Hugo Passalacqua

Passalacqua despliega agenda en Perú para posicionar a Iguazú como puerta turística regional

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El gobernador Hugo Passalacqua activó esta semana una agenda de promoción internacional en Perú con un objetivo político y económico concreto: posicionar a Misiones dentro del circuito turístico regional a partir del nuevo vuelo directo Lima–Puerto Iguazú. La misión oficial incluyó el lunes 9 de marzo de 2026 una reunión institucional con el alcalde del distrito limeño de Miraflores, Carlos Canales Anchorena, en un encuentro que también contó con la participación del embajador argentino en Perú, Samuel Ortiz Basualdo, y del ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa.

El encuentro se desarrolló en la Municipalidad de Miraflores y forma parte de una estrategia provincial orientada a fortalecer la llegada de visitantes internacionales a las Cataratas del Iguazú. La apuesta no es menor: el nuevo enlace aéreo conecta directamente a la provincia con Lima, uno de los principales hubs de transporte aéreo de América del Sur.

Detrás de la agenda institucional aparece una pregunta estratégica que atraviesa la política turística regional: ¿puede Misiones transformar esa conexión aérea en una plataforma sostenida de crecimiento económico y empleo?

Turismo, conectividad y promoción internacional

La visita de Passalacqua se inscribe dentro de una serie de acciones orientadas a consolidar la nueva ruta aérea y ampliar la presencia de la oferta turística misionera en mercados internacionales.

Durante el encuentro en Miraflores, el gobernador planteó que la iniciativa busca potenciar una conexión directa con el principal hub aéreo de Sudamérica para ampliar el flujo de visitantes hacia la provincia. El objetivo inmediato es atraer turistas peruanos y reforzar la visibilidad internacional de Iguazú como destino.

La estrategia incluye además la construcción de acuerdos vinculados con gastronomía y cultura, dos sectores que funcionan como complementos clave dentro de la economía turística.

En sus redes sociales, el mandatario provincial explicó que la misión apunta a que “cada vez más visitantes conozcan Misiones” y proyectó una estrategia de promoción internacional que busque ampliar el alcance del destino más allá de los mercados tradicionales.

La agenda institucional no se limitó al plano protocolar. Según lo planteado durante la misión, la idea es generar vínculos que permitan fortalecer el turismo en ambas direcciones, consolidando intercambios culturales y comerciales asociados a la actividad turística.

Miraflores, un socio estratégico dentro del turismo limeño

La elección de Miraflores como punto central de la agenda política no parece casual. El distrito es uno de los 43 que integran la provincia de Lima y concentra una de las mayores actividades turísticas de la capital peruana.

Con alta densidad de comercios, restaurantes y servicios vinculados al turismo, Miraflores se consolidó como uno de los principales polos receptores de visitantes en la ciudad. También registra una de las mayores recaudaciones tributarias del área metropolitana limeña.

Para la estrategia misionera, ese escenario representa un punto de entrada relevante al mercado turístico peruano.

La lógica de la misión apunta a conectar directamente la oferta turística de Misiones con uno de los espacios urbanos más dinámicos del turismo en Lima, ampliando la visibilidad del destino en un mercado que funciona además como plataforma de conexiones internacionales.

Turismo como política de desarrollo provincial

El viaje del gobernador también refleja una dimensión política interna: la apuesta del gobierno provincial por consolidar al turismo como uno de los ejes estructurales de desarrollo económico.

En ese marco, el nuevo vuelo Lima–Iguazú aparece como una herramienta de conectividad con potencial impacto en distintos sectores: turismo receptivo, gastronomía, hotelería, comercio local, y servicios asociados a la actividad turística

La posibilidad de conectar directamente con Lima permite además ampliar el acceso a turistas de otros países que utilizan la capital peruana como punto de escala dentro del tráfico aéreo regional.

Desde la mirada del gobierno provincial, esa conectividad abre una oportunidad para diversificar mercados emisores de visitantes y reducir la dependencia de los flujos turísticos tradicionales.

Diplomacia turística y cooperación institucional

El encuentro con el alcalde de Miraflores también muestra otro componente de la estrategia: la construcción de vínculos institucionales entre gobiernos locales.

Este tipo de articulaciones suele funcionar como plataforma para acuerdos de promoción conjunta, intercambios culturales y acciones coordinadas de difusión turística.

Durante la reunión, Passalacqua destacó la importancia de fortalecer vínculos institucionales y sostuvo que el trabajo conjunto puede generar más oportunidades y más empleo para los misioneros.

La participación del embajador argentino en Perú también indica que la misión provincial se desarrolló en coordinación con la representación diplomática argentina en el país.

La agenda continúa con actores del sector turístico

La misión oficial en Perú no se limitó al encuentro institucional en Miraflores. La agenda del gobernador continuará con nuevas reuniones con actores del sector turístico, gastronómico y cultural.

El objetivo es consolidar el nuevo corredor aéreo y reforzar las oportunidades de cooperación económica vinculadas al turismo.

En la práctica, ese proceso implica fortalecer relaciones con operadores turísticos, referentes del sector gastronómico y actores culturales que puedan participar en la promoción del destino.

Un movimiento dentro del tablero del turismo regional

La apuesta por consolidar la ruta Lima–Iguazú ocurre en un contexto regional donde los destinos turísticos compiten activamente por captar nuevos flujos de visitantes internacionales.

En ese escenario, la conectividad aérea se convierte en un factor determinante. Los destinos que logran integrarse a hubs internacionales suelen ampliar su visibilidad y su capacidad de recepción turística.

La misión de promoción impulsada por el gobierno de Misiones apunta justamente a posicionar a Iguazú dentro de ese circuito regional.

La efectividad de esa estrategia dependerá ahora de la capacidad de transformar la nueva conexión aérea en un flujo sostenido de visitantes.

Por el momento, el gobierno provincial avanza con la construcción de alianzas institucionales y comerciales. El impacto real de esa apuesta empezará a medirse en los próximos meses, cuando la nueva ruta aérea comience a mostrar si logra traducirse en más turistas, más actividad económica y más empleo en la provincia.

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Regularización de tierras: Passalacqua entregó más de 200 instrumentos de regularización dominial en Santa Ana

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El gobernador Hugo Passalacqua encabezó este jueves 5 de marzo una jornada de entrega de más de 200 instrumentos de regularización dominial en Santa Ana, una política pública que el Gobierno de Misiones utiliza para consolidar seguridad jurídica sobre la tierra y ordenar la ocupación urbana y rural.

El acto se realizó en el Salón de Usos Múltiples del Polideportivo local y se inscribió en el programa Mi Título, impulsado por la Subsecretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras. Durante la actividad se entregaron aproximadamente 190 constancias y permisos de ocupación y más de 15 títulos de propiedad a familias de los barrios Martín Chico, Nueva Esperanza, San Pantaleón, El Cruce y La Colina.

La escena tiene un peso político que excede lo administrativo. La regularización dominial se convirtió en una herramienta central de gestión territorial: formaliza derechos de propiedad, ordena la ocupación de suelo y fortalece el vínculo entre el Estado y comunidades que durante años habitaron terrenos sin documentación legal. En ese punto, la política pública también opera como señal de presencia estatal en el territorio.

El programa Mi Título y la estrategia de formalización de la tierra

La entrega de instrumentos se inscribe en una política provincial orientada a acelerar procesos de regularización dominial, una demanda extendida en numerosas localidades donde familias ocupan terrenos desde hace años sin contar con documentación formal.

Durante el acto, Passalacqua recordó una experiencia ocurrida en San Vicente, donde una familia recibió su título de propiedad décadas después de haber iniciado el trámite. A partir de esa situación —según explicó— se impulsó una política para agilizar la regularización de la tierra en la provincia.

El mandatario vinculó la documentación dominial con la estabilidad familiar y la posibilidad de proyectar a largo plazo. “Muchas cosas tienen valor, pero pocas se valoran tanto como el terrenito de uno”, sostuvo durante su intervención.

En términos institucionales, el proceso implica distintas etapas. Los permisos de ocupación funcionan como una instancia inicial que reconoce la tenencia del terreno, mientras que el título de propiedad otorga seguridad jurídica plena. Según explicó el subsecretario de Gobierno, Daniel Behler, ese recorrido administrativo permite ordenar la situación de los lotes y avanzar hacia la titularización definitiva.

Estado territorial y construcción de seguridad jurídica

Desde el área de Gobierno provincial remarcaron que detrás de cada documento existe un proceso técnico y administrativo que incluye verificaciones en terreno, análisis registrales y gestiones administrativas.

El ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, planteó que la entrega de títulos y permisos no se limita a una formalidad jurídica. “Cuando se entregan títulos o permisos de ocupación, no se entrega solamente un papel; se entrega tranquilidad, seguridad y futuro”, afirmó.

La intendenta de Santa Ana, Mabel Pezoa, destacó el impacto local de la medida y subrayó que muchos beneficiarios aguardaban la documentación desde hace años. Según expresó, la regularización permite consolidar proyectos familiares y brinda previsibilidad a quienes viven y trabajan en la localidad.

Desde la Dirección General de Tierras también subrayaron que la formalización de la propiedad tiene efectos más amplios: facilita la inversión en vivienda, ordena el crecimiento barrial y reduce conflictos por la tenencia de suelo.

Una política que combina gestión territorial y construcción política

La regularización dominial ocupa un lugar estratégico dentro de la agenda de gestión provincial. No solo ordena la situación jurídica de los terrenos; también consolida un vínculo directo entre el Estado y los vecinos que acceden a la titularidad de la tierra.

Ese proceso genera un impacto concreto en la estructura social de los barrios: define derechos de propiedad, habilita inversiones familiares y contribuye a estabilizar comunidades donde la tenencia informal fue durante años la norma.

En ese marco, la política también tiene una dimensión política. La presencia del gobernador y del gabinete provincial en actos de entrega de títulos refuerza la idea de un Estado que interviene en el territorio y gestiona demandas que atraviesan la vida cotidiana de miles de familias.

Un proceso que continúa en la agenda provincial

La entrega realizada en Santa Ana forma parte de una política más amplia que el Gobierno provincial viene desplegando a través del programa Mi Título.

El proceso de regularización dominial suele avanzar por etapas: primero el reconocimiento de la ocupación, luego la consolidación administrativa del lote y finalmente la emisión del título definitivo.

En las próximas semanas, el seguimiento de estos programas permitirá observar cómo evoluciona la política de formalización de la tierra en distintos municipios de Misiones. También será clave ver si la estrategia logra acelerar los tiempos de regularización y ampliar el acceso a títulos de propiedad en otras localidades de la provincia.

Por ahora, la entrega de documentos en Santa Ana deja una señal clara: la regularización dominial sigue siendo una herramienta central de gestión territorial y una pieza relevante en la relación entre el Estado provincial y las comunidades.

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Misiones accede a financiamiento internacional: USD 75 millones para ampliar la red eléctrica

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La infraestructura energética de Misiones suma una nueva vía de financiamiento internacional. El Gobierno nacional aprobó el esquema de garantías que permitirá a la provincia acceder a un préstamo de hasta 75 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento destinado a ampliar y modernizar la red eléctrica. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 131/2026, publicado el 5 de marzo en el Boletín Oficial, y habilita la firma de los contratos necesarios para ejecutar el programa que tendrá un impacto directo en el sistema energético de la zona sur, con la extensión de la línea 132 entre San Isidro, en Posadas, Alem y Oberá.

El financiamiento apunta al “Proyecto de Mejoras de Infraestructura de Redes Eléctricas en la Provincia de Misiones”, una iniciativa orientada a fortalecer el sistema de transmisión y facilitar la integración de energías renovables en la red provincial. El mecanismo incluye una garantía soberana del Estado nacional y una contragarantía de la provincia, que respalda los compromisos financieros asumidos.

El dato central del decreto es el monto: USD 75 millones, un volumen significativo para inversiones en infraestructura energética provincial en un contexto de restricción fiscal y limitado acceso al crédito externo.

Cómo funciona el financiamiento: garantía nacional y contragarantía provincial

La norma aprueba dos instrumentos contractuales que estructuran la operación financiera.

Por un lado, el Contrato de Garantía entre la República Argentina y la Corporación Andina de Fomento (CAF) establece que el Estado nacional actuará como garante solidario de las obligaciones de pago del préstamo otorgado a la provincia. Esto significa que, ante un eventual incumplimiento del prestatario, el Gobierno nacional deberá responder por el capital, intereses, comisiones y demás cargos financieros asociados al crédito.

A su vez, se aprueba un Contrato de Contragarantía entre la Nación y el Gobierno de Misiones. En este acuerdo, la provincia se compromete a reembolsar cualquier monto que el Estado nacional deba afrontar en su condición de garante.

El mecanismo prevé además una herramienta clásica del financiamiento subnacional en Argentina: si la provincia no cumple con los pagos, el Gobierno nacional podrá instruir al Banco Nación para retener fondos de la coparticipación federal y destinarlos a cancelar la deuda.

Este esquema busca preservar el crédito soberano frente al organismo financiero internacional y, al mismo tiempo, asegurar que la responsabilidad final del endeudamiento recaiga sobre la jurisdicción beneficiaria.

El proyecto: redes de transmisión y energías renovables

Los fondos del préstamo estarán destinados a mejorar la infraestructura eléctrica en la región centro de Misiones.

El programa se estructura en dos componentes principales: Inversión en infraestructura de transmisión eléctrica, orientada a ampliar y modernizar las redes existentes. Gestión del financiamiento, vinculada a la administración técnica y financiera del proyecto.

El objetivo declarado es mejorar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico, además de facilitar la integración de energías renovables dentro del sistema provincial.

El proyecto también busca reforzar la capacidad del sistema para acompañar el crecimiento de la demanda energética, un factor relevante en provincias con fuerte desarrollo industrial forestal, agroindustrial y turístico.

Antecedentes institucionales y encuadre financiero

La operación se inscribe dentro del esquema habitual de financiamiento de organismos multilaterales para proyectos de infraestructura subnacional.

En este caso, la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina se comprometió a otorgar el préstamo a la provincia con la condición de contar con una garantía soberana de la República Argentina. Ese requisito es frecuente en operaciones de crédito internacional con gobiernos provinciales.

Antes de la aprobación del decreto, distintos organismos técnicos evaluaron la operación.

El Banco Central analizó el impacto de la garantía en la balanza de pagos y concluyó que el efecto macroeconómico será limitado y consistente con la dinámica prevista de las operaciones externas.

Por su parte, la Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía indicó que el costo financiero del préstamo resulta inferior al que la Argentina podría obtener en el mercado, lo que refuerza la conveniencia del financiamiento multilateral frente a otras fuentes de crédito.

Impacto económico: infraestructura energética y desarrollo regional

Desde el punto de vista económico, la medida apunta a fortalecer uno de los cuellos de botella estructurales de muchas economías regionales: la infraestructura energética.

La inversión en redes de transmisión puede generar efectos en varias dimensiones:

Inversión pública: el préstamo habilita recursos externos para obras eléctricas en una provincia con creciente demanda energética.

Competitividad productiva: una red más robusta reduce riesgos de interrupciones y mejora la estabilidad del suministro para industrias, aserraderos, agroindustrias y servicios.

Integración energética: la modernización de la red facilitará la incorporación de fuentes renovables, un objetivo cada vez más presente en las políticas energéticas provinciales.

Efecto fiscal controlado: al tratarse de financiamiento externo con garantía nacional, el riesgo crediticio se comparte entre Nación y provincia, aunque el esquema de contragarantía mantiene la responsabilidad primaria en el gobierno provincial.

Financiamiento multilateral para infraestructura provincial

En términos de política pública, el decreto muestra continuidad en el uso de organismos multilaterales como fuente de financiamiento para obras de infraestructura en provincias.

El Gobierno nacional mantiene un rol central en estas operaciones, ya que: otorga la garantía soberana exigida por los organismos internacionales, y establece mecanismos de contragarantía para preservar el crédito público.

La medida también delega en el Ministerio de Economía y en la Secretaría de Finanzas la facultad de firmar los contratos y eventuales modificaciones operativas, siempre que no alteren el monto ni el destino del financiamiento.

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Passalacqua relanza Mirar Mejor en Panambí y consolida una estrategia territorial con inversión en salud pública

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El gobernador Hugo Passalacqua encabezó este jueves 19 de febrero de 2026 el operativo N.º 63 del programa Mirar Mejor en Panambí y abrió formalmente la tercera etapa anual de una política sanitaria que ya alcanzó 60 municipios en 2025. La actividad, desarrollada en la Delegación Municipal, funcionó como la tercera parada del recorrido 2026 y sumó nuevo equipamiento oftalmológico de última generación.

El dato político no pasa inadvertido: en un contexto social complejo, el Gobierno provincial eligió poner en escena inversión tecnológica, cobertura territorial y gratuidad en prestaciones vinculadas a la salud visual. La pregunta es estratégica: ¿se trata solo de continuidad administrativa o de una reafirmación del modelo de gestión basado en presencia directa y despliegue en el interior?

Un programa que articula recursos provinciales y presencia municipal

Mirar Mejor transita su tercer año consecutivo con el acompañamiento de la Sociedad Oftalmológica de Misiones (SOMI) y el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC). Según datos oficiales, el programa ya benefició a más de seis mil personas y retomó su despliegue luego de haber cubierto 60 municipios el año pasado.

En esta edición incorporó un autorrefractómetro que mide graduación y presión ocular en un mismo procedimiento. La mejora técnica reduce tiempos de atención y amplía capacidad diagnóstica. No es un detalle menor: detectar presión intraocular y cataratas en el territorio permite cerrar el circuito con derivaciones sin costo al hospital de referencia.

En paralelo, el Gobierno destacó la incorporación al Hospital Madariaga de un equipo Alcon modelo Constellation con endoláser, destinado a cirugías de cataratas, retina y vitrectomías en adultos y pacientes pediátricos. La disponibilidad de esta tecnología en la provincia evita traslados fuera de Misiones y consolida un esquema de resolución local.

Durante el operativo en Panambí se asignó un cupo de 160 vecinos. Además de controles y entrega de anteojos, el dispositivo incluyó líquidos de limpieza y refrigerio, ampliando el componente social del programa. El objetivo oficial es cubrir los 79 municipios durante 2026, con intervención semanal los miércoles en distintas localidades.

Correlación de fuerzas y mensaje político

La presencia del gobernador en el territorio, probando equipamiento y entregando anteojos, refuerza una narrativa de cercanía. El mensaje es claro: la política sanitaria se financia con recursos provinciales y vuelve en prestaciones concretas. Desde el IPLyC remarcaron que los fondos provenientes de la recaudación de apuestas se destinan a programas sociales, subrayando la decisión política detrás de esa asignación.

En términos de poder real, el despliegue fortalece al Ejecutivo provincial en el interior y consolida una alianza operativa entre provincia, municipio y profesionales de la salud. La oposición queda frente a un esquema difícil de impugnar sin cuestionar la inversión en salud pública.

También hay impacto económico indirecto. Resolver diagnósticos y cirugías dentro de la provincia reduce costos de traslado y optimiza recursos sanitarios. En localidades sin oculistas u ópticas, el programa cubre un vacío estructural y amplía acceso en sectores de menores ingresos.

Escenario abierto: cobertura total y sostenibilidad

El desafío ahora no es simbólico sino operativo. Alcanzar los 79 municipios implica sostener logística, equipamiento y recursos humanos durante todo el año. La incorporación de ciudades más pobladas al cronograma exigirá mayor coordinación y capacidad de respuesta.

Habrá que observar si el ritmo semanal se mantiene, si la demanda crece y cómo impacta la ampliación tecnológica en la red hospitalaria. También si el programa logra consolidarse como política estructural más allá del calendario político.

Por ahora, el Gobierno provincial eligió mostrar gestión concreta en el territorio y reforzar una agenda sanitaria con inversión visible. El alcance final dependerá de ejecución, continuidad y del clima social que rodee a una política que, en Misiones, ya se convirtió en una marca de gestión.

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Misiones y Nación firman un convenio para avanzar en la regularización de la deuda previsional

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El Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), firmó un convenio con el gobierno de Misiones con el objetivo de avanzar en la regularización de la deuda vinculada al sistema previsional de la provincia. El acuerdo fue rubricado por el gobernador Hugo Passalacqua en un encuentro con la ministra Sandra Pettovello y el director ejecutivo de ANSES, Fernando Bearzi.

El entendimiento busca establecer un mecanismo de trabajo para comenzar a normalizar la situación derivada del déficit de la caja previsional misionera -administrada por el Instituto de Previsión Social (IPS)- que no fue transferida a la órbita nacional durante el proceso de reformas previsionales de la década de 1990.

Como parte del acuerdo, la provincia se compromete a abstenerse de iniciar acciones legales de reclamo mientras se avanza en la revisión técnica de los montos adeudados y en la definición de un esquema de compensación progresiva.

Passalacqua valoró el entendimiento como un paso en la dirección correcta para resolver un conflicto de larga data entre la provincia y la Nación.

“Es para normalizar de a poco la deuda por la caja previsional no transferida a Nación desde los años noventa, que nos deben desde 2018. Buen paso la verdad”, señaló el mandatario en diálogo con Economis.

Una deuda previsional acumulada

Misiones mantiene desde hace años un reclamo ante la ANSES por las transferencias que corresponden al financiamiento de su sistema previsional provincial. La provincia decidió conservar su caja jubilatoria -a diferencia de otras jurisdicciones que la transfirieron al sistema nacional-, lo que habilita la compensación del déficit previsional mediante convenios con el Estado nacional.

De acuerdo con informes oficiales del gobierno misionero, la deuda acumulada por este concepto alcanzaba hacia fines de 2024 los 300.000 millones de pesos, correspondientes principalmente a los déficits registrados entre 2019 y 2024.

La falta de actualización y transferencia de esos fondos impactó en las cuentas públicas provinciales, ya que el financiamiento del sistema previsional debe sostenerse con recursos propios cuando los envíos nacionales se retrasan o no se concretan.

Misiones, bajo la gestión de Passalacqua, viene insistiendo en el cumplimiento de los pactos fiscales firmados entre Nación y las provincias, que establecen mecanismos de compensación para las jurisdicciones que mantuvieron sus sistemas previsionales propios.

En ese marco, el gobierno provincial exige el envío de fondos para el Instituto de Previsión Social, señalando que los retrasos en las transferencias se arrastran desde hace años y continúan incluso bajo la actual administración nacional. Esta situación, advierten desde la provincia, genera presión sobre el financiamiento del sistema de jubilaciones y pensiones provincial.

Frente a este escenario, Misiones intensificó en los últimos meses las gestiones administrativas y la verificación técnica de los datos previsionales para sustentar el reclamo ante la Nación. Incluso, desde el gobierno provincial se llegó a analizar la posibilidad de avanzar con medidas judiciales para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos.

El convenio firmado con la ANSES abre ahora una instancia de revisión técnica de la deuda y establece una mesa de trabajo entre el organismo nacional y el gobierno provincial para auditar los números del sistema previsional y avanzar en un esquema gradual de compensación.

En términos fiscales, la normalización de estas transferencias resulta clave para la provincia, ya que el financiamiento del sistema jubilatorio constituye uno de los compromisos estructurales más relevantes del presupuesto público.

Para Misiones, el acuerdo representa un paso inicial hacia la resolución de un reclamo histórico que afecta de manera directa la sostenibilidad del Instituto de Previsión Social y el equilibrio de las cuentas provinciales.

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