Nuevo régimen penal juvenil: dictamen para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

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Tras semanas de postergaciones, el plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda logró este martes un dictamen de mayoría sobre el proyecto que propone una profunda reforma del Régimen Penal Juvenil. El punto más controvertido —y finalmente aprobado— es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

El despacho final, que reunió 77 firmas, surge de la confluencia de distintas iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo Nacional, el massista Ramiro Gutiérrez, los diputados del PRO Cristian Ritondo y Diego Santilli, Gerardo Huesen (La Libertad Avanza), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Carla Carrizo (Democracia para Siempre) y la sanjuanina Nancy Picón Martínez.

Durante la sesión, la diputada Laura Rodríguez Machado (PRO) propuso y consiguió la designación del tucumano Mariano Campero como vicepresidente de la Comisión de Legislación Penal. También se aprobó, a instancias de la catamarqueña Fernanda Ávila, la declaración de interés del III Congreso Federal de Justicia Penal, celebrado en abril en Mar del Plata.

Con el plenario ya en marcha, la radical Roxana Reyes —presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes— celebró los consensos alcanzados. Subrayó que el dictamen elimina la figura del “inimputable” y reduce la pena máxima para adolescentes de 20 a 15 años. “Este proyecto tiene una misión resocializadora, educativa y de contención”, afirmó.

Entre las novedades, se establece que las penas privativas de libertad deberán cumplirse preferentemente en el domicilio del joven, en institutos abiertos, en establecimientos especializados o en unidades penitenciarias con secciones diferenciadas. Sin embargo, tanto la Coalición Cívica como Democracia para Siempre firmaron en disidencia: reclaman que ningún juez pueda disponer prisión efectiva hasta que existan condiciones edilicias adecuadas para alojar adolescentes entre 14 y 18 años.

En tanto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda mantuvieron su rechazo al proyecto. Desde Encuentro Federal, las diputadas Margarita Stolbizer y Natalia de la Sota presentaron un dictamen propio en minoría, con tres firmas.

El contenido del dictamen

La iniciativa propone que el Régimen Penal Juvenil se aplique a adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por delitos tipificados en el Código Penal o en leyes penales especiales, tanto vigentes como futuras. Tal como expuso la diputada Marcela Campagnoli durante el debate, el nuevo régimen reconoce a los jóvenes imputados un conjunto de derechos y garantías: legalidad, proporcionalidad, debido proceso, derecho a la defensa, interpretación favorable al menor (pro minoris) y el principio de in dubio pro reo.

Además, establece que el sistema penal juvenil debe orientarse a la educación, la dignidad humana y la resocialización, prohibiendo toda forma de discriminación. También garantiza la celeridad del proceso, el derecho al plazo razonable de juzgamiento y la tutela judicial especializada.

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Informe de la Corte Suprema reveló que bajaron los delitos cometidos por menores en 2024

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En medio del debate impulsado por el Gobierno nacional para bajar la edad de imputabilidad, la Corte Suprema de Justicia informó una caída del 4,5% en las causas penales iniciadas contra menores en 2024, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En los distritos más poblados del país, sólo un 1.5% de los delitos graves fueron cometidos por niñas, niños o adolescentes.

Un informe elaborado por la Base General de Datos (BGD) de Niños, Niñas y Adolescentes que depende del máximo tribunal refleja la cantidad de menores con causas penales y/o medidas de privación de la libertad o alojamiento en residencias, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2024, en la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tras los hechos de inseguridad de los últimos meses que involucraron a menores y conmovieron a la opinión pública, el Gobierno nacional buscó dar un nuevo impulso a un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Actualmente el Código Penal establece que la edad a partir de lo cual una persona puede ser punible son los 16 años.

Luego del asesinato de Kim Gómez en la ciudad de La Plata, Javier Milei había anunciado el 1 de marzo, durante la inauguración de las sesiones en el Congreso, que el Ejecutivo impulsaría la modificación. El miércoles 12 de marzo se reunió la comisión de Legislación Penal, presidida por Laura Rodríguez Machado (PRO) y comenzó el tratamiento del proyecto de ley. En medio de la represión a la marcha de los jubilados y las peleas dentro del recinto, el encuentro fue sólo de carácter informativo y no se puso fecha para una nueva convocatoria. No está en danza sólo la propuesta del oficialismo, sino que diferentes bloques tienen presentados diversos proyectos, donde hay cierto consenso para llevar la edad punible a los 14 años.

Estadísticas del delito juvenil

En este marco, este lunes se conocieron las estadísticas que publica cada año la Corte sobre la incidencia de menores en los delitos cometidos en el ámbito porteño. La conclusión es que la totalidad de los mismos bajó un 4.5% en comparación con el año 2023.

En total, en todo el año pasado se iniciaron causas contra 1788 niños, niñas y adolescentes en CABA. De ese universo un 8% fueron delitos contra la vida (32 casos). Dentro de las causas por este tipo de delitos, 13 correspondieron a homicidios, ocho resultaron en grado de tentativa, tres fueron homicidios culposos y dos fueron consumados.

El delito que predominó en este segmento etario fue el delito contra la propiedad, que representó el 81,4% de los casos.

El estudio revela, además, que 9 de cada 10 delitos fueron protagonizados por varones (88,6%), principalmente de 16 y 17 años, en su mayoría de nacionalidad argentina (94,9%).

En un menor porcentaje, se registraron delitos contra la integridad sexual, contra la administración pública, y contra la libertad, entre otros.

El informe de la BGD, muestra al mismo tiempo un incremento respecto de 2023 de las medidas dictadas por la justicia en este tipo de casos. En total, 194 jóvenes tuvieron al menos una medida judicial de privación de libertad o alojamiento en residencias, lo que representó un 9% más. Esto incluye disposiciones en centros socioeducativos de régimen cerrado, residencias socioeducativas de libertad restringida y hospitales.

En paralelo, según cifras oficiales del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, sólo el 2% del total de las investigaciones penales iniciadas en 2023 involucró a menores de edad.

En términos general, además, la estadística de menores que delinquen no subió sino que viene a la baja. Según cifras recopiladas por la defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes en los distritos de mayor densidad poblacional -Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y CABA-, “los datos de los últimos siete años muestran un descenso en la cantidad de causas iniciadas en el Fuero Penal de Menores por homicidios dolosos tanto consumados como tentados, a excepción del año 2022. En 2023 hubo un 44,4% menos de causas iniciadas por homicidio doloso (tanto consumado como tentado) que en 2017. En 2023 representaron un 1,5% del total de causas ingresadas en el Fuero Penal de Menores”.

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Baja de la edad de imputabilidad: “Una respuesta demagógica y punitiva”

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La Asociación Argentina de Magistrados y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF) salió al cruce del proyecto de ley anunciado por el gobierno libertario para reducir la edad de imputabilidad a 13 años, al que señaló como “una respuesta demagógica y punitiva al tema de la seguridad ciudadana”, en un escenario donde el resto de las políticas públicas hacia las infancias sufren un rotundo retroceso.

La AJUNAF sostuvo que, “como ocurrió en 2017 y 2019, las más oscuras voces con miradas represivas y regresivas intentan contradecir la Constitución Nacional, en tanto la Convención de los Derechos del Niño integra nuestra Carta Magna (art. 75 inciso 22º)”.

Para la asociación, “una eventual reforma legislativa en materia penal juvenil no puede concebirse sin advertir la vulneración actual de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que corresponden a la infancia y a la adolescencia, y sus grupos familiares”. En ese sentido, recordó que “un importante número de adolescentes infractores a la ley penal son pobres”.

La entidad, presidida por César Raúl Jiménez, juez en lo Correccional y de Menores de Posadas, subrayó que “tampoco el Poder Ejecutivo nacional ha dado a conocer las estadísticas aludidas en su anuncio oficial, que lo llevan a justificar su postura para la baja de la edad de punibilidad”, a pesar de lo cual “intenta mostrar que la baja de la edad de punibilidad tendría un impacto positivo para disminuir la inseguridad, cuando no se conoce información estadística de rigor que permita afirmar dicha relación de proporcionalidad”.

A la vez, consideró “necesario determinar y en forma absoluta cuál es el rol de la justicia juvenil” y aclaró que “la misma persigue la reintegración de las niñas, niños y adolescente a la sociedad, no busca el castigo como la justicia de adultos”.

La AJUNAF reiteró que “no debe bajarse la edad punible, sin perjuicio de creer en un futuro debate de una eventual reforma legislativa y judicial en materia penal para adolescentes punibles”, pero a partir del respeto de “los estándares internaciones y las recomendaciones del Comité del Niño (ONU), para lo cual corresponderá necesariamente una asignación presupuestaria suficiente para asegurar los recursos humanos y materiales que demandaría la implementación de una reforma”.

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Aída Kemelmajer: “La violencia es un tema que no se resuelve solo jurídicamente, cuando llega la Justicia ya es tarde”

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La jurista Aída Kemelmajer de Carlucci visitó Misiones para dictar un seminario y presentar un libro sobre Derecho de Familia. Allí charló con Economis y planteó que “la violencia intrafamiliar se soluciona con prevención, porque cuando llega a la Justicia o a la Policía es tarde”.

Aída Kemelmajer de Carlucci es una de las principales juristas del país. Ex integrante de la Corte Suprema de Mendoza hasta 2010, fue parte de la comisión de notables que elaboró el anteproyecto de reforma del Código Civil. La jurista llegó a Posadas hace unos días para dictar el seminario “Lenguaje en los procesos de Familia”, en la especialización en Derecho Penal de la Universidad Gastón Dachary. Posteriormente presentó el libro, “Paradigmas y desafíos del Derecho de las familias y de la niñez y adolescencia”.

“Vengo a Posadas a presentar un libro que compila todo lo abordado en en el encuentro de Derecho de infancia en Iguazú” dijo en un breve contacto con Economis.

Explicó que “además mi conferencia es sobre los derechos del niño sobre
su propio cuerpo, una noción muy atada a otra que es el de la autonomía progresiva. Quiere decir que hay que irle reconociendo al niño, adolescente todas sus potencialidades y capacidades hasta que llega a la mayoría de edad, los 18 años. Es una orden que nos da la Convención de los Derechos del Niño que dice que al niño hay que formarlo para que cuando llegue a la vida independiente sea el mismo un instrumento para generar mayores derechos y el reconocimiento de todos los derechos”.

Al hablar de derechos fundamentales, como la educación sexual integral, dijo que “la ESI es fundamental, luchamos hace años, la ley está vigente hace 10 años, pero en la mayoría de las provincias no se aplica. Siempre hubo fuerzas conservadoras que impiden su aplicación, dan razones de que no están conformes con los textos que se prepararon, deberían preparar nuevos, pero a la ley hay que aplicarla”

Uno de los problemas más graves en el país es el de la violencia intrafamiliar y de género, que muchas veces se invisibiliza por la violencia económica. Al plantearsele sobre como salir de ese escollo, la jurista dijo que “el tema de la violencia es un tema que no se resuelve solo jurídicamente. Son problemas culturales, económicos, etcétera; entonces nosotros tenemos que comprender que la Ley sola o el Poder Judicial solo no da respuesta a esto. Entonces usted debe tener una infraestructura para responder ante un caso de estos”.

“Por ejemplo la provincia de Córdoba, cuando dicto su Ley de violencia familiar, lo primero que dictó fue la creación de los refugios para las mujeres y los hijos, para que puedan pasar algunos días”, dijo como ejemplo de respuesta.

A la vez amplió diciendo que las victimas de este tipo de violencia deben ir “no a la policía porque no nos sirve, sino a los Tribunales a denunciar el hecho. Las soluciones más fáciles se logran en la Justicia que en la policía. Allí se puede avanzar en darles albergue”.

Reconoció que “lo más difícil de regular es la violencia. Cuando nosotros hemos tenido que regular estos temas en los manuales de procedimiento. Los Códigos de Procedimiento de Familia, siempre hemos dejado el capitulo de la violencia para el final, porque cualquier cosa que se proyecte siempre va a tener alguna reforma, se suprimen o se agregan cosas, conscientes de la dificultad enorme que tiene el tema”.

Para ella es fundamental comprender que “lo fundamental en materia de violencia es la prevención. En lo que nosotros fallamos es en la prevención. Cuando llegamos desde el Tribunal o desde la Policía es tarde, porque la violencia se produjo y tampoco podemos creer que el Estado tenga un policía en cada casa donde hay violencia, no hay Estado en el mundo que tenga presupuesto para eso”.

Otro de temas por los que fue consultada, fue sobre la idea de la baja en la edad de imputabilidad y su impacto en la reducción de la delictividad. Fue categórica al decir “no, la edad de imputabilidad no soluciona el problema. Creer que nosotros solucionaremos el problema de los menores infractores a la Ley porque de 16 bajemos a 14 es realmente de un simplismo de no conocer la realidad de los problemas”.

“Hace unos años escribí un libro sobre la Justicia restaurativa, como una tercera vía para tratar de solucionar el tema de los menores infractores la Ley Penal. Eso no fue ningún invento mio, la Justicia restaurativa se aplica en muchos países como Colombia, Canada, etcetera. En nuestro país la idea de reinsertar a un menor que ha cometido un delito en la sociedad, en algunas provincias se lleva adelante con bastante éxito”, comentó.

La Jurista recordó que “un menor no empieza matando a alguien. La persona menor de edad infringe la Ley Penal, a lo mejor la primera vez, robandole una cartera a una persona en el supermercado, empieza por ahí. El menor no empieza como asesino en ciernes desde el comienzo. Por eso cuando el Estado no tiene respuestas para ese chico que comete la primera infracción, ese chico entra en la carrera del delito y después es muy difícil que se lo pueda volver (a reinsertar en la sociedad)”.

Para ella es necesario “encontrar para que sirve ese chico. No creo que haya chicos que son buenos para nada, creo que en cada chico se puede encontrar para que puede servir (en su contexto social). Y que ese chico asuma y pueda encontrar su lugar, como un instructor de deportes para otras personas más jóvenes y entonces se lo ubica en algo que a él le gusta, con otros chicos y donde se sienta útil y pueda ser restaurado. Por eso se llama Justicia restaurativa, porque restaura a la sociedad y a la persona. Por eso debemos ir hacia este tipo de programas en todo el país. Bajar o no la edad de imputabilidad no sirve para nada”.

Al ser consultada sobre cuales fueron los mayores cambios en el derecho de Familia, la doctora Kemelmajer indicó que “venimos en un proceso de secularización del Derecho de Familia. Sin discriminar por religión u orientación sexual. Por eso se incorporó en el Código Civil y Comercial normas que estaban contemplados en otras leyes, convenciones y tratados internacionales”.

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Mariano Borinsky: “Aún si baja, tendríamos la edad de imputabilidad más alta de la región”

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Mientras el Gobierno nacional prepara el proyecto de ley que enviará al Congreso para bajar la edad de imputabilidad, sigue el debate. Ahora se sumó Mariano Borinsky, el presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal que advirtió que aún si el parlamento aceptara bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años, la Argentina “seguiría teniendo la edad más alta de la región”.
El Congreso de la Nación enviará a sesiones extraordinarias en febrero el polémico proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 15 años. La iniciativa ya generó el rechazo de sectores progresistas e instaló incluso el debate dentro de Cambiemos.
Mariano Borinsky, presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, sostuvo que aún en el caso de que el Congreso acepte bajar la edad de imputabilidad, la Argentina “seguiría teniendo la edad más alta de la región”.
“Lo que me parece fundamental es que por primera vez estamos discutiendo en términos de un sistema democrático, porque el anterior sistema era de la época de la dictadura. La ley de minoridad es de 1980, de la misma forma que el Código Penal es de 1921”, analizó el camarista.
En declaraciones al diario Perfil, el magistrado destacó que la iniciativa que se presentará en el Congreso no salió de la Comisión de Reforma del Código Penal que encabeza, sino de la de Minoridad. También remarcó que el proyecto se venía debatiendo y que el resultado fue “muy positivo”.
Asimismo, Borinsky manifestó: “Por primera vez se discute un sistema integral de la edad y de la reinserción social y el sistema socioeducativo para los menores estableciendo pautas más actuales y nuevos mecanismos que tienen que ver con el cumplimento en función de la minoridad. Por ejemplo, establece penas alternativas para los casos de 3 años o menos de prisión, la domiciliaria, privación en centro abierto, en centros especializados”.
“Aún en la hipótesis de mantener lo que está propon iendo el nuevo proyecto, Argentina quedaría en la edad más alta respecto de los demás países del continente. En lo que tiene que ver con los demás países de Latinoamérica: Brasil, Costa Rica, Ecuador tienen 12 años; Nicaragua, Guatemala y Uruguay, 13 años; Chile, Bolivia, Colombia y Paraguay, 14 años. Tomando en cuenta el derecho comparado tendríamos la más alta”, agregó.
Por último, rechazó la importancia de las estadísticas en este proyecto de ley: “Una determinada política no tiene por qué basarse solamente en la estadística. A veces tiene que ver con la sociedad contemporánea, con lo que sucede en el mundo, porque excede incluso lo que pasa en Argentina. Porque si se hace una estadística local en el continente nos ubicaría a nosotros con el edad más alta con 15 años. Hay cosas que las pueden marcar una estadística y otras cosas tienen que ver con lo que sucede en otras partes”.

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