El sector forestal defiende la reforma a la ley de Manejo del Fuego
La Red de Manejo del Fuego Rural presentó ante las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Honorable Senado de la Nación su posición técnica respecto a las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego (Ley N.º 26.815), incluidas en el Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (Exp. PE 13/26).
Desde la entidad -que coordina Claudia Peirano, directora de la Asociación Forestal Argentina y que integra la facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones- señalaron que la reforma no implica una flexibilización ambiental, sino que busca corregir distorsiones del régimen vigente que han generado efectos jurídicos y económicos adversos sin reducir los incendios.
“Evitar tratar como culpables a quienes sufren un incendio”
Según explicaron, la normativa actual (Ley N.º 27.604) introdujo restricciones automáticas sobre el uso del suelo tras incendios, sin distinguir su origen ni las circunstancias del siniestro. “Se configuró un esquema que, en la práctica, presume culpabilidad y aplica consecuencias sobre propietarios que también son víctimas del incendio”, indicaron desde la Red.
En ese sentido, advirtieron que este enfoque:
- no ha demostrado eficacia en la reducción de la siniestralidad,
- genera incentivos que desalientan la denuncia de incendios,
- y produce efectos económicos desproporcionados sobre las tierras afectadas.
Protección ambiental: qué se mantiene
La entidad remarcó que la reforma mantiene intacta la protección de los bosques nativos, conforme al ordenamiento territorial establecido por la Ley N.º 26.331. Las modificaciones se concentran en eliminar restricciones generalizadas que hoy se aplican también sobre tierras productivas, sin diferenciación ni sustento técnico.
Uno de los ejes del planteo es la ausencia de evidencia científica que respalde los plazos de restricción de uso del suelo (hasta 30 y 60 años). Desde la Red señalaron que:
- los tiempos de recuperación varían según el ecosistema,
- en muchos casos son significativamente menores,
- y pueden incluir cambios en el uso del suelo como parte del proceso de restauración.
La entidad también advirtió que el régimen vigente genera pérdida de valor de los activos, incertidumbre para la inversión y restricciones que afectan el uso productivo del suelo de manera desproporcionada.
Desde la Red señalaron que la discusión responsable de la problemática de los incendios rurales requiere un abordaje más amplio, que incluya prevención, detección temprana, ataque rápido, control, identificación de causas y responsabilidades y restauración. “Este debate excede el alcance del proyecto presentado y requiere una discusión específica sobre políticas de gestión integral del fuego”, indicaron.
Finalmente, destacaron que la reforma en tratamiento representa una oportunidad para alinear la normativa con principios básicos del derecho y evitar efectos contraproducentes. “La protección ambiental y el respeto al debido proceso no son objetivos en conflicto. Corregir una regulación que genera distorsiones es un paso necesario para construir políticas públicas más eficaces”, concluyeron.
El planteo oficial busca retrotraer el esquema a una versión anterior, bajo el argumento de que permitiría equilibrar la protección ambiental con la continuidad de la actividad privada. “Si un productor sufre un incendio, no puede disponer de su propiedad, lo que agrava aún más la pérdida económica”, sostuvo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuando anunció las reformas.
El debate se da en un contexto marcado por incendios recurrentes en distintas regiones del país, particularmente en el sur argentino. Según estimaciones de organizaciones ambientalistas, miles de hectáreas fueron afectadas en los últimos meses, lo que reaviva la discusión sobre los mecanismos de prevención, control y regulación del uso del suelo tras los siniestros.
En paralelo, el paquete incluye cambios en la Ley de Tierras Rurales, que actualmente limita la compra de campos por parte de extranjeros. La normativa vigente establece un tope del 15% del territorio nacional en manos foráneas, junto con restricciones por nacionalidad, superficie y ubicación en zonas estratégicas.
La intención oficial es flexibilizar esos límites para facilitar el ingreso de capitales internacionales en sectores considerados clave.
Desde el Ejecutivo sostienen que actividades como la producción agropecuaria, la minería y la energía requieren inversiones de gran escala, lo que implica acceso a extensiones significativas de tierra.
