Iguazú

Empresarios misioneros piden una Zona Aduanera Especial y rechazan el nuevo régimen de Zona Franca

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La CEM rechazó la expansión de la Zona Franca de Iguazú a Posadas e Irigoyen: “Generará asimetrías y competencia desleal”

La Confederación Económica de Misiones (CEM) manifestó su rechazo a la Resolución 1449/2025 del Gobierno nacional. La norma autoriza la ampliación de la Zona Franca de Puerto Iguazú hacia Posadas y Bernardo de Irigoyen. La entidad advirtió que la medida “no fortalece al comercio local”. Pidió avanzar con un régimen aduanero especial alternativo que contemple reducciones impositivas y beneficios para la producción y la exportación.

Fuerte rechazo empresarial a la expansión de las zonas francas

La CEM, junto a sus entidades asociadas, expresó su “rechazo absoluto” a la Resolución 1449/2025, publicada en el Boletín Oficial de la Nación. Esta resolución autoriza la expansión de la Zona Franca de Iguazú hacia Posadas y Bernardo de Irigoyen.

A través de un comunicado, la entidad afirmó que la decisión “no es abarcativa y, lejos de fortalecer al comercio local, generará asimetrías y competencia desleal”. Desde la CEM remarcaron que no han presentado ningún tipo de solicitud de creación o ampliación de zonas francas. Aclararon que su propuesta se orienta hacia un modelo alternativo de Zona Especial Aduanera, diseñado para favorecer la competitividad sin afectar al entramado comercial existente.

“Entendemos que esta medida no fortalece el comercio local. Generará asimetrías y competencia desleal, afectando a las pymes y comercios que sostienen la economía regional”, expresaron desde la conducción de la CEM.

La postura institucional: un régimen especial alternativo

La CEM recordó que viene trabajando desde hace tiempo en un proyecto de Zona Especial Aduanera, que contempla una reducción impositiva nacional y un tratamiento aduanero diferencial, con exenciones de aranceles a insumos para bienes destinados a la producción exportable y al fortalecimiento de cadenas locales.

Este planteo busca estimular la industrialización y el desarrollo productivo en origen, en lugar de fomentar un régimen que —según el sector empresario— podría favorecer la importación minorista y la concentración comercial en detrimento de los pequeños y medianos negocios de Misiones.

La CEM argumenta que una política de incentivos fiscales y aduaneros debería estar orientada a mejorar la competitividad del sistema productivo provincial y no a reproducir desigualdades internas entre distintas zonas geográficas de la provincia.

Contexto político y económico del conflicto

La resolución cuestionada, firmada por el Poder Ejecutivo Nacional, autoriza la extensión formal de la Zona Franca Puerto Iguazú, vigente desde la década de 1990, a nuevas áreas operativas en Posadas y Bernardo de Irigoyen. El objetivo declarado del Gobierno nacional es ampliar los beneficios de libre comercio y exenciones tributarias para incentivar la actividad económica en el NEA.

Sin embargo, sectores empresariales y comerciales locales —con la CEM a la cabeza— consideran que la medida no fue consultada con las instituciones representativas de la provincia y podría alterar la estructura de precios y flujos comerciales de Misiones, generando una competencia desigual entre zonas beneficiadas y no beneficiadas.

Desde la CEM remarcan que su propuesta de Zona Especial Aduanera no implica libre importación. Sino un régimen impositivo diferencial regulado y controlado por la Nación, enfocado en la producción, el valor agregado local y las exportaciones regionales.

La discusión se inscribe en un contexto de fuerte debate sobre la política fiscal y aduanera aplicada a las provincias de frontera. Especialmente aquellas que —como Misiones— enfrentan competencia asimétrica con mercados vecinos de Brasil y Paraguay.

Proyección institucional y próximos pasos

La CEM anticipó que continuará articulando con sus cámaras sectoriales y con las autoridades provinciales para impulsar un marco normativo alternativo. Centrado en el crecimiento productivo y la equidad comercial.

En los próximos días la entidad elevaría una presentación formal ante el Ministerio de Economía de la Nación, solicitando la revisión de la resolución. Además, solicitarían la apertura de un proceso de diálogo con los sectores afectados.

Desde el empresariado provincial enfatizan que “una política de frontera inteligente no puede fragmentar el territorio ni beneficiar a unos en detrimento de otros”. Y reiteran la necesidad de avanzar hacia una estrategia integral de desarrollo aduanero y fiscal para Misiones, en línea con su estructura productiva, logística y geográfica.

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La Procuración General coordinó allanamientos en Puerto Iguazú y desbarató una red de apuestas clandestinas online

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En el marco de una investigación impulsada por la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, la Procuración General de la Provincia coordinó un operativo que permitió desbaratar una red de apuestas clandestinas online que operaba bajo la modalidad de casino virtual en la ciudad de Puerto Iguazú. Como saldo, se secuestraron 35 tarjetas de crédito, y grandes sumas de dinero en efectivo.

Los procedimientos se llevaron a cabo por la mañana, por orden del magistrado Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción N.º 3 de Puerto Iguazú, y contaron con la participación de personal policial de la Direccion de Investigaciones de Posadas, la Dirección de Cibercrimen URV, la División de Drogas Peligrosas URV, personal de la comisaría jurisdiccional y técnicos especializados de la Secretaría de Apoyo a las Investigaciones Complejas (SAIC) de la Procuración General.

El trabajo articulado por la Procuración General, el Poder Judicial y la Policía de Misiones permitió identificar a los principales responsables, establecer la estructura jerárquica de la organización e incautar elementos de interés probatorio vinculados a la actividad ilícita.

Durante los allanamientos se secuestraron dispositivos electrónicos, teléfonos móviles y unidades de almacenamiento digital, los cuales serán sometidos a pericias informáticas forenses por parte del personal especializado de la SAIC, con el objetivo de profundizar el análisis técnico y recolectar evidencia complementaria sobre la operatoria digital de la red.

Asimismo, se incautaron folletos y panfletos promocionales que difundían y fomentaban la participación en las apuestas ilegales. Llamativamente, algunos de estos materiales estaban adheridos a golosinas, una modalidad destinada a captar la atención de menores de edad.

Una organización con estructura jerarquizada

Las tareas de investigación, coordinadas por la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, determinaron que la red operaba mediante una estructura organizada, con distintos niveles de responsabilidad.

Los administradores principales utilizaban denominaciones con el prefijo “RED”, operando en Facebook, Instagram y WhatsApp, desde donde promovían y administraban juegos de azar clandestinos.

A través de estas plataformas, captaban usuarios y ofrecían la creación de cuentas virtuales para participar en apuestas ilegales, a cambio de transferencias electrónicas.
Las operaciones se realizaban mediante transferencias bancarias y plataformas digitales como Mercado Pago, sin registro formal ni control regulatorio, conformando un circuito financiero paralelo asociado a la actividad clandestina.

Riesgos y perjuicios de las plataformas ilegales

Las plataformas de apuestas clandestinas operan fuera de todo marco regulatorio, sin verificar la identidad ni la edad de los usuarios, lo que facilita el acceso incluso de menores de edad.
Al carecer de controles y auditorías, no garantizan la transparencia ni el funcionamiento justo de los juegos, lo que habilita resultados manipulados y pérdidas deliberadas para los jugadores.

Además, fomentan conductas compulsivas y ludopatía, afectando especialmente a los sectores más vulnerables, y pueden servir como canales de estafas y fraudes digitales, exponiendo a los usuarios a riesgos económicos y de seguridad.
Su bloqueo y persecución penal resultan esenciales para proteger la legalidad, la salud pública y los derechos de los consumidores.

Este operativo se enmarca en el Convenio de Colaboración Mutua suscripto entre el Procurador General, Carlos Giménez, y el presidente del IPLyC SE, Héctor Rojas Decut, destinado a fortalecer la cooperación institucional en la detección, investigación y persecución penal de actividades ilícitas vinculadas a los juegos de azar ilegales.

El acuerdo contempla el intercambio de información, la asistencia técnica especializada y capacitaciones conjuntas, ejes que resultaron fundamentales para el desarrollo exitoso de la investigación.

La desarticulación de esta red constituye un nuevo avance en la política criminal de la Procuración General de Misiones, orientada a combatir las apuestas clandestinas y la ciberdelincuencia en todas sus modalidades, garantizando la legalidad, la transparencia y la seguridad de la ciudadanía misionera.

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El Instituto Esperanza de Puerto Iguazú inauguró nuevas obras de accesibilidad

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El Instituto Esperanza de Puerto Iguazú inauguró nuevas obras de accesibilidad y señalética institucional, realizadas con el aporte de Iguazú Argentina S.A. La iniciativa refleja un modelo de responsabilidad social que vincula al sector privado con las necesidades reales de la comunidad.

Marcela Fretes, directora del instituto que brinda educación a personas con discapacidad de todas las edades, destacó el valor de este tipo de acciones: “Visión y compromiso. Así es como las empresas pueden impactar de manera positiva en la sociedad”.

Por su parte, la representante legal, Karina Gómez, agradeció el proyecto y subrayó la importancia de mejorar la circulación interna, especialmente para personas que ingresan con andadores o sillas de rueda. “Contar con cartelería que visibiliza y brinda identidad facilita la inclusión. El profesionalismo, la paciencia y la empatía del equipo de Iguazú Argentina nos conmovieron. El corazón y las puertas de la escuela siempre estarán abiertas para recibirlos”.

Por su parte, la Gerente General de Iguazú Argentina S.A., Carol Da Rosa, expresó: “Es un honor estar con ustedes. Son profesionales que hacen cosas que van mucho más allá de lo estrictamente educativo. Tenemos la convicción de ser parte y comprometernos”. Además, anunció que ya se está trabajando en un programa de pasantías para alumnos del Instituto en el Parque Nacional Iguazú, para el cual se firmó un convenio durante el acto.

Las obras inauguradas resolvieron los accesos y la circulación de toda la escuela, y marcan el inicio de una etapa que apuesta por la inclusión y la mejora continua. “La verdadera medida de nuestro éxito es el aporte que le hacemos a nuestra sociedad. Invertimos en un mundo más justo”, concluyó Da Rosa.

Esta acción refleja el compromiso de Iguazú Argentina S.A. con la educación, la equidad y el desarrollo local, a la vez que consolida un modelo de responsabilidad social que transforma las realidades y resuelve las necesidades de la comunidad.

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Parques Nacionales rectifica su tarifario turístico, nuevas tasas para guías y servicios desde el 15 de septiembre

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La Administración de Parques Nacionales (APN) corrigió este 12 de septiembre de 2025 los valores del Tarifario de Prestaciones Turísticas aprobado apenas un día antes, mediante la Resolución 275/2025. La medida busca subsanar errores materiales en el cálculo de unidades aplicables a guías, fotógrafos, operadores de video y determinadas actividades turísticas. El nuevo esquema entrará en vigencia el 15 de septiembre de 2025 y redefine el marco económico para prestadores de servicios en áreas protegidas.

El Tarifario de Prestaciones Turísticas, regulado por la Resolución RESFC-2025-265-APN-D#APNAC, había sido aprobado el 11 de septiembre de 2025 con el objetivo de actualizar los cánones, derechos y aranceles aplicables a actividades turísticas en jurisdicción de la APN. Sin embargo, se detectaron inconsistencias en la cantidad de Unidades de Prestación Turística Anual (UPTA) en artículos clave:

  • Artículo 10: derechos de habilitación de guías en todas las categorías.
  • Artículo 8.1: credenciales de fotógrafos y operadores de video.
  • Artículo 6.2 (ítems 30 a 33): actividades de montaña, nieve y escalada.
  • Artículo 6.6 (ítems 26 y 27): errores en la denominación de “derecho anual” que debía figurar como “pasajero habilitado”.

La Resolución 275/2025 rectifica estos puntos e incorpora un nuevo Anexo II (IF-2025-101792341-APN-DNUP#APNAC) que reemplaza al anterior, ajustando los parámetros que regirán las liquidaciones a partir del 15 de septiembre.

Claves del tarifario rectificado

El anexo publicado detalla en más de 12 páginas el esquema tarifario aplicable a prestadores turísticos, en función de actividades, categorías de servicios y áreas protegidas. Entre los aspectos destacados:

  • Valor de la unidad: cada UPTA equivale a $2.200, cifra que sirve como base de cálculo.
  • Clasificación de áreas protegidas: cuatro grupos (A, B, C y D) con tarifas diferenciales. Ejemplo: Iguazú, Los Glaciares y Nahuel Huapi tributan el 100%, mientras que áreas del Grupo D abonan solo el 20%.
  • Guías especializados: las habilitaciones van de 20 UPTA para guías de sitio local hasta 150 UPTA para guías de caza deportiva.
  • Actividades náuticas y terrestres: el rafting se fija en 305 UPTA por embarcación, mientras que excursiones de trekking de dificultad media tributan 10 UPTA por pasajero habilitado.
  • Fotógrafos y video operadores: 30 UPTA para cada categoría individual y 40 UPTA para habilitación conjunta.
  • Alojamiento: desde 235 UPTA por plaza habilitada en hoteles 5 estrellas hasta 20 UPTA en refugios de montaña.
  • Locales comerciales y gastronómicos: food trucks (135 UPTA), restaurantes (15-20 UPTA por cubierto) y comercios varios (15 UPTA por m²).

La APN subrayó que los valores rigen por períodos anuales y que las liquidaciones deben efectuarse en un único pago, salvo excepciones autorizadas por resolución del Directorio.

La corrección tiene un efecto inmediato en la previsibilidad del negocio turístico en áreas protegidas. La unificación de criterios y la aclaración en la facturación buscan:

  • Evitar litigios administrativos por errores en la aplicación de cánones.
  • Aumentar la transparencia en el vínculo entre prestadores y APN.
  • Fortalecer la recaudación del Estado a partir de un esquema homogéneo, con impacto directo en la financiación de la conservación ambiental.

En términos sectoriales, la medida afecta a guías, empresas de excursiones, hoteleros, gastronómicos y operadores de transporte turístico, quienes deberán recalcular costos y tarifas en función del nuevo tarifario.

Fuentes del sector consultadas advierten que, si bien la rectificación era necesaria, persisten desafíos: la actualización periódica del valor de la UPTA frente a la inflación y la necesidad de evitar distorsiones entre áreas de alto y bajo flujo turístico.

El nuevo esquema comenzará a aplicarse el 15 de septiembre de 2025, y se espera que la APN refuerce los mecanismos de control digital a través del sistema ReNARI para registrar habilitaciones, liquidaciones e infracciones.

A futuro, se proyecta que la APN deberá:

  • Evaluar la elasticidad del mercado turístico frente a los nuevos costos.
  • Fortalecer la comunicación con prestadores para evitar interpretaciones erróneas.
  • Analizar la posibilidad de ajustes semestrales de la UPTA, dada la volatilidad macroeconómica.

La resolución marca un punto de inflexión en la política de gestión de Parques Nacionales, donde la sustentabilidad financiera del sistema se apoya en un esquema tarifario más preciso y actualizado.

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Guías turísticos de parques nacionales podrán digitalizar sus trámites

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La Administración de Parques Nacionales (APN) estableció el funcionamiento digital de los registros de guías turísticos, prestadores y permisos en todas las áreas protegidas. La medida, que entrará en vigencia a partir del 15 de septiembre de 2025, busca modernizar la gestión, garantizar mayor trazabilidad de la información y fortalecer la fiscalización de las actividades económicas dentro de los parques.

La decisión se formalizó a través de la Resolución 267/2025, publicada en el Boletín Oficial el 12 de septiembre, en el marco de las leyes 22.351 (Régimen de Parques Nacionales), 25.506 (Firma Digital) y 27.446 (validez legal de documentos electrónicos).

El nuevo esquema se apoya en el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y en la plataforma Trámites a Distancia (TAD), creados por los Decretos 561/2016, 1.063/2016 y 1.306/2016, que promueven la digitalización de registros y expedientes en la Administración Pública.

En paralelo, se integrará al Registro Nacional de Autorizaciones, Recaudaciones e Infracciones (ReNARI), creado en 2015, que centraliza datos de permisos, recaudaciones y sanciones dentro del sistema de áreas protegidas.

Los nuevos registros: alcance y funciones

La resolución establece tres registros digitales obligatorios bajo la órbita de la Dirección Nacional de Uso Público:

  • Registro de Guías Turísticos de Parques Nacionales: alcanzará a personas físicas habilitadas para actividades de guiado. Deberá registrar inscripciones, renovaciones, suspensiones y actualizaciones de datos.
  • Registro de Prestadores Turísticos en Parques Nacionales: incluirá a personas físicas y jurídicas que soliciten habilitaciones para servicios turísticos (alojamientos, gastronomía, excursiones, etc.).
  • Registro de Permisos Turísticos de Parques Nacionales: centralizará las autorizaciones otorgadas por la APN para desarrollar actividades específicas, registrando también bajas y modificaciones.

Todos estos registros deberán gestionarse mediante el módulo Registro Legajo Multipropósito (RLM) del GDE, lo que permitirá automatizar búsquedas, reducir burocracia y aumentar la trazabilidad.

La medida impactará de manera directa en guías, agencias de turismo, hoteles, operadores gastronómicos y prestadores de excursiones. La obligatoriedad de registrar y actualizar digitalmente cada trámite supone un cambio estructural en la relación entre el Estado y el sector privado.

Fuentes del sector turístico reconocen que la digitalización puede mejorar la agilidad y transparencia, pero también advierten sobre la necesidad de capacitación y asistencia técnica para prestadores pequeños y medianos, en especial en regiones donde la conectividad digital es limitada.

La APN, por su parte, sostiene que el nuevo sistema permitirá reforzar los mecanismos de control de recaudación y sanciones, asegurando que los recursos generados en parques y reservas se destinen al mantenimiento de infraestructura, conservación ambiental y fiscalización de actividades.

Hacia un sistema turístico más transparente y sostenible

El nuevo esquema de registros digitales, que entrará en vigencia con la implementación de los Reglamentos de Guías y de Permisos Turísticos aprobados en marzo y prorrogados hasta septiembre de 2025, se inscribe en un proceso más amplio de modernización del Estado y fortalecimiento de la gestión ambiental.

La apuesta de Parques Nacionales es clara: combinar innovación tecnológica, control eficiente y sostenibilidad ambiental en un sistema que debe responder tanto a las demandas del turismo internacional como a las necesidades de conservación de los ecosistemas.

El desafío hacia adelante será lograr que esta transformación digital se traduzca en mayor competitividad para el turismo de naturaleza argentino, sin dejar de lado la accesibilidad de los pequeños prestadores que operan en áreas protegidas.

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