Inocencia Fiscal

CAME le solicitó a Caputo que ARCA suspenda embargos y no les aplique multas a las pymes

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A partir del anuncio del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, sobre el envío de un proyecto que modifique la actual Ley de Inocencia Fiscal, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le pidió que, durante el período de espera establecido en la normativa, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no le aplique multas a las pequeñas y medianas empresas.
 


Asimismo, CAME requirió que, en los casos en que el contribuyente regularice la obligación intimada dentro de los 15 días posteriores a la finalización de dicho período de espera, la multa aplicable se reduzca en un 50%. Solo una vez vencido este último plazo sin que se hubiera cumplido con la obligación debería aplicarse la sanción en su totalidad, acorde a los montos establecidos por la ley.

Por otra parte, la entidad solicitó que, en atención a que el proyecto sería de origen fiscal, se disponga la suspensión de las ejecuciones fiscales y de los embargos aplicables al sector pyme. “Pedimos la implementación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación. A su vez, dicho régimen debería comprender las deudas vencidas al 31 de mayo del presente año, así como también los planes de facilidades de pago vigentes y aquellos que hubieran caducado”, dijo el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo.

En un contexto de consumo deprimido, sumado a la propuesta realizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre una reforma tributaria, la entidad representativa de las pequeñas y medianas empresas argentinas considera importante atender el planteo elevado al ministro, a los fines de promover condiciones que contribuyan a preservar el entramado productivo, fortalecer la competitividad de las pymes y acompañar su desarrollo sostenible.

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ARCA endurece controles sobre Ganancias y pone bajo revisión beneficios de la “inocencia fiscal”

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El organismo detectó inconsistencias en deducciones informadas por trabajadores en relación de dependencia y activó controles electrónicos preventivos. La preocupación crece entre contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado impulsado por el Gobierno, ante el riesgo de perder el “tapón fiscal”.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) inició una revisión masiva sobre deducciones declaradas en el Impuesto a las Ganancias por trabajadores en relación de dependencia y encendió una señal de alerta en torno al Régimen Simplificado de Ganancias, uno de los instrumentos centrales del esquema de “inocencia fiscal” promovido por el Gobierno nacional.

El organismo comenzó a cruzar información entre las declaraciones realizadas mediante el Siradig y las liquidaciones anuales confeccionadas por empleadores a través del formulario F.1359. El resultado preliminar mostró inconsistencias en distintos conceptos deducidos, especialmente vinculados a gastos de indumentaria, equipamiento profesional, aportes previsionales, vehículos utilizados por corredores y viajantes, aportes a Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y cargas de familia.

La situación adquirió mayor sensibilidad porque ARCA advirtió que esas diferencias podrían derivar en “discrepancias significativas”, una categoría que puede afectar directamente el acceso y permanencia dentro del Régimen Simplificado de Ganancias.

El “tapón fiscal” entra en zona de tensión

El régimen impulsado por el Ministerio de Economía fue presentado como una herramienta destinada a facilitar la formalización patrimonial y permitir la exteriorización de ahorros no declarados sin quedar expuestos a revisiones retrospectivas amplias.

La pieza clave del esquema es el denominado “tapón fiscal”: una limitación a futuras investigaciones sobre variaciones patrimoniales de períodos anteriores.

Sin embargo, el beneficio no es automático ni irrestricto. La normativa vigente establece que ARCA puede revisar la situación de los contribuyentes cuando detecte diferencias relevantes entre lo declarado y el impuesto efectivamente determinado por el organismo.

Actualmente, una diferencia igual o superior al 15% podría ser considerada una “discrepancia significativa”, un umbral que comenzó a generar preocupación entre trabajadores adheridos o interesados en ingresar al régimen antes del cierre del plazo de adhesión.

Las comunicaciones oficiales ya comenzaron a llegar a través de los domicilios fiscales electrónicos de cientos de contribuyentes.

Por ahora, especialistas tributarios remarcan que las notificaciones emitidas por ARCA no constituyen intimaciones formales ni determinaciones de deuda.

Se trata de acciones preventivas encuadradas dentro del Sistema de Acciones de Control Electrónico (Siace), una herramienta de fiscalización digital utilizada por el organismo para corregir inconsistencias antes de que las liquidaciones queden firmes.

Sin embargo, detrás del procedimiento técnico también aparece una señal política y fiscal relevante: el Gobierno busca ampliar la base de formalización sin resignar capacidad de control tributario.

El equilibrio es delicado. La administración de Javier Milei intenta consolidar un discurso de menor presión estatal y simplificación impositiva, pero al mismo tiempo necesita preservar herramientas de fiscalización en un contexto de fuerte ajuste fiscal y necesidad de sostener recaudación.

Economía revisa el impacto del régimen

La preocupación generada por las observaciones de ARCA coincidió con la decisión oficial de extender hasta fines de julio el plazo de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias.

En paralelo, el Ministerio de Economía mantuvo reuniones con especialistas tributarios para analizar el alcance de las discrepancias detectadas y evaluar posibles ajustes reglamentarios que eviten desalentar el ingreso de contribuyentes al sistema.

El punto sensible es que el régimen fue diseñado como uno de los mecanismos para incentivar la incorporación de ahorros y activos no formalizados al circuito económico. Cualquier percepción de inseguridad tributaria podría afectar esa estrategia.

Para ARCA, el objetivo es reducir inconsistencias antes de judicializar conflictos fiscales. Para los contribuyentes, en cambio, el desafío pasa por sostener el acceso a beneficios sin quedar expuestos a revisiones posteriores que puedan comprometer la estabilidad tributaria prometida por el régimen.

La dinámica abierta por ARCA revela que el Régimen Simplificado de Ganancias aún atraviesa una etapa de ajuste operativo y político.

El Gobierno necesita que el esquema gane volumen y legitimidad para transformarse en una herramienta efectiva de formalización. Pero al mismo tiempo busca evitar que el régimen sea utilizado para consolidar deducciones improcedentes o inconsistencias patrimoniales.

La tensión entre flexibilización y control quedó ahora expuesta en el corazón del nuevo esquema tributario.

Los próximos meses serán decisivos para determinar si el sistema logra consolidarse como incentivo a la formalización o si las dudas regulatorias terminan limitando su alcance.

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ARCA activa el nuevo esquema de control tras la “inocencia fiscal”

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) decidió moverse antes que el calendario y, con tres meses de anticipación, puso en línea los aplicativos para las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales del período fiscal 2025. La decisión, inusual en la lógica operativa del organismo, no es meramente técnica: llega después de la entrada en vigencia de la ley de “inocencia fiscal”, que elevó de forma exponencial las multas por incumplimientos formales. El movimiento abre una pregunta en el frente tributario: ¿se trata de facilitar el cumplimiento o de blindar la capacidad sancionatoria del Estado?

Un cambio operativo que reconfigura el vínculo con el contribuyente

El dato rompe la inercia administrativa. Históricamente, los sistemas se habilitaban cerca de los vencimientos. Esta vez, ARCA adelanta el proceso y habilita una ventana más amplia para que personas físicas y contadores preparen la información.

En lo formal, la medida apunta a ordenar la carga de datos —ingresos, activos, consumos, retenciones y percepciones— y reducir inconsistencias. En lo político-administrativo, implica otra cosa: traslada la presión del último momento hacia una lógica de planificación, donde el margen de error se achica y la responsabilidad del contribuyente se amplifica.

El esquema inicial está dirigido a quienes tributan bajo el Régimen General y funciona de manera íntegramente digital mediante Clave Fiscal. Es decir, consolida el proceso de digitalización plena del vínculo entre el Estado y el contribuyente.

La “inocencia fiscal” como telón de fondo

El cambio operativo no se entiende sin la reforma normativa que lo precede. La ley de Presunción de Inocencia Fiscal (Ley 27.799) modificó de manera drástica el régimen sancionatorio por infracciones formales.

Desde el 2 de enero de 2026, las multas se actualizaron con incrementos promedio del 75.000% y, en algunos casos, superiores al 100.000%. El salto es significativo: la omisión de presentar una declaración jurada pasó de $200 a $220.000 para personas físicas, y de $400 a $440.000 para empresas.

La ecuación es clara. Con sanciones de esa magnitud, el margen de tolerancia del sistema se reduce al mínimo. En ese contexto, la anticipación de los aplicativos funciona como una señal doble: más tiempo para cumplir, pero menos margen para incumplir.

Repercusiones: control más rígido y profesionalización del cumplimiento

El nuevo esquema reconfigura la relación de fuerzas en el sistema tributario. Por un lado, fortalece la capacidad de control del organismo recaudador, que ya no depende de la congestión de última hora para detectar inconsistencias. Por otro, obliga a contribuyentes y asesores a elevar el estándar de cumplimiento.

El impacto es especialmente relevante para el ecosistema profesional. Contadores y estudios impositivos ganan tiempo operativo, pero enfrentan un riesgo mayor ante errores formales. La carga ya no está solo en liquidar correctamente, sino en hacerlo dentro de un esquema donde el costo del incumplimiento es sustancialmente más alto.

Al mismo tiempo, la decisión puede leerse como parte de una estrategia más amplia de ordenamiento fiscal. El organismo busca reducir la litigiosidad y mejorar la calidad de la información declarada, apoyándose en herramientas digitales y en un régimen sancionatorio más severo.

Sin embargo, no todos los instrumentos del nuevo esquema están activos. La Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, vinculada al incentivo para exteriorizar ahorros —el llamado “dólar colchón”—, aún no está disponible. Esa ausencia deja incompleto el tablero operativo del nuevo modelo.

Escenario abierto: entre la eficiencia y la presión fiscal

La anticipación de los aplicativos marca un movimiento táctico que combina modernización y endurecimiento. En el corto plazo, permitirá observar si efectivamente mejora la calidad de las presentaciones o si simplemente redistribuye la carga de trabajo.

En las próximas semanas, el foco estará en la respuesta del sistema: nivel de adhesión, volumen de presentaciones anticipadas y comportamiento de los contribuyentes frente al nuevo esquema de sanciones.

También quedará por ver cómo se integra la declaración simplificada y si logra complementar la estrategia oficial de formalización. Ese componente será clave para medir si el modelo apunta solo al control o también a ampliar la base de cumplimiento.

La política tributaria, una vez más, se juega en el equilibrio entre incentivo y sanción. Y ese equilibrio todavía está en construcción.

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Inocencia fiscal: intereses de depósitos en dólares no pagarán impuestos

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) continúa con la adecuación de su normativa para impulsar el régimen de Inocencia Fiscal. El organismo aclaró por medio de la Resolución General 5822/2026, publicada en el Boletín Oficial, que los intereses generados por depósitos en moneda extranjera no estarán sujetos a retenciones del impuesto a las ganancias.

De esta manera, ARCA actualizó el marco reglamentario vigente para armonizarlo con la entrada en vigencia del régimen simplificado de este impuesto, a fin de fomentar la incorporación de activos al circuito formal de la economía, como instrumento idóneo para asegurar su identificación, trazabilidad y verificación.

Ahora los contribuyentes que se adhieran a la iniciativa, al momento de introducir sus fondos en el sistema financiero, tendrán garantizado que el Estado no les aplicará retenciones por los intereses generados en esas inversiones.

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Se reglamentó el régimen de “Inocencia Fiscal”

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informa que se publicó el Decreto reglamentario del Régimen de Inocencia Fiscal, previsto en la Ley N.º 27.799, junto con la normativa complementaria de ARCA, que pone en plena vigencia el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias.

Con la Ley de Inocencia Fiscal se deja atrás un régimen persecutorio. Décadas de cepo cambiario, alta inflación, volatilidad y un sistema tributario asfixiante empujaron a millones de argentinos a la informalidad y la evasión.

En ese esquema todos eran considerados evasores. 

La Ley de Inocencia Fiscal viene a poner las cosas en su lugar y le devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie.  

Entre los principales puntos de este cambio paradigmático se destaca que el umbral de evasión simple se eleva a 100 millones de pesos, y el de evasión agravada a 1.000 millones de pesos. También se modificó el plazo de prescripción del delito, que disminuye de 5 años a 3 años.  Esto implica que quienes se inscriban al RSG en los próximos meses no van a poder ser investigados a partir de 2029. 

Además, evadir ya no va a ser un delito penal. Quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo pagando su deuda sin necesidad de afrontar una causa penal..

Principales definiciones de la reglamentación y adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias.

Requisitos de ingresos y patrimonio para la adhesión.
Para adherir al régimen se deberán cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:

  • Ingresos totales de hasta $1.000 millones anuales.
  • Patrimonio total de hasta $10.000 millones.
  • No revestir la condición de Gran Contribuyente Nacional.

La verificación se realizará considerando el período fiscal de adhesión y los dos anteriores, sin acumular los montos entre años.

Declaración Jurada Simplificada y efecto liberatorio
ARCA pondrá a disposición una Declaración Jurada Simplificada precargada, que el contribuyente podrá revisar, modificar y presentar. La presentación y el pago en término del impuesto —o la adhesión a un plan de facilidades dentro del vencimiento— otorgarán efecto liberatorio respecto del Impuesto a las Ganancias del período fiscal base.

Bancarización de operaciones
Se establece que las operaciones se considerarán correctamente canalizadas cuando los fondos ingresen al sistema financiero en el origen o en el destino de la operación.
Se ratifica que las compraventas de inmuebles podrán seguir realizándose en efectivo, conforme lo dispuesto por el Decreto N.º 22/2001.

Antecedente favorable en materia de lavado de activos
La constancia digital de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias será considerada un antecedente favorable ante entidades financieras y sujetos obligados en el marco de la normativa de prevención de lavado de activos, sin perjuicio del cumplimiento de los controles correspondientes. ARCA implementará un sistema de validación digital para facilitar esta verificación.

No se analizará el incremento patrimonial
La normativa aclara expresamente que ARCA no analizará el incremento patrimonial, incluyendo depósitos bancarios, a los fines de la verificación del régimen, despejando interpretaciones erróneas sobre el alcance de los controles.

Presunción de exactitud y nueva período fiscal base

El régimen incorpora una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas bajo la modalidad simplificada. Cuando el contribuyente cumple con la presentación y el pago en término del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal base, la información declarada se presume correcta, otorgando mayor seguridad jurídica y previsibilidad. 

De esta manera, ARCA sólo podrá impugnar la declaración en supuestos excepcionales expresamente definidos en la normativa, como la existencia de discrepancias significativas debidamente verificadas.

Asimismo, el régimen introduce el concepto de nuevo período fiscal base. Cada vez que el contribuyente ratifica su permanencia en el régimen y presenta en término la Declaración Jurada Simplificada con el correspondiente pago, ese período pasa a constituirse como un nuevo período fiscal base. 

De esta manera, los períodos anteriores quedan alcanzados por la presunción de exactitud, salvo que ARCA hubiera notificado previamente una orden de intervención, consolidando un esquema de cumplimiento progresivo que refuerza la confianza entre el contribuyente y la administración tributaria.

Rectificativas y multas
La reglamentación dispone que la rectificación espontánea presentada antes de la notificación de una orden de intervención no configura una discrepancia significativa.
Asimismo, ARCA establecerá una reducción del 50 % de las multas para quienes regularicen su situación dentro de los 45 días posteriores al vencimiento.

Con la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, se avanza en un cambio trascendental de paradigma tributario que le devuelve la libertad a los argentinos de poder disponer de sus ahorros.

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