imagen Milei 2026

Desgaste político y económico: cae la aprobación de Milei y crece la percepción de ruptura del “pacto anticasta”

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El Gobierno de Javier Milei atraviesa una fase de desgaste acelerado en su capital político, en un contexto donde el deterioro de la economía doméstica y la pérdida de credibilidad del discurso anticasta comienzan a converger.

Según el Monitor de Opinión Pública de Zentrix, el 66,6% de los consultados considera que se rompió el “pacto anticasta”, uno de los pilares simbólicos del oficialismo. A su vez, el 57,3% percibe corrupción generalizada en la gestión y el 60,2% interpreta las denuncias como un problema estructural del Gobierno.

Este giro en la percepción pública no solo afecta la imagen de la administración, sino que impacta sobre el núcleo identitario que le dio sustento político desde su llegada al poder.

El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora muestra que la percepción de corrupción en el gobierno de Javier Milei ya dejó de ser un tema lateral para convertirse en un factor central del desgaste oficialista. El dato más delicado para la Casa Rosada no es sólo que el 57,3% perciba corrupción generalizada en la gestión o que el 60,2% interprete las denuncias como parte de un problema general de gobierno, sino que esa lectura empieza a golpear directamente sobre la promesa con la que Milei construyó su legitimidad: la idea de venir a enfrentar a “la casta”. Cuando el 66,6% afirma que ese pacto se rompió y que el Gobierno terminó siendo parte de aquello que prometía combatir, lo que se erosiona no es únicamente la imagen de una administración, sino el núcleo simbólico que le daba sentido político a su discurso. En otras palabras, la sociedad empieza a percibir una contradicción entre el relato fundacional del mileísmo y la forma en que hoy se interpreta su ejercicio del poder.

Percepción política y corrupción

Argentina – abril 2026

Cree que se rompió el pacto “anticasta” 66,6%
Percibe corrupción generalizada 57,3%
Ve las denuncias como problema estructural 60,2%
Cree que el Gobierno no previene la corrupción 66,6%

Fuente: Zentrix Consultora – Monitor de Opinión Pública.

La corrupción aparece como el principal desafío del país, incluso entre quienes votaron al oficialismo en 2025, por encima del desempleo, la inflación o el salario, lo que muestra que el problema ya perfora al propio universo simbólico del mileísmo. Sin embargo, la manera de procesarlo sigue siendo distinta según el posicionamiento político: entre oficialistas todavía predomina una lectura que busca encapsular el problema en casos aislados y preservar parte de la excepcionalidad moral del Gobierno; entre opositores, en cambio, se consolida una mirada mucho más dura, donde la corrupción ya no aparece como desvío sino como rasgo de época del oficialismo. Esa diferencia revela dos cosas al mismo tiempo: que Milei todavía conserva un núcleo dispuesto a amortiguar el costo reputacional, pero también que por fuera de ese núcleo el veredicto social se volvió mucho más severo. Por eso, el problema de fondo para el Gobierno no es sólo el impacto coyuntural de las denuncias, sino que la bandera anticasta, que durante meses funcionó como fuente de autoridad moral y de tolerancia política frente al ajuste, empieza ahora a invertirse y a transformarse en un punto de vulnerabilidad.

La pérdida de credibilidad del Gobierno frente a los casos de corrupción no se agota en la percepción sobre hechos ya conocidos, sino que empieza a comprometer algo todavía más profundo: la confianza en su voluntad real de prevenirlos. El 66,6% de los consultados considera que la administración de Javier Milei no está comprometida con evitar hechos de corrupción, contra apenas un 32,2% que le reconoce algún grado de compromiso. Ese dato es políticamente delicado porque corre la discusión desde las denuncias puntuales hacia una sospecha más estructural sobre la forma de ejercicio del poder.

Economía doméstica: el ancla del malestar

A este desgaste por las denuncias de corrupción y por la ruptura del pacto anticasta se le suma, además, un malestar económico que Zentrix ya viene registrando en las mediciones previas y que en abril vuelve a aparecer con mucha fuerza en la vida cotidiana de los hogares. Los datos sobre economía doméstica terminan de darle cuerpo concreto a ese malestar: el 81,6% de los consultados reconoce que en los últimos seis meses tuvo que resignar algo para sostenerse, desde salidas, ocio o consumos no esenciales hasta compras habituales del hogar y, en los casos más delicados, gastos básicos como alimentos, salud o servicios.

El deterioro político encuentra un correlato directo en la vida cotidiana. El 81,6% de los encuestados afirma haber tenido que resignar consumos en los últimos seis meses, incluyendo gastos esenciales como alimentos, salud o servicios.

El ajuste, así, dejó de ser una discusión abstracta sobre variables macroeconómicas para convertirse en una experiencia cotidiana de privación, donde una parte importante de la sociedad ya no está recortando excedentes, sino aspectos centrales de su vida diaria.

Sobre esa base material se monta buena parte del desgaste político que hoy exhibe la gestión de Javier Milei: cuando el 86,6% siente que su salario no le gana a la inflación y el 60,4% afirma que sus ingresos le alcanzan sólo hasta el día 20 del mes, la tolerancia social frente al ajuste empieza a depender cada vez más de la credibilidad del Gobierno. Y ahí es donde las denuncias por corrupción adquieren un efecto mucho más corrosivo: no irrumpen sobre una sociedad estable, sino sobre hogares que ya vienen haciendo esfuerzos, resignando consumos y administrando privaciones. En ese contexto, la percepción de que el Gobierno podría estar reproduciendo prácticas asociadas a la misma “casta” que prometía combatir termina agravando la decepción y trasladándola al plano de la evaluación política. Por eso, la caída en la aprobación no parece responder a un único episodio, sino a la combinación entre malestar económico cotidiano y pérdida de autoridad moral, una mezcla que ayuda a explicar por qué la desaprobación viene creciendo sostenidamente desde febrero.

Además:

  • El 86,6% sostiene que su salario no le gana a la inflación
  • El 60,4% asegura que sus ingresos alcanzan solo hasta el día 20 del mes
  • El 70,3% desconfía de los datos oficiales de inflación

Este conjunto de variables refleja una brecha creciente entre la macroeconomía y la percepción social, donde el dato oficial pierde capacidad de validación frente a la experiencia cotidiana.

Economía de los hogares

Indicadores de percepción – abril 2026

Tuvo que resignar consumos 81,6%
Salario no le gana a la inflación 86,6%
Ingresos alcanzan hasta el día 20 60,4%
Desconfía del dato de inflación 70,3%

Fuente: Zentrix Consultora.

Imagen en caída y reconfiguración política

El impacto combinado de estas variables se refleja en la imagen presidencial: la aprobación cae al 33,1%, mientras la imagen positiva se ubica en 35,2% y la negativa escala al 59,3%, con un diferencial de -24 puntos.

Axel Kicillof muestra una recuperación relevante de imagen y logra salir del momento más débil de la serie reciente. Luego de haber tocado en febrero un piso de 30,5% de imagen positiva, en la medición actual cruza nuevamente la barrera de los 40 puntos y alcanza el 40,2%, mientras la negativa retrocede al 50%. El dato no alcanza todavía para hablar de una consolidación plena, pero sí marca un cambio de tendencia políticamente significativo: en un contexto de creciente descontento con el Gobierno nacional, Kicillof empieza a capitalizar parte de ese malestar como una referencia opositora. Su mejora parece nacer de un corrimiento del humor social frente al desgaste del oficialismo, en una coyuntura donde la microeconomía de los hogares sigue bajo presión y la percepción sobre la situación del país continúa siendo crítica. En ese escenario, Kicillof empieza a afirmarse como una de las figuras opositoras con mayor capacidad para canalizar ese descontento y consolidarse como referencia alternativa frente al Gobierno nacional.

En cambio, Manuel Adorni aparece como una de las figuras más castigadas del oficialismo, con una imagen negativa que trepa al 73,9%, un nivel excepcionalmente alto incluso para un escenario de fuerte polarización. Su desgaste parece estar directamente vinculado a la centralidad que ocupó en las semanas recientes, tanto por su nivel de exposición pública como por las denuncias vinculadas a posibles hechos de corrupción, un terreno especialmente sensible para un gobierno que construyó buena parte de su legitimidad sobre la promesa de enfrentar a “la casta”.

A eso se suma una percepción de explicaciones insuficientes frente al tema, lo que profundiza la idea de opacidad y termina agravando el costo político. Pero el problema no se agota en su figura: al tratarse de uno de los voceros más visibles y de un engranaje central del dispositivo político y comunicacional de Javier Milei, su deterioro no parece quedar encapsulado, sino que empieza a proyectarse sobre la propia imagen y la aprobación del Gobierno nacional, reforzando la sensación de desgaste del núcleo más expuesto del oficialismo.

Movimientos en el tablero político:

  • Axel Kicillof mejora su imagen y supera el 40%
  • Myriam Bregman logra el único diferencial positivo
  • Manuel Adorni registra un fuerte deterioro
  • Patricia Bullrich mantiene niveles relativamente estables

El dato central del informe no es solo la caída en la aprobación, sino el cambio de naturaleza del malestar. La combinación de deterioro económico y pérdida de autoridad moral empieza a erosionar los fundamentos políticos del oficialismo.

La promesa anticasta, que funcionó como blindaje simbólico frente al ajuste, comienza a invertirse y a transformarse en un punto de vulnerabilidad. En ese cruce entre economía real y percepción política, se redefine el clima social de cara al ciclo electoral.

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AdorniGate: 70% quiere su renuncia y el Gobierno queda en el centro del desgaste

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El escándalo que envuelve a Manuel Adorni dejó de ser un ruido pasajero para convertirse en un problema político de primera magnitud. Los datos no dejan margen para la interpretación: la crisis ya no es mediática ni coyuntural, es estructural y golpea directamente en la credibilidad del Gobierno.

El relevamiento nacional de Zuban & Córdoba, realizado entre el 30 de marzo y el 1 de abril sobre 1.200 casos, expone una fotografía contundente: 66% de imagen negativa contra apenas 21,5% de positiva . La diferencia no es sólo amplia: es políticamente crítica.

Pero el dato más relevante no está en la foto, sino en la película. Hace un año, el vocero presidencial se movía en niveles de rechazo cercanos al 50%. Hoy ese número se disparó hasta el 66%, mientras la imagen positiva se derrumbó desde niveles superiores al 40% a poco más del 21%. No hay zona gris: el desgaste se consolidó y se volvió irreversible en el corto plazo.

A diferencia de otras crisis, el caso logró una penetración social casi total. El 72% de los consultados afirma haber escuchado “bastante” o “algo” sobre las denuncias, mientras que apenas un 5,8% dice no saber nada . Es decir, el tema dejó de ser agenda mediática para transformarse en conversación pública.

En ese contexto, emerge un dato que enciende todas las alarmas: el 77,9% de la sociedad cree que Adorni debe explicar cómo paga sus viajes. No se trata de un reclamo partidario, sino de un consenso transversal sobre la necesidad de transparencia.

El punto de máxima tensión aparece en la pregunta más directa: la continuidad en el cargo. Allí, el resultado es lapidario: el 70,4% considera que Adorni debería renunciar. No es una mayoría ajustada ni circunstancial, sino un rechazo amplio que erosiona la sustentabilidad política del vocero.

Pero el golpe más profundo no está en la figura individual, sino en la percepción sobre la respuesta oficial. El 70,2% cree que la defensa del Gobierno fue una estrategia para “tapar” o dilatar el tema, mientras que sólo el 15,3% la considera transparente . En términos políticos, esto implica un salto cualitativo: la crisis deja de ser sobre un funcionario y pasa a ser sobre la credibilidad del Gobierno.

Incluso cuando se consulta qué debería haberse hecho, la sociedad marca un camino claro: mostrar pruebas (31,6%), dar un paso al costado (17,5%) o responder sin confrontar (15,9%) . La lógica social es consistente: explicar o apartarse. Todo lo demás profundiza el daño.

En este escenario, el #AdorniGate se transforma en algo más que un episodio incómodo. Es un test de gobernabilidad comunicacional. Y los datos sugieren que, lejos de cerrarse, la crisis abre una grieta más profunda: la de la confianza.

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