guzmán

En la misma góndola: la iniciativa para reconocer a Argentina como acreedora ambiental

Compartí esta noticia !

ROMA/VENECIA. A través de una solicitada en el diario Financial Times, y coincidiendo con la cumbre interministerial de finanzas del G20 que comenzó ayer en esta ciudad, el movimiento cívico y social Avaaz le ha solicitado al Fondo Monetario Internacional y al gobierno argentino a que incluyan la figura de la compensación ambiental en las actuales negociaciones sobre la deuda soberana argentina. Es la misma posición que sostiene Misiones ante la Nación y el mundo, que debe compensar a la provincia por el sostenimiento de la biodiversidad y ecosistemas que generan beneficios ambientales, en contraste con el avance de las fronteras agrícolas, por la presión de la soja y los granos.

En la gráfica de la campaña publicada en el Financial Times y en las redes sociales, Avaaz ha usado una imagen de postal turística de Venecia, presentando a dos funcionarios sentados en la misma góndola, y exhortándolos a trabajar juntos para dar una solución a la crisis financiera y ecológica que atraviesa la Argentina.

El aviso dice: “Los ministros de finanzas de los 20 países más ricos del mundo se están reuniendo en Venecia. Como directora gerente del Fondo Monetario Internacional y ministro de economía de la Argentina, Kristalina Georgieva y Martín Guzmán pueden mostrar al mundo que hay un camino a seguir para resolver las crisis ecológica y económica, las cuales están entrelazadas”.

“El mundo no necesita clichés o comunicados con lenguaje abstracto, necesitamos acciones concretas y líderes creativos que puedan realinear nuestras políticas económicas con la supervivencia a largo plazo de las personas y el planeta”, continúa el texto del aviso.

“Kristalina y Martin: trabajen juntos para hacer de la Argentina el modelo de un nuevo camino a seguir, con un empujón al FMI para que acepte liquidar todas las deudas y garantizando que, en lugar de reembolsos insostenibles de deuda, países como Argentina puedan usar sus fondos para proteger la riqueza ecológica que es esencial para la supervivencia del mundo entero”, finaliza el aviso que imita las postales de souvenir Venecia.

Una muestra clara de la vinculación entre la crisis financiera y ecológica es la pandemia Covid 19, que le dio voz a la ciencia y mostró que la pérdida de biodiversidad está vinculada a la transmisión de virus y otros agentes patógenos transmitidos por vectores (1). Esta continua degradación de la biodiversidad ha desencadenado una crisis global que atacó a todos los países por igual. La economía mundial ha sido golpeada por la más profunda y sincronizada recesión en la historia: una reducción del 6,1% del PIB a tipos de cambio de mercado según la mayoría proyecciones recientes del FMI (2).

“Le pedimos a Georgieva y a Guzmán que lideren con la acción: la Argentina es deudora financiera pero es acreedora ambiental. En lugar de refinanciar pagos eternamente, el G20 debería liderar una agenda internacional para incorporar a la discusión los aportes ecológicos que los países realizan al mantenimiento de la sustentabilidad planetaria”, sostuvo el argentino Oscar Soria, director de campañas de Avaaz.

Este colapso en la economía a raíz del Covid 19 dejó en claro que la infraestructura y el gasto histórico en salud en los países no sigue un mismo criterio: Mientras que las naciones desarrolladas gastan en promedio el 14 por ciento del PBI en salud, en los mercados emergentes el gasto es solo del 6 por ciento del PBI, lo que en términos per cápita significa que éstos gastan tan solo un 5 por ciento en comparación con lo que gastan los países desarrollados (3).

La iniciativa mundial de Avaaz ha venido exigiendo a los países ricos y los organismos financieros internacionales que adopten un enfoque disruptivo e innovador para plantear las renegociaciones de deudas, que implicaría cambiar el paradigma de país desarrollado-país emergente. En abril pasado, el movimiento presentó su campaña con una puesta en escena paródica del musical Evita en las puertas del Fondo Monetario Internacional en Washington durante los encuentros de primavera del organismo, y desde entonces se han ha publicado avisos publicitarios

La campaña de Avaaz, que se ha lanzado en español e inglés este viernes, exhorta a los países ricos a pensar en términos de aportes y consumos, entendiendo que la agenda ambiental internacional permite negociar los “créditos” y las “deudas” desde la perspectiva de la política climática o de biodiversidad, y que la huella ecológica puede ser un indicador apropiado para relanzar una discusión donde nuestras economías funcionen para esta y las futuras generaciones.

“Todos estamos en la misma góndola, y el mundo necesita nuevas ideas y más colaboración. El FMI y la Argentina podrían demostrarle al mundo que, sobre la base de una negociación verdaderamente innovadora y creativa, es posible superar la crisis entrelazadas de la deuda financiera y la deuda ecológica”, concluyó Soria.

Datos de contexto

El ministro de Economía, Martín Guzmán se encuentra en Italia para asistir a la Cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, donde planteará la necesidad de que la tasa de impuestos para las multinacionales se ubique dentro de un rango de entre 21% y 25%, y aprovechará para continuar con las negociaciones para un nuevo programa con el FMI.

Guzmán tiene previsto en su agenda reunirse con la cabeza del equipo del FMI designado para el caso argentino, Julie Kozack, con el objetivo de continuar negociando de “manera constructiva” un nuevo acuerdo con el organismo, ya sin la sombra del vencimiento con el Club de París, tras el entendimiento alcanzado hace una semana y media.

Asimismo, el encuentro del G20 será el marco elegido para continuar debatiendo el alcance de la asignación de 650.000 millones de dólares del FMI a los países miembros. A la Argentina le corresponderán al menos unos 4.350 millones de dólares y los desembolsos son considerados como una de las medidas más urgentes para ayudar a aliviar la crisis de reservas y financiamiento de los países de ingreso medio y bajos. La Argentina también propondrá discutir en el seno de la reunión del G20 medidas como la modificación de recargos por la deuda contraída por países medios con el FMI, así como la reasignación de los Derechos de Giro (DEG) a las naciones que no lo necesiten.

Compartí esta noticia !

Guzmán: “La tasa mínima global a las corporaciones ayudará a fortalecer la capacidad de los Estados para implementar políticas públicas que contribuyan al progreso de las sociedades”

Compartí esta noticia !

El ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó a través de su cuenta de Twitter el amplio consenso internacional alcanzado para crear una tasa global a las corporaciones multinacionales de al menos 15%.

En este sentido, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que esta medida representa “un paso importante para resolver uno los problemas de la globalización que más daño le ha hecho al mundo: la elusión impositiva por parte de las empresas multinacionales”. “Aun cuando queda mucho camino por recorrer, estamos frente a un momento histórico; una verdadera oportunidad para coordinar globalmente y terminar con las guaridas fiscales que perjudican a los pueblos de todo el mundo y a las posibilidades de desarrollo de los pueblos”, agregó.

Asimismo, Guzmán precisó que “el acuerdo incluye una tasa mínima global a corporaciones multinacionales de al menos el 15%, que aun estando debajo de lo que consideramos óptimo, ayudará a fortalecer la capacidad de los Estados para implementar políticas públicas que contribuyan al progreso de las sociedades”.

En su hilo de Twitter, el Ministro también aclaró que la Argentina “luego de firmes y valiosas negociaciones multilaterales en las que se construyeron entendimientos, acompañó el consenso”. Por este motivo, anticipó que en la cumbre del G-20 que se celebrará en Italia en octubre habrá que “seguir trabajando en los detalles del acuerdo para que efectivamente sea sano para el mundo”.

De cara a este encuentro, Guzmán resaltó que el país ha manifestado la importancia de “establecer un mecanismo de resolución de controversias que sea internacionalmente equilibrado y eficaz” y que “el compromiso de eliminar medidas unilaterales se circunscriba únicamente a las empresas comprendidas por el acuerdo logrado, de manera de proteger la soberanía de imposición”.

“Continuaremos trabajando junto a la comunidad internacional y sobre la base de este valioso consenso para construir reglas de juego globales que apunten a dos objetivos centrales: el bienestar de nuestro pueblo y el desarrollo equitativo y sustentable del mundo”, concluyó el Ministro.

Compartí esta noticia !

El Gobierno gira 8.000 millones a provincias y Misiones recibirá 261 millones

Compartí esta noticia !

En el marco de las acciones llevadas adelante para enfrentar la pandemia de Covid-19 en coordinación con las provincias, el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, comenzó a girar a las provincias fondos por un total de 8 mil millones de pesos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), con el objetivo de dotar a los distritos de más recursos para fortalecer sus economías.

Estos fondos, que se distribuyen en su totalidad de acuerdo al índice de coparticipación federal, se suman a las distintas acciones que lleva adelante el Gobierno nacional para avanzar en la reactivación económica, mientras el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid que se desarrolla en todo el país alcanzó a cerca del 40% de los adultos.

En ese sentido, el desembolso de ATN es una iniciativa que complementa el esfuerzo que el Estado nacional realiza para contener el impacto de la pandemia en las provincias y en la actividad económica, así como lo son la duplicación de la asistencia de la Tarjeta Alimentar para llegar a 4 millones de personas; la ampliación del programa de Ayuda para pago de sueldos REPRO II, que alcanza a más de 35.000 empresas y beneficia a casi 600.000 trabajadores con una inversión de $11.000 millones; entre otras.

Este año, además, el Gobierno nacional puso en marcha un plan de obra pública por 550 mil millones de pesos, que representa casi el 2% del PBI, y que se traduce en 6.266 proyectos de inversión distribuidos a lo largo de todo el país.  También es significativa la inversión destinada en materia habitacional, que contempla la construcción de más de 100 mil viviendas durante este año, en el marco de los programas “Casa Propia”, “Reconstruir”, “Casa Activa” y Procrear.

En ese sentido el ministro del Interior, Wado de Pedro, indicó que “tal como nos encomendó el Presidente, estamos otorgando más herramientas para acompañar el desarrollo de cada provincia”, al tiempo que ponderó que desde el Gobierno nacional “tenemos la decisión de que los recursos se distribuyan con verdadero criterio federal y que ayuden a que las economías generen un desarrollo con equidad territorial”.

“Es fundamental seguir coordinando acciones y asistencia con las provincias y municipios para seguir dando respuestas a todos los argentinos y argentinas”, puntualizó de Pedro.

En este sentido, Buenos Aires recibirá 1.738 millones de pesos, Catamarca 218 millones, Chaco, 395 millones; Chubut 125 millones, Córdoba 703 millones; Corrientes 294 millones; Entre Ríos 387 millones; y Formosa 288 millones.
En tanto, Jujuy recibirá 225 millones de pesos; La Pampa 149 millones; La Rioja 164 millones; Mendoza 330 millones; Misiones 261 millones; Neuquén, 137 millones; Río Negro 200 millones; y Salta 303 millones.

Además, San Juan percibirá 268 millones de pesos, San Luis 181 millones, Santa Cruz 125 millones, Santa Fe 707 millones, Santiago del Estero 327 millones, Tierra del Fuego 98 millones y Tucumán 377 millones. En total, el Gobierno nacional girará 8 mil millones de pesos.

Compartí esta noticia !

¿Podría bajar el IVA si se eliminan subsidios?

Compartí esta noticia !

Los subsidios económicos saltaron más de 100% en 2020 y crecieron casi 80% i.a. en el primer trimestre del 2021, duplicando a la inflación. Se desprende de estos números cómo vienen ganando peso como porcentaje del PBI, pasando de 1,6% en 2019 más de 3% este año. Esta dinámica encendió algunas luces de alerta hacia el interior del Ministerio de Economía, desnudando las distintas miradas existentes. En este marco, es importante repasar algunos aspectos de esta línea del gasto: ¿qué se subsidia en Argentina? ¿quiénes se ven beneficiados por las tarifas baratas? ¿cómo se financian estas partidas?  

La Administración Pública Nacional paga actualmente subsidios por la importación, generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas; por el consumo residencial de garrafas; al transporte automotor, ferroviario y aerocomercial; y a otros (sector agropecuario e industrial, provisión de agua y saneamiento y otras empresas públicas). De estas transferencias, las que tienen un mayor peso son las destinadas a abaratar los servicios energéticos, disociando el costo de la electricidad y el gas del precio pagado por los hogares. El año pasado, los subsidios energéticos representaron tres de cada cuatro pesos gastados en transferencias económicas corrientes a empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado, siendo equivalentes a casi el 2% del producto. 

Estas transferencias buscan evitar que los movimientos en los costos del servicio (vinculados a las condiciones de producción, el tipo de cambio y los precios internacionales) afecten a las tarifas. Para esto, el Estado paga una porción de éstas, que varía según la evolución de los tres factores arriba mencionados y el precio del servicio pagado por el público. El volumen de los subsidios depende inversamente del precio de electricidad y gas pagado por los hogares. Esto es así, en primer lugar, porque los aumentos en el precio unitario que pagan los consumidores reducen el monto que desembolsa el Sector Público por cada kw o metro cúbico de gas utilizado. Pero, además, porque el uso de energía es sensible al precio (por caso, la demanda residencial trepó 76% entre 2005 y 2015, mientras que el PBI corriente subió la mitad). Por este motivo, al elevar el precio de estos servicios se reduce su consumo, disminuyendo el monto total a financiar por el Tesoro. Por último, y asociado a lo anterior, porque al necesitarse menos gas y electricidad, la demanda puede cubrirse con producción local, achicando la necesidad de importarlos, lo que es mucho más costoso e insume divisas en poder del Banco Central. 

Actualmente, los subsidios vienen elevándose al ritmo del retraso tarifario, generando una distorsión de precios poco sostenible, que eventualmente deberá corregirse (aunque más no sea parcialmente). Esta situación se remonta a más de una década atrás, cuando la inflación volvió a tomar fuerza en nuestro país, sin que las tarifas se actualizaran en línea con esta, generando a la vez inequidades geográficas (al subsidiarse la distribución en el AMBA, esta zona pagaba tarifas más baratas que el resto del país). Así se llegó a que, en el momento de la asunción de Cambiemos, los usuarios minoristas de electricidad pagaban alrededor del 15% del costo monómico de generación. A lo largo de dicho mandato, el monto de subsidios se redujo sistemáticamente a fuerza de saltos muy importantes de tarifas (principalmente, en el área más subsidiada), llevando este porcentaje de cobertura al 63%, pero causando efectos sobre la inflación general y el nivel de actividad. A pesar de esto, desde la primera mitad de 2019, los mandatarios salientes decidieron interrumpir el proceso de aumentos y congelar el precio de estos servicios, que empezaron un nuevo proceso de atraso. Esta decisión no fue revisada por el Gobierno entrante, que mantuvo dichos precios congelados (primero de forma transitoria, por 180 días, y luego de forma más duradera, por la irrupción de la pandemia). De esta forma, a dos años del inicio del congelamiento, las tarifas de los servicios públicos perdieron la mitad de su valor en términos reales, generando un desequilibrio relevante. 

Ahora bien, aunque aporta sostenibilidad a la dinámica de las cuentas públicas, subir las tarifas de gas o electricidad no es inocuo: tiene impactos sobre los ingresos de los hogares, reduciendo su capacidad de consumo, y, además, sobre la dinámica inflacionaria. Desde este punto de vista puede comprenderse el motivo para postergar las actualizaciones, ya que las mismas agravarían la caída del salario real en una economía muy golpeada y a poco de las elecciones. A la vez, sumarían tensiones a una inflación que no da tregua. 

Sin embargo, del lado contrario, se esgrime que es posible segmentar a los usuarios, con la intención de incrementar el pago únicamente de aquellos sectores que puedan afrontarlo. Este contrapunto es fundamental, ya que, dadas las características de los subsidios energéticos en la actualidad, el diseño de la transferencia es progresivo, pero pro-rico. En primer lugar, esto significa que el monto recibido por los usuarios de menores recursos representa un porcentaje mayor de sus ingresos, en tanto las tarifas tienen un peso mayor en su canasta de consumo. Sin embargo, a la vez, quienes más poder adquisitivo poseen reciben una mayor porción de subsidios totales, en tanto utilizan más gas y electricidad. Este problema de equidad podría ser resuelto diferenciando a los usuarios. Considerando las experiencias del IFE y la Tarifa Social Eléctrica, las bases de datos de AFIP y de ANSES, entre otros, esto pareciera ser viable técnicamente -y así argumenta el ministro Guzmán-. Este procedimiento agudizaría la progresividad y ayudaría a corregir el carácter pro-rico de dicho gasto. Sin embargo, la implementación de este esquema sigue postergándose, provocando que el desfasaje entre las tarifas y la inflación del resto de productos sea cada vez mayor. 

Por su carácter pro-rico, los subsidios actuales no representan el mejor uso posible de estos recursos: si el objetivo fuera ayudar a los sectores vulnerables o estimular su demanda, existen herramientas más idóneas para hacerlo. Por llevarlo al extremo, si se eliminaran completamente los subsidios energéticos, podría recortarse en 7 puntos la alícuota del Impuesto al Valor Agregado o más que quintuplicarse la Asignación Universal por Hijo, ya focalizada en las familias de menores recursos. 

Además, esta partida del gasto impacta en las cuentas externas. Las importaciones de energía se multiplicaron por más de 12 desde 2004 hasta 2013, deteriorando la balanza comercial energética. Así, el crecimiento de la actividad del período, pero también el congelamiento de tarifas, hicieron que nuestro país pasara de tener un superávit de USD 6.000 millones por esta vía en 2006 a ser un importador neto de energía por más de USD 7.000 millones en 2013. Pensando en el bajo nivel de Reservas netas y los compromisos con organismos multilaterales de crédito que hay por delante, podemos afirmar que los subsidios son un gasto ineficiente, costoso en pesos y dólares, en un país con un déficit fiscal y una necesidad de divisas importantes. 

Aumentar las tarifas puede ser indeseable en lo inmediato y afectar al humor electoral. Sin embargo, si su congelamiento demanda crecientes recursos fiscales y de dólares, el resultado podría ser incluso peor: mayores expectativas de devaluación o un salto de los tipos de cambio paralelos afectarían más al humor electoral que una actualización del precio de los servicios públicos. 

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin