Inocencia Fiscal

El Gobierno defendió en Diputados la nueva Ley de Inocencia Fiscal

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Altos funcionarios del Ministerio de Economía defendieron este miércoles en la Cámara de Diputados el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, que amplía el universo de beneficiarios del régimen simplificado de Ganancias y busca fomentar la incorporación de ahorros informales o no declarados al circuito económico formal.

En el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, los representantes del Gobierno explicaron los detalles técnicos y alcances de la actualización de la ley, que incorpora los cambios plasmados en el decreto reglamentario de la norma original.

Desde la oposición llovieron las críticas al considerar que la norma alienta la evasión impositiva y que constituye un “blanqueo permanente” que favorecerá a funcionarios públicos, que no están excluidos del régimen de Inocencia Fiscal.

La ley de Inocencia Fiscal había quedado en la mira luego de que unos días antes de ser eyectado del cargo, el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, formalizaran su solicitud de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en medio de la causa que los investiga por presunto enriquecimiento ilícito. 

La presidenta de la comisión de Legislación General, Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza), destacó la propuesta del Poder Ejecutivo y al respecto dijo que el objetivo de este nuevo enfoque del sistema impositivo es “perseguir a los verdaderos evasores y no a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias”. 

La cordobesa salió al cruce de quienes consideran desde la oposición que el proyecto favorece la impunidad de los evasores.

“No elimina delitos, no reduce penas y no beneficia a quien haya cometido un delito”, subrayó.

La primera funcionaria invitada en tomar el micrófono fue la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, quien recordó que “el vencimiento de la declaración jurada de ganancias fue postergado para el mes de agosto, con lo cual nos parece importante ampliar lo que hoy está vigente a otro universo de contribuyentes”. 

“Teniendo en cuenta que el nivel de acatamiento al régimen simplificado previsto en el régimen actual fue muy importante, muy significativo, está bien ampliar ese régimen para que pueda haber más cantidad de adhesiones”, agregó.

Por su parte, el Director Nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu, comparó la ley vigente con los alcances del proyecto de ley en debate. 

“El primer tema a considerar es que, en cuanto a los lineamientos generales, la ley no sufre ninguna modificación, esto es que sigue comprendiendo al mismo universo de sujetos, que son las personas humanas y las asociaciones indivisas”, comenzó. 

“Es decir, no entran las sociedades dentro de este régimen simplificado, para ello, esas personas humanas continúan o deben continuar cumpliendo la condición de ser residentes fiscales argentinos”, añadió.

A su turno, el director del Banco Central Martín Vauthier calculó el impacto que la medida podría llegar a tener en la economía.

“Cuando uno mira las estimaciones de los montos de billetes en moneda extranjera que tienen los argentinos fuera del sistema financiero, estamos hablando de aproximadamente 170 mil millones de dólares, probablemente eso sea un piso. Y para ponerle un orden de magnitud, hoy los depósitos privados en el sistema financiero en moneda extranjera son un poco más de 40 mil millones de dólares”, dimensionó.

“Estamos hablando de un stock de billetes fuera del sistema de entre cuatro y cinco veces los depósitos privados en moneda extranjera. Esto es un número enorme y obviamente el objetivo de la ley es permitir que los argentinos puedan formalizar estos ahorros sin sufrir ninguna penalidad”, estimó.

El diputado nacional de Unión por la Patria Agustín Rossi calificó al proyecto de Inocencia Fiscal como “un escándalo” porque favorece a “los estudios contables más grandes de la Argentina”.

Al mismo tiempo, cuestionó que la norma habilite a los funcionarios públicos a adherir al régimen simplificado de Ganancias. 

“No podemos aprobar en este Congreso una ley que nos beneficia a nosotros”, aseveró.

El diputado nacional del Frente de Izquierda Néstor Pitrola aseguró que la ley de Inocencia Fiscal configura “un blanqueo permanente” y “una ley de impunidad permanente de la evasión”.

Por su parte, Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) advirtió que “había una gran oportunidad para dejar con contundencia la exclusión del régimen simplificado para todos los funcionarios públicos”.

La bonaerense adjudicó esa decisión a la posibilidad de que Adorni adhiriera a la ley de Inocencia Fiscal.

Tras escuchar el aluvión de críticas, Balestrini rechazó que el nuevo proyecto suponga un nuevo blanqueo. 

“Esto no se trata de un régimen de regularización de activos, sino de una declaración jurada simplificada”, aclaró. 

Además, explicó que más allá de lo estipulado en esta nueva ley, los funcionarios públicas seguirán estando obligados a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción como hasta ahora. 

En la misma línea, la subsecretaria de Ingresos Públicos aclaró que la iniciativa “no renuncia a la fiscalización” y “no anula la ley antilavado ni la antievasión”.

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Dólares del colchón: funcionarios y políticos podrán inscribirse al nuevo régimen de inocencia fiscal

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El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para modificar el régimen de Inocencia Fiscal con el objetivo de incentivar la incorporación de dólares no declarados al sistema financiero y despejar las dudas que, según el Ministerio de Economía, frenaron la adhesión durante los primeros meses de vigencia.

La principal novedad es que el nuevo esquema no excluirá a funcionarios, exfuncionarios ni dirigentes políticos. Todos podrán adherirse al régimen simplificado de Ganancias siempre que cumplan con los requisitos previstos por la ley, aunque continuarán alcanzados por los controles específicos que pesan sobre quienes ejercen o ejercieron funciones públicas.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, acompañado por especialistas tributarios y funcionarios del área legal del Gobierno. La iniciativa busca fortalecer la ley aprobada en diciembre pasado y ofrecer mayor seguridad jurídica a quienes decidan exteriorizar ahorros que permanecen fuera del sistema bancario.

Los principales cambios

Entre las modificaciones más relevantes figura la eliminación de los topes patrimoniales y de ingresos que limitaban el acceso al régimen simplificado.

De prosperar el proyecto, podrán adherirse todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, sin importar el nivel de ingresos o patrimonio declarado. Los grandes contribuyentes nacionales también podrán ingresar, aunque sin acceder a todos los beneficios previstos para el régimen simplificado.

Otro punto central es la redefinición de la denominada “discrepancia significativa”, el parámetro que habilita a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a revisar ejercicios fiscales anteriores.

Actualmente, el beneficio del llamado “tapón fiscal” se pierde cuando la diferencia entre el impuesto declarado y el determinado por el organismo supera el 15%. La reforma propone un nuevo criterio: el beneficio solo caerá cuando la diferencia supere el 5% del umbral de evasión simple, equivalente actualmente a unos cinco millones de pesos.

Además, si ARCA detecta diferencias, el contribuyente podrá conservar los beneficios del régimen siempre que rectifique su declaración jurada dentro de los quince días hábiles posteriores a la notificación y pague la diferencia correspondiente junto con los intereses.

La iniciativa también incorpora un mecanismo de devolución acelerada para quienes resulten favorecidos en una controversia con el fisco. Si el contribuyente paga un ajuste para preservar el régimen y posteriormente la determinación de ARCA es revocada, el organismo deberá reintegrar el monto abonado, con los intereses correspondientes, dentro de los 45 días hábiles desde que la resolución quede firme.

Funcionarios, sin exclusión automática

Uno de los puntos que más debate generó tras la presentación fue la posibilidad de que funcionarios y exfuncionarios también puedan adherirse.

Los tributaristas que participaron de la presentación oficial aclararon que el proyecto no contempla exclusiones específicas para quienes ocupan cargos públicos. Sin embargo, remarcaron que ello no implica inmunidad frente a investigaciones patrimoniales, penales o administrativas.

En otras palabras, un funcionario podrá acceder al régimen tributario si cumple con los requisitos legales, pero seguirá sujeto a las investigaciones y controles que correspondan por su condición de agente público.

La propuesta comenzará ahora su recorrido parlamentario, donde podrían incorporarse modificaciones antes de su eventual aprobación.

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Caputo relanza la “Inocencia Fiscal” para captar los dólares fuera del sistema y reforzar el ahorro en la economía formal

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El Gobierno nacional presentó una nueva versión del proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que apunta a facilitar la regularización de ahorros no declarados y estimular el ingreso de los llamados “dólares del colchón” al sistema financiero. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la propuesta será enviada al Congreso con modificaciones destinadas a ampliar el universo de contribuyentes alcanzados y brindar mayores garantías jurídicas para incentivar la adhesión.

La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para fortalecer el ahorro interno como fuente de financiamiento de la economía. Según estimaciones del Banco Central citadas por Caputo, los argentinos mantienen fuera del sistema financiero unos US$170.000 millones, una cifra que supera ampliamente los depósitos en moneda extranjera dentro del sistema bancario.

“Necesitamos que esos dólares ingresen al circuito financiero para que haya más inversión, más crecimiento y mayores recursos que permitan seguir reduciendo impuestos”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda durante la presentación realizada junto a la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, y representantes del ámbito tributario.

El funcionario remarcó que conservar esos fondos fuera del sistema constituye un costo para la economía y para los propios ahorristas. “Tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio. Pierden valor y no generan financiamiento para el crecimiento”, afirmó.

Cambios para ampliar la adhesión

La nueva propuesta mantiene el espíritu del régimen aprobado anteriormente, aunque incorpora modificaciones técnicas surgidas de reuniones entre el Gobierno y especialistas en materia tributaria.

Uno de los cambios centrales elimina los límites patrimoniales y de ingresos para acceder al Régimen Simplificado de Ganancias. De esta manera, podrán adherirse todas las personas humanas y sucesiones indivisas, mientras que los grandes contribuyentes también tendrán acceso a una modalidad simplificada para la liquidación del impuesto, aunque sin algunos de los beneficios adicionales previstos para el resto de los contribuyentes.

Otro aspecto relevante modifica el tratamiento de las denominadas discrepancias significativas detectadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El nuevo texto redefine los parámetros para considerar una diferencia relevante y, además, incorpora la posibilidad de que el contribuyente rectifique su declaración jurada y regularice la situación dentro de un plazo determinado antes de perder los beneficios del régimen.

La propuesta también introduce un cambio de criterio respecto de la carga probatoria. Será el organismo recaudador quien deberá fundamentar las observaciones utilizando información objetiva y verificable, sin recurrir a presunciones, reforzando así las garantías para quienes ingresen al sistema.

Asimismo, si posteriormente una impugnación administrativa fuera revocada, el contribuyente recuperará plenamente los beneficios del régimen y ARCA deberá reintegrar los importes abonados con los intereses correspondientes en un plazo de 45 días hábiles.

El desafío de transformar ahorro en inversión

Desde la perspectiva oficial, el proyecto busca resolver uno de los principales desafíos estructurales de la economía argentina: movilizar un importante volumen de ahorro privado que permanece fuera del sistema financiero.

El Ejecutivo sostiene que una mayor bancarización de esos recursos permitiría ampliar el crédito, financiar inversiones productivas, fortalecer el nivel de actividad y aumentar la recaudación sin recurrir a nuevos tributos, consolidando además el equilibrio fiscal.

En ese sentido, María Ibarzabal Murphy explicó que las modificaciones apuntan a “robustecer la seguridad jurídica del régimen” y generar la confianza necesaria para que un mayor número de contribuyentes decida formalizar sus activos.

El desafío político

La nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal iniciará ahora su recorrido legislativo, donde el oficialismo deberá construir consensos para su aprobación. El debate volverá a poner en discusión el delicado equilibrio entre ampliar la base tributaria, incentivar la formalización de capitales y garantizar reglas previsibles para los contribuyentes.

Más allá del resultado parlamentario, el proyecto refleja una estrategia orientada a canalizar el ahorro privado hacia la economía formal como herramienta para impulsar la inversión y sostener el crecimiento sin incrementar la presión fiscal, un objetivo que el Gobierno considera central para consolidar la estabilidad macroeconómica.

El detalle de las modificaciones

Los ejes principales estuvieron enfocados en ampliar el universo de contribuyentes al Régimen Simplificado de Ganancias y alivianar las discrepancias significativas, entre otros cambios.

Ampliación del universo: se eliminan los topes o barreras patrimoniales y de ingresos. El régimen queda abierto para todas las personas humanas y sucesiones indivisas. Quienes revistan las categorías de “Grandes Contribuyentes” podrán adherir a la “modalidad simplificada” a los fines prácticos de el que fisco les pre-liquide el impuesto y para efectuar el pago, aunque no gozarán de las presuncionesefectos liberatorios ni demás beneficios previstos en la ley.

Discrepancia significativa: se configura una discrepancia si ARCA detecta un incremento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos impositivos (lo cual implica una mejora técnica respecto del texto actual que hablaba de “saldos”) por un porcentaje inferior al 15%Aun superando el 15%, no habrá exclusión del régimen si la diferencia nominal reclamada no alcanza el equivalente al 5% del monto de evasión previsto ($5 millones).

Inversión de la carga probatoria y salvataje por rectificativa: se invierte la carga de la prueba hacia ARCA. Para sostener una discrepancia significativa, el fisco no podrá utilizar presunciones sino que solo podrá valerse de la información declarada, sus propios sistemas o datos de terceros. Se otorga una oportunidad al contribuyente para no perder el régimen. No se considerará configurada la discrepancia si el contribuyente presenta una declaración jurada rectificativa y cancela o regulariza la diferencia (más intereses) en un plazo no mayor a 15 días hábiles tras ser notificado de la liquidación administrativa (por ingresos directos) o de la determinación de oficio. En el texto actual solo se permitía en el caso de uso de facturas apócrifas.

Restablecimiento de la presunción y reintegro con intereses en plazo expedito: si el contribuyente paga el ajuste para no perder el régimen y posteriormente se revoca la impugnación de ARCA, se le restablece plenamente la presunción de exactitud. En este escenario, ARCA está obligada a reintegrar los importes con intereses de repetición en un plazo no mayor a 45 días hábiles desde la notificación de la resolución firme.

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Inocencia Fiscal: Came solicitó al Senado la suspensión de embargos y la reducción de multas para pymes

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Ante el inminente tratamiento en el Congreso de la Nación del anteproyecto modificatorio de la Ley de Inocencia Fiscal, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) les pidió a los presidentes de todos los bloques del Senado de la Nación que se incorporen los pedidos que la semana pasada la entidad pyme le solicitó al Ministerio de Economía de la Nación.
 
La solicitud de CAME a los senadores nacionales se da en el marco del incremento de embargos y multas que está llevando adelante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).  Dichas circunstancias podrían subsanarse con las modificaciones que CAME solicita que se incluyan en la actual Ley de Inocencia Fiscal. Entre estos puntos que la entidad pyme le elevó a los legisladores se destacan:

  • Reducción de multas: que no se apliquen sanciones durante el “Período de Espera” previsto por ARCA y que, si el contribuyente regulariza su situación dentro de los 15 días posteriores a dicho período, la multa se reduzca en un 50%. La sanción total sólo debería aplicarse una vez vencido ese plazo sin cumplimiento.
  • Suspensión de ejecuciones y embargos: establecer una suspensión temporal de las ejecuciones fiscales y medidas cautelares, incluidos los embargos, para el sector pyme.
  • Plan especial de pagos: crear un régimen de facilidades de hasta 48 cuotas, con condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación. El régimen debería abarcar deudas vencidas al 31 de mayo, así como planes vigentes y caducos.


Cabe destacar que la demanda de CAME se da en un contexto de consumo deprimido, sumado a la propuesta realizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre una reforma tributaria que reduce el poder adquisitivo de los trabajadores y encarece la formalidad para los sectores de menores ingresos. “Confiamos en que el Senado le otorgará a nuestro planteo un tratamiento prioritario. La situación requiere de resguardar a miles de empresas y trabajadores que dependen de la fortaleza y continuidad del sector productivo argentino”, dijo el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo.

CAME considera indispensable que el Senado de la Nación Argentina atienda la solicitud, a fin de promover las condiciones que contribuyan a preservar el entramado productivo nacional, fortalecer la competitividad de las pymes y acompañar su desarrollo sostenible en un escenario económico de transformación.

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La esposa de Adorni accedió al régimen de “inocencia fiscal” mientras se investiga el patrimonio familiar

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La situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vuelve a quedar bajo la lupa luego de que trascendiera que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, solicitó formalmente su incorporación al régimen de regularización tributaria conocido como “inocencia fiscal”, una herramienta creada para permitir la declaración de ingresos y activos que no habían sido exteriorizados previamente ante el fisco.

Según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Angeletti realizó el trámite el pasado 31 de mayo, pocos días antes de que Adorni deba presentar su declaración jurada patrimonial correspondiente al último ejercicio.

La adhesión se concretó bajo el marco de la Ley 27.799, normativa que establece un mecanismo de regularización para contribuyentes que buscan normalizar situaciones fiscales pendientes sin afrontar consecuencias penales ni antecedentes tributarios derivados de esas inconsistencias. El régimen contempla la actualización de declaraciones y obligaciones impositivas, aunque no constituye una exención total de responsabilidades económicas.

Un movimiento que adquiere relevancia política

La decisión cobra especial relevancia por el lugar que ocupa Adorni dentro del Gobierno nacional. Como una de las principales voces de la administración de Javier Milei y actual jefe de Gabinete, ha sido uno de los funcionarios más activos en la defensa de las políticas de transparencia, reducción del gasto público y control de la gestión estatal.

En ese contexto, la regularización fiscal de su cónyuge genera interrogantes sobre la evolución patrimonial del grupo familiar y abre un debate político respecto de la consistencia entre el discurso oficial y las situaciones particulares de quienes integran la primera línea del Gobierno.

La documentación oficial indica que Angeletti figura registrada como trabajadora autónoma desde abril de 2017, dentro del rubro de actividades profesionales, científicas y técnicas. Sin embargo, su inscripción en los impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Ganancias recién se formalizó en octubre de 2025.

Ese desfase temporal entre el desarrollo de actividad económica y la registración tributaria completa es uno de los elementos que observan tanto especialistas tributarios como los investigadores judiciales que siguen la evolución patrimonial de la familia.

Qué permite el régimen de regularización

La Ley 27.799 habilita un esquema simplificado para que contribuyentes puedan declarar ingresos o activos previamente no exteriorizados, regularizando su situación ante la autoridad fiscal.

La constancia emitida por ARCA confirma la adhesión de Angeletti para el período fiscal 2025, aunque la información vinculada a montos, bienes declarados o activos incorporados permanece protegida por el secreto fiscal.

Por esa razón, no existe información pública sobre el volumen de recursos regularizados ni sobre el origen de los ingresos alcanzados por el régimen.

Tampoco se conocen los motivos específicos que llevaron a la esposa del funcionario a realizar el trámite en este momento, ni si la decisión respondió a una revisión patrimonial voluntaria, recomendaciones de asesores fiscales o a la creciente exposición pública derivada de las investigaciones judiciales.

La investigación patrimonial

La presentación se produce en paralelo a una causa que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, donde se analizan distintas operaciones patrimoniales vinculadas al entorno familiar de Adorni.

Entre los movimientos bajo análisis figuran adquisiciones inmobiliarias, acuerdos de financiación privada, gastos de refacción y consumos con tarjetas de crédito.

Uno de los expedientes examina la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito realizada durante 2025. Según la documentación judicial, la operación incluyó un desembolso inicial en efectivo y un financiamiento privado acordado con las vendedoras.

También se encuentra bajo revisión la adquisición de una vivienda en el country Golf Club Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, donde se investiga la estructura financiera utilizada para concretar la compra y posteriores trabajos de remodelación.

A ello se suman gastos vinculados a viajes nacionales e internacionales, así como consumos registrados mediante tarjetas de crédito durante el último año.

Expectativa por la declaración jurada

La atención ahora se concentra en la próxima presentación patrimonial de Adorni, que permitirá contrastar la evolución de los activos familiares con la información disponible en los expedientes judiciales y administrativos.

Hasta el momento, no se conocen observaciones formales por parte de ARCA respecto de la adhesión al régimen ni existen conclusiones judiciales definitivas sobre los movimientos patrimoniales investigados.

Sin embargo, la incorporación de Angeletti al esquema de regularización fiscal agrega un nuevo elemento de análisis en una causa que continúa avanzando y que mantiene bajo observación la evolución económica de uno de los funcionarios más relevantes del gobierno de Javier Milei.

La combinación entre regularización tributaria, operaciones patrimoniales de magnitud y el rol institucional de Adorni garantiza que el caso seguirá ocupando un lugar destacado en la agenda política y judicial de las próximas semanas.

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