AdorniGate: 70% quiere su renuncia y el Gobierno queda en el centro del desgaste
El escándalo que envuelve a Manuel Adorni dejó de ser un ruido pasajero para convertirse en un problema político de primera magnitud. Los datos no dejan margen para la interpretación: la crisis ya no es mediática ni coyuntural, es estructural y golpea directamente en la credibilidad del Gobierno.
El relevamiento nacional de Zuban & Córdoba, realizado entre el 30 de marzo y el 1 de abril sobre 1.200 casos, expone una fotografía contundente: 66% de imagen negativa contra apenas 21,5% de positiva . La diferencia no es sólo amplia: es políticamente crítica.
Pero el dato más relevante no está en la foto, sino en la película. Hace un año, el vocero presidencial se movía en niveles de rechazo cercanos al 50%. Hoy ese número se disparó hasta el 66%, mientras la imagen positiva se derrumbó desde niveles superiores al 40% a poco más del 21%. No hay zona gris: el desgaste se consolidó y se volvió irreversible en el corto plazo.
A diferencia de otras crisis, el caso logró una penetración social casi total. El 72% de los consultados afirma haber escuchado “bastante” o “algo” sobre las denuncias, mientras que apenas un 5,8% dice no saber nada . Es decir, el tema dejó de ser agenda mediática para transformarse en conversación pública.
En ese contexto, emerge un dato que enciende todas las alarmas: el 77,9% de la sociedad cree que Adorni debe explicar cómo paga sus viajes. No se trata de un reclamo partidario, sino de un consenso transversal sobre la necesidad de transparencia.
El punto de máxima tensión aparece en la pregunta más directa: la continuidad en el cargo. Allí, el resultado es lapidario: el 70,4% considera que Adorni debería renunciar. No es una mayoría ajustada ni circunstancial, sino un rechazo amplio que erosiona la sustentabilidad política del vocero.
Pero el golpe más profundo no está en la figura individual, sino en la percepción sobre la respuesta oficial. El 70,2% cree que la defensa del Gobierno fue una estrategia para “tapar” o dilatar el tema, mientras que sólo el 15,3% la considera transparente . En términos políticos, esto implica un salto cualitativo: la crisis deja de ser sobre un funcionario y pasa a ser sobre la credibilidad del Gobierno.
Incluso cuando se consulta qué debería haberse hecho, la sociedad marca un camino claro: mostrar pruebas (31,6%), dar un paso al costado (17,5%) o responder sin confrontar (15,9%) . La lógica social es consistente: explicar o apartarse. Todo lo demás profundiza el daño.
En este escenario, el #AdorniGate se transforma en algo más que un episodio incómodo. Es un test de gobernabilidad comunicacional. Y los datos sugieren que, lejos de cerrarse, la crisis abre una grieta más profunda: la de la confianza.