infancia y adolescencia

Buscan mejorar la respuesta estatal frente a la violencia contra niños y adolescentes

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Se realizó una Mesa de Trabajo Interinstitucional destinada a fortalecer las políticas de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Misiones donde participaron representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, organismos provinciales, la Municipalidad de Posadas y distintas áreas vinculadas al Sistema de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. La Defensora Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Lic. Rossana Franco estuvo al frente de este encuentro realizado en la Subsecretaría de Prensa de Casa de Gobierno, en la capital provincial, y en este marco consideró relevante fortalecer el trabajo articulado que se viene realizando entre las instituciones y avanzar en nuevas herramientas de intervención. En la oportunidad se abordó temas relacionados a la elaboración de una guía de buenas prácticas, el fortalecimiento de las capacitaciones sobre derechos de niñas, niños y adolescentes y la implementación de la Ley Nº27.709, conocida como Ley Lucio, destinada a prevenir y detectar situaciones de violencia contra las infancias. Al respecto, la titular de la Defensoría Provincial dio cuenta que las capacitaciones ya alcanzan a los distintos poderes del Estado y que recientemente se incorporaron los clubes deportivos a ese proceso de formación. Asimismo, en la reunión se hizo hincapié en el nuevo Régimen Penal Juvenil y en tal sentido se resaltó que Misiones ya participa de mesas de trabajo para avanzar en su implementación. Vale resaltar que para este viernes 7 de agosto se realizará la Tercera Mesa del Régimen Penal Juvenil, una actividad convocada por el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, cuya vicepresidenta es la Defensora Franco. “Esta crisis profunda que estamos viviendo hace que los más débiles sean quienes más sufren. En este caso son los niños, niñas y adolescentes. Por eso, estas mesas sirven para articular, mejorar y avanzar, siempre teniendo en cuenta el interés superior del niño y una verdadera perspectiva de niñez”, manifestó la titular de la Defensoría de los Derechos de los NNyA.

Una responsabilidad compartida

La subsecretaria de Coordinación y Monitoreo del Gobierno de la Provincia, Cynthia Petcoff manifestó que “la protección integral de niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad compartida” y valoró la realización de la Mesa Interinstitucional de Niñez y Adolescencia, a partir de que se trata de “un espacio de articulación donde quienes tenemos responsabilidades en el Estado trabajamos de manera coordinada para fortalecer las respuestas frente a las distintas realidades que atraviesan niñas, niños y adolescentes de nuestra provincia”. En esa línea reforzó: “En un trabajo articulado, los tres poderes del Estado reafirmaron su compromiso con la protección integral de las infancias y adolescencias, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para garantizar respuestas más eficientes, efectivas e integrales frente a las distintas problemáticas que atraviesan niñas, niños y adolescentes”, señaló. Por su parte, el secretario de Estado de Prevención de Adicciones, Roberto Padilla dio cuenta que uno de los principales desafíos es consolidar la articulación entre el Poder Ejecutivo, la Justicia y los municipios para abordar problemáticas transversales como los consumos problemáticos. “Tenemos que potenciar la prevención y fortalecer la contención desde los distintos dispositivos territoriales”, aseguró. A su vez comentó que uno de los acuerdos alcanzados durante la jornada fue avanzar en una herramienta que concentre la información de los organismos y servicios disponibles, con el objetivo de facilitar el acceso de las familias y optimizar las respuestas institucionales.

Optimización de políticas públicas

El plan de trabajo prioriza la identificación directa de necesidades en el territorio, con el propósito de generar datos precisos sobre las problemáticas que atraviesan a las comunidades. Esta lectura situacional permite adecuar la normativa vigente y los recursos de respuesta estatal a las realidades locales, evitando la duplicación de esfuerzos y reduciendo los tiempos de asistencia a las víctimas. En cuanto a los principales ejes de la estrategia integral se destaca el fortalecimiento e integración de los Tres Poderes, a partir de una coordinación fluida entre la ejecución de programas (Ejecutivo), la adecuación y actualización del marco normativo (Legislativo) y el acceso efectivo a la justicia con perspectiva de derechos (Judicial). También una intervención basada en evidencia, con el relevamiento e identificación de demandas prioritarias en las distintas localidades para fundamentar la asignación de recursos y el diseño de intervenciones. Asimismo, la optimización de políticas públicas, desde la evaluación continua de los circuitos de atención, fortaleciendo los equipos interdisciplinarios y promoviendo la capacitación constante de los agentes públicos para erradicar la violencia institucional y la revictimización. Como también se tiene en cuenta la prevención y restitución de derechos, a partir del desarrollo de acciones preventivas en los ámbitos comunitarios y educativos, junto con protocolos de protección integral para la infancia, adolescencia y sectores en situación de vulnerabilidad.

Un compromiso sostenido con la ciudadanía

La consolidación de políticas públicas efectivas requiere del consenso y la responsabilidad compartida de todas las estructuras estatales. Al unificar criterios de actuación, simplificar los canales de derivación y poner el foco en la prevención, el Estado ratifica su función como garante de derechos y promotor de una convivencia social pacífica. En la Mesa de Trabajo Interinstitucional estuvieron presentes por la Justicia el titular del Juzgado de Primera Instancia de Violencia Familiar N°2, Dr. Álvaro Gunter; la titular del Juzgado de Familia N°1, Dra. Lidia Graciela Mana; el titular del Juzgado de Instrucción N°2, Dr. Juan Manuel Monte; la jueza Correccional y de Menores Nº1, Dra. Marcela Leiva y el subsecretario de Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Violencia Familiar, Dr. Fabián Oudin. Por parte del Ministerio de Desarrollo Social, de la Mujer y la Juventud de la Provincia, la subsecretaria de Infancia, Dra. Andrea Benítez, y la directora de Niñez de la Subsecretaría de Niños, Niñas y Adolescentes, Lic. Aldana Sosa. En tanto, estuvo participando también la subsecretaria de Atención Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia, Lic. Marlenne Abrile, la subsecretaria de Relaciones con la Comunidad y Violencia, Lic. Sandra Galeano; la encargada del Programa de Salud Integral en la Adolescencia, Lic. Nadia Lunge; la subsecretaria y la subsecretaria de Acceso a la Justicia e Información Pública, Dra. Agustina Chiófalo; la secretaria de la Unidad de Coordinación y Gestión de la Municipalidad de Posadas, Yolanda Asunción; y la directora de Asistencia a Niños, Niñas y Adolescentes y del Centro de Prevención Nocturno de la Municipalidad de Posadas, Belén Reyes, y el equipo de la Dirección de Familia y Género de la Policía de Misiones. Por parte de la Defensoría Provincial de los Derechos de NNyA fueron parte la coordinadora del Sistema de Acogimiento Familiar, Lic. Valeria Bongers y la coordinadora del equipo psicosocial, Lic. Carolina Noguera.

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La pobreza infantil cayó al nivel más bajo desde 2018, pero UNICEF alerta por un posible rebote en 2026

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La pobreza infantil en Argentina registró durante 2025 una de las mejoras más significativas de los últimos años. Según el informe “Pobreza monetaria y privaciones vinculadas a derechos en niñas y niños”, elaborado por UNICEF Argentina con datos oficiales, el índice de pobreza entre niñas, niños y adolescentes descendió al 42,3% en el segundo semestre del año pasado, alcanzando el nivel más bajo desde 2018. Sin embargo, detrás de esa mejora estadística persisten señales de fragilidad estructural que llevan al organismo internacional a advertir sobre un posible aumento durante el primer semestre de 2026.

La reducción implica que alrededor de 5,1 millones de menores de edad viven en hogares pobres, frente a los 6,3 millones registrados un año antes. La indigencia infantil también mostró una mejora y cayó al 9,4%, desde el 12,3% observado en el segundo semestre de 2024. En términos absolutos, cerca de 1,1 millones de niñas, niños y adolescentes continúan viviendo en hogares cuyos ingresos no alcanzan siquiera para cubrir una canasta alimentaria básica.

El dato representa una recuperación relevante luego del fuerte deterioro social que atravesó el país durante 2024, aunque UNICEF advierte que la tendencia positiva aún no está consolidada. Las proyecciones para el primer semestre de 2026 muestran que la pobreza infantil podría volver a crecer hasta niveles cercanos al 44,4%, mientras que la indigencia escalaría al 10,8%, impulsada por la evolución de los ingresos familiares, el comportamiento de las canastas básicas, la dinámica del empleo y el alcance de las transferencias sociales.

La lectura económica detrás de los números es compleja. Aunque la desaceleración inflacionaria y cierta recomposición de ingresos permitieron reducir los niveles de pobreza monetaria, la estructura social continúa exhibiendo profundas desigualdades que condicionan las posibilidades de una recuperación sostenida.

El informe muestra que la pobreza infantil sigue siendo considerablemente más elevada que la pobreza general de la población. Mientras el índice nacional se ubicó en 28,2% durante el segundo semestre de 2025, entre niñas, niños y adolescentes alcanzó el 42,3%. La misma diferencia aparece en la indigencia: 6,3% para la población total frente a 9,4% entre los menores de edad.

Para UNICEF, esta sobrerrepresentación de la infancia dentro de los indicadores sociales refleja una vulnerabilidad estructural que no puede explicarse únicamente por los ciclos económicos. Los hogares con niños tienen mayores necesidades de consumo, educación, alimentación y cuidado, lo que amplifica el impacto de cualquier deterioro en los ingresos familiares.

Las brechas más profundas aparecen al analizar las características de los hogares. La pobreza infantil alcanza al 68% cuando los adultos de referencia poseen bajos niveles educativos y trepa al 74,8% en hogares donde el principal sostén económico se encuentra desocupado. Asimismo, los hogares monoparentales encabezados por mujeres registran niveles de pobreza del 52,8%, una diferencia que evidencia la persistencia de desigualdades vinculadas a la distribución de ingresos y las tareas de cuidado.

El mercado laboral emerge como uno de los factores decisivos. UNICEF señala que la informalidad continúa siendo uno de los principales determinantes de la pobreza infantil. Incluso en contextos de recuperación económica, los hogares con inserciones laborales precarias mantienen niveles de vulnerabilidad significativamente superiores a aquellos vinculados al empleo formal. El fenómeno confirma que tener trabajo ya no constituye una garantía suficiente para salir de la pobreza.

Otro dato que expone la fragilidad de los hogares argentinos es que tres de cada cuatro familias con niñas, niños y adolescentes recurrieron durante 2025 a algún mecanismo extraordinario para sostener sus gastos cotidianos. Endeudamiento, compras fiadas, asistencia de terceros, utilización de ahorros o venta de bienes personales forman parte de estrategias cada vez más extendidas para compensar ingresos insuficientes.

Sin embargo, la pobreza monetaria no es el único problema. El informe revela que el 42,8% de las niñas, niños y adolescentes experimenta al menos una privación vinculada a derechos básicos, incluyendo vivienda, acceso al agua potable, saneamiento, educación, protección social o condiciones adecuadas de hábitat. A diferencia de la pobreza por ingresos, estas carencias muestran una tendencia prácticamente estancada desde 2020, reflejando déficits estructurales que no se corrigen automáticamente con mejoras coyunturales de la economía.

El estudio también pone en evidencia el papel central que cumplen las políticas de transferencia de ingresos. Sin instrumentos como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar, la indigencia infantil sería aproximadamente seis puntos porcentuales más elevada. Para UNICEF, estos programas constituyen una barrera fundamental para evitar que millones de niños caigan en situaciones de pobreza extrema, aunque resultan insuficientes para resolver por sí solos el problema de la pobreza estructural.

La advertencia cobra aún más relevancia ante el escenario fiscal proyectado para 2026. Según otro informe elaborado por el organismo, el presupuesto nacional destinado a niñez y adolescencia podría registrar una caída real del 16% respecto de 2025 si no se modifican las partidas actualmente vigentes. Aunque el gasto en salud muestra cierta expansión impulsada por vacunas y medicamentos, las áreas de protección social, educación, nutrición y primera infancia enfrentan restricciones presupuestarias que podrían limitar la capacidad de sostener la mejora observada durante el último año.

La conclusión de UNICEF es contundente: Argentina logró reducir la pobreza infantil a niveles que no se observaban desde hace casi una década, pero la recuperación continúa siendo vulnerable. La evolución del empleo, los ingresos reales y la continuidad de las políticas de protección social serán determinantes para evitar que la mejora estadística de 2025 se convierta apenas en una pausa dentro de una problemática que sigue afectando a más de cuatro de cada diez niñas, niños y adolescentes del país.

Pobreza 2026 UNICEF by CristianMilciades

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