infraestructura ferroviaria

El Gobierno evalúa reactivar el Tren Norpatagónico para potenciar Vaca Muerta y reducir costos logísticos

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La recuperación de la infraestructura ferroviaria vuelve a ganar espacio en la agenda económica nacional. Después de años de paralización, el Gobierno nacional analiza reactivar el proyecto del Tren Norpatagónico, una obra estratégica para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta mediante un corredor logístico capaz de reducir costos, mejorar la eficiencia del transporte de cargas y aliviar la presión sobre las rutas patagónicas.

La iniciativa, actualmente en estado de suspensión, busca transformar la conexión ferroviaria entre Bahía Blanca y Añelo, el principal centro operativo de la formación de hidrocarburos no convencionales más importante del país. El proyecto contempla intervenir un total de 665 kilómetros de infraestructura ferroviaria y demandaría un plazo estimado de ejecución de cuatro años.

El avance de Vaca Muerta modificó la escala de las necesidades logísticas de la industria energética. El incremento sostenido de la producción de petróleo y gas exige transportar cada vez mayores volúmenes de arena para fractura, tubos, maquinaria pesada, insumos industriales y combustibles, una tarea que hoy depende casi exclusivamente del transporte por camión.

La propuesta apunta precisamente a diversificar esa logística mediante un sistema ferroviario de cargas con mayor capacidad y menores costos operativos, mejorando además la previsibilidad del abastecimiento para una actividad que se convirtió en uno de los principales motores de generación de divisas del país.

Según la documentación técnica evaluada por el Gobierno, el proyecto prevé el mejoramiento de 374 kilómetros de vías existentes sobre el corredor que une Bahía Blanca con Río Negro y Neuquén. A ello se suma la renovación integral de otros 208 kilómetros correspondientes a los sectores más deteriorados del histórico ramal ferroviario.

La intervención también incorpora uno de los componentes más relevantes desde el punto de vista estratégico: la construcción de 83 kilómetros de vías completamente nuevas entre Contraalmirante Cordero y Añelo. Ese desvío permitirá conectar directamente con el corazón operativo de Vaca Muerta, evitando atravesar áreas urbanas y optimizando la circulación de trenes de carga.

En conjunto, las obras permitirían recuperar un corredor ferroviario pensado para responder a las exigencias de una industria energética en plena expansión. La posibilidad de transportar mayores volúmenes mediante ferrocarril reduciría significativamente la circulación de camiones, disminuyendo costos logísticos, tiempos de traslado, consumo de combustible y desgaste de la infraestructura vial.

El impacto potencial trasciende al sector energético. Bahía Blanca constituye uno de los principales nodos portuarios del país y la consolidación de un corredor ferroviario eficiente fortalecería la salida de la producción hacia los mercados internacionales, mejorando la competitividad exportadora de Vaca Muerta.

En un contexto en el que la energía se perfila como uno de los grandes generadores de dólares para la economía argentina, la logística aparece como un factor decisivo para sostener el crecimiento. Distintos informes económicos coinciden en que la expansión de la producción requiere inversiones complementarias en oleoductos, gasoductos, infraestructura portuaria y sistemas ferroviarios capaces de acompañar el aumento de la actividad.

La eventual reactivación del Tren Norpatagónico se inscribe precisamente en esa lógica: convertir la infraestructura en una herramienta para reducir costos estructurales y aumentar la productividad de toda la cadena energética.

Más allá del beneficio directo para Vaca Muerta, el proyecto también abre una oportunidad para recuperar un activo ferroviario largamente relegado. La modernización del corredor permitiría fortalecer el transporte de cargas en una región con creciente actividad económica, generando condiciones para futuras inversiones industriales y mejorando la integración logística entre el interior productivo y los principales puertos del país.

El desafío ahora pasa por transformar la evaluación técnica en una decisión de inversión. Si finalmente se reactiva, el Tren Norpatagónico podría convertirse en una de las obras de infraestructura más relevantes para acompañar la próxima etapa de crecimiento de Vaca Muerta, consolidando un esquema logístico más eficiente y competitivo para una actividad que hoy ocupa un lugar central en la estrategia económica argentina.

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Eliminan normas de seguridad ferroviaria de 2013 y redefinen el esquema operativo del sistema

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El Gobierno avanzó el 14 de abril de 2026 con una decisión de alto impacto operativo y político: mediante la Resolución 23/2026, la Secretaría de Transporte derogó la normativa de 2013 que imponía restricciones estrictas de seguridad en el ingreso de trenes a estaciones terminales. La medida, firmada en el marco de la emergencia ferroviaria vigente, elimina obligaciones como la reducción de velocidad a 5 km/h en los últimos 20 metros y la presencia del jefe de tren en cabina en el tramo final.

El movimiento no es menor. Se trata de una norma nacida tras los accidentes de 2012 y 2013, que había estructurado durante más de una década un esquema de control reforzado sobre el factor humano. Su eliminación abre una pregunta inevitable: ¿el Gobierno consolida una modernización tecnológica o asume un riesgo político al flexibilizar estándares asociados a la seguridad?

De la lógica preventiva al control tecnológico

La resolución se inscribe en un proceso más amplio de revisión normativa impulsado desde el decreto 70/2023 y profundizado bajo la emergencia ferroviaria declarada en 2024, con vigencia prorrogada. En ese marco, el sistema ferroviario quedó sujeto a una auditoría integral de sus reglas operativas, de mantenimiento y seguridad.

El argumento central del Ejecutivo es que las condiciones que justificaron la norma de 2013 fueron “sustancialmente superadas”. La clave de ese cambio es tecnológica: la implementación del sistema ATS (Automatic Train Stop), que permite controlar la velocidad de las formaciones y activar el frenado automático ante incumplimientos.

Según los informes técnicos citados en la resolución —provenientes de la Operadora Ferroviaria, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias y organismos técnicos—, ese sistema logró mitigar los riesgos asociados a errores humanos, que habían sido el eje de la regulación original.

En paralelo, el Estado también avanzó en la estandarización de los controles psicofísicos y de capacitación del personal ferroviario. La creación de un régimen unificado de habilitación, con exigencia de certificados psicofísicos vigentes, aparece como otro pilar del nuevo esquema.

El resultado es un cambio conceptual: se pasa de un modelo basado en restricciones operativas rígidas a uno apoyado en tecnología, procedimientos y autonomía de los operadores.

Más margen para operadores, menos regulación central

La resolución no solo elimina una norma. Redefine el equilibrio entre regulación estatal y responsabilidad operativa.

A partir de ahora, serán los propios operadores ferroviarios y administradores de infraestructura quienes podrán definir medidas de seguridad “transitorias” si lo consideran necesario. Es decir, el Estado deja de imponer reglas uniformes y traslada la gestión del riesgo a cada actor del sistema.

Este corrimiento tiene implicancias directas. Por un lado, fortalece la lógica de desregulación que impulsa el Gobierno en distintos sectores. Por otro, introduce una mayor heterogeneidad potencial en los estándares operativos, dependiendo de cada línea o concesionario.

En términos políticos, la decisión también dialoga con la narrativa oficial de reducción de “normas obsoletas” y simplificación del Estado. Pero lo hace en un área particularmente sensible: la seguridad del transporte público.

Señal hacia el sistema

Dentro del sistema ferroviario, la medida se apoya en avales técnicos de organismos clave y en la posición de la Operadora Ferroviaria, que había solicitado explícitamente la derogación. Esto sugiere una alineación entre el criterio político y las áreas operativas.

Al mismo tiempo, el desplazamiento del esquema anterior puede reconfigurar el rol de los organismos de control, como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que pasa a supervisar un sistema con mayor discrecionalidad operativa.

En el plano más amplio, la resolución se inscribe en la estrategia del Gobierno de avanzar por vía administrativa en reformas estructurales, sin pasar necesariamente por el Congreso. Aunque no se trata de un DNU, el contexto de emergencia habilita este tipo de decisiones con impacto profundo.

Monitoreo, riesgos y margen político

El cambio abre un escenario en desarrollo. La eficacia del nuevo esquema dependerá de dos variables: el funcionamiento real del sistema ATS y la capacidad de los operadores para gestionar riesgos sin un marco uniforme obligatorio.

En las próximas semanas, el foco estará en cómo se implementan estas facultades descentralizadas y si surgen diferencias entre líneas o regiones. También en la capacidad del Estado para auditar sin intervenir directamente en la operación.

El trasfondo es más amplio. La política ferroviaria se convierte en un laboratorio del enfoque regulatorio del Gobierno: menos reglas generales, más responsabilidad distribuida y confianza en la tecnología.

El equilibrio entre eficiencia y seguridad —siempre delicado— vuelve al centro de la escena. Y esta vez, con menos red normativa y más margen operativo.

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El Gobierno deroga una norma clave de accesibilidad tras cumplir un fallo histórico en la Línea Mitre

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El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, derogó la Resolución 27/2003 que obligaba a controles específicos de accesibilidad en el ferrocarril Mitre. La medida se formalizó mediante la Resolución 5/2026 y se fundamenta en el cumplimiento íntegro de la sentencia judicial que dio origen a esa norma, luego de más de dos décadas de fiscalización, obras e inversiones en infraestructura ferroviaria.

La resolución fue dictada en la Ciudad de Buenos Aires el 12 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 14 de enero de 2026. El texto establece que el objeto de la norma de 2003 se encuentra agotado, tras acreditarse que las 17 estaciones del ramal Retiro–Tigre de la Línea General Mitre cuentan con accesos alternativos a los molinetes que garantizan el uso del servicio por personas con discapacidad motora o movilidad reducida, en condiciones de autonomía y seguridad.

El origen judicial de la medida y más de 20 años de control estatal

La Resolución 27/2003 había sido dictada para dar cumplimiento a una sentencia interlocutoria del 12 de mayo de 2003, emitida por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 3, Secretaría 5, en la causa “Verbrugghe, María Inés c/Estado Nacional – Ministerio de Economía y otros s/amparo”.

En aquel fallo, el tribunal intimó en forma solidaria a la entonces concesionaria Trenes de Buenos Aires S.A. y al Estado Nacional a habilitar, en un plazo de diez días, accesos alternativos a los molinetes en todas las estaciones del ferrocarril Mitre. El incumplimiento habilitaba la aplicación de astreintes y la eventual imputación del delito previsto en el artículo 239 del Código Penal de la Nación a los funcionarios responsables.

Desde entonces, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), en el marco de las facultades conferidas por el Decreto 1388/1996, realizó inspecciones periódicas en las estaciones del ramal Retiro–Tigre para verificar el estado de los accesos y el cumplimiento de la orden judicial.

Inversiones en infraestructura y cierre formal de la causa

Según los considerandos de la Resolución 5/2026, el Estado Nacional llevó adelante desde 2009 una política de fortalecimiento y mejora del sistema ferroviario, que incluyó el Programa Integral de Renovación de Estaciones Ferroviarias de Servicios Metropolitanos en la Línea Mitre, ramal Retiro–Tigre. Ese plan permitió superar limitaciones de diseños arquitectónicos originales que no contemplaban el acceso de personas con movilidad reducida.

Las fiscalizaciones realizadas en los últimos años no detectaron apartamientos significativos que impidieran el uso pleno de las instalaciones. En ese sentido, la Operadora Ferroviaria Sociedad Anónima (SOFSA) informó que, de acuerdo con los relevamientos más recientes, cada plataforma de cada estación cuenta al menos con un acceso alternativo habilitado para personas con discapacidad motora o movilidad reducida (cf. ME-2024-141934154-APN-GGO#SOFSE y ME-2024-141362797-APN-GLM#SOFSE).

Por su parte, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima (ADIFSA) detalló el listado de obras ejecutadas en las estaciones del ramal (cf. ME-2024-33507164-APN-GAL#ADIFSE, ME-2024-33710142-APN-GO#ADIFSE e IF-2024-42021911-APN-GO#ADIFSE). En paralelo, la Subgerencia de Contenciosos de la CNRT informó que la causa judicial se encuentra terminada, con presentaciones que acreditan el cumplimiento total tanto de la sentencia como de la resolución de 2003 (cf. PV-2025-44990700-APN-SC#CNRT).

Desregulación y reordenamiento normativo del transporte ferroviario

La derogación se inscribe en el proceso de desregulación y simplificación del Estado iniciado por el Decreto 70/2023, que impulsa un reordenamiento integral de la economía y la revisión de regímenes jurídicos vigentes. En ese marco, la Secretaría de Transporte consideró “conveniente y oportuna” la derogación de una norma cuyo objetivo ya fue cumplido.

El Artículo 1° de la Resolución 5/2026 establece expresamente que la Resolución 27/2003 se deroga “toda vez que ha sido acreditado el cumplimiento íntegro de la sentencia judicial que motivó su dictado”. Además, se dispuso comunicar la medida a la CNRT, ADIFSA, SOFSA y al juzgado interviniente.

Desde una perspectiva institucional, la decisión implica el cierre formal de un ciclo de control excepcional, trasladando la accesibilidad al transporte ferroviario al marco general de las políticas públicas y los estándares operativos vigentes, sin perder de vista los antecedentes judiciales que impulsaron las mejoras estructurales del sistema.

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