Desregulación en marcha: el Gobierno elimina 70 unidades estatales y fusiona organismos clave
El Poder Ejecutivo nacional dispuso una profunda reestructuración de organismos públicos mediante el Decreto 585/2025, publicado este lunes 18 de agosto en el Boletín Oficial. La norma modifica objetivos, suprime unidades y transforma entidades como el INTA, el INPI y la ex CNRT, en línea con la política de reducción del gasto y optimización estatal. Entre los cambios más relevantes, se disuelve la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y se reasignan sus funciones, mientras que el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar (INAFCI) quedan formalmente extinguidos. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, apunta a “adecuar la administración pública a las prioridades del actual gobierno”, según consta en los considerandos.
El Poder Ejecutivo publicó el Decreto 585/2025, mediante el cual formalizó la actualización de las competencias de la Secretaría de Industria y Comercio y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, ambas bajo la órbita del Ministerio de Economía. La medida, vigente desde el 18 de agosto de 2025 (Boletín Oficial Nº 58557/25), fija un marco de acción más preciso para el diseño de políticas productivas, comerciales y agropecuarias, y establece los alcances de cada área en coordinación con el resto de la administración nacional.
La norma se enmarca en el proceso de reorganización del Estado impulsado por el Gobierno nacional y busca otorgar mayor claridad en las atribuciones para “potenciar la competitividad, transparentar los mercados e impulsar las economías regionales”.
Un ajuste estructural en marcha
El decreto se enmarca en la ola de reformas impulsadas desde el Ministerio de Economía para reducir la cantidad de organismos públicos, tal como adelantó el Gobierno en su plan de desregulación. Los cambios responden a:
- Disposiciones previas: Deroga normas como el Decreto 50/2019 (estructura ministerial de Mauricio Macri) y decisiones administrativas de la gestión anterior (ej. DA 832/2019, que regulaba la CNRT).
- Medidas cautelares: Excepciona a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y al INTI por fallos judiciales que frenaron su disolución (Causa 28.376/2025 y 33.589/2025).
- Base legal: Se fundamenta en la Ley de Ministerios 22.520 y en las facultades del artículo 99 de la Constitución.
Claves del ajuste:
- Se eliminan 16 objetivos específicos de secretarías y subsecretarías, incluyendo metas vinculadas a parques industriales y economía regional.
- Los recursos de organismos disueltos (como el INASE) se transfieren a las secretarías de Agricultura y Transporte.
Cambios sustanciales por sector
1. Transporte: nueva Agencia de Investigación de Accidentes Aéreos
- La ex Junta de Seguridad en el Transporte se transforma en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, con una estructura simplificada (Anexos XIII a XVI).
- Funciones clave: Investigación técnica independiente de siniestros, emisión de recomendaciones de seguridad y coordinación con la OACI.
- Impacto: Centraliza competencias dispersas y reduce costos operativos.
2. Agricultura: fin del INASE y reconversión del INTA
- El INASE se disuelve y sus direcciones de Registro de Variedades y Fiscalización pasan a la Secretaría de Agricultura.
- El INTA pierde 50 unidades (Anexo 24), desde coordinaciones de ética hasta departamentos regionales, y se redefine como organismo desconcentrado.
- Razón oficial: Evitar “superposición de funciones” y “optimizar recursos”.
3. Propiedad Industrial: el INPI pierde autonomía
- El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) deja de ser organismo descentralizado y queda bajo la órbita de la Secretaría de Industria.
- Se suprimen 19 unidades (Anexo 21), incluyendo áreas de compras y contabilidad.
Competencias de la Secretaría de Industria y Comercio
El decreto establece que esta secretaría tendrá un rol clave en la formulación y ejecución de la política industrial y comercial, incluyendo:
- Aplicación de las leyes de Defensa del Consumidor (24.240), Tarjetas de Crédito (25.065), Lealtad Comercial (Decreto 274/19) y Sistema Único Normalizado de Talles (27.521).
- Supervisión de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia hasta que entre en funciones la Autoridad Nacional de la Competencia (Ley 27.442).
- Implementación de políticas de comercio exterior, administración de regímenes especiales como el VUCEA (Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino) y supervisión de la Comisión Nacional de Comercio Exterior.
- Ejercicio como autoridad de aplicación de programas estratégicos: Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores (Ley 27.437), Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo (27.263) y Régimen de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz (27.686), entre otros.
- Seguimiento de regímenes fiscales diferenciales, como el de Tierra del Fuego (Ley 19.640), y control de incentivos para bienes de capital, autopartismo e importaciones industriales.
En términos productivos, la secretaría deberá impulsar la competitividad industrial, promover la innovación tecnológica, coordinar con provincias y municipios y participar en negociaciones internacionales vinculadas al comercio y la industria.
Competencias de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
En paralelo, el decreto redefine las funciones de la Secretaría de Agricultura, con un enfoque en la sostenibilidad, la competitividad y la articulación federal. Entre los puntos destacados:
- Diseño de políticas de producción, calidad, tecnología y sanidad agroalimentaria, en coordinación con provincias y economías regionales.
- Supervisión de organismos clave: SENASA, INIDEP y Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
- Ejecución de políticas vinculadas a la bioindustria, biotecnología y bioenergía, con impacto en las economías regionales.
- Coordinación de estrategias para la exportación agroalimentaria, incluyendo la definición de valores FOB mínimos, certificaciones de origen y calidad, y representación en controversias internacionales.
- Implementación de medidas de sostenibilidad ambiental en agroecosistemas, promoción del agregado de valor y diferenciación de productos.
- Desarrollo de políticas de cobertura ante riesgos climáticos, en línea con la Ley 26.509 sobre emergencias agropecuarias.
La secretaría también tendrá a su cargo la creación de un sistema integral de información y estadísticas agropecuarias, con el fin de mejorar la toma de decisiones y la transparencia en el sector.
El decreto no solo reorganiza funciones administrativas: busca alinear la política productiva con el programa económico del Gobierno de Javier Milei, que combina apertura comercial con exigencias de competitividad interna. La delimitación de competencias entre ambas secretarías implica una mayor precisión en el control de mercados estratégicos —como el alimentario e industrial— y en la administración de regímenes de promoción que implican beneficios fiscales de gran magnitud.
El impacto se sentirá en sectores industriales con regímenes especiales (automotriz, autopartista, bienes de capital, Tierra del Fuego) y en cadenas agroexportadoras clave (soja, carne, pesca, yerba mate, foresto-industria), donde el Estado buscará un rol más coordinado en materia regulatoria y de promoción.
En lo político, el rediseño se inscribe en la estrategia de Milei de achicar y eficientizar el Estado, al tiempo que mantiene las herramientas de política industrial y agropecuaria necesarias para sostener la competitividad en el marco de una economía más abierta.
El desafío será doble:
- Para la industria, sostener el esquema de incentivos y regímenes especiales en un contexto de apertura comercial y reducción de costos internos.
- Para el agro, garantizar sanidad, trazabilidad y sostenibilidad ambiental sin perder competitividad internacional, especialmente ante exigencias crecientes en mercados europeos y asiáticos.
En septiembre, el Gobierno prevé presentar un plan de fortalecimiento productivo con foco en las economías regionales y en la integración de cadenas de valor industrial y agroexportadora.
