ingresos familiares

ANSES ajusta 2,15% las asignaciones familiares desde julio

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un incremento del 2,15% en las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los límites de ingresos del grupo familiar que determinan el acceso a estos beneficios. La actualización comenzará a regir para las prestaciones correspondientes a julio de 2026 y replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, siguiendo el esquema de movilidad mensual vigente.

La medida, formalizada mediante la Resolución 187/2026, tiene un alcance que trasciende a los beneficiarios directos. Para las economías regionales, especialmente en provincias como Misiones y el resto del NEA, donde una porción significativa del consumo depende de ingresos provenientes de prestaciones sociales, la actualización representa un refuerzo del ingreso disponible de miles de hogares, aunque en línea con la inflación y sin generar una mejora del poder adquisitivo real.

El ajuste responde al mecanismo de movilidad establecido tras la reforma previsional vigente, que dispone la actualización mensual de las asignaciones familiares utilizando como referencia la evolución del IPC publicado por el INDEC.

Además de incrementar los montos, la resolución actualiza los rangos de ingresos del grupo familiar (IGF) que determinan cuánto percibe cada trabajador registrado, jubilado, monotributista o beneficiario alcanzado por el régimen.

Uno de los aspectos relevantes para empleadores y áreas de recursos humanos es que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $3.034.844 mensuales, el grupo queda excluido del cobro de asignaciones familiares, aun cuando la suma total de ingresos permanezca por debajo del límite general establecido.

Cuáles son los principales montos desde julio

Entre las prestaciones con mayor alcance se destacan los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las asignaciones familiares para trabajadores registrados.

Los principales valores serán:

  • AUH y Asignación por Embarazo: $148.049.
  • AUH Zona Patagónica: $192.464.
  • Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $74.033.
  • Asignación por Hijo con Discapacidad: hasta $241.041, según ingresos familiares.
  • Nacimiento: $86.295.
  • Matrimonio: $129.209.
  • Adopción: $515.930.
  • Ayuda Escolar Anual: $55.672.

Para los monotributistas, las asignaciones por hijo y prenatal continuarán diferenciándose por categoría:

  • Categoría A: $74.033.
  • Categoría B: $49.940.
  • Categoría C: $30.206.
  • Categorías D a H: $15.586.

Impacto en el consumo y en las economías regionales

Aunque el incremento mantiene el poder de compra frente a la inflación, su efecto económico adquiere mayor relevancia en localidades donde las transferencias sociales representan una parte importante de los ingresos familiares.

En el NEA, el aumento alcanza no sólo a titulares de la AUH, sino también a trabajadores registrados, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), veteranos de guerra, perceptores de prestaciones por desempleo y pequeños contribuyentes adheridos al Monotributo.

Desde la perspectiva comercial, estas actualizaciones sostienen parte del consumo de bienes esenciales —alimentos, medicamentos, indumentaria escolar y productos de primera necesidad—, segmentos con fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas regionales.

Qué cambia para empleadores y trabajadores

La resolución también actualiza los parámetros utilizados para determinar el acceso a las asignaciones familiares dentro del empleo formal.

Entre los aspectos que deberán considerar empresas y trabajadores figuran actualización del 2,15% en todos los montos alcanzados por movilidad. Nuevos rangos de ingresos familiares para calcular las asignaciones. Exclusión automática del beneficio cuando un integrante supere ingresos mensuales de $3.034.844. Vigencia para prestaciones y hechos generadores ocurridos desde julio de 2026.

La continuidad del esquema de actualización mensual consolida un mecanismo que evita el rezago de las prestaciones frente a la inflación, pero también implica que los ingresos de los beneficiarios evolucionen al ritmo de los precios y no por encima de ellos. Para el comercio minorista y las economías regionales, el principal indicador será si la desaceleración inflacionaria permite que futuras actualizaciones comiencen a traducirse en una recuperación efectiva del consumo interno.

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Argentina más desigual: el 10% más rico concentra un tercio de los ingresos

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La economía argentina mostró en el primer trimestre de 2026 una foto incómoda: los ingresos crecieron en términos nominales, pero la distribución volvió a tensarse. El nuevo informe de distribución del ingreso del INDEC revela que la suma total de ingresos de la población urbana relevada alcanzó los $21,9 billones, con una suba nominal interanual del 35,6%. Sin embargo, detrás de esa mejora estadística persiste una estructura desigual, donde el salto de los ingresos no alcanza a cerrar la distancia entre la base y la cima de la pirámide social.

El ingreso per cápita familiar promedio fue de $728.008, mientras que la mediana se ubicó en $500.000. Esa diferencia ya marca una primera señal: el promedio queda empujado hacia arriba por los sectores de mayores ingresos, mientras que la mitad de la población vive con menos de medio millón de pesos mensuales por integrante del hogar.

La desigualdad se observa con mayor nitidez en los extremos. El primer decil tuvo un ingreso medio per cápita de $130.550, mientras que el décimo decil alcanzó $2.435.937. Es decir, el ingreso promedio del 10% más rico fue casi 19 veces superior al del 10% más pobre. Medido por medianas, la brecha fue de 15 veces, el mismo nivel que un año atrás.

El coeficiente de Gini, uno de los indicadores más utilizados para medir la desigualdad, se ubicó en 0,442. El dato implica un deterioro frente al 0,435 registrado en el primer trimestre de 2025 y también contra el 0,427 del cuarto trimestre del año pasado. La serie muestra que la distribución no logró sostener la mejora relativa observada hacia fines de 2025.

La concentración del ingreso sigue siendo elevada. El 10% de mayores ingresos captó el 33,5% del ingreso per cápita familiar total, mientras que el 10% más pobre apenas recibió el 1,8%. En otras palabras, un solo decil concentró casi la misma porción del ingreso que los seis deciles más bajos juntos.

El mercado laboral continúa siendo el principal sostén de los hogares. Los ingresos laborales representaron el 77,7% del total, frente al 22,3% de ingresos no laborales, que incluyen jubilaciones, pensiones, subsidios, alquileres, cuotas alimentarias y ayudas de otros hogares. Pero esa composición cambia de manera drástica según el nivel socioeconómico: en el primer decil, los ingresos no laborales explicaron el 61% del total, lo que muestra una dependencia mucho mayor de transferencias, jubilaciones o asistencias.

El informe también expone la fragilidad de los hogares de menores recursos. En el decil más bajo hubo 272 personas no ocupadas cada 100 ocupadas, mientras que en el decil más alto esa relación cayó a 48. La desigualdad, por lo tanto, no solo se expresa en cuánto se gana, sino también en cuántas personas dependen de cada ingreso dentro del hogar.

Entre la población ocupada, el ingreso promedio de la ocupación principal fue de $1.104.227, con una mediana de $900.000. La mitad de los trabajadores ganó menos de ese monto. Los primeros cuatro deciles de ocupados tuvieron un ingreso promedio de $405.245, mientras que los deciles 9 y 10 alcanzaron $2.579.304.

La formalidad laboral volvió a marcar una frontera decisiva. Los asalariados con descuento jubilatorio percibieron en promedio $1.375.143, contra $731.150 entre quienes no tuvieron descuento jubilatorio. La diferencia revela el peso de la informalidad como mecanismo de segmentación salarial: no solo reduce derechos laborales y previsionales, también achica de manera directa el ingreso mensual.

La brecha de género se mantiene como otro rasgo persistente. Los varones perceptores tuvieron un ingreso promedio de $1.352.247, mientras que las mujeres alcanzaron $959.030. La distancia refleja una combinación de desigualdades laborales: menor acceso a puestos mejor remunerados, mayor presencia en actividades de ingresos bajos, informalidad y sobrecarga de tareas de cuidado.

El dato de fondo es que la recomposición nominal de ingresos no necesariamente implica una mejora distributiva. La economía puede mostrar salarios, jubilaciones o ingresos familiares más altos en pesos corrientes, pero si el reparto se concentra en la parte superior, el tejido social sigue bajo presión.

El primer trimestre de 2026 deja así una conclusión clara: la Argentina urbana recuperó masa nominal de ingresos, pero no logró mejorar su distribución. La desigualdad volvió a crecer, la brecha entre extremos permanece elevada y los hogares de menores recursos siguen dependiendo de menos ocupados, más transferencias y una estructura laboral más vulnerable.

La mejora económica, para convertirse en bienestar social, necesita algo más que ingresos que suban en pesos: requiere empleo formal, salarios que le ganen a la inflación, políticas de cuidado, protección social eficiente y una expansión productiva capaz de llegar a los deciles que hoy permanecen más lejos de la recuperación.

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El INDEC revela que criar a un hijo ya supera los $500.000 mensuales y presiona sobre el ingreso familiar

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El costo de criar a un hijo en Argentina volvió a registrar un salto en marzo y superó el medio millón de pesos en todos los tramos etarios, según datos oficiales del INDEC. El informe indica que mantener a un menor de 1 año demandó $515.236 mensuales, mientras que para niños de entre 6 y 12 años el gasto ascendió a $676.431.

La actualización se conoce en un contexto de inflación mensual del 3,4% y acumulada del 9,4% en el primer trimestre de 2026, lo que reaviva el debate sobre el poder adquisitivo y la sostenibilidad económica de los hogares, especialmente en sectores medios y trabajadores formales.

Cómo se compone el costo de criar

La medición oficial incorpora dos dimensiones: por un lado, los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de niños y adolescentes; por otro, el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.

En términos concretos, los valores informados para marzo fueron:

  • Menores de 1 año: $515.236
  • Niños de 1 a 3 años: $616.046
  • Niños de 4 a 5 años: $538.587
  • Niños de 6 a 12 años: $676.431

El componente de bienes y servicios se calcula en base a la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, que incluye alimentos, transporte, educación, salud, vestimenta y vivienda. A eso se suma el costo del cuidado, estimado a partir del tiempo requerido según cada edad y valorizado con el salario de referencia del personal de casas particulares.

Qué cambia en la dinámica económica familiar

El dato central no es solo el monto, sino su velocidad de actualización frente a ingresos que, según distintas mediciones oficiales, avanzan con rezagos o en línea inferior a la inflación en algunos sectores.

La canasta de crianza funciona como un indicador indirecto del costo de reproducción social de los hogares. En ese sentido, el hecho de que todos los tramos etarios superen el medio millón de pesos mensuales marca un piso elevado de gasto estructural para las familias.

Además, el peso del componente de cuidado introduce una variable clave: no todo el costo es monetario directo, pero sí representa tiempo de trabajo que, en muchos casos, limita la generación de ingresos adicionales.

Entre la macro y la economía real

El informe del INDEC se inscribe en un escenario donde el Gobierno sostiene el orden macroeconómico como eje de gestión, mientras los indicadores de consumo y capacidad de gasto siguen bajo presión.

La evolución de la canasta de crianza expone una tensión estructural: el equilibrio fiscal y la desaceleración inflacionaria conviven con un nivel de costos de vida que condiciona la economía cotidiana.

En ese marco, los hogares —especialmente aquellos con niños— quedan en el centro de la ecuación, con menor margen para absorber aumentos sostenidos en servicios, alimentos y gastos asociados al desarrollo infantil.

Impacto económico concreto

El aumento de la canasta de crianza impacta directamente en: La planificación del consumo familiar. La capacidad de ahorro. La demanda de crédito para gastos corrientes. Y la participación laboral, especialmente en tareas de cuidado

También condiciona decisiones de mediano plazo, como ampliación del hogar o inversión en educación.

Presión extendida en economías del NEA

Si bien la medición se basa en valores del Gran Buenos Aires, el impacto es extrapolable a provincias como Misiones, donde las economías regionales enfrentan ingresos más ajustados y mayores costos logísticos.

En estos contextos, el peso relativo de la canasta de crianza sobre el ingreso puede ser incluso mayor, lo que profundiza las restricciones al consumo y al desarrollo económico local.

Hacia adelante, la evolución de este indicador dependerá de dos variables clave: la dinámica inflacionaria y la recuperación —o no— de los ingresos reales.

Si los costos continúan creciendo por encima de los salarios, la presión sobre los hogares podría intensificarse. Por el contrario, una convergencia entre ingresos y precios podría aliviar parcialmente el impacto.

En ese equilibrio se juega no solo el bienestar familiar, sino también la capacidad de sostener el consumo interno como motor de actividad.

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ANSES actualiza las asignaciones familiares y redefine el mapa de ingresos desde marzo

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El sistema de asignaciones familiares vuelve a moverse en línea con la inflación. Con la Resolución 55/2026, publicada el 27 de febrero en el Boletín Oficial y vigente desde marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social aplicó un aumento del 2,88% en los montos, límites y rangos de ingresos que determinan el acceso a las prestaciones. El ajuste alcanza a trabajadores formales, monotributistas, jubilados y beneficiarios de programas sociales, y vuelve a poner en foco el delicado equilibrio entre ingresos familiares, cobertura social y actualización por precios.

El dato clave no es solo el porcentaje, sino su efecto práctico: pequeños movimientos en los topes pueden incluir o excluir hogares completos del sistema. En un escenario de ingresos tensionados y ajustes mensuales por inflación, la actualización importa ahora porque define quiénes siguen dentro del régimen y quiénes quedan afuera, más allá de la nominalidad del aumento.

Qué cambia en la práctica: montos y topes más altos, pero con filtro estricto

La resolución dispone una actualización general del 2,88%, calculada según la fórmula de movilidad que sigue la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El incremento se aplica a:

  • Asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado.
  • Monotributistas, beneficiarios del seguro de desempleo y de la Ley de Riesgos del Trabajo.
  • Jubilados y pensionados del SIPA, pensiones no contributivas y PUAM.
  • Titulares de la AUH y de la Asignación por Embarazo.

La norma ratifica un punto sensible del esquema vigente: si uno de los integrantes del grupo familiar supera un ingreso individual de $2.722.595, el hogar queda excluido del cobro, aun cuando la suma total familiar no exceda el tope general. Es un criterio que refuerza el carácter selectivo del sistema y genera efectos de “salto” entre quienes quedan apenas por encima o por debajo del umbral.

La actualización no incluye la Ayuda Escolar, que fue definida por separado mediante el decreto 115/2026, manteniendo su lógica de ajuste anual y no mensual.

Antecedentes y marco institucional

La medida se inscribe en la arquitectura normativa que combina la Ley 24.714 con los cambios introducidos en los últimos años al régimen de movilidad. Desde 2024, las asignaciones y los haberes previsionales se ajustan mensualmente en función de la inflación, reemplazando esquemas más rezagados.

En este contexto, la Resolución 55/2026 no crea beneficios nuevos ni modifica el diseño del sistema, sino que actualiza parámetros para sostener el poder adquisitivo relativo de las prestaciones. El problema de fondo que busca administrar es conocido: evitar que la inflación licúe las asignaciones, sin desbordar el gasto social ni perder focalización.

Impacto económico: alivio parcial y efectos distributivos

Desde el punto de vista económico, el impacto es acotado pero extendido:

  • Ingresos familiares: el aumento acompaña la inflación del mes previo, pero no implica una mejora real del poder de compra.
  • Consumo: el refuerzo ayuda a sostener gastos básicos en hogares de ingresos medios y bajos, con impacto marginal en el mercado interno.
  • Costos fiscales: el ajuste incrementa el gasto en prestaciones, aunque dentro de una lógica de actualización automática ya prevista.
  • Efectos distributivos: los topes actualizados pueden dejar fuera a familias con ingresos apenas superiores al umbral individual, un punto que suele generar tensiones en el sistema.

No hay efectos directos sobre inversión o empleo, pero sí una incidencia indirecta en la estabilidad de ingresos de sectores con alta propensión al consumo.

Señales políticas: continuidad y administración del gasto social

La resolución envía una señal de continuidad. El Gobierno mantiene el esquema de ajustes mensuales por inflación, sin introducir discrecionalidad ni cambios estructurales. No es una expansión del sistema, pero tampoco un recorte: es una administración técnica del gasto social, alineada con el objetivo de previsibilidad.

Al mismo tiempo, el mantenimiento de topes individuales estrictos refuerza una lógica de focalización, que busca concentrar recursos en los hogares de menores ingresos y contener el costo fiscal.

Qué mirar hacia adelante

En los próximos meses, el impacto real dependerá de dos variables: la velocidad de la inflación y la evolución de los ingresos formales. Si los salarios nominales siguen ajustándose por debajo de los precios, más hogares podrían mantenerse dentro del sistema. Si ocurre lo contrario, los topes —aunque actualizados— pueden volver a actuar como barrera. Ese cruce entre inflación, salarios y umbrales será la clave para medir el alcance efectivo de esta actualización.

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Las canastas básicas subieron 4,1% en diciembre y volvieron a superar a la inflación: una familia necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

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El fuerte aumento de los alimentos impulsó en diciembre un salto del 4,1% tanto en la canasta básica alimentaria como en la canasta básica total, según el INDEC. Así, una familia tipo requirió ingresos por $1.308.713 para no caer bajo la línea de pobreza y $589.510 para no ser considerada indigente, en un contexto en el que las canastas volvieron a crecer por encima del índice general de inflación.

Los datos surgen del informe de Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y correspondiente a diciembre de 2025. El relevamiento confirma que el cierre del año estuvo marcado por una presión sostenida sobre los precios de los alimentos, con impacto directo sobre los indicadores de pobreza e indigencia y sobre el poder adquisitivo de los hogares.

Alimentos como principal motor del aumento y cierre de año con subas superiores a la inflación

Según el informe oficial, la canasta básica total (CBT), que define el umbral de pobreza, registró en diciembre una suba mensual del 4,1%, mientras que la canasta básica alimentaria (CBA), utilizada para medir la indigencia, también avanzó 4,1%. Ambas variaciones se ubicaron por encima de la inflación del mes, que fue del 2,5%.

En términos acumulados, la CBT cerró 2025 con un incremento del 27,7%, mientras que la CBA acumuló una suba aún mayor, del 31%. Esta dinámica refleja que los precios de los alimentos continúan creciendo a un ritmo superior al promedio general, una tendencia que impacta con mayor intensidad en los hogares de menores ingresos.

Para diciembre, el INDEC detalló que una familia tipo necesitó $589.510 mensuales para no ser indigente y $1.308.713 para no ser pobre. En noviembre de 2025, esos valores eran de $566.364 y $1.257.329, respectivamente, lo que evidencia un salto significativo en apenas un mes.

Evolución mensual, brecha con la inflación y señales de tensión social

El informe también destaca que en noviembre de 2025 la variación mensual de la CBA había sido del 4,1%, mientras que la CBT había aumentado 3,6%, ambas por encima de la inflación de ese mes, que se ubicó en 2,5%. La persistencia de esta brecha confirma que los alimentos siguen siendo el principal factor de presión sobre las canastas de pobreza e indigencia.

A nivel territorial, se observaron dinámicas similares. En la Ciudad de Buenos Aires, el aumento de los precios de la carne y sus derivados, junto con frutas y verduras, impulsó en diciembre una suba del 3,3% en la canasta de indigencia y del 3% en la canasta de pobreza, también por encima de la inflación promedio porteña, que fue del 2,7%.

Estos movimientos refuerzan la preocupación sobre la evolución del costo de vida y su impacto distributivo, especialmente en un contexto en el que los salarios y los ingresos informales muestran dificultades para acompañar el ritmo de los precios de los bienes esenciales.

Clase media: ingresos cada vez más exigentes para sostener el nivel de vida

El informe también expone la presión creciente sobre los sectores medios. Para ser considerada de clase media, una familia tipo debió incrementar sus ingresos en noviembre en más de $50.000, alcanzando los $2.128.461 mensuales, frente a los $2.076.904 del mes previo, siempre sin contemplar el costo del alquiler.

Cuando se incorpora el gasto en vivienda, el umbral se eleva aún más: con alquiler incluido, el ingreso necesario para sostener un nivel de vida de clase media superó los $3.200.000 mensuales. Este dato refuerza la tensión estructural que atraviesa a los hogares urbanos, donde la vivienda y los alimentos concentran una porción cada vez mayor del presupuesto familiar.

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