ingresos tributarios

Argentina logró dos años consecutivos de superávit por primera vez desde 2009

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El Sector Público Nacional No Financiero cerró 2025 con un superávit fiscal primario de 1,4% del PIB y un superávit financiero de 0,2% del PIB, pese a haber registrado en diciembre el primer déficit primario del año. Según el balance fiscal elaborado por la consultora Ecolatina, se trata de un hecho inédito en la historia reciente: es la primera vez desde el período 2008–2009 que la Argentina acumula dos años consecutivos de superávit fiscal, consolidando un cambio de régimen en la dinámica de las cuentas públicas.

El resultado se apoyó en el fuerte ajuste del gasto realizado en 2024 y sostenido durante 2025, junto con una estrategia financiera que contuvo el pago explícito de intereses. Sin embargo, el informe advierte sobre tensiones subyacentes en la estructura de ingresos, el perfil de vencimientos de deuda y los desafíos que plantea el escenario fiscal y financiero de cara a 2026.

Déficit en diciembre, pero superávit en el acumulado anual

En el último mes de 2025, el Sector Público Nacional No Financiero registró un déficit primario de $2,8 billones. Al incorporar pagos de intereses por $0,4 billones, el resultado financiero fue negativo en $3,3 billones. Se trató del primer déficit primario del año y superó en 68% al rojo observado en diciembre de 2024.

De acuerdo con Ecolatina, este desempeño respondió a una combinación de factores: por un lado, un crecimiento real interanual del gasto primario de 1,7%, explicado en gran medida por la estacionalidad típica del cierre del año; por otro, una caída real interanual de 7% en los ingresos totales, reflejo de la desaceleración de la recaudación tributaria hacia el final de 2025.

No obstante, el “colchón fiscal” acumulado durante el resto del año permitió compensar el desliz de diciembre. Así, el resultado primario anual cerró con un superávit equivalente al 1,4% del PIB, apenas 0,4 puntos porcentuales por debajo de 2024, mientras que el resultado financiero fue superavitario en 0,2% del PIB, 0,1 puntos menos que el año previo.

Desde una perspectiva histórica, el dato resulta relevante: no se registraban dos años consecutivos de superávit fiscal desde 2008–2009, siendo 2009 el último año con resultado positivo. A partir de entonces, la política fiscal estuvo signada por un crecimiento del gasto primario por encima de los ingresos, dando lugar a déficits persistentes hasta el punto de inflexión alcanzado en 2024.

Ingresos en mínimos históricos y una nueva composición del ajuste

El informe destaca que, en 2025, los ingresos totales del SPN cayeron 2,6% interanual real y se ubicaron en 15,9% del PIB, lo que implicó una baja de 0,9 puntos porcentuales respecto de 2024 y marcó el nivel más bajo desde 2005.

Este resultado estuvo condicionado por una elevada base de comparación, ya que en 2024 habían estado vigentes el Impuesto PAIS, ingresos extraordinarios del blanqueo y recursos excepcionales vinculados a Ganancias y Bienes Personales. A ello se sumó un deterioro de la recaudación tributaria hacia el cierre del año, tras un inicio más dinámico impulsado por la recuperación de la actividad y el mayor aporte del sector externo.

En términos agregados, los ingresos tributarios cerraron 2025 con una contracción real de 2,5% interanual. Al interior, el IVA neto mostró una evolución prácticamente estable (+0,9% i.a. real), mientras que las contribuciones a la Seguridad Social crecieron 13,8% i.a. real, traccionadas por la mejora de la remuneración bruta promedio y consolidándose como uno de los pocos rubros con desempeño claramente positivo.

En contraste, el impuesto a las Ganancias registró una caída real de 6,8% interanual, explicada en gran medida por la base de comparación de 2024 asociada a la devaluación de diciembre de 2023. Una dinámica aún más marcada se observó en Bienes Personales, cuya recaudación se redujo 34,2% interanual real, afectada tanto por ingresos extraordinarios del año previo como por la reducción de alícuotas.

El aporte del comercio exterior también fue de mayor a menor. Los Derechos de Exportación se contrajeron 15,7% interanual real, mientras que los Derechos de Importación crecieron 22,6% interanual real, en un contexto de apreciación cambiaria y elevados volúmenes de importación.

Gasto en mínimos y el rol de los instrumentos capitalizables

Por el lado del gasto, el gasto primario representó en 2025 apenas 14,5% del PIB, uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas, muy por debajo del 19,1% del PIB alcanzado en 2023. Con un gasto ya fuertemente comprimido, el margen para profundizar el ajuste fue limitado, por lo que el gasto mostró una variación prácticamente neutra, con un aumento real de 0,4% interanual.

El informe subraya un cambio en la composición del ajuste. El gasto social creció 6% interanual real, impulsado por la nueva fórmula de movilidad que indexa las prestaciones a la inflación del mes previo. En particular, las jubilaciones y pensiones contributivas, que concentran el 64% del gasto social, aumentaron 15% i.a. real, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) se expandió 23,2% i.a. real, alcanzando un máximo histórico en términos reales y ubicándose cerca de 70% por encima de los niveles de 2023.

En sentido opuesto, las asignaciones familiares y otros programas sociales —incluyendo Tarjeta Alimentar, Volver al Trabajo, Programa 1000 Días y bonos de suma fija— registraron una caída cercana al 30% interanual real.

El ajuste continuó concentrándose fuera del gasto social, especialmente en los Subsidios Económicos, que se redujeron 31% interanual real, con un recorte más profundo en Energía (−38%) y una baja más moderada en Transporte (−7%). El Gasto de Capital se mantuvo en niveles históricamente bajos: 0,4% del PIB, sin cambios respecto de 2024 y muy lejos del 2,7% del PIB registrado en la década pasada.

En paralelo, las Transferencias a Provincias crecieron 25% interanual real, aunque permanecen casi 60% por debajo de 2023, mientras que los Salarios públicos cayeron 7% interanual real y se mantienen 27% por debajo de los niveles previos al ajuste.

Desde el punto de vista financiero, Ecolatina remarca la estrategia adoptada desde mediados de 2024 y profundizada en 2025, basada en la emisión de instrumentos capitalizables (Lecaps y Boncaps). Este esquema permitió contener el pago de intereses explícitos y mejorar el resultado financiero observado. Sin embargo, tuvo efectos no neutros por debajo de la línea, con amortizaciones en moneda local en máximos históricos en relación con el PIB.

Si se imputara el componente de capitalización como intereses devengados, el pago de intereses de 2025 ascendería a 3,9% del PIB, transformando el superávit financiero en un déficit cercano a 3,7% del PIB. El informe aclara que se trata de un escenario extremo y que el resultado real se ubica en un punto intermedio entre ambos extremos.

Perspectivas fiscales y financieras para 2026

Con el Presupuesto 2026 aprobado, el Gobierno cuenta con una hoja de ruta que fija como ancla fiscal un superávit primario de alrededor del 1,5% del PIB, además de un mayor respaldo político para avanzar en una agenda legislativa más amplia, que incluye la reforma laboral actualmente en tratamiento en el Congreso y una eventual reforma tributaria.

En materia de ingresos, la reducción de alícuotas de los derechos de exportación anticipa un menor aporte del comercio exterior, que podría ser parcialmente compensado por mayores ingresos vía importaciones. En este contexto, la sostenibilidad fiscal dependerá en gran medida del desempeño de la actividad económica y del consumo. No obstante, la reforma laboral introduce riesgos a la baja en el corto plazo, especialmente por un potencial desfinanciamiento de la seguridad social y tensiones en la coparticipación, dado que contempla reducciones en Ganancias e impuestos internos.

Del lado del gasto, el margen de maniobra seguirá siendo acotado: cerca del 70% de las erogaciones están indexadas por inflación. Se espera una profundización del recorte de subsidios bajo el nuevo esquema tarifario, con impacto sobre el ingreso disponible de los hogares y la inflación, lo que podría moderar la recuperación económica. En cuanto al gasto de capital, existe margen para una recomposición gradual, aunque dependerá de las prioridades del Ejecutivo.

Finalmente, el programa financiero aparece como uno de los principales desafíos. El perfil de vencimientos de 2026 es exigente y obligará a sostener elevados niveles de rollover, posiblemente con tasas de interés altas, aun en un contexto de inflación en descenso. En este marco, la estrategia de financiamiento y el uso de instrumentos capitalizables serán claves para evaluar la sostenibilidad de la deuda.

Con todo, el informe concluye que el resultado primario continuaría siendo superavitario en 2026, en magnitudes similares a las observadas en los últimos dos años, consolidando el cambio de régimen fiscal iniciado en 2024.

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Fuerte ajuste fiscal: el gasto cayó 27,2% real y el Gobierno cumplió la meta con el FMI en 2025

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El Sector Público Nacional (SPN) cerró diciembre de 2025 con un déficit primario de $2,88 billones y un déficit financiero de $3,29 billones, en un contexto de fuerte consolidación del ajuste fiscal iniciado en 2024. Según el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la contracción real del gasto —14,4% interanual en diciembre y 27,2% en la comparación 2025 versus 2023— compensó la caída de los ingresos y permitió cumplir holgadamente la meta fiscal comprometida con el FMI, aunque a costa de una reducción significativa en prestaciones sociales, subsidios, obra pública, salarios estatales y transferencias a universidades.

Ajuste fiscal consolidado y resultado financiero “oculto” por capitalización de intereses

Durante diciembre de 2025, los ingresos totales del SPN alcanzaron los $12,07 billones, con una caída interanual real del 7,1%, mientras que el gasto total sumó $14,95 billones, con un leve incremento interanual del 1,7%. En términos reales, el ajuste se evidencia con claridad al comparar contra 2023: el gasto se contrajo 16,1% en diciembre y 27,2% en el acumulado anual, frente a una reducción de los ingresos del 0,3% y 8,1%, respectivamente.

El informe advierte, sin embargo, sobre un déficit financiero implícito. El Tesoro priorizó en sus licitaciones la emisión de títulos en pesos capitalizables —LECAP, BONCAP y DUALES—, cuyos intereses no se registran como gasto corriente. Así, aunque el resultado financiero mensual fue negativo en $3,29 billones, al incorporar los intereses capitalizados por $4,08 billones, el rojo ascendería a $7,37 billones en diciembre. En el acumulado anual, el déficit financiero implícito alcanzaría los $28,59 billones.

Este mecanismo permitió sostener un resultado fiscal formalmente consistente con el programa financiero, pero introduce tensiones hacia adelante en materia de sostenibilidad de la deuda en pesos.

Ingresos en retroceso y presión tributaria reconfigurada

La evolución de los ingresos muestra un desempeño dispar. La caída interanual real del 7,1% en diciembre se explica principalmente por:

  • Bienes Personales: -23,1% interanual, afectado por la base de comparación tras la prórroga de pagos en 2024.
  • Impuesto a las Ganancias: -2,4% interanual.
  • Resto de tributos: -11,8% interanual, por la eliminación del Impuesto PAIS a fines de 2024, que en 2025 habría aportado $9,09 billones a valores reales.
  • Derechos de Exportación: -57,7% interanual, tras liquidaciones anticipadas y la aplicación del Decreto 682/2025, que redujo transitoriamente las retenciones al 0%. El informe anticipa nuevas caídas en los próximos meses.

En contraste, los Derechos de Importación crecieron 9,0% interanual, impulsados por un aumento de las importaciones, especialmente de bienes de consumo y vehículos, mientras que el IVA volvió a caer en términos reales (-4,2%), reduciendo su participación sobre el total de recursos.

Gasto público: recorte social, obra pública paralizada y universidades ajustadas

El ajuste del gasto impactó de manera heterogénea. Las Prestaciones Sociales crecieron 6,0% interanual en diciembre, pero al comparar ejercicios completos (2025 vs. 2023) registran una caída real del 11,5%. Dentro del rubro, solo la Asignación Universal para Protección Social mostró un aumento significativo (+71,2%), mientras que se verificaron fuertes reducciones en Asignaciones Familiares (-24,3%), Pensiones no contributivas (-12,6%) y “Otros programas” (-51,4%), donde se incluyen Tarjeta Alimentar, comedores, ex Potenciar Trabajo, Acompañar y Becas Progresar.

Los subsidios económicos se redujeron 52,4% interanual en términos reales, con una baja del 42,9% en transporte, asociada a la discontinuidad de compensaciones tarifarias en el AMBA vía SUBE, y un derrumbe del 98,5% en el subrubro “Otras funciones”.

La obra pública profundizó su parálisis: el gasto de capital cayó 47,7% interanual en diciembre y 78,8% en el acumulado de 2025 frente a 2023, sin señales de recuperación. En paralelo, los salarios de la administración pública nacional continuaron perdiendo contra la inflación, con una caída real del 36,0% respecto de 2023.

En Universidades Nacionales, diciembre de 2025 no registró el pago de aguinaldos —a diferencia de 2024— y, de haberse abonado, el gasto adicional habría sido de $0,60 billones. En términos acumulados, el recorte alcanza el 32,8% frente a 2023.

Meta fiscal con el FMI cumplida y tensiones hacia adelante

Pese al déficit de diciembre, el SPN acumuló en 2025 un superávit fiscal de $11,77 billones, superando en $1,25 billones la meta de diciembre acordada con el FMI tras la revisión de agosto de 2025, que fijó un objetivo estricto de $10,88 billones.

El cumplimiento de la meta refuerza la consistencia del programa fiscal ante el organismo internacional y habilita la continuidad de los desembolsos previstos. No obstante, el informe del CEPA subraya que el equilibrio se sostiene sobre un ajuste profundo y persistente del gasto real y una estrategia financiera que posterga el reconocimiento de intereses, lo que plantea interrogantes sobre su sostenibilidad económica, social e institucional en el mediano plazo.

CEPA Informe iscal 2025 Argentina by CristianMilciades

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Noviembre cerró con superávit financiero y consolida el ancla fiscal del Gobierno

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El Sector Público Nacional (SPN) cerró noviembre con un superávit financiero de $599.954 millones, incluso luego de afrontar pagos de intereses de deuda por $1.528.056 millones, consolidando el sendero de orden fiscal del programa económico. El resultado se explicó por un superávit primario de $2.128.009 millones y permitió sostener, en el acumulado del año, un balance positivo equivalente a 0,6% del PIB en términos financieros y 1,7% del PIB en resultado primario.

Con este desempeño, el Gobierno ratificó la consistencia del ancla fiscal como eje central de la política económica, en un contexto de desaceleración inflacionaria y reordenamiento de las cuentas públicas, donde el control del gasto y la recomposición de ingresos juegan un rol clave.

Ingresos en alza: impuestos, comercio exterior y seguridad social

Durante noviembre, los ingresos totales del SPN alcanzaron los $11.402.650 millones, lo que implicó un crecimiento interanual del 18,7%. Dentro de ese total, los recursos tributarios exhibieron una suba del 16,3% interanual, impulsados por varios componentes de peso.

El mayor dinamismo se observó en los Derechos de Importación, que crecieron 41,9% interanual, reflejando el mayor volumen de comercio exterior y la normalización de flujos. A esto se sumaron los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, con un aumento del 30,6%, el IVA neto de reintegros (+26,5%), el impuesto a los Débitos y Créditos (+22,6%) y Ganancias (+21,3%).

Desde el Palacio de Hacienda destacaron que la comparación interanual se ve condicionada por la reducción de impuestos aplicada a lo largo de 2025, lo que implica que el crecimiento de la recaudación se produce sobre una base tributaria modificada, reforzando la lectura de una mejora real en los ingresos.

Gasto primario contenido y reconfiguración de transferencias

En paralelo, los gastos primarios del Sector Público Nacional totalizaron $9.274.641 millones, con un incremento interanual del 12,7%, por debajo del crecimiento de los ingresos, lo que explica el resultado primario positivo.

Las prestaciones sociales concentraron la mayor parte del gasto, con $6.497.181 millones, lo que representó un aumento del 17,5% interanual, en línea con la actualización de haberes. Las remuneraciones del sector público, en tanto, ascendieron a $1.247.830 millones, con una suba del 10,1% interanual.

Uno de los datos más relevantes del mes fue la fuerte caída en las transferencias corrientes, que sumaron $2.502.952 millones, con una disminución del 17,4% interanual. Las transferencias al sector privado retrocedieron $162.347 millones (-6,5%), mientras que las transferencias corrientes al sector público se redujeron drásticamente a $171.061 millones, con una baja del 67,4% interanual, reflejando un ajuste significativo en los envíos discrecionales.

Subsidios económicos: energía en alza y transporte estable

En cuanto a los subsidios económicos, en noviembre se ubicaron en $700.226 millones, con un aumento del 24,8% interanual. El crecimiento estuvo explicado principalmente por los subsidios energéticos, que se incrementaron 41,0% interanual, mientras que los destinados al transporte mostraron una suba mucho más moderada, del 1,4% interanual.

Este comportamiento confirma una recomposición selectiva del gasto, donde el Gobierno prioriza el sostenimiento del sistema energético en un contexto de transición tarifaria, al tiempo que mantiene contenido el resto de los subsidios.

Señal al mercado y consistencia del programa

Con un superávit financiero mensual cercano a los $600.000 millones y un acumulado anual positivo equivalente a 0,6% del PIB, el resultado de noviembre refuerza la señal de disciplina fiscal hacia el mercado y los organismos internacionales. La combinación de ingresos en recuperación, gasto primario controlado y reducción de transferencias consolida el marco macroeconómico sobre el que el Gobierno apoya su estrategia de estabilización.

El desempeño fiscal del penúltimo mes del año se convierte así en un dato central para evaluar la sostenibilidad del programa económico, con impacto directo en las expectativas financieras, el costo del financiamiento y la credibilidad del rumbo fiscal.

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Superávit financiero: el Gobierno cerró octubre con $517.672 millones y acumula 0,5% del PIB

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El Sector Público Nacional cerró octubre con un superávit financiero de $517.672 millones, tras un resultado primario de $823.925 millones y pagos de intereses por $306.253 millones. Con este desempeño, el Gobierno acumula un superávit equivalente al 0,5% del PIB y ratifica la estrategia fiscal que sostiene su programa económico.

Ingresos en alza y efecto de tributos clave en la recaudación

Según los datos oficiales, los ingresos totales del Sector Público Nacional (SPN) alcanzaron en octubre $11.987.193 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 28,1%. Los recursos tributarios exhibieron un incremento del 24,4% i.a., impulsado por variaciones significativas en impuestos ligados al comercio exterior y al movimiento económico.

Entre los tributos con mayor crecimiento se destacaron:

  • Derechos de Importación: +65,7% i.a.
  • Impuesto a las Ganancias: +41,8% i.a.
  • Débitos y Créditos Bancarios: +41,2% i.a.
  • Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social: +35,9% i.a.
  • IVA neto de reintegros: +31,5% i.a.

El informe advierte que la comparación interanual se encuentra influida por la vigencia del Impuesto PAIS, la exteriorización de activos y los ingresos generados por el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP), factores que ampliaron la base recaudatoria en 2025.

Este desempeño consolidó la capacidad del Tesoro para sostener el superávit primario, que acumula aproximadamente 1,4% del PIB al décimo mes del año.

Gasto primario: prestaciones sociales y subsidios económicos marcan el ritmo

En paralelo, los gastos primarios ascendieron en octubre a $11.163.268 millones, con un incremento interanual del 29,6%, ritmo levemente por encima del crecimiento de los ingresos.

El componente más relevante volvió a ser el de prestaciones sociales, que sumaron $6.891.369 millones (+31,5% i.a.), impulsadas por la actualización de haberes y programas de asistencia asociados a la cobertura social.

Las remuneraciones del sector público alcanzaron $1.416.199 millones (+21,9% i.a.), variación atribuida a los incrementos salariales acordados y a “las sucesivas reducciones en la planta de empleados públicos”, según detalla el informe.

Las transferencias corrientes totalizaron $4.131.125 millones (+15,1% i.a.):

  • Al sector privado: +16,7% i.a. (+$453.927,6 millones).
  • Al sector público: +13,4% i.a. (por $957.908,3 millones en el mes).

Los subsidios económicos ascendieron a $1.041.225 millones, con un incremento del 27,1% i.a.. Dentro del rubro, se observaron variaciones similares en:

  • Energía: +28,2% i.a.
  • Transporte: +27,3% i.a.

En conjunto, estos componentes determinaron un gasto primario todavía elevado, pero compatible con el objetivo fiscal planteado por el Gobierno para 2025.

Implicancias económicas y políticas: una señal al mercado en un contexto de ajuste

El resultado de octubre refuerza la estrategia del oficialismo de sostener un ancla fiscal firme como pilar del programa económico. La continuidad del superávit financiero acumulado —equivalente al 0,5% del PIB— constituye un mensaje dirigido tanto a los mercados como a los organismos multilaterales, en un contexto de tensiones políticas y discusiones sobre el alcance futuro del gasto público.

El crecimiento de la recaudación por comercio exterior, el mayor aporte de impuestos transaccionales y el efecto de los regímenes especiales dieron margen adicional al Tesoro. Sin embargo, la evolución de subsidios, prestaciones sociales y remuneraciones seguirá siendo determinante para evaluar la sostenibilidad del superávit en los meses finales del año.

Hacia adelante, la política económica deberá conciliar la continuidad del equilibrio fiscal con las demandas de sectores productivos, provincias y actores sociales afectados por la reducción del gasto público y la recomposición de tarifas.

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