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VUCEA suma las licencias para importar productos agropecuarios desde la UE y automatiza el control aduanero

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incorporó al régimen de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) las licencias de importación correspondientes a los contingentes arancelarios de productos agropecuarios y agroalimentarios previstos en el Acuerdo Interino de Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea. La medida busca concentrar el trámite y agilizar la validación de la documentación necesaria para acceder a los cupos de importación.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución General 5888/2026, que incorpora al esquema VUCEA las licencias emitidas por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. El mecanismo se encuadra en la Ley 27.800, que aprobó el Acuerdo Interino de Comercio entre ambos bloques.

El cambio tiene un componente operativo relevante para importadores y operadores de comercio exterior: las licencias serán recibidas a través del sistema VUCEA y validadas automáticamente en el Sistema Informático MALVINA (SIM), al momento de la declaración aduanera. De esta manera, el procedimiento busca reducir intervenciones manuales y ordenar el circuito de información entre los organismos que participan del control de las operaciones.

La reglamentación establece que, para importar mercaderías desde el territorio europeo bajo el acuerdo, el declarante deberá contar previamente con la licencia emitida por la autoridad de Agricultura. Al realizar la declaración aduanera deberá consignar el código identificador correspondiente en el Código de Documento “LPCOVUCE0043”, lo que permitirá al sistema vincular automáticamente la operación con la autorización otorgada.

La licencia, además, tendrá un uso único: solo podrá ser utilizada en una declaración aduanera de importación. Una vez efectuados los controles informáticos, si los datos son consistentes, el SIM permitirá oficializar la declaración. Si detecta inconsistencias, bloqueará la oficialización e informará al declarante los motivos para que puedan ser corregidos.

El nuevo esquema también contempla una salida ante eventuales problemas tecnológicos. Si una falla en la comunicación entre organismos o un inconveniente informático ajeno al operador impide la validación automática, deberá aplicarse el mecanismo de contingencia previsto por la normativa de VUCEA.

La incorporación tiene lugar en el marco de los contingentes arancelarios negociados entre el MERCOSUR y la Unión Europea, un instrumento que permite establecer volúmenes determinados de mercaderías que pueden ingresar bajo condiciones arancelarias específicas. Para las empresas importadoras, la digitalización del procedimiento puede aportar mayor previsibilidad al momento de gestionar operaciones vinculadas con esos cupos, siempre que la documentación y los datos declarados sean consistentes.

La resolución comenzará a regir a los diez días hábiles contados desde su publicación en el Boletín Oficial. Hasta entonces, los operadores deberán adecuar sus procedimientos al nuevo circuito y consultar las pautas establecidas por ARCA y el manual de usuario que estará disponible en el micrositio de VUCEA.

La medida representa así un paso adicional en la digitalización del comercio exterior argentino: el objetivo no es modificar los requisitos sustantivos para acceder a los contingentes, sino integrar la licencia al circuito electrónico de la Aduana para que la autorización, el control y la declaración de la importación queden conectados dentro de un mismo flujo operativo.

Anexo 1 Resolución General 5888/2026 ARCA by CristianMilciades

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Agricultura elimina ocho normas fitosanitarias históricas para simplificar el marco regulatorio del SENASA

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El Gobierno nacional profundizó el proceso de desregulación del sistema agropecuario al derogar ocho resoluciones fitosanitarias que, en algunos casos, llevaban más de tres décadas vigentes. La medida fue oficializada mediante la Resolución 114/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y forma parte del proceso de simplificación normativa impulsado por el Ministerio de Economía en línea con la Ley Bases.

La decisión no modifica las exigencias sanitarias actuales para productores, importadores o exportadores, sino que elimina normas que, según el diagnóstico oficial, habían perdido vigencia práctica porque fueron reemplazadas por procedimientos más modernos administrados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

El objetivo de la medida es reducir la dispersión normativa y facilitar la identificación de las reglas efectivamente vigentes para los distintos actores de la cadena agroalimentaria. En otras palabras, el Gobierno busca que productores, empresas, despachantes y organismos de control trabajen sobre un marco regulatorio actualizado, evitando superposiciones con disposiciones que ya habían sido absorbidas por nuevas regulaciones.

Las resoluciones derogadas habían sido dictadas entre 1992 y 2013 y regulaban aspectos muy específicos del comercio agroalimentario. Entre ellas figuraban la prórroga para implementar la Autorización Fitosanitaria de Importación (AFIDI), restricciones al ingreso de bananas provenientes de países con determinadas plagas cuarentenarias, requisitos para importar maquinaria agrícola usada, normas para la importación de papa semilla y el histórico Cuaderno Fitosanitario obligatorio para productores de manzanas y peras, un sistema manual de registro que fue reemplazado hace años por herramientas digitales de trazabilidad.

También quedaron sin efecto normas relacionadas con límites de residuos de plaguicidas y exigencias sanitarias para el ingreso y tránsito de frutos de banano en provincias como Misiones y Formosa, materias que actualmente se encuentran reguladas mediante esquemas fitosanitarios más recientes y alineados con estándares internacionales.

Desde Agricultura sostienen que el régimen sanitario argentino evolucionó significativamente durante las últimas décadas. La incorporación de análisis de riesgo fitosanitario, certificaciones electrónicas, sistemas informáticos de control y mecanismos modernos de trazabilidad permitió reemplazar procedimientos que respondían a una realidad técnica y comercial muy distinta de la actual.

En ese sentido, la resolución enfatiza que mantener formalmente normas que ya no tienen aplicación efectiva genera inseguridad jurídica, incrementa la complejidad administrativa y dificulta tanto el cumplimiento por parte del sector privado como las tareas de fiscalización estatal.

Para provincias con fuerte perfil agroexportador como Misiones, la medida tiene un impacto principalmente administrativo. La derogación no implica flexibilizar controles sanitarios ni reducir estándares de calidad, sino consolidar un digesto normativo más claro para operadores vinculados al comercio de frutas, productos vegetales, maquinaria agrícola e insumos agropecuarios.

El Gobierno también aclara que la eliminación de estas normas no afecta derechos adquiridos ni invalida actuaciones administrativas realizadas durante su vigencia. Se trata, en esencia, de una depuración del ordenamiento jurídico que busca reflejar la realidad regulatoria vigente y facilitar el acceso a la normativa aplicable.

La decisión se inscribe dentro de la estrategia oficial de revisión integral del marco regulatorio nacional, que combina desregulación, digitalización de procesos y simplificación administrativa como herramientas para reducir costos de cumplimiento, mejorar la competitividad del sector agroindustrial y fortalecer la seguridad jurídica en el comercio agroalimentario.

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