La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó un cambio estructural en la administración laboral: desde ahora, el certificado de trabajo previsto en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo podrá emitirse y entregarse de forma digital a través de la plataforma oficial del organismo. La medida moderniza un trámite históricamente burocrático y apunta a reducir costos operativos, tiempos administrativos y litigios laborales vinculados a documentación de desvinculación.
La Resolución General 5848/2026 elimina el viejo esquema basado en formularios físicos obligatorios y habilita que los trabajadores accedan online a sus certificados laborales mediante el servicio “Trabajo en Blanco”. Para provincias como Misiones, donde predominan pymes comerciales, forestales, yerbateras y turísticas con estructuras administrativas reducidas, el impacto puede ser más profundo que en grandes centros urbanos.
Qué cambia concretamente
Hasta ahora, muchas empresas debían emitir manualmente documentación laboral al finalizar una relación laboral, con procesos que combinaban carga de datos, impresión, firma y entrega física. El nuevo esquema digitaliza el circuito completo.
Las principales modificaciones
El certificado laboral podrá emitirse en formato digital o físico.
La generación será obligatoria a través de “Simplificación Registral”.
El trabajador accederá al documento mediante el portal “Trabajo en Blanco”.
El certificado digital no requerirá firma manuscrita ni firma digital adicional.
Se elimina el régimen anterior regulado por la Resolución General 2.316.
Se incorpora validación mediante sistemas electrónicos y trazabilidad online.
ARCA también amplió las funciones del sistema “Trabajo en Blanco”, permitiendo que los trabajadores consulten: altas y bajas laborales registradas. Remuneraciones declaradas. Aportes previsionales. Certificados digitales de ingresos laborales. Observaciones o irregularidades detectadas.
Menos papel, más trazabilidad laboral
La resolución también fortalece el control estatal sobre relaciones laborales registradas.
El nuevo sistema cruza automáticamente: altas y bajas laborales. Declaraciones juradas. Liquidaciones salariales. Aportes y contribuciones previsionales. Eso reduce margen para inconsistencias documentales y aumenta la capacidad de fiscalización digital.
Desde la óptica empresaria, el cambio tiene dos lecturas: Beneficios menor burocracia. Simplificación operativa. Reducción de tiempos administrativos. Menos costos de archivo y certificación. Mayor previsibilidad documental. Riesgos mayor exposición de inconsistencias registrales. Incremento de controles automatizados. Necesidad de mantener información laboral actualizada en tiempo real.
La medida se inscribe dentro de la lógica de modernización laboral impulsada tras la Ley 27.802, que busca digitalizar procesos y reducir litigiosidad.
En economías regionales, donde muchas empresas todavía operan con estructuras administrativas tradicionales, el desafío será adaptarse rápidamente a sistemas digitales obligatorios.
El dato relevante es que el trabajador podrá acceder directamente a información laboral sensible sin intermediación del empleador. Eso fortalece transparencia, pero también aumenta la exposición frente a errores registrales históricos.
El dato político detrás de la resolución
ARCA avanza hacia un modelo donde la fiscalización laboral deja de depender del papel y pasa a basarse en interoperabilidad digital de datos.
La transformación no apunta solamente a simplificar trámites: también busca construir un sistema de control más automatizado, con menor margen de informalidad y mayor capacidad de auditoría remota.
Para el sector privado, el mensaje es claro: la formalización documental ya no será opcional ni podrá sostenerse sobre estructuras administrativas precarias.
El éxito de la medida dependerá menos de la norma y más de la capacidad operativa del sistema digital. En provincias periféricas como Misiones, donde todavía existen brechas tecnológicas y problemas de conectividad en algunas zonas productivas, la implementación práctica será determinante.
También habrá que observar si la digitalización efectivamente reduce litigios laborales o si, por el contrario, multiplica conflictos derivados de inconsistencias detectadas automáticamente por el sistema.
Para las empresas misioneras, el escenario abre una oportunidad de profesionalización administrativa, pero también exige adaptación rápida a una lógica laboral completamente digitalizada.
La Unión Europea introdujo cambios operativos en el reglamento contra la deforestación, pero mantuvo intacto el núcleo de exigencias para soja, carne y madera. Argentina sigue clasificada como país de “riesgo estándar” y el costo de trazabilidad continúa siendo uno de los principales desafíos para el sector exportador.
Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, la Comisión avanzó con una nueva etapa de ajustes sobre el Reglamento de Productos Libres de Deforestación (EUDR), una normativa que busca bloquear el ingreso al mercado europeo de materias primas y derivados vinculados a desmontes y degradación forestal.
Aunque Bruselas presentó modificaciones destinadas a simplificar procedimientos administrativos para operadores europeos, las exigencias estructurales sobre trazabilidad y debida diligencia continúan prácticamente intactas para los países exportadores. En el caso argentino, el impacto sigue concentrado sobre cadenas estratégicas como soja, carne bovina y madera, sectores con fuerte peso económico en el NEA y particularmente en Misiones.
La Comisión Europea aclaró que los cambios impulsados entre 2024, 2025 y la nueva revisión de abril de 2026 buscan aliviar la carga operativa de empresas europeas pequeñas y medianas, además de los actores “aguas abajo” dentro de la cadena comercial del bloque. Sin embargo, el esquema mantiene elevada la responsabilidad sobre quien introduce el producto en el mercado europeo.
La UE flexibiliza procesos internos, pero no modifica el corazón del sistema
Documentos, enmiendas legislativas y cambios en sistemas y criterios alivian la carga operativa y administrativa del downstream europeo, pero refuerza la carga de responsabilidad sobre el operador (importador) que ingresa productos al mercado de la UE.
En diciembre de 2025, el Parlamento y el Consejo Europeo adoptaron una enmienda en la regulación EUDR 2023/1115, la que busca combatir la deforestación y la degradación forestal en la cadena de suministro de materias primas y productos derivados que se colocan en el mercado europeo. A la vez, le pidieron a la Comisión Europea que hiciera una revisión simplificada y la presentara, junto con una propuesta legislativa, para su consideración a fines de abril de 2026. Así se dieron a conocer propuestas y aclaraciones, que, de todas formas, no cambian significativamente el rumbo que la EUDR empezó a trazar desde su sanción.
La Comisión Europea concluyó que las medidas introducidas en 2024 y 2025 y las de esta versión de abril de 2026 son más que suficientes para alivianar significativamente la carga administrativa y simplificar los trámites que las empresas deben cumplir en el marco de la EUDR. Si se leen detenidamente, se advierte que, por sobre todas las cosas, el conjunto de medidas apunta a los países de bajo riesgo (Argentina está calificada de riesgo estándar), a los operadores pequeños y medianos (de la UE) y a los actores aguas abajo en la cadena de abastecimiento (los que se encuentran en el mercado europeo, una vez introducido el producto relevante en el bloque).
En los documentos recientemente publicados hay tres grupos de ajustes: 1) cambios normativos; 2) aclaraciones, remociones y agregados en los documentos Guía (Guidance, en su denominación en inglés) y Preguntas Frecuentes (FAQ o Frequently Asked Questions, en inglés); y 3) medidas tomadas en relación con el Sistema de Información y otras herramientas digitales.
En el primer grupo de cambios normativos, ¿cómo se verían afectados los productos argentinos?
Dentro del primer grupo, el de las modificaciones regulatorias, cabe repasar lo ocurrido desde la aprobación de la EUDR 2023/1115. Previo a los últimos conocidos en la primera semana de mayo, ocurrieron otros tres cambios importantes:
1) se dilató en dos oportunidades la fecha de aplicación de las responsabilidades de todos los involucrados en lo que concierne a la EUDR, estableciendo distintos momentos de inicio según categoría de operador;
2) se amplió la categorización de actores involucrados, los que asumen diferentes tipos de responsabilidades; y
3) se pasó de un sistema de Declaración de Diligencia Debida (DDD) para todos los operadores y comerciantes a uno en donde la declaración únicamente la debe hacer quien primero introduce el producto relevante. Esto significa que se reduce significativamente la carga de responsabilidad en el resto de los operadores y comerciantes dentro del mercado de la Unión Europea, lo que varía el nivel de información o recopilación de datos que debe hacerse según la categoría en la que se encuentren.
Cabe aclarar que, dentro de las novedades legislativas importantes, la categorización de riesgo de deforestación por país fue un punto crítico. Si bien no es una enmienda normativa, sí es una notificación que cumplió pasos legales e impactó en los países productores y proveedores de materias primas relevantes y de productos relevantes.
En este mayo de 2026 se presentó una propuesta de Reglamento Delegado, con el que se busca modificar el Anexo I del EUDR. Dicho anexo contiene temas conceptuales y el listado de materias primas y productos relevantes para la regulación. En la enmienda se propone la remoción y exención de algunos productos relevantes y la inclusión de otros, pero no se cambian las materias primas relevantes -las mismas 7 originales; esto es, ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera-.
Para nuestro país lo más importante está en el complejo del ganado bovino, ya que se eliminaron cuero y pieles en bruto, cuero y pieles curtidas y preparados después del curtido y cueros y pieles apergaminados derivados del ganado bovino. ¿Cuál fue la fundamentación para el cambio? La alta diferenciación de la cadena de valor del cuero respecto de la de la carne. Es que resulta raro que las curtiembres generen los suficientes incentivos económicos como para influir en la industria de la carne roja, que es la principal demanda en la cría, invernada y faena de los bovinos. Se considera que los operadores en la UE tienen una muy limitada influencia para exigir a sus proveedores la información de debida diligencia. Por otra parte, en pos de la coherencia, a la inclusión de lenguas de bovino frescas le agregaron las de congeladas. No hubo nada relevante o cambio alguno que implique al complejo soja.
Segundo grupo, el de las aclaraciones e interpretaciones
Con el objetivo de simplificar la carga administrativa, se introdujeron cambios y se hicieron precisiones dentro de los dos documentos mencionados más arriba, la Guía y el de Preguntas Frecuentes. Se mencionan algunas de esas alteraciones, sólo para que se tenga una idea de hasta qué punto se pone el foco en la menor carga administrativa [para los operadores, los industriales y los comerciantes europeos].
Además de que el obligado a efectuar la Declaración de Debida Diligencia (DDD) o Declaración Simplificada (DS) es el primero que introduce el producto relevante al mercado europeo, se refuerza el rol de los Operadores Intermedios o de aguas abajo como simples recolectores de los números de referencia de las DDD o DS. (Se recuerda que el Operador Intermedio es quien coloca en el mercado un producto pertinente, fabricado a partir de otro producto o materia prima pertinente que ya están cubiertos por la DDD o DS.) De hecho, ni siquiera tienen que requerir esa información a su proveedor, quien tiene la obligación de proporcionársela. En definitiva, se robustece el objetivo de simplificar la carga administrativa y operativa de todos los intervinientes aguas abajo en la cadena de transformación y comercialización de productos relevantes.
Con la introducción de nuevas clasificaciones entre los participantes (Operador, Operador Intermedio, Micro y Pequeño Operador Primario, Comerciante –Trader-, Empresa y Consumidor final), la debida diligencia también toma distintas formas, pero todo enfatizando el objetivo mencionado en el párrafo anterior.
Se proporcionaron guías respecto de cuáles son los umbrales de tamaño para que un operador entre en la categoría de Micro y Pequeños Operadores Primarios, el cual sólo puede encontrarse en un país de bajo riesgo (país miembro de la UE y otros, como EE. UU.; ver mapa). Con una aplicación de la normativa desde el 30 de junio de 2027, los MyPOP pueden utilizar una dirección postal en lugar de la geolocalización, si la dirección se corresponde con las parcelas productivas, y presentar una declaración simplificada por única vez, sin necesidad de realizar la evaluación ni la mitigación de riesgo.
El tercer grupo, el de herramientas operativas
Dentro de este grupo se incluyen respuestas a varias demandas hechas por los usuarios, demandas que se empezaron a plasmar en el Sistema de Información. En este sistema se permitirá la presentación de declaraciones simplificadas, únicas para micro y pequeños productores primarios, se habilitaron perfiles específicos para micro y pequeños operadores primarios downstream y se incluyeron herramientas para la agrupación voluntaria de números de referencia en DDD o DS. También se introdujeron mejoras en la interfaz de programación de APIs, lo que permitiría que las empresas que manejan grandes volúmenes puedan subir en un solo bloque las declaraciones debidas desde sus propios sistemas.
La segunda parte de este tercer grupo es la decisión de la Comisión de establecer dos repositorios centrales, que estarían disponibles para diciembre de 2026. Uno muy importante es el de las legislaciones relevantes de los países productores. Esto facilitará a los operadores –y a las autoridades de control de cada país miembro de la UE- estar chequeando los marcos legales extranjeros desde cero, permitiéndoles cumplir con el criterio de legalidad. El otro repositorio anunciado no menos importante es el de los esquemas de certificación. Es decir, la Comisión Europea ha manifestado en varias oportunidades que no hará reconocimiento de esquemas de certificación o verificación desarrollados por terceros aplicables para las materias primas relevantes, pero la sola introducción de cualquiera de estos sistemas en ese repositario implica que, mínimamente, habrá pasado algún filtro.
En este sentido, cabe destacar el hecho de que el Reporte que preparó la Comisión para el Parlamento y el Consejo Europeos describe a VISEC como una plataforma digital innovadora de Argentina que permite la trazabilidad de las exportaciones de soja. Se menciona junto con otros sistemas y herramientas digitales nacionales que están siendo desarrollados o mejorados por diversos países para prepararse para el cumplimiento del Reglamento EUDR.
Ahora bien, ¿el conjunto de estos ajustes afecta a la cadena de valor del complejo soja argentino?
Para el sector agroindustrial enfocado en el complejo de la soja (grano, harina, aceite, etc.), el conjunto de estos ajustes no introduce flexibilidades operativas importantes, ya que estaban dentro de lo que se conocía hasta el momento. Sólo para resumirlas, se pueden mencionar:
a) La flexibilidad de la “declaración en exceso” La regulación se basa en una trazabilidad estricta, pero reconoce la posibilidad de efectuar una “declaración en exceso” (declarar coordenadas de un número de parcelas mayor al que realmente produjo la soja comercializada) en casos específicos donde se produzca la rotación de cultivos. Esto facilita el trámite para las explotaciones donde la soja se cultiva en diferentes partes de la tierra cultivable total cada año.
b) Manejo de silos y almacenamiento a granel La soja es un producto que se comercializa mayoritariamente a granel, pero se reitera que está prohibido el “balance de masa”; esto es, que mezclen soja libre de deforestación con soja de origen desconocido o no conforme. Cuando se mezcla soja conforme de múltiples orígenes en un mismo depósito: 1) el operador debe declarar el lugar de producción de “todos los bienes que ingresaron al silo desde la última vez que estuvo vacío”; 2) si los silos no se vacían regularmente, se puede usar un sistema de “primero en entrar, primero en salir” (FIFO) u otro equivalente que asegure que no se mezclen materias primas de origen desconocido.
c) Delimitación de las parcelas de producción Si la soja se cultiva en una parcela que forma parte de una propiedad inmobiliaria más grande, el operador tiene la flexibilidad de “declarar únicamente el área específica cultivada con soja”, o bien declarar la propiedad entera siempre que toda ella goce de condiciones homogéneas de riesgo.
d) Reglas sobre la soja usada como alimento para ganado La harina y el pellet de soja son insumos clave para la alimentación animal. Por lo tanto, si un ganadero alimenta a sus animales con harina de soja, debe asegurarse de que ésta sea libre de deforestación. No obstante, “el ganadero no necesita proporcionar la geolocalización de esa soja”; le bastará con guardar las facturas o los números de referencia de la declaración de diligencia debida (DDS) de su proveedor de soja (el caso de un ganadero europeo). En el caso que un productor europeo importe harina de soja para alimentar aves de corral (como el caso de los pollos, que no están en el alcance del EUDR), se convierte en “operador” al importar la soja y debe presentar una DDS en la Aduana. Si usa su propia soja cultivada internamente para alimentar a sus pollos, queda fuera de la regulación porque no comercializa la soja.
e) Reconocimiento a plataformas de trazabilidad El informe de la Comisión destaca positivamente el surgimiento de sistemas digitales innovadores en los países productores que facilitan el cumplimiento para el sector. Si bien no es un reconocimiento formal respecto de cuál sistema convalida y cuál no, la mención y potencial inclusión en un repositario es un paso adelante.
f) Régimen simplificado para pequeños productores de soja Al igual que en otras cadenas, los agricultores de soja que califiquen como “micro o pequeños operadores primarios” (MSPOs) y estén en países de bajo riesgo, “ya no tendrán que presentar una declaración por cada envío”. Solo deberán realizar una “declaración simplificada” única e incluso podrán usar datos catastrales o direcciones postales en lugar de polígonos de geolocalización complejos.
Conclusión
Si bien el reporte de la Comisión celebró la reducción de costos que implicaría la simplificación del sistema debido a las menores obligaciones de distintos agentes aguas abajo (downstream) en el mercado europeo, no se ha evaluado el costo de la segregación y la trazabilidad de los productos en el upstream pasando las fronteras del bloque de la UE hasta las explotaciones del país productor.
Puede decirse, entonces, que para la cadena de valor exportadora del complejo soja de Argentina no ha cambiado mucho las cosas en lo que respecta al cumplimiento de la EUDR. En la vereda opuesta, sí resultaría significativo, en el caso de aprobarse la propuesta, la exclusión de los cueros vacunos, pero el impacto sólo se sentiría en la industria curtidora, ya que el sector ganadero en su conjunto sigue bajo la lupa de la EUDR.
Por lo tanto, resta, por un lado, seguir la recepción de los ajustes sugeridos por la Comisión ante el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, por si hubiera algún cambio en ese frente. Aquí se está hablando de un plazo que podría prolongarse, como mucho, hasta agosto.
Por el otro, es importante apoyar, con todos los fundamentos y elementos posibles, las gestiones de nuestros propios funcionarios gubernamentales ante las autoridades europeas en dos temas claves. Uno de ellos es enfatizar la complejidad de la segregación en una materia prima a granel, como es la soja, ya que la regulación lleva a apartar a una parte importante de la producción oleaginosa de la comercialización de commodities para ubicarla en el proceso logístico del negocio de una specialty. En este punto, el costo no es un ítem despreciable. El otro tema no menor es insistir en la calificación de Argentina como país de riesgo bajo, para el que existen suficientes argumentos.
El Ministerio de Economía aprobó el ingreso al RIGI del proyecto de ampliación del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno —ex Néstor Kirchner— impulsado por Transportadora de Gas del Sur (TGS), con una inversión comprometida de USD 550 millones y el objetivo de incrementar en 14 millones de metros cúbicos diarios la capacidad de transporte de gas desde Vaca Muerta.
La decisión no sólo consolida al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones como herramienta de atracción de capitales para infraestructura energética. También marca un cambio estructural en la lógica económica argentina: el Gobierno empieza a priorizar obras destinadas a aumentar exportaciones y disponibilidad energética antes que proyectos de infraestructura tradicional financiados por el Tesoro.
Para Misiones y el NEA, el impacto no será directo en términos de producción gasífera, pero sí puede alterar variables clave para la competitividad industrial, logística y energética regional. El proyecto aprobado permitirá ampliar la capacidad de evacuación del gas de Vaca Muerta desde Neuquén hacia Buenos Aires mediante nuevas plantas compresoras sobre el Tramo I del gasoducto.
La apuesta oficial es clara: aumentar transporte de gas para reducir costos energéticos internos, sustituir importaciones y ampliar saldos exportables.
El RIGI entra en fase real
La aprobación del proyecto de TGS representa uno de los primeros casos de infraestructura energética de gran escala que obtiene formalmente los beneficios del RIGI.
La iniciativa contempla:
USD 550 millones de inversión total
USD 513 millones computables bajo régimen RIGI
Plazo de obra estimado: 18 meses
Inicio operativo previsto: abril de 2027
Participación mínima de proveedores locales: 20%
El esquema otorga beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros, incluyendo facilidades para importar equipamiento y estabilidad normativa de largo plazo.
El punto central para el mercado es político: el Gobierno busca mostrar que el RIGI puede transformarse en una plataforma concreta para destrabar inversiones que durante años quedaron condicionadas por volatilidad macroeconómica, restricciones cambiarias y litigios regulatorios.
El dato financiero que sigue el mercado
El Banco Central avaló el proyecto al concluir que la demanda de divisas asociada a la inversión “no afecta la sostenibilidad del sector externo ni las reservas”.
Ese punto es central porque revela el nuevo criterio oficial para aprobar grandes proyectos: inversiones privadas, financiamiento externo, capacidad exportadora, y bajo impacto fiscal directo.
A diferencia de los viejos modelos de obra pública, el esquema RIGI traslada gran parte del riesgo financiero al sector privado mientras el Estado ofrece estabilidad jurídica y beneficios regulatorios.
El mensaje hacia inversores internacionales es evidente: Argentina intenta reconstruir credibilidad ofreciendo reglas de largo plazo para sectores estratégicos.
Un cambio profundo en la infraestructura argentina
La obra también tiene una lectura geopolítica interna.
Durante años, la restricción energética funcionó como límite estructural para el crecimiento industrial argentino. La falta de capacidad de transporte obligaba a importar combustibles caros incluso teniendo reservas abundantes en Vaca Muerta.
Con esta ampliación, el Gobierno apunta a resolver parte de ese cuello de botella.
La discusión ya no pasa sólo por producir gas, sino por transportar más volumen hacia centros industriales y mercados externos.
Para provincias alejadas de los grandes polos industriales, el desafío será evitar quedar afuera del nuevo mapa de inversiones.
Misiones tiene oportunidades potenciales en: biomasa, industria forestal, logística regional, y exportaciones con valor agregado. Pero necesitará infraestructura, competitividad tributaria y costos energéticos sostenibles para aprovechar un eventual ciclo de expansión energética nacional.
El RIGI puede acelerar inversiones concentradas en sectores extractivos y transporte. La incógnita es si esa dinámica logrará derramar competitividad hacia economías regionales periféricas o si consolidará aún más las diferencias entre el centro energético y las provincias de frontera.
El arranque de 2026 confirma una tendencia que ya venía consolidándose: las economías regionales atraviesan un escenario de creciente fragilidad, con más actividades en terreno negativo y un deterioro sostenido en los ingresos de los productores. En ese mapa, Misiones aparece especialmente expuesta. La yerba mate permanece en rojo y, como dato nuevo, la mandioca se suma al grupo de actividades en crisis, mientras que el sector forestal continúa en zona amarilla, sin lograr consolidar una recuperación.
El problema de fondo es común a la mayoría de las actividades en retroceso: los precios que reciben los productores crecen por debajo de la inflación, mientras los costos operativos -insumos, logística, mano de obra- siguen en alza. El resultado es un deterioro persistente de la rentabilidad que, en muchos casos, empieza a impactar en las decisiones productivas y en la continuidad de la actividad.
En Misiones, la situación se vuelve particularmente delicada. La yerba mate, principal cultivo de la provincia, continúa mostrando señales de desgaste estructural desde el eslabón productivo, mientras que los escalones más altos atraviesan una bonanza, particularmente el sector exportador. El precio de la hoja verde de yerba mate se ubica en torno a los $220.000 por tonelada, pero en términos reales implica una caída cercana al 27%, en un contexto donde los costos no dejan de subir. A esto se suma una producción que cayó 8% en el último año, reflejando un menor dinamismo de toda la cadena.
Amarillo: Forestal, tabaco, cítricos, aves, porcinos, peras y manzanas
Verde: Bovinos, ovinos, granos, miel
Pero el dato que enciende nuevas alarmas es el deterioro de la mandioca. Aunque el precio mostró mejoras nominales, en términos reales acumula una caída del 41% desde fines de 2023. Este desfase golpea directamente al productor, desincentiva la comercialización y comienza a generar efectos en cadena: menor área sembrada y problemas de abastecimiento en la industria, con plantas de fécula que incluso debieron interrumpir su actividad por falta de materia prima.
El sector forestal, otro de los pilares de la economía misionera, tampoco logra despegar. Se mantiene en zona amarilla, con señales mixtas: los precios crecieron apenas 18% interanual, claramente por debajo de la inflación, mientras que las exportaciones cayeron 19%. En paralelo, las importaciones aumentaron, configurando un escenario de pérdida de competitividad en un sector clave para la generación de empleo y divisas.
A nivel general, el semáforo de las economías regionales muestra un avance de las actividades en rojo. Allí se ubican, además de la yerba y la mandioca, el arroz, la papa, el vino y mosto, las hortalizas, el algodón, el maní y la leche. En todos estos casos, el patrón se repite: ingresos rezagados frente a la inflación, costos elevados y dificultades para sostener márgenes positivos.
En zona amarilla aparecen sectores como el forestal, el tabaco, los cítricos dulces, las carnes aviar y porcina y algunas economías frutícolas. Son actividades que muestran cierta estabilidad, pero con recuperación lenta y sin lograr consolidar mejoras estructurales.
Participación del productor en el precio final
Yerba mate: 13% (vs 23% histórico)
Vino: 14% (vs 24%)
Papa: 25% (vs 34%)
Leche: 25% (vs 29%)
Arroz: 16% (vs 20%)
En contraste, el semáforo en verde se reduce a pocos casos: bovinos, ovinos, granos y miel, donde los precios lograron superar la inflación y los mercados acompañaron.
Sin embargo, incluso en este contexto, el desempeño exportador muestra una fuerte concentración. En el primer bimestre del año, las economías regionales exportaron 9.322 millones de dólares, pero el 78% de ese total estuvo explicado por el complejo granario. Muy por detrás quedaron el sector bovino, la lechería y el maní.
Esta estructura limita el peso relativo de producciones como las del NEA y, en particular, las de Misiones, que dependen de cadenas con menor escala exportadora.
Uno de los indicadores más reveladores del deterioro es la pérdida de participación del productor en el precio final. En la yerba mate, por ejemplo, el productor capta hoy apenas el 13% del valor en góndola, cuando históricamente esa participación rondaba el 23%. La caída es significativa y refleja un problema estructural en la cadena: mayor concentración en los eslabones intermedios, aumento de costos y pérdida de poder de negociación en el origen.
Este fenómeno se repite en otras economías regionales, como el vino, la papa o las hortalizas, donde la distancia entre el precio de origen y el precio final se amplía, dejando al productor en una situación cada vez más vulnerable.
En medio del debate por la reconversión productiva en Misiones, el empresario forestal Rafael Scherer, socio gerente de Pindó, puso el foco en un problema de fondo: la competitividad. Durante una jornada donde se discutieron alternativas para diversificar la producción, el dirigente planteó que sin crédito accesible ni una baja de la presión impositiva, el sector seguirá limitado. La pregunta que sobrevuela es directa: ¿puede Misiones cambiar su matriz productiva sin modificar las reglas nacionales, provinciales y municipales que hoy condicionan al productor?
Regulaciones, crédito caro y una estructura que no cierra
Scherer participó de un encuentro en el que se analizaron modelos productivos, especialmente de Brasil, con la intención de replicar esquemas que permitan mejorar la rentabilidad y frenar el éxodo rural. Sin embargo, advirtió que el principal obstáculo no es técnico ni productivo, sino estructural.
“El problema sigue siendo el mismo: no hay acceso al crédito y hay demasiadas regulaciones que se superponen”, resumió. En su diagnóstico, el exceso de trámites y registros no solo no aporta valor, sino que genera costos adicionales y errores operativos. “Terminamos haciendo más trabajo administrativo que productivo”, señaló.
El financiamiento aparece como otro cuello de botella. Según explicó, en Misiones el crédito “es más caro por la carga impositiva, especialmente por las alícuotas de Ingresos Brutos que también afectan a quienes otorgan préstamos”. Esa estructura se traslada directamente al productor. “Hay que pensar seriamente en bajar impuestos. No queda otra”, insistió.
Desregulación nacional: avances parciales y expectativas abiertas
Consultado sobre el impacto de las medidas del Gobierno nacional, Scherer reconoció mejoras puntuales, aunque lejos de un cambio estructural. En particular, destacó avances en comercio exterior: “Exportar, cobrar y pagar se facilitó mucho”.
Sin embargo, aclaró que ese alivio no se tradujo todavía en una mejora integral para el sector productivo. “Queremos estar más libres, pero todavía hay mucho lastre”, graficó. El resultado, para el empresario, hasta ahora es un esquema híbrido: mejoras puntuales en apertura externa, pero sin un cambio estructural en costos internos ni en presión impositiva.
En cuanto al crédito, señaló que en los últimos meses comenzaron a aparecer opciones con tasas “relativamente lógicas”, aunque vinculó esa mejora más a la disponibilidad de liquidez en el sistema que a cambios de fondo en la política económica.
Mercado interno débil y un contexto global adverso
El escenario se complejiza por fuera de las fronteras. Scherer describió una situación internacional inestable, con conflictos que impactan en la demanda y generan cancelaciones o cambios abruptos en los pedidos.
“Hay una crisis grave a nivel mundial que nos está afectando en forma directa”, afirmó. A diferencia de otros momentos, el sector forestal ya no encuentra en el mercado interno un respaldo para compensar la caída externa. “Antes era un refugio. Hoy está muy dispar: hay lugares donde no se vende nada”, explicó.
En ese contexto, el foco exportador se mantiene en Asia y Norteamérica, con Estados Unidos como principal referencia global para la madera. Europa, en cambio, no aparece como un destino relevante en el corto plazo.
Inversión en pausa y decisiones atadas a la política
Más allá de la coyuntura económica, Scherer introdujo un elemento político en el análisis: la falta de previsibilidad. “No se van a tomar grandes decisiones hasta que se consolide el rumbo”, advirtió.
Para el empresario, la incertidumbre no responde solo a variables económicas, sino a la falta de definiciones claras sobre el proyecto político. Esa combinación retrasa inversiones y obliga a las empresas a adoptar una lógica defensiva: reducir costos antes que expandirse.
“La reconversión va a ser una constante. Cuando las cosas no van bien, lo primero que hacés es ajustar gastos. Pero eso no alcanza si no podés vender más”, explicó.
Un reclamo que atraviesa niveles del Estado
El planteo de Scherer no se limita al ámbito nacional. También incluye a provincias y municipios, donde —según indicó— tampoco se observa una baja significativa de la presión fiscal.
“No hemos visto que ningún nivel del Estado haya reducido impuestos de forma importante”, sostuvo, y recordó que en otras etapas de crisis hubo reacciones más rápidas desde la política.
El reclamo es transversal: menos impuestos, menos burocracia y más acceso al financiamiento. Sin esas condiciones, advierte, cualquier intento de diversificación productiva queda condicionado.
Entre la necesidad de cambio y la falta de condiciones
El diagnóstico del sector forestal expone una tensión que atraviesa a toda la economía misionera: la necesidad de reconvertirse frente a un escenario cambiante, pero sin las herramientas necesarias para hacerlo.
La discusión ya no pasa solo por qué producir, sino bajo qué reglas. En ese equilibrio, el margen de acción del sector privado aparece cada vez más acotado. Mientras tanto, las decisiones de inversión siguen en pausa.
