Inocencia Fiscal

Más de USD 260.000 millones fuera del sistema: el desafío del Gobierno para movilizar los dólares de los argentinos

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Los argentinos acumulan más de USD 260.000 millones fuera del sistema financiero formal —el llamado “debajo del colchón”—, una magnitud que condiciona la política económica y explica buena parte de las restricciones estructurales de la economía. Según datos oficiales, estos ahorros crecieron en más de USD 100.000 millones en la última década y avanzan a un ritmo cercano a USD 5.000 millones por trimestre. Frente a este escenario, el Gobierno busca tentar a los ahorristas para que vuelquen esos recursos a la inversión productiva y a las reservas, a través de un nuevo régimen de regularización denominado “Inocencia Fiscal”, actualmente en análisis en el Congreso.

El volumen de fondos fuera del alcance del Fisco no solo refleja desconfianza histórica, sino también un potencial latente para recomponer el crédito, financiar proyectos y aliviar la escasez de divisas. La discusión vuelve al centro de la agenda económica e institucional en un contexto de reservas ajustadas y necesidad de dinamizar la inversión.

La magnitud del ahorro fuera del sistema y su evolución

Los datos oficiales muestran que los ahorros externos y no bancarizados en manos de argentinos o empresas argentinas pasaron de USD 153.309 millones en 2015 a USD 260.443 millones en el tercer trimestre del año en curso. El crecimiento acumulado supera los USD 100.000 millones en diez años y mantiene una tendencia sostenida, con incrementos trimestrales cercanos a USD 5.000 millones.

Se trata de dinero que permanece en el país o en el exterior, en forma de dólares billete, depósitos no declarados, cajas de seguridad u otros instrumentos, y que quedó sistemáticamente fuera del circuito formal. A comienzos de 2016, estos activos ya totalizaban USD 154.682 millones; al inicio del gobierno de Alberto Fernández ascendían a USD 226.569 millones; y alcanzaron USD 261.368 millones hacia fines de 2023, consolidando una trayectoria ascendente que atraviesa distintos ciclos políticos y económicos.

Activos externos: un stock que supera los USD 480.000 millones

Si al efectivo se le suman las inversiones en bonos y títulos externos, propiedades en el exterior y otros instrumentos financieros —declarados o no—, el total de activos externos en manos argentinas alcanzó USD 483.278 millones al cierre del tercer trimestre. La cifra contrasta con los USD 271.766 millones registrados una década atrás, lo que da cuenta de una fuerte acumulación patrimonial fuera del sistema local.

En ese período, crecieron con fuerza las participaciones en fondos de inversión, que pasaron de USD 26.851 millones a USD 69.968 millones, y los títulos de deuda, que aumentaron de USD 14.322 millones a USD 42.448 millones. Este proceso evidencia una preferencia por activos financieros externos como resguardo de valor, en detrimento de la intermediación doméstica.

La estrategia oficial: blanqueo, inversión y reservas

Ante este cuadro, el Gobierno impulsa un nuevo intento de regularización mediante una ley de blanqueo denominada “Inocencia Fiscal”, que se encuentra bajo análisis parlamentario. La pretensión del ministro de Economía, Luis Caputo, es que una parte de esos fondos no declarados se canalice hacia inversiones y, en paralelo, contribuya a fortalecer las reservas del Banco Central, hoy limitadas.

El objetivo oficial es doble: ampliar la base de capital disponible para el desarrollo productivo y reducir la presión cambiaria mediante una mayor oferta de divisas. Sin embargo, el desafío es de naturaleza institucional y política: convencer a los ahorristas de que ingresen sus dólares al sistema requiere previsibilidad, reglas claras y credibilidad sostenida.

En términos macroeconómicos, la magnitud del ahorro fuera del sistema explica por qué la economía argentina convive con un alto nivel de activos privados en dólares y, al mismo tiempo, con restricciones severas de financiamiento y divisas en el sector público. La capacidad de transformar ese stock en inversión real será determinante para el rumbo económico de los próximos años.

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Con votos ajustados, Diputados dio media sanción a la ley de Inocencia Fiscal

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Diputados aprobó el proyecto de “Inocencia Fiscal” y lo giró al Senado: reforma penal tributaria y blanqueo implícito de dólares no declarados

En su primera sesión con la nueva composición y tras sancionar el Presupuesto 2026, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley de “Inocencia Fiscal”, una iniciativa del Gobierno orientada a incentivar el uso de dólares no declarados —conocidos como “dólares del colchón”— y a reformar en profundidad el Régimen Penal Tributario. La norma obtuvo 130 votos a favor, 107 en contra y 2 abstenciones, en un debate marcado por fuertes cruces políticos y denuncias de la oposición.

Cambio de paradigma tributario: presunción de inocencia y foco en la “evasión relevante”

El proyecto introduce una reforma integral del sistema tributario y del Régimen Penal Tributario, con un cambio estructural en la relación entre el Estado y los contribuyentes, basado en la presunción de inocencia. El texto redefine los criterios para la configuración de los delitos fiscales y prioriza la intervención penal en los casos de “evasión relevante”, con el objetivo explícito de descomprimir el sistema judicial y concentrar los recursos estatales en conductas consideradas verdaderamente lesivas.

Entre los ejes centrales, la iniciativa habilita la extinción de la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación fiscal, y establece límites precisos para el inicio y la continuidad de procesos penales cuando las facultades del fisco se encuentren prescriptas. A su vez, incorpora una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma, salvo inconsistencias relevantes, con la finalidad de reducir la discrecionalidad en los procesos de fiscalización y mejorar la previsibilidad.

En línea con ese enfoque, se crea un Régimen Simplificado de Declaración Jurada, destinado a facilitar el cumplimiento, incentivar la formalización y garantizar que la información patrimonial no sea utilizada como mecanismo de persecución futura.

Nuevos umbrales penales, Ganancias simplificado y menor prescripción

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la actualización de los umbrales a partir de los cuales la evasión pasa a ser delito. La evasión simple se eleva de $1,5 millones a $100 millones, y la evasión agravada de $15 millones a $1.000 millones. En el caso de la seguridad social, el piso sube de $200.000 a $7 millones, mientras que para el uso de facturas apócrifas el umbral se incrementa de $1,5 millones a $100 millones.

En materia de Ganancias, el proyecto establece un Régimen Simplificado con un tope patrimonial de hasta $10.000 millones para adherir. Los contribuyentes alcanzados no deberán informar variaciones patrimoniales ni se controlarán sus consumos. En los hechos, ARCA liquidará el impuesto únicamente sobre los ingresos facturados, deduciendo los consumos, sin controlar el eventual crecimiento patrimonial.

Además, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. ARCA no iniciará acciones penales siempre que se cancelen las deudas y sus intereses, beneficio que podrá utilizarse una sola vez por contribuyente.

Votación ajustada, críticas opositoras y giro al Senado

La iniciativa avanzó sin un debate ordenado en el tramo final de la sesión. La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, fue la miembro informante, aunque su exposición se dio en un recinto alterado tras más de diez horas de discusión. En ese contexto, sostuvo que el proyecto “establece un cambio de paradigma” y cuestionó la idea de que los contribuyentes sean “sospechosos por defecto”.

El cierre del debate se aceleró por pedido de Silvana Giudici, y la votación general arrojó el resultado favorable. En la votación en particular, el diputado Guillermo Michel solicitó modificaciones para ajustar multas y clausuras según el tamaño de las empresas y personas humanas, pero no fueron aceptadas. Sí se incorporó una modificación en el artículo 43°, referida a la actualización de montos a partir del 1 de enero de 2027.

Desde la oposición de izquierda y sectores de Unión por la Patria se expresaron duras críticas. Miriam Bregman calificó la norma como “una ley para esconder narcos”, mientras que Romina del Plá la definió como “una ley para beneficiar la evasión y el narcotráfico”. Juan Grabois también cuestionó con dureza el proyecto durante la sesión. Pese a ello, el oficialismo y sus aliados lograron sancionar el texto, que ahora será tratado por el Senado.

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Con Herrera Ahuad integrado, Presupuesto y Hacienda inicia una semana clave en el Congreso

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En el inicio de la agenda legislativa de las sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados de la Nación constituyó este lunes la Comisión de Presupuesto y Hacienda, uno de los órganos clave para la definición de la política económica y fiscal del país. El cuerpo quedó formalmente integrado y contará entre sus miembros con el Dr. Oscar Herrera Ahuad, en un contexto de alta sensibilidad institucional marcado por el tratamiento del Presupuesto 2026 y el proyecto de Compromiso Fiscal.

La conformación de la comisión se produjo tras la reunión constitutiva en la que se designaron autoridades y se fijó un cronograma inmediato de trabajo, lo que anticipa una semana de intensa actividad parlamentaria con impacto directo sobre la planificación macroeconómica, el esquema de gastos y la relación fiscal entre la Nación y las provincias.

Autoridades definidas y equilibrios políticos en Presupuesto y Hacienda

Durante la reunión, el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch (La Libertad Avanza) fue designado nuevamente Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ratificando la conducción del oficialismo en el espacio donde se discuten los principales proyectos económicos.

A pedido del diputado Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria), ese bloque realizó la reserva de la Vicepresidencia y de la Secretaría Primera, dejando explicitada la puja política por los lugares clave de conducción interna. En tanto, la Vicepresidencia Segunda quedó en manos de la diputada Daiana Fernández Molero (PRO) y la Secretaría Segunda será ocupada por el diputado Julio Moreno Ovalle (La Libertad Avanza). El bloque oficialista también hizo reserva de la Secretaría Tercera.

La integración de la comisión, en la que participa el Dr. Oscar Herrera Ahuad, se produce en un momento en el que el Congreso vuelve a concentrar la atención del Ejecutivo y de los actores económicos, ante la necesidad de avanzar con definiciones presupuestarias en un escenario de restricciones fiscales y reordenamiento del gasto público.

Legislación Penal y una agenda cruzada con impacto fiscal

Previamente, se constituyó la Comisión de Legislación Penal, donde la diputada Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza) fue reelecta como Presidenta, renovando su mandato al frente del cuerpo. Al asumir, agradeció la designación y anunció que la comisión será convocada para avanzar con el texto del proyecto de Inocencia Fiscal.

En este ámbito, a instancias del diputado Germán Martínez (Unión por la Patria), ese bloque realizó la reserva de la Vicepresidencia Primera y de la Secretaría Segunda, mientras que la Vicepresidencia Segunda quedó vacante. La Secretaría Primera será ejercida por el diputado Martín Yeza (PRO) y la Secretaría Tercera por Alida Ferreyra (La Libertad Avanza).

La articulación entre ambas comisiones no es menor: el proyecto de Inocencia Fiscal será abordado en plenario entre Presupuesto y Legislación Penal, lo que anticipa un debate transversal que combina aspectos penales, tributarios y fiscales.

Presupuesto 2026: señales al mercado y a las provincias

Al cierre de la reunión constitutiva, Benegas Lynch confirmó que la Comisión de Presupuesto y Hacienda será citada este martes a las 12 para iniciar el tratamiento del Presupuesto 2026 y del proyecto de Compromiso Fiscal. Más tarde, a las 15, se realizará el plenario con Legislación Penal para analizar la iniciativa de Inocencia Fiscal.

La activación formal de la Comisión de Presupuesto marca un punto de inflexión en la agenda económica del Congreso. El debate del Presupuesto 2026 no solo ordenará el esquema de ingresos y gastos del Estado nacional, sino que también funcionará como una señal política e institucional hacia las provincias, los mercados y los distintos sectores económicos, en un contexto donde el equilibrio fiscal y la previsibilidad normativa aparecen como ejes centrales de la discusión pública.

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Milei convocó a extraordinarias: Presupuesto 2026 y reformas clave definirán el cierre del año político

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El Presidente Javier Milei convocó al Congreso a sesiones extraordinarias con un temario económico y penal de alto voltaje institucional

Milei oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre de 2025, con un temario focalizado en reformas estructurales: Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal, Compromiso para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, Modernización Laboral, Reforma del Código Penal y adecuación de la Ley de Glaciares. El paquete se formalizó mediante el Decreto 865/2025, publicado el 9 de diciembre de 2025, y coloca al Congreso frente a un cierre de año dominado por debates clave para el ordenamiento macroeconómico y el rediseño del régimen penal y ambiental del país.

Un temario económico y penal para cerrar el año legislativo

El Decreto 865/2025, firmado por el Presidente y el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, establece en su Artículo 1° la convocatoria a sesiones extraordinarias del 10 al 30 de diciembre de 2025.

El Artículo 2° incorpora el Anexo I (IF-2025-135305231-APN-JGM), donde se enumeran los seis asuntos que integran el temario:

  1. Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026 (Msje. JGM 104/25, Exp. 14-JGM-2025).
  2. Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal (Msje. 14/25, Exp. 3-PE-2025).
  3. Proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria (Msje. 29/25, Exp. 11-PE-2025).
  4. Proyecto de Ley de Modernización Laboral (a ser enviado por el Poder Ejecutivo).
  5. Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal (a ser enviado por el Poder Ejecutivo).
  6. Proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos de Glaciares – Ley Nº 26.639 (a ser enviado por el Ejecutivo).

El texto se ampara en los artículos 63 y 99 inciso 9 de la Constitución Nacional, que habilitan al Presidente a convocar al Congreso fuera del período ordinario y a fijar la agenda temática.

Un Congreso presionado a definir las anclas de 2026

La inclusión del Presupuesto 2026 como primer punto deja en claro la urgencia del Ejecutivo en asegurar el marco fiscal para el próximo año, en un escenario donde el ordenamiento de cuentas públicas es central para la estrategia económica oficial.

El paquete se completa con dos iniciativas fiscales. Inocencia Fiscal: un proyecto ya ingresado a Diputados, orientado a modificar o establecer reglas sobre el accionar del contribuyente. Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria: también en trámite legislativo.

La convocatoria incorpora además tres proyectos aún no remitidos, lo que sugiere negociaciones en curso: una Modernización Laboral, clave en los planteos del Gobierno sobre competitividad. Una Reforma del Código Penal, cuyo alcance no fue detallado. La adecuación de la Ley 26.639 de Glaciares, un tema ambiental sensible en la agenda política federal.

El decreto fue registrado con fecha 5 de diciembre de 2025 y publicado el 9 de diciembre, según el cierre del Boletín Oficial.

Escenarios legislativos y tensiones posibles

La amplitud y profundidad del temario anticipan un diciembre de negociaciones densas entre bloques, gobernadores y el Poder Ejecutivo. La presencia de iniciativas fiscales, penales, laborales y ambientales, todas de alto impacto, perfila un cierre de año legislativo con potenciales tensiones entre oficialismo, oposiciones y actores sectoriales.

En particular: El Presupuesto 2026 marcará la hoja de ruta económica del próximo año. La Modernización Laboral podría activar resistencias sindicales. La Reforma Penal y la adecuación de la Ley de Glaciares impactarán en provincias, organizaciones ambientales y el sistema de justicia.

La convocatoria a extraordinarias se convierte así en un test político para medir la capacidad del Gobierno de avanzar con reformas estructurales en un Congreso que será la arena principal de disputa institucional en el cierre de 2025.

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