INCENDIOS FORESTALES

La Sociedad Argentina de Cardiología alerta sobre la polución ambiental en la Patagonia

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Durante décadas, los paisajes de los Andes Patagónicos -con sus lagos transparentes, cielos límpidos y densos bosques. representaron una imagen de pureza ambiental. Sin embargo, recientes mediciones realizadas por vecinos organizados en El Bolsón, junto a científicos y profesionales de la salud, revelan que esta percepción ya no se condice con la realidad. La polución del aire, impulsada por quemas agrícolas, incendios forestales y acumulación de residuos, ha alcanzado niveles peligrosos incluso en estas zonas alejadas de centros urbanos e industriales.

“Cuando el aire que respiramos deja de ser limpio, el corazón es uno de los primeros órganos en sufrir las consecuencias. Durante años, creímos que la contaminación atmosférica era un problema exclusivo de grandes ciudades, pero hoy sabemos que sus efectos se expanden, muchas veces de forma invisible, hasta regiones consideradas prístinas”, advirtió el doctor Sergio Baratta, presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología.

El disparador de esta preocupación es una investigación publicada en el boletín Reduxxion de enero de 2026, en la cual el doctor César Berenstein -cardiólogo y miembro del Consejo de Cardioecología y Hábitos Saludables de la Sociedad Argentina de Cardiología- describió la iniciativa comunitaria llevada adelante en El Bolsón. El proyecto consistió en la instalación de sensores de monitoreo de la calidad del aire, específicamente para medir el material particulado fino, uno de los contaminantes con mayor evidencia de impacto negativo sobre la salud cardiovascular.

El material particulado fino está compuesto por partículas en suspensión con un diámetro menor a 2,5 micrones, capaces de penetrar profundamente en los pulmones y alcanzar el torrente sanguíneo. Numerosos estudios han demostrado que la exposición sostenida a estos contaminantes incrementa el riesgo de desarrollar hipertensión arterial, arritmias, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y eventos agudos como el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular. Asimismo, se demostró que un incremento de 10 microgramos por metro cúbico en los niveles de material particulado fino aumenta un once por ciento el riesgo de muerte cardiovascular.

“La evidencia es contundente. La polución del aire se comporta como un factor de riesgo cardiovascular silencioso, que acelera procesos inflamatorios y de aterosclerosis, incluso en personas jóvenes o sin antecedentes”, explicó el doctor Berenstein. “Y lo más preocupante es que este daño puede ocurrir con niveles de exposición que previamente eran considerados moderados, según algunos estándares internacionales”.

El caso de El Bolsón expone cómo la percepción de un entorno sano puede desmentirse mediante datos objetivos. En septiembre de 2025, durante la temporada de quemas, los sensores instalados por el grupo Eco Comarca, un equipo de trabajo abocado al estudio de la contaminación ambiental, detectaron niveles de contaminación que llegaron a un Índice de Calidad del Aire de 200, una cifra calificada como muy insalubre por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Pero lo más alarmante ocurrió en enero de 2026, cuando incendios forestales en la región elevaron el Índice de Calidad del Aire a 350, un nivel considerado peligroso para la salud. En ese contexto, la comunidad inició una campaña de comunicación con recomendaciones preventivas para la población: reducir la actividad al aire libre, sellar las viviendas y, de ser necesario, utilizar mascarillas con estándar N95.

También hay que considerar que gran parte de la población se calefacciona y cocina con leña, lo que la expone a altos niveles de polución del aire dentro de sus hogares si los sistemas no son eficientes o no cuentan con una ventilación adecuada.

“Estas medidas de protección inmediata son fundamentales, pero no resuelven el problema estructural. Necesitamos políticas públicas que incluyan sistemas de monitoreo permanentes, regulación efectiva de las quemas, reforestación con especies nativas y educación ambiental, así como dar acceso a sistemas de calefacción y cocina menos contaminantes”, sostuvo el doctor Baratta. “Desde la Sociedad Argentina de Cardiología proponemos que cada provincia cuente con una red de vigilancia de la calidad del aire y protocolos de respuesta sanitaria ante eventos de contaminación extrema”.

En 2021, la Organización Mundial de la Salud actualizó sus guías de calidad del aire y estableció que no existen niveles seguros de exposición prolongada al material particulado fino. Incluso concentraciones por debajo de los límites anteriores pueden provocar daño cardiovascular, especialmente en poblaciones vulnerables: personas mayores, niños, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas.

Según reportes publicados en 2024, se estima que la polución del aire contribuye con 8,1 millones de muertes anuales en el mundo, constituyéndose en el segundo factor de riesgo de mortalidad a nivel global, solo por debajo de la hipertensión arterial. Más de la mitad de estas muertes son de causa cardiovascular. En niños menores de cinco años, la contaminación del aire también representa la segunda causa de mortalidad, después de la desnutrición.

“La buena noticia es que se trata de un factor modificable. Si tomamos decisiones basadas en evidencia, como ocurrió con el tabaco o las grasas trans, podemos reducir sustancialmente el impacto de la contaminación en la salud del corazón”, agregó el doctor Berenstein.

El caso de la Comarca Andina ilustra un fenómeno más amplio que afecta a diversas zonas rurales de la Argentina. En los últimos años, regiones tradicionalmente consideradas limpias están siendo impactadas por el cambio climático, la expansión de actividades extractivas y la presión demográfica. El aumento de incendios forestales —muchos de ellos agravados por la proliferación de especies exóticas como el pino— genera emisiones de partículas contaminantes que recorren cientos de kilómetros impulsadas por el viento, afectando a poblaciones que no tienen forma de prevenir ni medir esa exposición.

“Debemos dejar atrás la idea de que vivir en la montaña o el campo garantiza buena salud cardiovascular. Sin datos, no hay protección. Y sin monitoreo ambiental, no hay datos”, enfatizó el doctor Baratta. “La contaminación del aire ya no es un problema del futuro. Es una urgencia del presente. Como sociedad científica, nuestra responsabilidad es anticipar daños, generar conciencia y promover políticas que salven vidas. El aire que respiramos también forma parte de la salud cardiovascular”, concluyó.

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La Ingeniería Forestal advierte sobre una “regresión ambiental” ante los cambios propuestos a la Ley de Bosques

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La Federación Argentina de la Ingeniería Forestal (FAIF) fijó una postura institucional crítica frente a las modificaciones propuestas a la Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, al considerar que implican una regresión significativa en los niveles de protección ambiental, debilitan el control estatal y aumentan los riesgos productivos, sociales y territoriales, especialmente en materia de incendios forestales. El pronunciamiento fue difundido el 5 de febrero de 2026 y se inscribe en el debate nacional sobre el ordenamiento territorial, el uso del suelo y la sostenibilidad de los bosques nativos como activos estratégicos del desarrollo argentino.

Desde una mirada técnica y profesional, la FAIF sostuvo que los cambios en análisis comprometen la previsibilidad normativa, desalientan inversiones responsables y erosionan el rol de la Ingeniería Forestal como disciplina clave en la gestión sostenible del patrimonio forestal.

Cambios a la Ley 26.331: retroceso normativo y debilitamiento del control estatal

En su análisis, la FAIF remarcó que la Ley 26.331, sancionada en 2007, constituye una herramienta central de ordenamiento territorial de los bosques nativos, al establecer categorías de conservación que permiten compatibilizar producción, conservación y reducción de riesgos ambientales. Sin embargo, advirtió que las modificaciones propuestas desnaturalizan ese esquema.

Entre los puntos más críticos, la entidad enumeró:

  • La flexibilización o eliminación de la autorización previa para desmontes en áreas de Categoría I.
  • La habilitación del desmonte en áreas de Categoría II, en contradicción con los objetivos fundantes de la ley.
  • El debilitamiento de las Autoridades Locales de Aplicación y de los mecanismos de control y fiscalización.
  • La eliminación o vaciamiento del registro de infractores ambientales.

Según la FAIF, estas medidas reducen la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de la norma, generan incentivos directos al cambio definitivo de uso del suelo y afectan negativamente la planificación de largo plazo. “La flexibilización normativa no constituye una estrategia de desarrollo, sino un riesgo cierto para el patrimonio forestal, ambiental y social de la Argentina”, señaló el documento.

El posicionamiento se apoya en antecedentes técnicos y académicos, entre ellos los lineamientos del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y aportes de organismos internacionales como la FAO, que destacan el manejo forestal sostenible como eje del desarrollo regional.

Bosques nativos, economía regional e incendios forestales

La FAIF subrayó que los bosques nativos no son áreas improductivas, sino sistemas complejos que sostienen economías regionales, regulan el ciclo hídrico, conservan suelos, albergan biodiversidad y mitigan los efectos del cambio climático. Desde esta perspectiva, reducir los estándares de protección ambiental compromete tanto los servicios ecosistémicos como la disponibilidad futura de materia prima para la industria foresto-industrial.

Uno de los ejes centrales del comunicado es la relación entre ordenamiento territorial e incendios forestales. La entidad afirmó que la creciente severidad de los incendios en la Argentina no puede analizarse solo desde la emergencia, sino como consecuencia de deficiencias estructurales en la planificación del uso del suelo. La fragmentación del paisaje, el avance desordenado de la frontera agropecuaria y la pérdida de continuidad de los bosques incrementan la carga de combustibles y favorecen incendios de gran magnitud.

En este sentido, la FAIF advirtió que las modificaciones propuestas a la Ley 26.331 debilitan el rol preventivo del ordenamiento territorial, especialmente en regiones donde el fuego interactúa con sequías recurrentes, altas temperaturas y procesos de degradación acumulada. La desregulación, sostuvo, traslada los costos ambientales, sociales y económicos a las comunidades locales y al Estado.

Una política forestal de Estado como condición de sostenibilidad

En su posición institucional, la FAIF reclamó que cualquier revisión normativa se oriente inequívocamente a:

  • Fortalecer el Manejo Forestal Sostenible como eje del desarrollo forestal.
  • Reforzar los mecanismos de control, evaluación ambiental y fiscalización.
  • Garantizar la participación efectiva de las Autoridades Locales de Aplicación.
  • Jerarquizar el rol de los profesionales de la Ingeniería Forestal.
  • Consolidar una Política Forestal de Estado, federal, previsible y basada en la ciencia.

El documento retoma conceptos expuestos en la conferencia del Ing. Ftal. Jaime Ledesma, donde se afirmó que no existe desarrollo sostenible posible sin una política forestal de largo plazo, con sustento científico y previsibilidad normativa.

Como cierre, la FAIF reafirmó que los bosques nativos deben ser conservados y gestionados en pie, bajo criterios técnicos, científicos y sociales, y advirtió que ignorar esta base implica comprometer el futuro ambiental, productivo y social del país.

COMUNICADO_FAIF_LEY26331_V2 by CristianMilciades

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El Gobierno amplió la Emergencia Ígnea y declaró zona de desastre a Santa Cruz por los incendios forestales

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El Poder Ejecutivo Nacional declaró la Emergencia Ígnea en la provincia de Santa Cruz y la zona de desastre en los territorios afectados por incendios forestales, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 80/2026, dictado el 31 de enero de 2026 y con vigencia inmediata. La medida se fundamenta en la gravedad ambiental, económica y social de los incendios registrados —en particular en el Parque Nacional Los Glaciares— y en la superación de la capacidad de respuesta de los medios disponibles, lo que habilitó el uso del instrumento previsto en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional. El decreto se apoya en las Leyes 26.815 (Manejo del Fuego) y 27.287 (Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil) y replica los alcances establecidos días antes para otras provincias por el Decreto 73/2026.

Marco normativo y fundamentos: ambiente, riesgo y urgencia

El DNU 80/2026 encuadra la decisión en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho a un ambiente sano y el deber estatal de preservarlo. La Ley 26.815 fija los presupuestos mínimos de protección ambiental frente a incendios forestales y rurales y designa al Ministerio de Seguridad Nacional como autoridad nacional de aplicación, además de crear el Sistema Federal de Manejo del Fuego. Complementariamente, la Ley 27.287 organiza el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, con el objetivo de articular respuestas entre Nación, provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil.

En ese marco institucional, el Decreto 225/2025 creó la Agencia Federal de Emergencias (AFE) como organismo desconcentrado del Ministerio de Seguridad Nacional, con competencias para la preparación, prevención, respuesta inmediata y postcrisis ante desastres naturales, y como autoridad de aplicación en las materias de su competencia. El decreto ahora dictado ratifica ese rol operativo y de coordinación.

El texto oficial detalla que las condiciones hidrometeorológicas adversas en Santa Cruz —sequía, eventos de actividad eléctrica y temperaturas por encima de lo normal— configuran un escenario de emergencia, con daños ambientales significativos, afectación de bienes y riesgo para la vida de las personas. La gravedad del cuadro “hace imposible seguir el trámite legislativo habitual”, sostiene el considerando, lo que justifica la vía del DNU conforme a la Ley 26.122, que regula la intervención del H. Congreso de la Nación a través de la Comisión Bicameral Permanente.

Alcances de la declaración: emergencia ígnea y zona de desastre

El Artículo 1° del DNU declara la Emergencia Ígnea en Santa Cruz en los términos del artículo 2°, inciso e), de la Ley 27.287, con los alcances de los artículos 1° y 3° del Decreto 73/2026. A su vez, el Artículo 2° declara zona de desastre al territorio provincial afectado por los incendios, conforme al artículo 2°, inciso d), de la Ley 27.287, y con los alcances de los artículos 2° y 3° del Decreto 73/2026.

La norma dispone además dar cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso (Artículo 3°), establece la vigencia desde el día de su dictado (Artículo 4°) y ordena su publicación y registro (Artículo 5°). El decreto fue dictado en acuerdo general de ministros y suscripto por el Presidente de la Nación, Javier Milei, junto a los ministros y funcionarios consignados en el texto oficial.

Impacto económico, institucional y proyección

La extensión de la Emergencia Ígnea a Santa Cruz habilita una respuesta federal coordinada, centralizando la planificación y el despliegue de recursos a través de la AFE y los sistemas creados por las leyes vigentes. En términos institucionales, refuerza la arquitectura de gestión del riesgo y acelera los tiempos administrativos para la prevención, combate y recuperación. En el plano económico y social, la declaración de zona de desastre reconoce la magnitud de los daños y sienta las bases para acciones extraordinarias orientadas a mitigar pérdidas sobre el patrimonio natural protegido y las poblaciones cercanas, en un contexto de incendios de alta severidad.

La decisión se inscribe en una secuencia normativa reciente: el Decreto 73/2026 había declarado la Emergencia Ígnea por un año en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, tras los incendios en el Parque Nacional Los Alerces. La incorporación de Santa Cruz amplía el alcance territorial de la respuesta nacional frente a un escenario de incendios forestales persistentes y condiciones climáticas adversas, con implicancias directas para la protección ambiental, la seguridad de las personas y la gestión interjurisdiccional.

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Misiones refuerza la prevención de incendios forestales por riesgo extremo

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Ante un escenario climático adverso y la activación del nivel extremo en el Índice de Peligro de Incendios, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones convocó este viernes a la Mesa de Coordinación Preventiva de Incendios 2026, con el objetivo de anticiparse a un verano de alta complejidad operativa. La iniciativa busca fortalecer la articulación interinstitucional, mejorar la capacidad de respuesta y profundizar las acciones de prevención frente a un contexto de déficit hídrico, temperaturas elevadas y riesgo sostenido para la población, las infraestructuras críticas y el ambiente.

La convocatoria se produjo luego de que el pasado lunes 26 de enero la provincia alcanzara oficialmente el nivel extremo de peligrosidad, un indicador que, según los pronósticos, se mantendrá entre valores altos y extremos durante el resto del verano. El escenario plantea un desafío económico, ambiental e institucional, especialmente para un territorio con alta cobertura forestal, producción primaria intensiva y áreas naturales protegidas de alto valor estratégico.

Un verano con déficit hídrico y riesgo sostenido

Durante el encuentro se analizaron datos técnicos actualizados que confirman un panorama crítico. Para lo que resta de enero y febrero, los modelos climáticos anticipan déficit de precipitaciones y temperaturas elevadas, condiciones que favorecen la rápida propagación del fuego tanto en áreas rurales como forestales. Para el resto del verano, el índice de peligro se mantendría de manera sostenida entre niveles altos y extremos.

Los especialistas advirtieron además que la presencia de un evento “La Niña” débil, confirmado para febrero y marzo, funciona como un amplificador del riesgo. La atmósfera no logrará acumular la humedad suficiente para generar lluvias generalizadas, lo que incrementa la vulnerabilidad del monte nativo y del sector forestal frente al estrés hídrico. Incluso en caso de tormentas aisladas, el alivio sería transitorio: el índice podría descender momentáneamente a valores muy altos o altos, pero volvería a extremo en menos de 48 horas debido a la intensa radiación solar propia de la estación.

En ese marco, se identificaron zonas críticas en todo el territorio provincial. En el sur de Misiones, particularmente en áreas de pastizales de Posadas y Apóstoles, el riesgo es máximo por temperaturas que superan los 38 grados y una menor cobertura arbórea que dificulta la retención de humedad. En la zona centro, que incluye localidades como Oberá y Aristóbulo del Valle, el peligro se explica por la acumulación de material seco en áreas de producción forestal. En el norte, especialmente en Iguazú y San Pedro, el riesgo se mantiene entre alto y extremo, con monitoreo permanente ante la posibilidad de focos ígneos generados por tormentas secas y caída de rayos.

Coordinación institucional y refuerzo operativo

La Mesa de Coordinación fue encabezada por el ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Martín Recamán, junto al subsecretario de Ordenamiento Territorial, Lucas Russo, y el subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable, Facundo Ringa. Participaron además representantes de áreas estratégicas vinculadas al manejo del fuego, la protección civil y la seguridad, entre ellos autoridades provinciales, nacionales y municipales, fuerzas de seguridad, bomberos y organismos técnicos.

Durante la jornada se avanzó en la planificación de acciones conjuntas de prevención, monitoreo y respuesta, con énfasis en el fortalecimiento de patrullajes, la coordinación operativa entre jurisdicciones y la optimización de los sistemas de alerta temprana. También se abordó la necesidad de proteger infraestructuras críticas y minimizar el impacto económico y ambiental que los incendios generan sobre el sector forestal, las áreas productivas y los ecosistemas.

En este contexto, Recamán subrayó que la estrategia provincial se apoya tanto en la capacidad del Estado como en la conducta social. “La prevención es una tarea colectiva y requiere del involucramiento de todos”, enfatizó, al tiempo que remarcó la importancia de la concientización ciudadana para evitar prácticas de riesgo, especialmente en un escenario extremo como el actual.

Resultados previos y desafíos para febrero

Por su parte, el director de Alerta Temprana y Manejo del Fuego, Luis Chemes, advirtió que durante febrero se mantendrán condiciones de riesgo entre muy alto y extremo, lo que refuerza la necesidad de sostener estos espacios de articulación y planificación. No obstante, destacó el impacto de las políticas públicas de prevención implementadas en los últimos años: desde 2022, los incendios forestales y rurales en Misiones se redujeron en más del 50%, un dato que muestra la eficacia de la combinación entre controles, monitoreo y campañas de concientización.

“Misiones tiene un privilegio que la distingue del resto de las provincias: si en Misiones no se prende fuego, no habrá incendios forestales”, afirmó Chemes, al sintetizar el enfoque preventivo que guía la política provincial en la materia.

El escenario actual obliga a redoblar esfuerzos en un contexto donde el riesgo ambiental se cruza con impactos económicos directos sobre el sector forestal, el turismo y la infraestructura rural, además de los costos operativos que implica el combate del fuego. La activación temprana de la Mesa de Coordinación Preventiva apunta a reducir esos riesgos, anticipar escenarios y sostener una respuesta integrada entre el Estado y la comunidad.

El encuentro concluyó con un llamado a extremar los cuidados, evitar cualquier tipo de quema y denunciar de inmediato la presencia de focos de incendio. En un verano marcado por condiciones extremas, la prevención vuelve a posicionarse como la principal herramienta para proteger el ambiente, la producción y la seguridad de la población misionera.

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El Gobierno declaró la Emergencia Ígnea por un año en cuatro provincias y habilitó un despliegue federal extraordinario

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Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 73/2026, publicado este 30 de enero, el Poder Ejecutivo Nacional declaró la Emergencia Ígnea y zona de desastre en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa por el plazo de un año. La medida responde a la magnitud de los incendios forestales —con especial impacto en el Parque Nacional Los Alerces—, al colapso de la capacidad operativa de respuesta y a un escenario climático adverso marcado por sequía y vientos intensos, que amenaza el patrimonio natural, los bienes productivos y la vida de las poblaciones afectadas.

El decreto activa un esquema de intervención federal inmediata, centralizado en la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, que asume la coordinación integral de recursos, acciones de combate del fuego, asistencia a damnificados y restauración ambiental, en articulación con provincias y municipios.

Fundamentos constitucionales y marco normativo de la emergencia

El DNU se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho a un ambiente sano y obliga al Estado a preservar el patrimonio natural y la biodiversidad. En ese marco, el Ejecutivo invoca la Ley de Manejo del Fuego N° 26.815, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental frente a incendios forestales y rurales, y la Ley N° 27.287, que creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.

Según los considerandos, los incendios en curso generaron “consecuencias nocivas tanto para el patrimonio natural protegido como para las poblaciones cercanas”, en un contexto donde “la capacidad de respuesta de los medios empeñados en el combate del fuego ha sido superada”. Esta situación encuadra, de acuerdo con el texto oficial, en los supuestos de emergencia (artículo 2°, inciso e) y zona de desastre (artículo 2°, inciso d) previstos por la Ley 27.287.

El Gobierno justificó el uso del instrumento de necesidad y urgencia en la imposibilidad de seguir el trámite legislativo ordinario sin incurrir en demoras incompatibles con la urgencia operativa, conforme al artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional y a la Ley N° 26.122, que regula la intervención posterior del Congreso a través de la Comisión Bicameral Permanente.

El rol de la Agencia Federal de Emergencias y el alcance operativo

El Decreto 73/2026 refuerza el rol de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), creada por el Decreto N° 225/25 como organismo desconcentrado del Ministerio de Seguridad Nacional. Además de sus competencias originales, la AFE queda formalmente encomendada a coordinar:

  • Acciones de prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales en todos los ámbitos contemplados por la Ley 26.815, en el marco del Sistema Federal de Manejo del Fuego.
  • Acciones de atención, mitigación y asistencia frente a los daños provocados por los incendios sobre la vida, la integridad física, los bienes, el trabajo y los medios de vida de personas y familias afectadas.
  • Apoyo y asistencia a provincias y municipios, con el objetivo de garantizar recursos efectivos tanto para el combate del fuego como para la recuperación social y productiva posterior.
  • Aplicación integral de las medidas previstas en la Ley 27.287, articulando prevención, respuesta inmediata y etapa postcrisis.

Todas estas acciones deberán ejecutarse en coordinación con los gobiernos provinciales de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, y con los municipios involucrados, respetando los protocolos del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

Impacto de la medida

La declaración de Emergencia Ígnea por doce meses habilita al Estado nacional a concentrar decisiones, recursos y capacidades operativas en una estructura federal unificada, con efectos directos sobre la gestión ambiental, la protección civil y la respuesta ante desastres. Desde el punto de vista institucional, el decreto consolida a la AFE como autoridad nacional en emergencias, integrando la lógica de manejo del fuego con la gestión integral del riesgo.

En términos prácticos, el reconocimiento simultáneo de emergencia y zona de desastre establece el marco legal para acelerar la respuesta estatal frente a un fenómeno que combina daño ambiental severo, afectación del sistema productivo y riesgo para la población, en una de las regiones más sensibles desde el punto de vista ecológico del país.

El decreto fue firmado en acuerdo general de ministros, entra en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre su validez conforme al procedimiento previsto por la Ley 26.122.

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