia en Washington se alineó con el mandatario, descalificó la publicación por estar “basado en fuentes anónimas y falto de hallazgos” y remarcó que no recibió ninguna notificación formal de autoridad competente. El dato central, por ahora, no es una imputación ni una actuación judicial confirmada, sino la irrupción de una sospecha en un momento de recomposición bilateral. Y ahí aparece la tensión de fondo: si se trata de un episodio mediático con derivación incierta o de un elemento capaz de volver a desordenar una relación que recién empezaba a salir del conflicto.

Una denuncia sin notificación formal, pero con impacto político inmediato

La secuencia se activó a partir de reportes de medios que retomaron un artículo de The New York Times, según el cual al menos dos oficinas de fiscales federales de Estados Unidos estaban investigando posibles vínculos de Petro con el narcotráfico. El foco, siempre según esa publicación citada en el texto base, estaría puesto en reuniones con criminales y en aportes a su campaña presidencial.

Petro eligió contestar en su cuenta de X y lo hizo con un mensaje que buscó desactivar tanto la sospecha judicial como la narrativa política que podría desprenderse de ella. “En Colombia no existe una sola investigación sobre relación mia con narcotraficantes”, escribió, y atribuyó esa situación a una razón tajante: “nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante”. No se limitó a negar. También intentó invertir el sentido de la acusación al recordar que dedicó diez años de su vida a denunciar vínculos entre narcotraficantes y dirigentes políticos, gobiernos locales y nacionales, en lo que definió como una etapa de “gobernanza paramilitar”.

La Embajada de Colombia en Estados Unidos reforzó esa línea. Sostuvo que ninguna autoridad competente de EE.UU. emitió determinación o notificación formal alguna ni confirmó las afirmaciones del reporte. Además, afirmó que las insinuaciones carecen de “fundamento jurídico y fáctico”. En términos institucionales, esa intervención buscó algo más que respaldar al Presidente: intentó fijar la posición oficial del Estado colombiano ante un episodio que, de escalar, puede salirse del terreno mediático y convertirse en un problema diplomático.

La defensa del Gobierno apunta a preservar el canal político con Trump

La reacción del gobierno colombiano no ocurre en el vacío. Llega cuando Bogotá y Washington venían ensayando un acercamiento luego de meses de confrontación. Ese dato modifica la lectura del episodio. No se trata solo de una denuncia sensible sobre el Presidente de Colombia, sino de una perturbación en un vínculo bilateral que el propio Petro venía intentando recomponer con Donald Trump.

Según el texto base, la semana pasada ambos mandatarios mantuvieron una llamada telefónica de casi media hora, la segunda desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025. La conversación giró sobre cooperación energética, lucha contra el narcotráfico y la situación en Venezuela. Esa agenda no es neutra. Muestra que la relación estaba siendo reconstruida sobre temas de alta densidad geopolítica y de seguridad, precisamente aquellos que podrían quedar más expuestos si prosperaran sospechas en torno al Presidente colombiano.

El acercamiento ya había tenido hitos previos. Tras meses de insultos públicos, amenazas de sanciones, fricciones diplomáticas y el fin de la ayuda financiera a Colombia, Trump y Petro hablaron por primera vez el 7 de enero. Ese contacto abrió un canal directo y, casi un mes después, el 3 de febrero, ambos se reunieron en Washington en un encuentro que definieron como “muy buena” y con “aire optimista”.

Ese contexto vuelve especialmente sensible la aparición de versiones sobre investigaciones federales. Porque la novedad no golpea en una etapa de ruptura abierta, donde todo ya estaba roto, sino en una fase de reconstrucción donde todavía no hay demasiados márgenes de confianza acumulada.

El antecedente de las acusaciones de Trump vuelve a cargar de sentido el episodio

Hay otro elemento que explica por qué la reacción fue tan rápida. Trump ya había calificado a Petro como un “líder narcotraficante”, algo que el mandatario colombiano negó repetidamente. Esa acusación no quedó en el terreno de una frase suelta: formó parte de un período de deterioro bilateral con consecuencias concretas en la relación entre ambos gobiernos.

Por eso, aun cuando la Embajada remarca que no existe notificación formal y que el reporte se sostiene en fuentes anónimas, el episodio no puede leerse como una simple controversia de prensa. Tiene un peso político acumulado. Reactiva una línea de ataque que ya había sido usada en el pasado reciente y que puede volver a tensionar la interlocución entre Bogotá y Washington.

Además, el texto base ubica otro antecedente de alto voltaje en el tablero regional: la operación militar estadounidense en Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de narcoterrorismo, narcotráfico y manejo de armas. Maduro niega esos cargos y espera una nueva audiencia judicial en Nueva York la próxima semana. Aunque se trata de un caso distinto, su sola mención en la cronología del acercamiento entre Petro y Trump muestra que la agenda regional de Estados Unidos combina diplomacia, seguridad y expedientes judiciales. En ese marco, cualquier insinuación sobre un líder regional vinculada al narcotráfico adquiere una densidad mayor.

Más que un problema judicial, un riesgo de desgaste político e institucional

Con los datos disponibles, no hay imputación, ni notificación formal, ni confirmación oficial de una investigación. Pero eso no elimina el impacto político. En escenarios de alta polarización, muchas veces el costo no empieza con una resolución judicial sino con la instalación de una sospecha. Y el texto base deja claro que el Gobierno colombiano intenta evitar precisamente eso: que una versión sin validación institucional se convierta en una herramienta de desgaste permanente.

Petro eligió defenderse desde dos planos. Uno personal, al negar cualquier contacto con narcotraficantes. Otro histórico-político, al reivindicar su trayectoria de denuncias contra los vínculos entre crimen y política. La Embajada, en cambio, habló en lenguaje diplomático y jurídico, con el objetivo de marcar ausencia de actos formales y cuestionar la consistencia del reporte. Esa división de roles sugiere una estrategia coordinada: contener el daño interno y, al mismo tiempo, impedir que la cuestión escale en el frente bilateral.

El punto delicado es que, aunque la desmentida oficial logre frenar la narrativa en lo inmediato, la mera circulación del tema ya introduce ruido en una agenda compartida con Washington donde el combate al narcotráfico ocupa un lugar central. Ahí aparece la principal paradoja política del caso: Petro niega cualquier vínculo y su gobierno subraya que no existe notificación alguna, pero el episodio lo obliga a defenderse justamente en el terreno donde buscaba mostrar cooperación con Estados Unidos.

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EE.UU. pone a Petro bajo investigación y reabre un frente sensible en la campaña colombiana

By Redacción Economis 5 meses ago
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Gustavo Petro quedó bajo una nueva zona de riesgo político después de que trascendiera que dos fiscales federales de Estados Unidos lo investigan, en etapa preliminar, en el marco de pesquisas vinculadas al narcotráfico y al narcoterrorismo. La novedad, informada por The New York Times y confirmada por Reuters a partir de fuentes con conocimiento del caso, sitúa al presidente de Colombia dentro de expedientes que tramitan en las fiscalías de Manhattan y Brooklyn y que analizan posibles contactos con personas ligadas al narcotráfico, además de una eventual entrada de fondos ilícitos en su campaña presidencial de 2022. No aparece, por ahora, como objetivo principal. Pero su inclusión en el radar judicial estadounidense altera el clima político a semanas de la primera vuelta del 31 de mayo y vuelve a colocar la relación con Washington en el centro de la disputa de poder. La tensión de fondo ya está planteada: ¿se trata de una derivación judicial de investigaciones más amplias o de un factor que puede reordenar la campaña y condicionar el cierre del ciclo de Petro?

Una investigación preliminar con impacto político inmediato

El dato más delicado del caso no es sólo judicial, sino temporal. La revelación irrumpe cuando Colombia ya transita la campaña presidencial y con un calendario definido: la primera vuelta será el 31 de mayo, la segunda el 21 de junio si hiciera falta, y el nuevo presidente asumirá el 8 de agosto. En ese contexto, toda novedad que roce al jefe de Estado adquiere una dimensión superior a la estrictamente procesal.

Según el texto base, los equipos a cargo están integrados por fiscales especializados y agentes federales. La pesquisa examina dos ejes: posibles contactos del mandatario con personas vinculadas al narcotráfico y la posible entrada de dinero ilícito en la campaña de 2022. Las investigaciones siguen en una etapa preliminar y todavía no está claro si derivarán en imputaciones. Esa precisión importa. No hay una acusación formal ni un avance procesal concluyente. Pero sí existe una señal institucional fuerte: el presidente colombiano quedó mencionado dentro de investigaciones federales en Estados Unidos sobre una materia de máxima sensibilidad política.

También se remarca que no hay evidencia de que la Casa Blanca haya intervenido en la apertura de estos procesos. Esa línea busca trazar una frontera entre el plano judicial y el político. Sin embargo, en una relación bilateral tan cargada de fricción como la que construyeron Petro y Donald Trump, la separación formal no alcanza para desactivar el impacto político.

El antecedente con Trump vuelve a pesar

La novedad llega, además, en un momento particularmente cargado. Petro y Trump habían acercado posiciones en un encuentro reciente en febrero, después de meses de confrontación pública. Ese deshielo parecía ofrecer una pausa en una relación marcada por acusaciones, sanciones y amenazas verbales. Pero la aparición de esta investigación vuelve a poner esa tregua bajo presión.

El texto recuerda que, antes del encuentro del 3 de febrero en la Casa Blanca, Trump había llamado a Petro narcotraficante, le había advertido que “debía cuidarse” e incluso afirmó que le “sonaba bien” una acción militar en Colombia similar a la emprendida en Venezuela. No se trata de un detalle menor. Es el antecedente político que vuelve inevitable cualquier lectura estratégica sobre la pesquisa.

A eso se suma que, a fines de 2025, el Departamento del Tesoro sancionó al presidente colombiano, a su familia y a un miembro de su gobierno por acusaciones de participar en el tráfico global de drogas. En ese momento, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que Petro había permitido que los carteles prosperaran y se había negado a detener esa actividad, aunque sin presentar pruebas específicas, según el texto base. Antes incluso de ese episodio, Estados Unidos ya le había revocado el visado después de que el mandatario pidiera a soldados estadounidenses que desobedecieran a Trump en un mitin propalestino en Nueva York.

Con ese historial, la nueva investigación no cae en terreno neutral. Se inserta en una secuencia previa de deterioro, sanciones y acusaciones cruzadas, aunque ahora bajo una forma institucional más sensible: la del expediente judicial.

La respuesta de Petro: rechazo frontal y defensa de su trayectoria

Petro respondió con rapidez y eligió una desmentida sin matices. En una publicación en X, afirmó que “en Colombia no existe una sola investigación sobre relación mia con narcotraficantes” y atribuyó esa situación a una razón tajante: “nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante”.

La reacción no fue sólo defensiva. También buscó reconstruir un marco político sobre su propia biografía. Dijo haber dedicado diez años de su vida a denunciar vínculos entre narcotraficantes poderosos y políticos en el Congreso y en gobiernos locales y nacionales, una tarea que, según sostuvo, puso en riesgo su existencia y provocó el exilio de su familia. Además, aseguró que en sus campañas siempre indicó a los gerentes que no se aceptaran donaciones “ni de banqueros ni de narcos” y remarcó que no recibió “un solo peso” de los carteles.

Ese movimiento tiene una lógica clara. Petro intenta desplazar la sospecha desde el terreno penal al terreno político, presentándose no como un actor permeable al narcotráfico, sino como alguien que lo enfrentó. No responde únicamente a un expediente; también busca blindar su capital político frente a una narrativa que, en plena campaña, puede volverse expansiva.

La dimensión institucional: justicia, soberanía y campaña

Aunque la investigación se desarrolla en Estados Unidos, el efecto institucional se proyecta directamente sobre Colombia. El presidente no sólo enfrenta un cuestionamiento externo. También queda expuesto a una discusión interna sobre legitimidad, soberanía y capacidad de gobierno en el final de su mandato.

El propio Petro ya había acusado a Estados Unidos de violar la soberanía colombiana y de matar gente inocente en sus operaciones antidroga. Esa postura vuelve ahora con más peso potencial, porque cualquier avance de la pesquisa puede ser leído por sus aliados como una intromisión sobre la política doméstica colombiana, y por sus adversarios como una validación internacional de sospechas previas.

El texto además señala que el mandatario niega cualquier vínculo con carteles y sostiene que su administración combate activamente el comercio ilícito de drogas. Frente a las acusaciones por el aumento del tráfico de cocaína desde Colombia, argumentó que durante su gestión el narcotráfico se expandió a un ritmo menor y hubo más incautaciones que en gobiernos anteriores. Esa defensa busca inscribir la discusión en indicadores de gestión y no en imputaciones personales. Pero en una campaña polarizada, los tiempos judiciales y los tiempos políticos no necesariamente avanzan con la misma lógica.

Correlación de fuerzas: quién se fortalece y quién queda condicionado

La aparición de una investigación federal en Estados Unidos sobre Petro fortalece, ante todo, a los sectores que vienen construyendo una crítica dura sobre su relación con Washington y sobre su política frente al narcotráfico. Incluso sin imputaciones, el solo hecho de que su nombre figure en pesquisas de Manhattan y Brooklyn les ofrece un argumento de alto voltaje político en medio de la competencia electoral.

Al mismo tiempo, condiciona al oficialismo y al entorno del presidente, que quedan obligados a administrar una doble agenda: contener el impacto institucional de la noticia y evitar que el caso monopolice el debate público en la recta final hacia el 31 de mayo. La investigación introduce un factor de ruido sobre la campaña, pero también sobre la gobernabilidad del cierre de mandato, porque amplifica la fragilidad del vínculo con Estados Unidos en un momento en que esa relación ya venía tensionada.

Para Washington, el episodio también tiene costos potenciales. Aunque no haya evidencia de intervención de la Casa Blanca en la apertura de los procesos, el historial reciente entre Trump y Petro hace difícil que el caso quede encapsulado como un asunto exclusivamente judicial. La administración estadounidense puede verse empujada a responder, aclarar o tomar distancia según evolucione la investigación y según el impacto que esta tenga en la política colombiana.

Un expediente preliminar que puede alterar la campaña

Todavía no hay imputaciones. Tampoco hay, según el texto base, pruebas presentadas públicamente que permitan anticipar una derivación concreta. Pero en política, especialmente en un escenario electoral polarizado, el carácter preliminar de una investigación no neutraliza sus efectos. A veces apenas los inaugura.

Lo que habrá que mirar en las próximas semanas no será sólo el curso judicial en Manhattan y Brooklyn. También importará cómo usan esta revelación los distintos sectores en campaña, si la relación entre Petro y Trump vuelve a endurecerse después del acercamiento de febrero, y si el oficialismo logra encuadrar el caso como una presión externa o queda obligado a responder sobre el fondo de las sospechas.

La investigación abre una zona de incertidumbre que excede el expediente. Toca el vínculo entre Colombia y Estados Unidos, irrumpe en pleno calendario electoral y pone sobre la mesa una materia que en la región nunca es neutra: narcotráfico, financiamiento político y poder. Por ahora, más que una definición cerrada, lo que aparece es un nuevo frente en construcción.

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Colombia y Venezuela buscan entrar al Mercosur y reactivan la integración regional

By Redacción Economis 5 meses ago
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En un movimiento que reconfigura el mapa político y económico de América del Sur, Colombia y Venezuela anunciaron que solicitarán su ingreso como miembros plenos del Mercosur. La decisión fue confirmada tras una cumbre bilateral en Caracas que también dejó avances concretos en seguridad fronteriza, lucha contra el narcotráfico y proyectos de integración social, como la doble nacionalidad.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, comunicó que ambos países impulsarán el levantamiento de la moratoria que pesa sobre Venezuela dentro del bloque, al tiempo que Colombia formalizará su propia solicitud de adhesión plena. La iniciativa se inscribe en un proceso de recomposición de las relaciones bilaterales y en una estrategia más amplia de integración regional.

Uno de los puntos más relevantes del encuentro fue el avance hacia un esquema de doble nacionalidad, que permitiría a ciudadanos de ambos países acceder a derechos plenos en cualquiera de los dos territorios. La propuesta apunta especialmente a la población de frontera, considerada un eje clave para la integración efectiva.

En paralelo, las delegaciones acordaron reforzar la cooperación en materia de seguridad. Entre las medidas definidas se destacan el intercambio permanente de información y la implementación de “operaciones espejo” para combatir el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas que operan en la región limítrofe. La agenda continuará con una reunión técnica prevista para abril en Maracaibo, donde se abordarán además temas energéticos.

Desde ambos gobiernos destacaron que el fortalecimiento de la coordinación bilateral busca atacar al crimen organizado transnacional y mejorar las condiciones de vida en la frontera. En ese marco, remarcaron que la integración no solo tiene un componente político, sino también económico y social.

El eventual ingreso de Colombia y la normalización de Venezuela dentro del Mercosur abrirían un nuevo escenario para el bloque, ampliando su peso geopolítico y su mercado interno. Sin embargo, el proceso dependerá del consenso de los actuales miembros y de la evolución de las condiciones políticas y económicas en la región.

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