impuesto combustibles

YPF reúne a las petroleras y define si traslada la suba del petróleo a los surtidores

Compartí esta noticia !

YPF encabezará este lunes una reunión clave con las principales petroleras del país para definir qué ocurrirá con los precios de los combustibles tras el vencimiento del mecanismo de “buffer” aplicado desde abril para contener el traslado de la suba internacional del petróleo a los surtidores locales.

La discusión llega en un contexto de fuerte volatilidad global. El Brent todavía opera por encima de los USD 100 por barril, mientras persiste la tensión geopolítica en Medio Oriente tras el conflicto entre Estados Unidos e Irán. A eso se suma la actualización de impuestos sobre combustibles líquidos y dióxido de carbono dispuesta por el Gobierno nacional desde mayo.

El resultado de esa combinación puede impactar directamente sobre inflación, logística, transporte y consumo interno, especialmente en provincias periféricas como Misiones, donde el costo del combustible tiene incidencia estructural sobre la economía regional.

Se termina el “buffer” que desacopló el petróleo internacional del precio local

El mecanismo impulsado por el CEO de YPF, Horacio Marín, comenzó el 1° de abril y vence el próximo 15 de mayo.

El esquema funcionó como una herramienta de amortiguación temporal frente a la disparada del petróleo internacional. Mientras el Brent llegó a superar los USD 120, las refinadoras continuaron operando internamente con un valor de referencia cercano a los USD 70 por barril, equivalente al precio vigente en marzo.

La diferencia entre el valor real y el valor reconocido internamente quedó registrada en cuentas compensadoras a saldar posteriormente si el precio internacional descendía.

Participaron del acuerdo: refinadoras, empresas integradas, y productoras puras del sector. Entre ellas: YPF, Shell, Axion, Puma, Raízen, Trafigura, Tecpetrol, Pluspetrol, y Fénix.

La decisión permitió moderar el impacto inmediato de la crisis energética global sobre los consumidores argentinos, aunque el mercado ahora espera una corrección gradual del atraso acumulado.

El petróleo bajó, pero la presión sobre los surtidores sigue intacta

Durante los últimos días, el mercado internacional mostró cierta desaceleración tras las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán.

El WTI cayó hasta los USD 95 por barril, mientras el Brent retrocedió a la zona de USD 101–104. Sin embargo, las petroleras consideran improbable un regreso a los valores previos al conflicto, cuando el crudo cotizaba cerca de los USD 60.

La expectativa del sector es que el petróleo permanezca en torno a los USD 90 incluso si disminuye la tensión militar.

Eso mantiene abierta la presión sobre los surtidores argentinos.

Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, los combustibles acumularon un incremento cercano al 23% en el país.

El Gobierno actualizó impuestos y suma otra presión sobre los precios

La discusión entre las petroleras no se limita al petróleo internacional.

El 30 de abril, el Gobierno nacional oficializó una actualización del 0,5% en los impuestos sobre combustibles líquidos y dióxido de carbono.

Según cálculos difundidos por SDC Asesores Tributarios, la carga impositiva implicaría un aumento potencial de: $11,035 por litro de las naftas, incluyendo impuestos líquidos y CO₂.

La decisión de trasladar total o parcialmente ese costo quedó en manos de las compañías.

La caída del consumo condiciona la decisión de las petroleras

El mercado enfrenta además otro dato sensible: la demanda comenzó a retroceder. Según un informe citado por el sector, las ventas de combustibles cayeron 1,8% en marzo de 2026, mientras la nafta súper registró una baja interanual del 4,1%.

El dato refleja: menor uso de vehículos, deterioro del poder adquisitivo, y límites crecientes para seguir trasladando aumentos al consumidor. Ese escenario explica parte de la cautela que mantuvieron las petroleras durante las últimas semanas.

En provincias como Misiones, el precio de los combustibles tiene efectos más amplios que en los grandes centros urbanos. Cada suba del gasoil repercute sobre: costos logísticos, precios minoristas, competitividad exportadora, y márgenes industriales.

Además, las llamadas asimetrías fronterizas amplifican el problema. Cuando el combustible aumenta en Argentina, la diferencia de costos frente a Paraguay y Brasil afecta el comercio local y el consumo interno.

La presión energética global termina así trasladándose a las economías regionales con más intensidad que en áreas metropolitanas.

La decisión de YPF también tiene impacto político

El rol de YPF durante la crisis energética volvió a posicionar a la petrolera de mayoría estatal como actor central en la administración de precios sensibles para la economía.

El “buffer” permitió desacelerar parcialmente el traslado inmediato del shock internacional sobre inflación y consumo.

Ahora, el fin de ese esquema abre una nueva discusión: cuánto del atraso acumulado absorberán las compañías, cuánto se trasladará a surtidores, y qué margen político existe para nuevos aumentos en un contexto de caída de ventas.

La reunión de este lunes será observada tanto por el mercado energético como por el Gobierno nacional, que enfrenta el desafío de administrar inflación y actividad económica bajo un escenario internacional todavía inestable.

Un mercado pendiente de Medio Oriente y del precio del Brent

La evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán seguirá condicionando las decisiones locales. El sector energético observa especialmente: el comportamiento del Brent, la estabilidad del estrecho de Ormuz, y el impacto de nuevas tensiones militares sobre el comercio global de petróleo.

Por ahora, el mercado descuenta que habrá ajustes en surtidores. La incógnita es la magnitud, el ritmo y la capacidad del consumo argentino para absorber otro incremento en combustibles.

Compartí esta noticia !

El Gobierno vuelve a postergar el impuesto a los combustibles

Compartí esta noticia !

El Gobierno nacional resolvió postergar nuevamente la actualización de los impuestos a los combustibles y trasladó al 1° de mayo de 2026 la aplicación de incrementos que debían regir desde abril. La medida quedó formalizada el 31 de marzo mediante el Decreto 217/2026, que modifica el esquema vigente y extiende el diferimiento de los tributos sobre naftas y gasoil.

El dato central no es solo la prórroga —que ya suma varias instancias desde 2024— sino su timing: el Ejecutivo opta por evitar un ajuste en precios en el corto plazo, aun cuando se trata de impuestos que se actualizan automáticamente por inflación. La pregunta que se abre es si esta decisión refuerza la estrategia de desaceleración inflacionaria o si acumula presión fiscal hacia adelante.

Un esquema legal que se aplica, pero no se ejecuta

El marco normativo es claro desde hace años. La Ley 23.966 establece montos fijos para los impuestos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, con actualizaciones trimestrales atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC. A su vez, el Decreto 501/2018 reglamentó el mecanismo y fijó el calendario de ajustes en enero, abril, julio y octubre.

Sin embargo, la práctica se fue apartando de la regla. Distintos decretos —incluido el 617/2025 y sus sucesivas modificaciones— vienen difiriendo la aplicación efectiva de esos incrementos. El resultado es un esquema donde la actualización existe en términos técnicos, pero su traslado a precios se administra políticamente.

El nuevo decreto profundiza esa lógica. Sustituye el período originalmente previsto entre el 1° y el 31 de marzo de 2026 y lo extiende hasta el 30 de abril. Además, desplaza la entrada en vigencia de los aumentos remanentes —correspondientes a las actualizaciones de 2024 y 2025— al 1° de mayo.

En términos concretos, el Estado sigue acumulando ajustes impositivos pendientes mientras decide cuándo trasladarlos al surtidor.

Equilibrio delicado entre recaudación y precios

La decisión tiene implicancias directas en dos frentes sensibles: la recaudación y la inflación. Por un lado, el diferimiento implica resignar ingresos inmediatos derivados de tributos que, por diseño, deberían ajustarse automáticamente. Por otro, evita un impacto directo en los precios de los combustibles, con efecto indirecto sobre toda la estructura de costos de la economía.

En ese equilibrio se mueve la estrategia oficial. El decreto menciona explícitamente la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, una formulación que traduce una tensión clásica: sostener la actividad sin desanclar las cuentas públicas.

Desde la perspectiva política, la medida otorga margen al Ejecutivo para administrar uno de los precios más sensibles del sistema económico. El combustible no solo afecta al consumidor final; también incide en transporte, logística y producción. Postergar el impuesto es, en los hechos, intervenir sobre esa variable.

Pero la contracara es clara: los incrementos no desaparecen, se acumulan. Y cuanto más se difieren, mayor es el ajuste potencial futuro.

Una secuencia de prórrogas que se vuelve política de Estado

El Decreto 217/2026 no es un hecho aislado. Se inscribe en una secuencia de decisiones que incluyen múltiples prórrogas desde 2025. La reiteración convierte lo excepcional en regla: el mecanismo automático de actualización queda subordinado a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

Ese patrón redefine el rol del instrumento impositivo. Deja de ser un componente técnico de la estructura fiscal para transformarse en una herramienta de gestión macroeconómica de corto plazo.

En términos de correlación de fuerzas, el movimiento no abre un conflicto inmediato con otros actores institucionales —no requiere intervención legislativa—, pero sí condiciona la dinámica fiscal futura. Cada diferimiento reduce presión en el presente y la traslada hacia adelante.

Acumulación y decisiones pendientes

El nuevo plazo fija una referencia clara: el 1° de mayo. Allí deberían converger los incrementos postergados, salvo que una nueva decisión vuelva a reprogramarlos. Esa es la variable a observar en las próximas semanas.

También será clave seguir cómo evoluciona la brecha entre los valores impositivos teóricos —actualizados por IPC— y los efectivamente aplicados. Esa distancia define el volumen del ajuste pendiente.

El Gobierno eligió, una vez más, ganar tiempo. La incógnita es cuánto margen queda para seguir difiriendo sin que el costo se traslade, tarde o temprano, a precios o a las cuentas públicas.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin