La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Instituto Nacional de Semillas (INASE) dieron un nuevo paso en el fortalecimiento de los mecanismos de protección de la propiedad intelectual vegetal al aprobar un protocolo que permitirá controlar la identidad varietal de los granos comercializados desde el primer punto de entrega. La medida, oficializada mediante la Resolución Conjunta 3/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial, busca reforzar la trazabilidad de las semillas protegidas y dotar de mayores herramientas de fiscalización a los obtentores de variedades registradas.
La decisión se inscribe en un debate histórico del agro argentino: la protección de los derechos de propiedad intelectual sobre las innovaciones genéticas en semillas y la necesidad de garantizar que quienes desarrollan nuevas variedades puedan recuperar las inversiones realizadas en investigación y mejoramiento vegetal.
El nuevo esquema establece que las muestras de granos tomadas en los centros de acopio, plantas de procesamiento o cualquier establecimiento que opere como primer punto de entrega deberán ser sometidas a análisis de identidad varietal mediante tecnologías reconocidas por el INASE. El objetivo es determinar con precisión qué variedad vegetal se encuentra presente en cada lote comercializado y verificar si corresponde a cultivares protegidos bajo el régimen de propiedad intelectual vigente.
La normativa se apoya en los avances tecnológicos que permiten identificar variedades vegetales en plazos cada vez más reducidos y con elevados niveles de precisión científica. Según los fundamentos de la resolución, estas herramientas ofrecen evidencia objetiva y técnicamente validada para detectar posibles infracciones a la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas.
Uno de los aspectos más relevantes del nuevo protocolo es la incorporación formal de actores privados al sistema de control. Las Cámaras Arbitrales y entidades especializadas que celebren convenios con el INASE podrán adquirir muestras, realizar análisis y remitir los resultados a los titulares de las variedades registradas. A su vez, los establecimientos donde se efectúe el muestreo estarán habilitados para firmar acuerdos con entidades vinculadas al comercio de granos con el fin de financiar y coordinar las tareas operativas.
El procedimiento prevé que, una vez identificado un cultivar protegido, el titular de los derechos pueda recibir de manera inmediata los resultados del análisis y, en caso de detectar presuntas irregularidades, presentar una denuncia ante el INASE dentro de los 60 días posteriores a la emisión del certificado correspondiente. En paralelo, conserva la posibilidad de iniciar acciones legales por la vía que considere pertinente.
La resolución también determina que las muestras analizadas y las de respaldo deberán conservarse durante un plazo mínimo de 60 días, permitiendo que la autoridad de aplicación disponga de material suficiente para eventuales investigaciones o actuaciones administrativas.
Desde el punto de vista productivo, la medida apunta a fortalecer un sistema que históricamente ha enfrentado dificultades para controlar el uso de semillas protegidas, especialmente en cultivos autógamos como soja y trigo, donde la reutilización de semilla por parte de los productores ha sido motivo de controversias recurrentes entre obtentores, semilleros y entidades rurales.
La articulación público-privada promovida por la resolución refleja una estrategia orientada a mejorar la trazabilidad del mercado de semillas sin incrementar la estructura estatal de fiscalización. Para el Gobierno, este esquema permitirá aumentar la transparencia del sistema y generar incentivos para la inversión en genética vegetal, un factor considerado clave para sostener la competitividad del agro argentino en los mercados internacionales.
La medida tendrá aplicación sobre los cultivares que se inscriban en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares a partir de la entrada en vigencia de la resolución. Asimismo, el incumplimiento de las disposiciones establecidas podrá ser sancionado conforme a las penalidades previstas en la Ley 20.247.
Detrás de la decisión subyace una apuesta estratégica: consolidar un marco regulatorio que otorgue mayor previsibilidad a las empresas dedicadas al mejoramiento genético y al desarrollo de nuevas variedades, en un contexto donde la innovación tecnológica se ha convertido en uno de los principales motores de productividad del sector agroindustrial argentino. Para una economía cuya competitividad externa depende crecientemente de la incorporación de conocimiento y biotecnología, el fortalecimiento de los mecanismos de protección intelectual aparece como una pieza central de la agenda agropecuaria.
El mercado argentino de legumbres atraviesa una etapa de expansión productiva y redefinición estratégica.
La 1.ª Jornada de la Mesa de Legumbres de Santa Fe, realizada el 5 de mayo en la Bolsa de Comercio de Rosario, permitió reunir una agenda técnica, comercial e institucional que mostró a una cadena con fuerte orientación exportadora, creciente incorporación tecnológica y nuevas exigencias de competitividad. El desafío ya no pasa únicamente por producir más, sino por hacerlo con calidad, trazabilidad, eficiencia y capacidad de diferenciación.
Según expuso Paulo Lanza, especialista en Comercio Exterior, Argentina parte de una posición productiva favorable: el rendimiento promedio nacional en legumbres alcanza 1.484 kg/ha, frente a un promedio mundial de 1.058 kg/ha; y entre el 60% y el 73% de la producción se destina a la exportación. Esa combinación de productividad relativa y perfil exportador vuelve crítica a la cosecha nueva, tanto para sostener compromisos comerciales como para consolidar el posicionamiento del origen argentino en los mercados internacionales.
Bajo un escenario climático normal, la campaña 2025/26 proyecta una producción de 1,37 millones de toneladas, un 24% por encima del ciclo previo, sobre una superficie sembrada récord de 952.100 hectáreas. Dentro de ese total, se estiman más de 835.000 toneladas de porotos, 370.000 toneladas de arvejas, 122.000 toneladas de garbanzos y 43.000 toneladas de lentejas. El poroto mantiene el liderazgo productivo, con fuerte anclaje en el NOA, mientras que la arveja muestra una expansión relevante en Santa Fe y Buenos Aires. Sin embargo, la estabilidad de los rindes dependerá de la evolución climática. Para el trimestre mayo – julio 2026, el pronóstico presentado por María José Dickie para el sur de Santa Fe, ingeniera agrónoma y especialista en clima del INTA, muestra una fase neutral del ENSO, temperaturas medias normales o superiores a lo normal y precipitaciones normales o inferiores a lo normal. Tal escenario se interpreta inicialmente favorable para arveja y lenteja, siempre que se preserve una adecuada disponibilidad de humedad útil durante las etapas críticas del cultivo.
El salto productivo, de todos modos, no se sostiene sólo con mayor superficie. Requiere genética adaptada, reducción de brechas de rendimiento, menores pérdidas poscosecha y variedades con atributos comerciales. En este punto, Daniel Kirschbaum, referente del INTA en el área de Hortalizas, Flores, Aromáticas y Medicinales, destacó el rol de la cooperación internacional para mejorar la competitividad. El convenio INTA-ICARDA vincula al país con un banco de germoplasma de escala global, orientado a introducir, multiplicar y evaluar variedades de arveja, lenteja y haba con potencial de adaptación local, a través de redes nacionales de ensayo y posterior registro en INASE. En esa línea, INTA Oliveros coordina la Red Nacional de Arveja, cuenta con más de 15 materiales avanzados de arveja, 2 materiales experimentales de lenteja macrosperma en trámite de inscripción y 65 líneas avanzadas de lenteja.
La competitividad futura también dependerá del ordenamiento del sistema de semillas. Luis Rista, referente de INASE, señaló que las legumbres todavía muestran un bajo nivel relativo de formalidad frente a otros cultivos extensivos, con alta proporción de uso propio o semilla informal, baja tasa de recambio varietal y escasa penetración de semilla fiscalizada. Para revertir este diagnóstico, INASE viene avanzando en la incorporación de cultivos al SISA, la definición de normas específicas para producción de semilla y el ordenamiento de cultivares mediante la Resolución INASE 200/2024. La incorporación de la arveja al SISA en 2019 y del garbanzo en 2023 permitió comenzar a registrar superficie sembrada y cultivar utilizado. En arveja, la campaña 2024/25 muestra unas 83.000 hectáreas declaradas, 978 productores y 38 variedades, con más del 98% de la superficie concentrada en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. A su vez, entre 2020 y 2026 se inscribieron 15 nuevas variedades de arveja.
A la agenda genética y semillera se suma la adopción de herramientas de agricultura de precisión. Eduardo Vita Larrieu, investigador de la EEA INTA Oliveros especializado en tecnología de aplicación, abordó el uso de drones, aplicaciones selectivas y sistemas de medición que permiten mejorar la eficiencia, reducir pérdidas y documentar procesos. En un mercado de especialidades, donde la calidad y la trazabilidad definen el acceso a mejores condiciones comerciales, la tecnología sólo agrega valor si se integra con conocimiento técnico, protocolos de aplicación y gestión profesional.
La poscosecha constituye otro eslabón decisivo. Como planteó Ricardo Bartosik, referente de Poscosecha de Granos del INTA Balcarce e investigador de CONICET, la calidad comercial no se define únicamente en el lote, sino también en el acondicionamiento, limpieza, clasificación, almacenamiento, control de plagas, trazabilidad y segregación por origen. Los requisitos de exportación exigen que el producto llegue sano, seco, limpio, sin olores objetables y libres de materias extrañas. En el caso de China, además, se exige acopio por zonas de producción, sin mezclar mercadería de distintas áreas habilitadas. Esto vuelve clave la inversión en plantas de procesamiento, sistemas de gestión de calidad, registros operativos y manejo poscosecha de agroquímicos, especialmente para evitar rechazos por residuos y sostener la confianza en el producto argentino.
El mayor potencial de la cadena, sin embargo, está en transformar esa calidad primaria en productos de mayor valor. María Cecilia Accoroni, de INTA Oliveros, presentó oportunidades vinculadas con harinas, concentrados, aislados, texturizados, snacks, panificados, sustitutos cárnicos y alimentos listos para consumir. Las legumbres se insertan en tendencias globales asociadas con proteínas vegetales, alimentos saludables, sostenibilidad y etiquetas más limpias. Para avanzar en esa dirección será necesario fortalecer la investigación aplicada, asegurar calidad homogénea, seleccionar variedades adecuadas, controlar antinutrientes y articular con mayor intensidad producción, ciencia e industria.
El contexto internacional ofrece oportunidades, aunque en un escenario más competitivo y volátil. Marlene Boersch, cofundadora y socia gerente de Mercantile Consulting Venture de Canadá, remarcó la creciente incidencia de barreras paraarancelarias y reacomodamientos comerciales en la distribución del market share global. En arvejas, Canadá proyecta exportaciones por unas 2,3 Mt en 2025/26 y 2,4 Mt en 2026/27, con India y China explicando entre el 65% y el 75% de sus ventas externas. Aun antes del arancel chino del 100% aplicado a las arvejas canadienses en marzo de 2025, Canadá ya venía perdiendo participación frente a Rusia: su cuota en China cayó del 90% en 2021/22 al 28% en 2025, mientras Rusia pasó a representar cerca del 60% del mercado. En lentejas, también se observa una mayor competencia de Australia, Rusia y Kazajistán, con India, Turquía y Emiratos Árabes concentrando alrededor del 60% de las exportaciones canadienses.
La mirada sobre China, aportada por Hu Bingchuan, investigador del Instituto de Desarrollo Rural de la Academia China de Ciencias Sociales, refuerza la importancia estratégica de ese destino. Según su presentación, China cuenta con un mercado de legumbres secas de alrededor de 3,3 Mt, con consumo total cercano a 3,28 Mt, producción doméstica de 0,98 Mt e importaciones por aproximadamente 2,3 Mt. Las arvejas secas representan el 54% del consumo total, con un volumen estimado de 1,68 Mt y una autosuficiencia menor al 3%. En la campaña comercial 2024/25, las importaciones chinas de arvejas secas alcanzaron 1,5 Mt, frente a una producción local de apenas 50.000 toneladas. Para Argentina, la oportunidad es relevante, pero exige escala, precio competitivo, cumplimiento sanitario y capacidad de procesamiento. El protocolo fitosanitario para arvejas secas fue firmado en 2015 y los primeros envíos desde establecimientos argentinos habilitados comenzaron en 2020; además, se encuentran en negociación protocolos para garbanzos, porotos y lentejas.
Más allá de China e India, el análisis de oportunidades presentado por Lanza muestra que Brasil sigue siendo el mercado de mayor atractivo y facilidad de acceso para el poroto negro, mientras que la Unión Europea ofrece mejores condiciones para productos con valor agregado, especialidades y orgánicos, aunque con altos estándares de trazabilidad y límites máximos de residuos. La matriz también identifica potencial para la exportación de harinas y subproductos hacia Bolivia.
En síntesis, las legumbres argentinas enfrentan una oportunidad concreta de expansión, pero el salto competitivo no será automático. El crecimiento deberá apoyarse en escala productiva, semilla trazable, tecnología, inocuidad, apertura de mercados y mayor industrialización. Santa Fe, por su peso en arvejas y lentejas y por su cercanía a nodos logísticos, técnicos e industriales, cuenta con condiciones para posicionarse mejor en una demanda global que busca proteínas vegetales, calidad y sustentabilidad
La expansión de carinata, camelina y colza empieza a mover algo más que la agronomía. En la Argentina de 2025, estas oleaginosas invernales dejaron de ser un cultivo marginal para convertirse en una pieza cada vez más visible de una discusión más amplia: cómo intensificar los sistemas agrícolas, capturar parte del negocio global de la bioenergía y traducir ventajas ambientales en renta concreta para el productor. El dato más elocuente es el salto de superficie: según estimaciones citadas en el informe, el área total implantada con oleaginosas invernales rondó las 170.000 hectáreas en 2025, muy por encima de las 30.000 hectáreas estimadas apenas tres años atrás. La pregunta de fondo ya no es si estos cultivos pueden crecer, sino bajo qué condiciones logran consolidarse como una alternativa estable dentro del esquema agrícola y energético.
Un cambio de escala que empieza en el barbecho, pero no termina ahí
El informe de la Bolsa de Comercio de Rosario ubica a estas oleaginosas en un punto de cruce entre productividad, sustentabilidad y demanda industrial. La colza, la camelina y la carinata ganan terreno como parte de rotaciones agrícolas que buscan aprovechar el barbecho invernal, sumar una etapa productiva adicional y generar ingresos en períodos que antes quedaban ociosos.
Ese movimiento tiene una implicancia concreta: el sistema agrícola deja de mirar el invierno como un paréntesis y empieza a tratarlo como una ventana económica. En regiones con amplias superficies en barbecho, especialmente alejadas de la influencia marítima, estos cultivos encuentran su nicho. La colza y la carinata se adaptan mejor a barbechos más largos, mientras que la camelina, por su ciclo más corto, encaja en ventanas más ajustadas.
No es un detalle técnico. En un contexto donde la rentabilidad del agro se define cada vez más por eficiencia, diversificación y manejo de riesgos, incorporar cultivos que agregan valor sin desplazar necesariamente a los esquemas principales modifica la lógica de uso del suelo. También reordena decisiones empresariales y tecnológicas.
Bioenergía, certificaciones y una demanda que ya no viene solo del mercado alimentario
El crecimiento de estas oleaginosas no responde solo a una mejora agronómica. Está asociado, sobre todo, a la expansión de mercados energéticos que demandan aceites certificados con baja huella ambiental. Ahí aparece uno de los motores más relevantes del fenómeno: el avance del biodiésel convencional, el Aceite Vegetal Hidrotratado (HVO) y, especialmente, el Combustible Sostenible de Aviación (SAF).
El SAF ocupa un lugar estratégico en ese esquema. Según el informe, puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 80% respecto de los combustibles fósiles tradicionales. Además, ya existen más de 300 proyectos de desarrollo de SAF en 40 países, con Estados Unidos concentrando aproximadamente el 35% de la capacidad proyectada. Ese dato ordena la escena global: la demanda no es especulativa ni marginal, sino parte de una transformación regulatoria e industrial en marcha.
En esa línea, el acuerdo firmado en agosto de 2025 entre YPF y Essential Energy para crear Santa Fe Bio, una biorrefinería destinada a producir HVO y SAF en Argentina, agrega una señal doméstica relevante. No implica por sí solo una consolidación del negocio, pero sí muestra que la discusión dejó de estar solo en el lote y empezó a bajar a la infraestructura industrial.
El valor político del nuevo agro no está solo en la producción, sino en la cadena
La novedad no es únicamente que estos cultivos crezcan, sino que obligan a pensar al agro como parte de una cadena más sofisticada, donde la trazabilidad, la certificación y la articulación con la industria energética pasan a ser condiciones de acceso. Ahí se juega una parte sustancial del poder económico del proceso.
El desafío local, según el informe, consiste en convertir los beneficios ambientales de estos cultivos en valor económico concreto para el productor. Esa frase resume una tensión central: sin esquemas de certificación y sin una conexión efectiva entre producción primaria, industria aceitera y biocombustibles, el atractivo agronómico puede quedar limitado.
Eso supone algo más que sembrar. Exige materiales genéticos mejor adaptados, acompañamiento técnico, continuidad de oferta e infraestructura industrial y logística. Dicho de otro modo, el crecimiento de carinata, camelina y colza depende menos del entusiasmo coyuntural y más de la capacidad de ordenar una cadena que todavía está en etapa de construcción.
Dónde crecen y qué muestran los números del nuevo mapa productivo
En términos territoriales, el informe identifica una distribución con focos definidos. Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la colza se concentra en Tucumán, Chaco y Santiago del Estero, con presencia adicional en Santa Fe y Córdoba. En la provincia de Buenos Aires conviven la colza y la camelina en zonas centro, norte y sudeste, mientras que en el sudoeste bonaerense la camelina gana relevancia.
Entre Ríos aparece como la provincia con mayor superficie implantada con oleaginosas invernales del país. De acuerdo con estimaciones de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, en la campaña 2025/26 alcanzó 31.200 hectáreas y una producción total de 48.620 toneladas.
Para la campaña 2024/25, la colza registró una superficie sembrada de 35.147 hectáreas y una producción de 58.379 toneladas. Sus rindes promedio rondan las 2 toneladas por hectárea, aunque con diferencias regionales marcadas: desde 1,6 t/ha en Córdoba hasta valores cercanos a 3,5 t/ha en el sudeste bonaerense.
En camelina y carinata todavía no hay estadísticas oficiales consolidadas, pero las estimaciones basadas en empresas y acopios ubican superficies superiores a las 35.000 hectáreas en cada cultivo para la campaña 2025/26. Los rindes actuales se ubican entre 0,6 y 1,2 t/ha en camelina y en torno a 1,4 t/ha en carinata.
Intensificación con renta: la promesa que seduce al productor
Uno de los conceptos más fuertes del informe es el de “cultivos de servicio con renta” o “puentes verdes”. La idea sintetiza bien la apuesta de estas oleaginosas: no solo mejoran el funcionamiento del sistema agrícola, sino que además ofrecen la posibilidad de capturar ingresos donde antes solo había barbecho.
Las ventajas productivas y ambientales aparecen bastante definidas. Investigaciones de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) destacan que sus raíces profundas y pivotantes favorecen la descompactación biológica, mejoran la aireación del suelo y aumentan la infiltración de agua. También generan biomasa, aportan al balance de carbono y, en el caso de la camelina, ofrecen un efecto alelopático que ayuda al control de malezas.
En zonas con malezas resistentes, donde los barbechos largos resultan costosos, esa contribución deja de ser solo ambiental y pasa a tener impacto económico directo. La diversificación de rotaciones, además, se alinea con los enfoques de manejo promovidos por la Red de Manejo de Plagas (REM) de Aapresid.
Mejoramiento genético, actores privados y un mercado que todavía se está armando
El desarrollo de estas cadenas también abre una lectura institucional. La expansión territorial de estos cultivos necesita acompañamiento genético, y ahí ya se observa una aceleración. Según el informe, de acuerdo con datos de INASE, más del 50% de los cultivares disponibles de estos tres cultivos se inscribió en los últimos dos años. En colza, además, más de un tercio de los registros de la última década corresponde a 2025.
El mapa de actores revela un predominio empresarial, aunque con participación pública y privada. En camelina, la mayoría de los registros desde 2016 fue solicitada por firmas extranjeras con representación local. En carinata, el 75% de los cultivares fue inscripto por una empresa nacional radicada en Santa Fe, con un programa de investigación en Venado Tuerto y ensayos a campo en todo el territorio agrícola. En colza, de 54 cultivares registrados, 46 corresponden a empresas extranjeras, 6 a una firma nacional y 2 fueron solicitados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Ese dato introduce otra dimensión de poder: el negocio no se ordenará solo por superficie sembrada, sino por quién domina genética, tecnología, certificación y acceso a mercados. La competencia por capturar valor en estas cadenas ya empezó, aunque todavía se exprese en una escala moderada.
Repercusiones: quién gana con este movimiento y qué queda en disputa
En términos de correlación sectorial, el avance de estas oleaginosas fortalece a los actores que puedan integrarse más rápido a cadenas de valor diferenciadas: productores con capacidad técnica, empresas semilleras, nodos industriales ligados a bioenergía y esquemas de investigación capaces de acelerar adopción y adaptación territorial.
También pone presión sobre la política sectorial. Si el crecimiento depende de certificaciones, infraestructura y continuidad de oferta, el margen para que el proceso quede librado sólo al mercado parece acotado. No porque se necesite una política declarativa, sino porque hay una cadena emergente que exige coordinación. La investigación de FAUBA, las inscripciones en INASE, la participación del INTA y la inversión privada muestran que ya existe una base, aunque fragmentada.
En términos económicos, la oportunidad es clara: Argentina cuenta, según el informe, con una ventaja comparativa real por la disponibilidad de superficie libre en invierno y por las buenas prácticas de labranza. Esa combinación podría darle al país un rol más relevante en la producción de materias primas sostenibles para biocombustibles. Pero el salto depende de que esa ventaja agronómica se convierta en una ventaja comercial e industrial.
Un cambio silencioso que puede volverse estructural
La expansión de carinata, camelina y colza todavía no reconfigura por sí sola el núcleo duro del agro argentino. Pero sí anticipa un cambio de lógica. El invierno deja de ser solo descanso; la sustentabilidad deja de ser solo discurso; la bioenergía deja de ser una promesa lejana. Todo eso empieza a converger en cultivos que, hasta hace poco, ocupaban un lugar lateral.
Lo que viene no parece ser un reemplazo del complejo oleaginoso tradicional, sino una ampliación del menú productivo y de negocios. Habrá que seguir de cerca la evolución de la comercialización, la formación de precios, la respuesta de la industria y la capacidad del sistema para sostener escala con trazabilidad. Porque el potencial ya está descripto. Lo que todavía está en disputa es quién logra capturar el valor de esa transformación y con qué velocidad logra convertirla en un negocio duradero.
El Poder Ejecutivo nacional dispuso una profunda reestructuración de organismos públicos mediante el Decreto 585/2025, publicado este lunes 18 de agosto en el Boletín Oficial. La norma modifica objetivos, suprime unidades y transforma entidades como el INTA, el INPI y la ex CNRT, en línea con la política de reducción del gasto y optimización estatal. Entre los cambios más relevantes, se disuelve la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y se reasignan sus funciones, mientras que el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar (INAFCI) quedan formalmente extinguidos. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, apunta a “adecuar la administración pública a las prioridades del actual gobierno”, según consta en los considerandos.
El Poder Ejecutivo publicó el Decreto 585/2025, mediante el cual formalizó la actualización de las competencias de la Secretaría de Industria y Comercio y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, ambas bajo la órbita del Ministerio de Economía. La medida, vigente desde el 18 de agosto de 2025 (Boletín Oficial Nº 58557/25), fija un marco de acción más preciso para el diseño de políticas productivas, comerciales y agropecuarias, y establece los alcances de cada área en coordinación con el resto de la administración nacional.
La norma se enmarca en el proceso de reorganización del Estado impulsado por el Gobierno nacional y busca otorgar mayor claridad en las atribuciones para “potenciar la competitividad, transparentar los mercados e impulsar las economías regionales”.
Un ajuste estructural en marcha
El decreto se enmarca en la ola de reformas impulsadas desde el Ministerio de Economía para reducir la cantidad de organismos públicos, tal como adelantó el Gobierno en su plan de desregulación. Los cambios responden a:
Disposiciones previas: Deroga normas como el Decreto 50/2019 (estructura ministerial de Mauricio Macri) y decisiones administrativas de la gestión anterior (ej. DA 832/2019, que regulaba la CNRT).
Medidas cautelares: Excepciona a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y al INTI por fallos judiciales que frenaron su disolución (Causa 28.376/2025 y 33.589/2025).
Base legal: Se fundamenta en la Ley de Ministerios 22.520 y en las facultades del artículo 99 de la Constitución.
Claves del ajuste:
Se eliminan 16 objetivos específicos de secretarías y subsecretarías, incluyendo metas vinculadas a parques industriales y economía regional.
Los recursos de organismos disueltos (como el INASE) se transfieren a las secretarías de Agricultura y Transporte.
Cambios sustanciales por sector
1. Transporte: nueva Agencia de Investigación de Accidentes Aéreos
La ex Junta de Seguridad en el Transporte se transforma en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, con una estructura simplificada (Anexos XIII a XVI).
Funciones clave: Investigación técnica independiente de siniestros, emisión de recomendaciones de seguridad y coordinación con la OACI.
Impacto: Centraliza competencias dispersas y reduce costos operativos.
2. Agricultura: fin del INASE y reconversión del INTA
El INASE se disuelve y sus direcciones de Registro de Variedades y Fiscalización pasan a la Secretaría de Agricultura.
El INTA pierde 50 unidades (Anexo 24), desde coordinaciones de ética hasta departamentos regionales, y se redefine como organismo desconcentrado.
Razón oficial: Evitar “superposición de funciones” y “optimizar recursos”.
3. Propiedad Industrial: el INPI pierde autonomía
El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) deja de ser organismo descentralizado y queda bajo la órbita de la Secretaría de Industria.
Se suprimen 19 unidades (Anexo 21), incluyendo áreas de compras y contabilidad.
Competencias de la Secretaría de Industria y Comercio
El decreto establece que esta secretaría tendrá un rol clave en la formulación y ejecución de la política industrial y comercial, incluyendo:
Aplicación de las leyes de Defensa del Consumidor (24.240), Tarjetas de Crédito (25.065), Lealtad Comercial (Decreto 274/19) y Sistema Único Normalizado de Talles (27.521).
Supervisión de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia hasta que entre en funciones la Autoridad Nacional de la Competencia (Ley 27.442).
Implementación de políticas de comercio exterior, administración de regímenes especiales como el VUCEA (Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino) y supervisión de la Comisión Nacional de Comercio Exterior.
Ejercicio como autoridad de aplicación de programas estratégicos: Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores (Ley 27.437), Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo (27.263) y Régimen de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz (27.686), entre otros.
Seguimiento de regímenes fiscales diferenciales, como el de Tierra del Fuego (Ley 19.640), y control de incentivos para bienes de capital, autopartismo e importaciones industriales.
En términos productivos, la secretaría deberá impulsar la competitividad industrial, promover la innovación tecnológica, coordinar con provincias y municipios y participar en negociaciones internacionales vinculadas al comercio y la industria.
Competencias de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
En paralelo, el decreto redefine las funciones de la Secretaría de Agricultura, con un enfoque en la sostenibilidad, la competitividad y la articulación federal. Entre los puntos destacados:
Diseño de políticas de producción, calidad, tecnología y sanidad agroalimentaria, en coordinación con provincias y economías regionales.
Supervisión de organismos clave: SENASA, INIDEP y Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
Ejecución de políticas vinculadas a la bioindustria, biotecnología y bioenergía, con impacto en las economías regionales.
Coordinación de estrategias para la exportación agroalimentaria, incluyendo la definición de valores FOB mínimos, certificaciones de origen y calidad, y representación en controversias internacionales.
Implementación de medidas de sostenibilidad ambiental en agroecosistemas, promoción del agregado de valor y diferenciación de productos.
Desarrollo de políticas de cobertura ante riesgos climáticos, en línea con la Ley 26.509 sobre emergencias agropecuarias.
La secretaría también tendrá a su cargo la creación de un sistema integral de información y estadísticas agropecuarias, con el fin de mejorar la toma de decisiones y la transparencia en el sector.
El decreto no solo reorganiza funciones administrativas: busca alinear la política productiva con el programa económico del Gobierno de Javier Milei, que combina apertura comercial con exigencias de competitividad interna. La delimitación de competencias entre ambas secretarías implica una mayor precisión en el control de mercados estratégicos —como el alimentario e industrial— y en la administración de regímenes de promoción que implican beneficios fiscales de gran magnitud.
El impacto se sentirá en sectores industriales con regímenes especiales (automotriz, autopartista, bienes de capital, Tierra del Fuego) y en cadenas agroexportadoras clave (soja, carne, pesca, yerba mate, foresto-industria), donde el Estado buscará un rol más coordinado en materia regulatoria y de promoción.
En lo político, el rediseño se inscribe en la estrategia de Milei de achicar y eficientizar el Estado, al tiempo que mantiene las herramientas de política industrial y agropecuaria necesarias para sostener la competitividad en el marco de una economía más abierta.
El desafío será doble:
Para la industria, sostener el esquema de incentivos y regímenes especiales en un contexto de apertura comercial y reducción de costos internos.
Para el agro, garantizar sanidad, trazabilidad y sostenibilidad ambiental sin perder competitividad internacional, especialmente ante exigencias crecientes en mercados europeos y asiáticos.
En septiembre, el Gobierno prevé presentar un plan de fortalecimiento productivo con foco en las economías regionales y en la integración de cadenas de valor industrial y agroexportadora.
El INASE otorgó títulos de propiedad para tres nuevas variedades de trigo desarrolladas por ACA
Avance en mejoramiento genético: inscriben nuevas variedades de trigo pan en el Registro Nacional de Cultivares
El Instituto Nacional de Semillas (INASE) autorizó la inscripción de tres nuevas creaciones fitogenéticas de trigo pan desarrolladas por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA Coop. Ltda.) en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares. La medida, oficializada mediante la Resolución 71/2025, reconoce a las variedades ACA 607, ACA 319 y 765, otorgándoles los respectivos títulos de propiedad intelectual en cumplimiento con la Ley N° 20.247 y la normativa internacional vigente.
Las tres variedades de trigo pan (Triticum aestivum L.) fueron desarrolladas por ACA, una de las entidades con mayor trayectoria en innovación agropecuaria en el país. El reconocimiento del INASE implica su inclusión formal en el sistema de protección de obtenciones vegetales, lo que garantiza exclusividad en su comercialización y uso por un período determinado, incentivando la inversión en mejoramiento genético nacional.
Según consta en la resolución publicada en el Boletín Oficial, la inscripción se realizó tras verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley de Semillas y su reglamentación, así como por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), aprobado en Argentina por la Ley N° 24.376.
El dictamen técnico estuvo a cargo de la Dirección de Registro de Variedades del INASE, que avaló la procedencia del pedido de inscripción. Además, la Comisión Nacional de Semillas, en su reunión del 13 de agosto de 2024, según Acta N° 516, prestó conformidad para avanzar con el otorgamiento de los títulos de propiedad.
La decisión también recibió aval jurídico por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos del organismo. La medida se enmarca en las facultades conferidas al presidente del Directorio del INASE, Claudio Dunan, quien rubricó la resolución.
Este tipo de decisiones contribuyen a fortalecer la soberanía tecnológica en el agro, promoviendo la incorporación de germoplasma adaptado a las condiciones productivas del país y a los desafíos actuales del cambio climático, la competitividad internacional y las exigencias en materia de sanidad vegetal.
La inscripción de nuevas variedades no solo protege legalmente el desarrollo nacional, sino que también impulsa la adopción de tecnologías más eficientes y sostenibles por parte de productores y cooperativas de todo el país.
