Hacienda

El Gobierno activa el Presupuesto 2027 y ordena la hoja de ruta fiscal hasta 2029

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El Ministerio de Economía puso en marcha el armado del Presupuesto 2027 con una señal política clara: ordenar desde ahora las variables fiscales y macroeconómicas en un horizonte de tres años. A través de la Resolución 446/2026, publicada el 31 de marzo, el Gobierno fijó un cronograma detallado para la elaboración del proyecto que deberá enviarse al Congreso antes del 15 de septiembre, al tiempo que formalizó la construcción del Presupuesto Plurianual 2027-2029. La decisión abre una pregunta de fondo: ¿es un intento de consolidar previsibilidad fiscal o un movimiento para blindar la estrategia económica en un escenario de tensión de ingresos?

La medida no se limita a una cuestión técnica. Define tiempos, actores y responsabilidades en un proceso que, en la práctica, ordena la discusión política sobre gasto, inversión y financiamiento del Estado para los próximos años.

Un cronograma que estructura el poder presupuestario

El diseño aprobado por Economía establece un calendario preciso que arranca el 6 de abril con la coordinación inicial del proceso y culmina el 14 de septiembre con la remisión del proyecto de ley al Congreso.

Entre esos hitos, el esquema organiza una secuencia que combina definiciones técnicas y decisiones políticas: desde la proyección de variables macroeconómicas (entre el 20 de abril y el 4 de mayo) hasta la elaboración del proyecto final entre el 18 de agosto y el 4 de septiembre.

En paralelo, el cronograma incluye la preparación de “techos presupuestarios” entre el 5 y el 30 de junio, un momento clave porque fija los límites de gasto para cada jurisdicción. Esa instancia suele ser donde se materializan las tensiones internas del Gobierno sobre prioridades y asignación de recursos.

El proceso también incorpora la elaboración del Presupuesto Plurianual 2027-2029, que se extenderá hasta el 30 de octubre, con el objetivo de proyectar el resultado primario, el financiamiento y los niveles de endeudamiento del Sector Público Nacional.

Un engranaje institucional que centraliza decisiones

Para ejecutar este esquema, la resolución crea el Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP), coordinado por la Subsecretaría de Presupuesto y compuesto por áreas clave del Ministerio de Economía.

El GAEP no es un detalle administrativo. Es el espacio donde confluyen las áreas de ingresos, financiamiento, coordinación fiscal, relaciones internacionales y análisis macroeconómico. En términos prácticos, funciona como el núcleo técnico-político que define la arquitectura del presupuesto.

Además, la normativa refuerza la centralización del proceso: las jurisdicciones y entidades del Estado deben remitir la información requerida y ajustar sus anteproyectos a los lineamientos que fije Economía. El mensaje es claro: la construcción del presupuesto no es una suma de demandas sectoriales, sino un proceso coordinado desde el nivel central.

El uso de sistemas como el eSIDIF y el SIFEP para la formulación presupuestaria también apunta a estandarizar y controlar la información, reduciendo márgenes de discrecionalidad en la carga de datos.

Impacto político: el presupuesto como herramienta de orden

La activación temprana del Presupuesto 2027 tiene implicancias que exceden lo administrativo. En un contexto donde la recaudación muestra señales de desaceleración y las finanzas públicas enfrentan presión, el Gobierno busca anticiparse y fijar reglas de juego.

El cronograma obliga a todas las áreas del Estado a definir prioridades en plazos acotados, lo que tiende a ordenar la interna del gasto. Al mismo tiempo, la elaboración del presupuesto plurianual introduce un marco que condiciona decisiones futuras, especialmente en materia de inversión y financiamiento.

También aparece un factor institucional clave: el cumplimiento del plazo del 15 de septiembre para enviar el proyecto al Congreso. Ese momento marcará el inicio de la negociación política con las distintas fuerzas, donde el contenido del presupuesto se convierte en una herramienta central de construcción de alianzas o de conflicto.

Un proceso técnico con consecuencias abiertas

El armado del Presupuesto 2027 ya está en marcha, pero su resultado está lejos de ser definitivo. El cronograma establece los tiempos; la política definirá los contenidos.

En las próximas semanas, el foco estará en las proyecciones macroeconómicas y en la definición de los techos de gasto. Allí se jugará buena parte del equilibrio entre ajuste, inversión y sostenibilidad fiscal.

La hoja de ruta está trazada. Lo que resta ver es cómo se llenan esos casilleros y qué tensiones emergen cuando los números empiecen a traducirse en decisiones concretas.

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El Gobierno formalizó el auxilio financiero a doce provincias y redefine el equilibrio fiscal

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El Gobierno nacional formalizó el 1 de abril, mediante el Decreto 219/2026, un esquema de asistencia financiera por hasta $400.000.000.000 destinado a doce provincias, en un movimiento que combina contención fiscal con control político sobre las jurisdicciones. La medida, que incluye a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, llega en un contexto de restricciones de liquidez subnacional y abre una tensión implícita: ¿se trata de un salvataje transitorio o de un mecanismo de disciplinamiento fiscal en pleno ajuste?

El decreto no sólo habilita los anticipos, sino que fija condiciones estrictas de devolución dentro del mismo ejercicio fiscal, con una tasa fija nominal anual del 15% y la posibilidad de retención automática sobre fondos coparticipables. La decisión introduce un elemento central en la dinámica política: la Nación asiste, pero al mismo tiempo refuerza su capacidad de condicionar financieramente a las provincias.

Un instrumento legal con impacto directo en la caja provincial

La herramienta utilizada no es nueva, pero su implementación en este momento adquiere otra dimensión. El Gobierno se apoya en el artículo 124 de la Ley 11.672, que autoriza al Ministerio de Economía a otorgar anticipos a cuenta de la coparticipación federal. Bajo ese marco, las provincias deberán reintegrar los fondos mediante retenciones automáticas de los recursos que reciben por la Ley 23.548.

El decreto explicita que los gobernadores enfrentan dificultades transitorias para atender compromisos urgentes de gasto y amortización de deuda. Esa definición, técnica en su forma, traduce una realidad política concreta: tensiones en las finanzas provinciales que obligan a recurrir a la asistencia nacional.

Sin embargo, la asistencia no es neutra. La Secretaría de Hacienda definirá el monto específico para cada provincia en función de su capacidad de repago, medida a partir de su participación en la recaudación nacional. Esto introduce un criterio que combina técnica financiera con discrecionalidad administrativa.

Además, las jurisdicciones deberán autorizar la afectación de su coparticipación y otros recursos sin asignación específica, habilitando a la Nación a retener automáticamente los fondos necesarios para cancelar el anticipo más intereses. Es, en términos políticos, una cesión explícita de margen de maniobra.

Reordenamiento de tasas y señales de equidad interna

El decreto también modifica una decisión previa: sustituye la tasa de interés aplicada al anticipo otorgado a la provincia de Entre Ríos por el Decreto 922/2025, alineándola al 15% fijado en esta nueva medida. El argumento es “ajustar en equidad a todas las jurisdicciones”, pero la señal es más amplia.

La unificación de condiciones evita asimetrías entre provincias, pero también consolida un esquema uniforme de financiamiento donde la Nación fija las reglas del juego. En un contexto de recursos escasos, esa homogeneización puede leerse como un intento de ordenar el frente fiscal subnacional bajo parámetros centralizados.

Asistencia con condicionamientos

El impacto político del decreto trasciende lo financiero. Por un lado, las provincias acceden a liquidez inmediata para afrontar compromisos urgentes, lo que reduce el riesgo de tensiones administrativas o atrasos en pagos. En ese sentido, la medida descomprime en el corto plazo.

Por otro lado, el mecanismo refuerza la dependencia de las provincias respecto del Tesoro Nacional. La posibilidad de retenciones automáticas sobre la coparticipación limita la autonomía fiscal y coloca a las jurisdicciones en una posición de mayor exposición frente a decisiones del Poder Ejecutivo.

La inclusión de un conjunto amplio de provincias —sin distinción explícita en el texto— sugiere una estrategia de cobertura federal, pero también diluye la posibilidad de que alguna jurisdicción quede al margen del esquema de condicionamientos.

Un movimiento táctico en un tablero en tensión

El anticipo financiero dispuesto por el Decreto 219/2026 se inscribe en un momento donde la recaudación muestra señales de desaceleración y las cuentas públicas enfrentan presión. En ese contexto, el Gobierno opta por sostener a las provincias sin resignar herramientas de control.

La clave estará en la implementación: los acuerdos individuales que firme la Secretaría de Hacienda, los montos efectivamente asignados y la dinámica de las retenciones marcarán el verdadero alcance político de la medida.

En las próximas semanas, el foco se desplazará hacia cómo reaccionan las provincias frente a estas condiciones y si el esquema logra estabilizar las finanzas subnacionales sin abrir nuevos frentes de conflicto. La asistencia ya está en marcha; el equilibrio, en cambio, sigue en construcción.

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Coninagro: el trigo y la yerba mate pierden poder de compra mientras soja y hacienda se fortalecen

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Un nuevo informe de Coninagro confirma la creciente heterogeneidad del agro argentino: mientras el trigo y la yerba mate registran un marcado deterioro en su capacidad de compra frente a insumos y costos productivos, la soja y la hacienda muestran una mejora significativa en su relación insumo-producto.

El relevamiento compara enero de 2026 contra enero de 2025 y también frente al promedio de los últimos cinco años, y revela fuertes contrastes entre cadenas productivas.

Trigo: fletes récord y caída frente al gasoil

En el caso del trigo, el deterioro es evidente. La cosecha récord del cereal coincidió con un debilitamiento de su precio internacional, afectando directamente el poder adquisitivo del productor.

Uno de los datos más preocupantes es el costo logístico: para un traslado de 300 kilómetros, el flete representa hoy el 21% del valor del trigo, el nivel más alto de los últimos años. Además, en comparación con el promedio de los últimos cinco años, el productor necesita 55% más de trigo para adquirir la misma cantidad de gasoil.

Frente a los insumos, el cereal perdió 10% interanual respecto de la urea y 8% frente a la bolsa de semillas de 40 kilos. Solo muestra una leve mejora coyuntural frente a la cosechadora (-3%), aunque en el mediano plazo el deterioro alcanza el 35%.

El informe advierte que esta brecha entre precios de venta y costos genera un escenario de vulnerabilidad, obligando a replantear decisiones de siembra, financiamiento y manejo de recursos en un contexto de alta volatilidad.

Soja: mejora de rentabilidad y recuperación del poder de compra

En contraste, la soja atraviesa un momento favorable. Se requiere 25% menos de oleaginosa para adquirir glifosato, camionetas y cosechadoras, y 19% menos para cubrir gasoil y fletes.

En la comparación de cinco años, los granos en general mejoraron su relación frente a glifosato, urea, inmuebles, camionetas y construcción, aunque perdieron contra fletes, maquinaria, hacienda, semillas y salarios rurales.

Dentro del complejo agrícola, la soja aparece como el mejor desempeño relativo, mientras que el trigo es el más afectado. El maíz, por su parte, mejora frente al gasoil y cosechadora, pero empeora frente a semillas y urea.

Hacienda: fuerte recomposición de precios

La ganadería también muestra señales positivas. Durante 2025, la hacienda aumentó en promedio 75%, consolidando una mejora real en el poder de compra del productor.

En diciembre pasado se necesitaron 34% menos kilos de novillito para adquirir un kilo de semillas de alfalfa que un año antes, pasando de casi 4 kilos a aproximadamente 2,7 kilos.

La hacienda hoy permite comprar más inmuebles, alambre, camionetas, pasturas y materiales de construcción, aunque pierde frente a la compra de terneros.

Yerba mate: el peor desempeño relativo

La situación más crítica es la de la yerba mate. Tras un muy mal 2024 y 2025, el sector acumula una pérdida del 30% en su poder de compra respecto del promedio de los últimos cinco años.

En el inicio de 2026, los registros siguen débiles: solo mejora frente a fitosanitarios (tomando la media desde 2020), pero pierde frente a gasoil, salario rural y camionetas.

El informe deja en claro que no hay un “campo” homogéneo: mientras algunos complejos productivos recuperan margen y capacidad de inversión, otros enfrentan una creciente presión de costos que erosiona rentabilidad y competitividad.

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Noviembre cerró con superávit financiero y consolida el ancla fiscal del Gobierno

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El Sector Público Nacional (SPN) cerró noviembre con un superávit financiero de $599.954 millones, incluso luego de afrontar pagos de intereses de deuda por $1.528.056 millones, consolidando el sendero de orden fiscal del programa económico. El resultado se explicó por un superávit primario de $2.128.009 millones y permitió sostener, en el acumulado del año, un balance positivo equivalente a 0,6% del PIB en términos financieros y 1,7% del PIB en resultado primario.

Con este desempeño, el Gobierno ratificó la consistencia del ancla fiscal como eje central de la política económica, en un contexto de desaceleración inflacionaria y reordenamiento de las cuentas públicas, donde el control del gasto y la recomposición de ingresos juegan un rol clave.

Ingresos en alza: impuestos, comercio exterior y seguridad social

Durante noviembre, los ingresos totales del SPN alcanzaron los $11.402.650 millones, lo que implicó un crecimiento interanual del 18,7%. Dentro de ese total, los recursos tributarios exhibieron una suba del 16,3% interanual, impulsados por varios componentes de peso.

El mayor dinamismo se observó en los Derechos de Importación, que crecieron 41,9% interanual, reflejando el mayor volumen de comercio exterior y la normalización de flujos. A esto se sumaron los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, con un aumento del 30,6%, el IVA neto de reintegros (+26,5%), el impuesto a los Débitos y Créditos (+22,6%) y Ganancias (+21,3%).

Desde el Palacio de Hacienda destacaron que la comparación interanual se ve condicionada por la reducción de impuestos aplicada a lo largo de 2025, lo que implica que el crecimiento de la recaudación se produce sobre una base tributaria modificada, reforzando la lectura de una mejora real en los ingresos.

Gasto primario contenido y reconfiguración de transferencias

En paralelo, los gastos primarios del Sector Público Nacional totalizaron $9.274.641 millones, con un incremento interanual del 12,7%, por debajo del crecimiento de los ingresos, lo que explica el resultado primario positivo.

Las prestaciones sociales concentraron la mayor parte del gasto, con $6.497.181 millones, lo que representó un aumento del 17,5% interanual, en línea con la actualización de haberes. Las remuneraciones del sector público, en tanto, ascendieron a $1.247.830 millones, con una suba del 10,1% interanual.

Uno de los datos más relevantes del mes fue la fuerte caída en las transferencias corrientes, que sumaron $2.502.952 millones, con una disminución del 17,4% interanual. Las transferencias al sector privado retrocedieron $162.347 millones (-6,5%), mientras que las transferencias corrientes al sector público se redujeron drásticamente a $171.061 millones, con una baja del 67,4% interanual, reflejando un ajuste significativo en los envíos discrecionales.

Subsidios económicos: energía en alza y transporte estable

En cuanto a los subsidios económicos, en noviembre se ubicaron en $700.226 millones, con un aumento del 24,8% interanual. El crecimiento estuvo explicado principalmente por los subsidios energéticos, que se incrementaron 41,0% interanual, mientras que los destinados al transporte mostraron una suba mucho más moderada, del 1,4% interanual.

Este comportamiento confirma una recomposición selectiva del gasto, donde el Gobierno prioriza el sostenimiento del sistema energético en un contexto de transición tarifaria, al tiempo que mantiene contenido el resto de los subsidios.

Señal al mercado y consistencia del programa

Con un superávit financiero mensual cercano a los $600.000 millones y un acumulado anual positivo equivalente a 0,6% del PIB, el resultado de noviembre refuerza la señal de disciplina fiscal hacia el mercado y los organismos internacionales. La combinación de ingresos en recuperación, gasto primario controlado y reducción de transferencias consolida el marco macroeconómico sobre el que el Gobierno apoya su estrategia de estabilización.

El desempeño fiscal del penúltimo mes del año se convierte así en un dato central para evaluar la sostenibilidad del programa económico, con impacto directo en las expectativas financieras, el costo del financiamiento y la credibilidad del rumbo fiscal.

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Economía oficializó el bono en dólares al 6,50% bajo ley argentina

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El Ministerio de Economía oficializó la emisión del “Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses 6,50% con vencimiento 2029”, con un tope de USD 4.000 millones en valor nominal. La colocación, autorizada mediante la Resolución Conjunta 62/2025, forma parte del esquema de financiamiento aprobado por la Ley de Presupuesto vigente y apunta a reforzar la estrategia de estabilización fiscal y coordinar el perfil de vencimientos del Tesoro.

Un instrumento clave dentro del marco legal de crédito público

La Resolución Conjunta 62/2025, firmada por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, establece la emisión del nuevo bono en dólares para su licitación este 10 de diciembre de 2025, con fecha de emisión el 12 de diciembre y vencimiento el 30 de noviembre de 2029.

El instrumento se inscribe en el marco del Sistema de Crédito Público regulado por la Ley 24.156 y en las autorizaciones de endeudamiento previstas en la Ley 27.701, que continúa vigente para 2025 conforme al artículo 27 de la Ley 24.156 y a las adecuaciones implementadas por los decretos 436/2023, 56/2023, 23/2024, 280/2024, 594/2024 y 1104/2024.

El texto oficial recuerda que, conforme al artículo 60 de la Ley 24.156, ningún organismo de la Administración Nacional puede formalizar operaciones de crédito público no contempladas en el Presupuesto o en una ley específica. En este caso, la emisión se encuentra dentro de los montos autorizados en la planilla anexa al artículo 37 de la Ley 27.701.

Características financieras del bono y condiciones de colocación

El nuevo Bono del Tesoro en dólares presenta condiciones orientadas a fortalecer la demanda institucional y mejorar el perfil de financiamiento del Estado. Entre los puntos centrales:

  • Monto máximo autorizado: hasta VNO USD 4.000.000.000, según demanda de la licitación.
  • Moneda: denominación, suscripción y pago en dólares estadounidenses.
  • Tasa de interés: 6,50% nominal anual, pagadera por semestre vencido cada 30 de mayo y 30 de noviembre, con cálculo base 30/360.
  • Primer pago: 30 de mayo de 2026, período irregular.
  • Amortización: íntegra al vencimiento en 2029.
  • Denominación mínima: USD 1 de valor nominal original.
  • Negociación: cotización solicitada en A3 Mercados SA y en bolsas y mercados de valores del país.
  • Registro: bajo Certificados Globales a nombre de la CRYL del Banco Central, como Agente de Registro.
  • Exenciones impositivas: aplica las previstas en la legislación vigente.
  • Ley aplicable: República Argentina.

La colocación se realizará bajo los procedimientos aprobados en la Resolución Conjunta 9/2019, que regula la emisión de instrumentos de deuda pública, habilitando tramos múltiples según determine la Secretaría de Finanzas.

La resolución también delega en las autoridades de la Oficina Nacional de Crédito Público y áreas técnicas competentes la firma de la documentación necesaria para implementar la operación.

Financiamiento, orden fiscal y señales al mercado

La decisión se da en un momento de fuerte reordenamiento macroeconómico, donde el Gobierno sostiene que la consistencia fiscal resulta indispensable para la recuperación sostenida y la reducción del riesgo país.

Dentro del marco presupuestario vigente, la emisión busca: reducir tensiones de corto plazo en el perfil de vencimientos, fortalecer el programa financiero del Tesoro, ampliar la base de instrumentos en dólares bajo ley local, lo que aporta previsibilidad jurídica y operativa, y ofrecer alternativas a demandantes institucionales que operan en moneda extranjera.

La referencia explícita del decreto a la coordinación entre Finanzas y Hacienda —en línea con el Decreto 1344/2007— refleja la intención de mantener disciplina en el uso del crédito público, un componente central de la estrategia de estabilización.

En el sistema financiero, la expectativa es que el bono en dólares atraiga interés de bancos, compañías de seguros, fondos institucionales y operadores de mercado que buscan instrumentos de renta fija con rendimiento en moneda dura y bajo ley argentina.

También se prevé impacto en la curva local en dólares, que podría ganar profundidad y liquidez si la colocación alcanza montos significativos dentro del límite autorizado.

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