Belgrano Cargas: cambian el esquema financiero de la privatización y ata la venta de trenes a las obras ferroviarias
El Gobierno nacional modificó el esquema financiero de la privatización de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima y estableció que el dinero obtenido por la venta del material rodante tendrá un destino específico: financiar y pagar las obras que deberán ejecutar los futuros concesionarios ferroviarios.
La modificación fue establecida mediante el Decreto 718/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que reemplaza disposiciones del Decreto 282/2026 y redefine el mecanismo mediante el cual se administrarán los recursos generados durante el proceso de privatización.
La nueva arquitectura financiera busca que el producido tanto del remate público del material rodante como de la venta de material que sea incluido en los futuros contratos de concesión de vías sea asignado a un fideicomiso que determinará el Ministerio de Economía. El destino será único: financiar y pagar las obras a cargo de los concesionarios.
El cambio tiene una consecuencia central sobre el proceso de privatización. Los activos ferroviarios que sean vendidos dejarán de constituir solamente una fuente de recursos para el Estado y pasarán a estar vinculados directamente con el financiamiento de las obligaciones de infraestructura que asumirán los operadores privados.
El Gobierno justificó la modificación por la necesidad de dotar al mecanismo de mayor eficiencia y velocidad. Según los fundamentos del decreto, el esquema anterior se apoyaba en un fideicomiso de objeto múltiple, que administra distintas fuentes de financiamiento y atiende a una pluralidad de destinos y beneficiarios.
La nueva estructura apunta, en cambio, a establecer un vehículo financiero con una finalidad exclusiva. La expectativa oficial es que esa especialización permita acelerar los desembolsos y evitar que los procedimientos propios de un fideicomiso con múltiples objetivos terminen demorando el cumplimiento de las obras previstas en los contratos de concesión.
En términos de política pública, el Gobierno busca cerrar un circuito entre la disposición de activos ferroviarios y la recuperación de la infraestructura. El material rodante que se venda generará recursos que deberán quedar afectados al mejoramiento del sistema ferroviario de cargas a través de las obras obligatorias que asumirán los concesionarios.
La decisión se inscribe en el proceso de privatización de Belgrano Cargas autorizado por la Ley de Bases y reglamentado por el Decreto 67/2025. Ese esquema prevé una desintegración vertical de la empresa y la separación de sus unidades de negocio, con un mecanismo diferente para cada componente: remate público para el material rodante y contratos de concesión de obra pública para las vías, sus inmuebles aledaños y el uso de los talleres ferroviarios.
El nuevo decreto no modifica ese diseño general, sino el modo en que se canalizarán los recursos generados por la venta del material ferroviario. El Ministerio de Economía será el encargado de determinar el fideicomiso correspondiente, suscribir el contrato y establecer las normas operativas y complementarias necesarias para ponerlo en funcionamiento.
La norma también establece una referencia concreta para la valuación del material rodante que sea incorporado a los contratos de concesión. El precio de venta deberá tomar como valor mínimo de referencia la tasación del valor venal realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación en el marco del proceso de privatización de Belgrano Cargas.
Este punto introduce un resguardo relevante sobre la valoración de los activos: el precio mínimo no quedará librado exclusivamente a una negociación contractual, sino que deberá considerar una tasación oficial del Estado como referencia.
El cambio también alcanza al material rodante que sea vendido directamente mediante remate público. En ambos casos, tanto si los activos se venden mediante remate como si forman parte de los contratos de concesión de vías, el producido deberá dirigirse al fideicomiso específico y quedar afectado al financiamiento de las obras.
El Gobierno sostiene que esta ingeniería permitirá favorecer la ejecución de las inversiones obligatorias previstas en las futuras concesiones. La lógica es que los recursos obtenidos por la disposición de activos ferroviarios contribuyan a generar las condiciones financieras necesarias para recuperar y mejorar la infraestructura que utilizarán los nuevos operadores.
El desafío será transformar esa afectación financiera en obras concretas y verificables. La eficiencia del esquema dependerá no sólo de la velocidad con la que se constituya el fideicomiso y se liberen los fondos, sino también de la calidad de los contratos de concesión, de las obligaciones de inversión y de los mecanismos de control sobre su cumplimiento.
La modificación se produce en una privatización que tiene una importancia estratégica para el sistema logístico argentino. El transporte ferroviario de cargas constituye una pieza relevante para reducir costos de traslado en largas distancias y mejorar la competitividad de las economías regionales y de las cadenas productivas que dependen de la conexión entre zonas de producción, centros industriales y puertos.
En ese sentido, el cambio introducido por el Decreto 718/2026 propone una relación más directa entre la venta de activos y la recuperación de infraestructura: el Estado dispone del material rodante bajo el esquema de privatización, pero los recursos generados quedan afectados a las obras que deberán mejorar el sistema concesionado.
El nuevo mecanismo entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial. A partir de ahora, el Ministerio de Economía deberá definir el fideicomiso y avanzar con la instrumentación necesaria para que los fondos provenientes de las ventas tengan el destino exclusivo establecido por el Gobierno.
