institucionalidad

Argentina cayó cinco puestos en el ranking global de corrupción durante el segundo año de Javier Milei

Compartí esta noticia !

En el segundo año de gestión del presidente Javier Milei, Argentina retrocedió cinco lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, elaborado por Transparencia Internacional. El país se ubicó en el puesto 104 sobre 182 naciones, con un puntaje de 36 sobre 100, un punto menos que en la medición previa.

El índice -uno de los indicadores de gobernanza más utilizados a nivel global por inversores, organismos multilaterales y analistas institucionales- ordena a los países desde los más transparentes hasta los más afectados por prácticas corruptas en el sector público. En 2024, Argentina había ocupado el puesto 99 entre 180 países relevados.

La edición 2025 incorporó a Belice y Brunei, ampliando la base de comparación internacional. Aun así, el desempeño argentino mostró un deterioro relativo tanto en el ranking como en el puntaje absoluto, lo que la dejó por debajo del promedio continental, que se ubicó en 42 puntos.

Señales institucionales y agenda anticorrupción

Desde Poder Ciudadano, capítulo local de Transparencia Internacional, atribuyeron el retroceso a la falta de avances en políticas anticorrupción. Su director ejecutivo, Pablo Secchi, sostuvo que durante los dos primeros años de gobierno “no se impulsaron medidas para prevenir ni sancionar la corrupción”, y mencionó casos como Libra y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como episodios que no tuvieron respuestas institucionales contundentes.

El resultado deja a Argentina en una posición similar a la de países como Belice y Ucrania, y por debajo de naciones con menor peso económico global como Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana, lo que refuerza las alertas sobre la calidad institucional y el funcionamiento de los mecanismos de control del Estado.

Comparación regional y global

En América, Argentina se ubicó en el puesto 19 sobre 33 países. Canadá (75 puntos) y Uruguay (73) encabezaron la región, mientras que Haití (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10) mostraron los peores desempeños.

A nivel global, el ranking fue liderado por Dinamarca (89 puntos) y Finlandia (88), mientras que Sudán del Sur y Somalia cerraron la lista con apenas 9 puntos. Venezuela quedó en el puesto 180, con 10 puntos.

El presidente de Poder Ciudadano, Martín D’Alessandro, advirtió que “el desarrollo económico sostenido requiere políticas de integridad estables en el tiempo” y señaló que la falta de avances en esta agenda constituye “una deuda institucional cada vez más urgente”.

Impacto económico e institucional

Desde Transparencia Internacional remarcaron que la corrupción no es solo un problema ético, sino un factor que incide directamente en la calidad de los servicios públicos, la seguridad jurídica y la competitividad económica. En su informe regional, la organización alertó que la inacción estatal permitió en varios países de América Latina la expansión del crimen organizado y la erosión de la confianza en las instituciones.

El presidente global de la ONG, François Valérian, sostuvo que “la corrupción no es inevitable” y llamó a fortalecer la rendición de cuentas, la supervisión independiente y el rol de la sociedad civil como pilares de una estrategia anticorrupción sostenible.

Cómo se elabora el índice

El Índice de Percepción de la Corrupción mide la percepción de empresarios y expertos sobre la corrupción en el sector público. Se construye a partir de entre tres y trece fuentes internacionales -como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y el Economist Intelligence Unit- y no releva la opinión del público general.

En el caso argentino, el puntaje surge del promedio de ocho encuestas internacionales, y su metodología permite la comparación interanual. Transparencia Internacional aclara que, dado el carácter oculto de muchas prácticas corruptas, la percepción de actores especializados sigue siendo el mejor proxy disponible para medir la integridad del Estado.

Compartí esta noticia !

Milei retiró al Estado como querellante en la causa del megacrédito al FMI y descomprimió el frente judicial de Mauricio Macri

Compartí esta noticia !

Mediante el Decreto 87/2026, publicado en un suplemento vespertino del Boletín Oficial el 5 de febrero, el presidente Javier Milei, junto al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, ordenó que la Procuración del Tesoro de la Nación cese su rol como querellante particular en la causa judicial que investiga el megacrédito otorgado por el FMI durante la gestión de Mauricio Macri. La decisión implica un cambio institucional relevante en la estrategia del Estado frente a uno de los expedientes más sensibles en materia de endeudamiento externo, con impacto político, jurídico y económico, y se produce en coincidencia con la llegada de una misión del Fondo Monetario Internacional al país.

El decreto y el giro institucional en la causa del FMI

El Decreto 87/2026 deroga el artículo 1° del Decreto 239/2021, que había instruido a la Procuración del Tesoro a constituirse como querellante en la Causa N° 3561/2019, caratulada “Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”. En consecuencia, se ordena formalmente que el organismo abandone su intervención penal en representación del Estado Nacional.

El texto oficial fundamenta la medida en una resolución judicial dictada el 2 de febrero de 2026, mediante la cual la jueza interviniente archivó la causa, al considerar que no se cometieron los delitos denunciados. Según se detalla en los considerandos, gran parte de los cuestionamientos planteados en el expediente fueron interpretados como discrepancias con decisiones de política económica, adoptadas dentro de las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo, y por lo tanto no susceptibles de control penal.

En ese marco, el decreto sostiene que los efectos macroeconómicos adversos derivados de dichas decisiones “no permiten reconducir, por sí solos, estas conductas al ámbito del derecho penal”, alineándose con el criterio judicial que descartó la tipificación de delitos como violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública.

El megacrédito, las irregularidades denunciadas y el trasfondo económico

El expediente judicial tiene su origen en el acuerdo stand by firmado con el FMI el 12 de junio de 2018, por un monto cercano a US$57.000 millones, el más grande en la historia argentina y el mayor préstamo otorgado por el propio Fondo. La decisión había sido anunciada por Mauricio Macri en cadena nacional el 8 de mayo de 2018, bajo el argumento de “evitar una gran crisis económica” y corregir desequilibrios fiscales.

Sin embargo, distintos informes oficiales posteriores —incluidos los de la Auditoría General de la Nación (AGN)— señalaron graves irregularidades administrativas y normativas. Entre ellas, se destacó que el crédito representó 127 veces la capacidad de endeudamiento de Argentina con el FMI, incrementando la vulnerabilidad externa en lugar de fortalecer la posición financiera del país. Además, se indicó que el 71% de los fondos se destinó al pago de deuda pública previa, especialmente emisiones realizadas entre 2016 y 2018, y que las comisiones y gastos reconocidos al Fondo equivalieron a más del 50% del presupuesto del CONICET en 2018.

Las denuncias también subrayaron el incumplimiento del artículo 61 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156, la falta de dictamen del Banco Central sobre el impacto en la balanza de pagos, la ausencia de intervención del Congreso, y la no aplicación de la Resolución 108/09 que exige la aprobación por decreto de préstamos multilaterales. Asimismo, se cuestionó que el entonces ministro de Hacienda no tenía facultades suficientes para autorizar la operación, y que no se realizaron análisis de costos, riesgos ni sostenibilidad de la deuda.

Pese a ese cúmulo de observaciones, el archivo judicial de la causa y el nuevo decreto presidencial desactivan la participación penal directa del Estado, aunque el texto aclara que ello no implica renunciar a eventuales acciones civiles para el recupero de daños y perjuicios, si estos pudieran acreditarse.

Impacto político y posibles repercusiones

La publicación del decreto en un suplemento vespertino del Boletín Oficial, en lugar de esperar la edición habitual, reforzó las lecturas políticas del movimiento. La decisión beneficia directamente a Mauricio Macri, al retirar al Estado como parte activa en una causa emblemática de su gestión, en un contexto donde el expresidente se muestra distanciado políticamente de Javier Milei.

Desde el plano institucional, el Gobierno justificó la medida en la necesidad de evitar superposiciones de funciones y de priorizar el uso eficiente de los recursos públicos, remarcando que la titularidad de la acción penal corresponde al Ministerio Público Fiscal, conforme a los artículos 120 de la Constitución Nacional y 33 de la Ley 24.946. El decreto enfatiza que la Procuración del Tesoro no cuenta con áreas especializadas en litigación penal compleja, y que su intervención en ese fuero es excepcional.

En términos económicos y de señal política, el giro se produce en paralelo a la auditoría del FMI sobre la economía argentina, lo que abre interrogantes sobre el mensaje que el Gobierno busca enviar al organismo internacional respecto del pasado reciente y del tratamiento institucional del endeudamiento externo.

primera-seccion_05-02-2026_suplemento-1 by CristianMilciades

Compartí esta noticia !

El Inym amplía el diálogo y reúne a productores yerbateros en Campo Viera

Compartí esta noticia !

En medio del paro de cosecha de verano y de precios que no cubren los costos de producción, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) convocó a una asamblea abierta de productores y asociaciones yerbateras en Campo Viera. El encuentro, previsto para este viernes a las 16 en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad, busca reencauzar el diálogo institucional tras los cuestionamientos por falta de representatividad en reuniones previas y abrir un espacio para consensuar alternativas frente a la crisis del sector.

Una convocatoria abierta para recomponer el diálogo sectorial

La convocatoria fue anunciada por el propio Inym a través de sus redes sociales. Según precisó el organismo, la asamblea se realizará “a los efectos de considerar la problemática que enfrenta el sector y aunar criterios para abordar posibles alternativas de solución”. La definición de una convocatoria abierta constituye un cambio relevante en la dinámica institucional reciente, ya que incluye a todas las asociaciones de productores, tanto las registradas en el Inym como productores independientes que no integran ninguna entidad.

La iniciativa se produce en un contexto de tensión productiva y económica, marcado por el paro de cosecha de verano y por precios de la hoja verde que, según los productores, no alcanzan a cubrir los costos. En ese marco, la posibilidad de ampliar la participación aparece como un intento de recomponer legitimidad y ordenar el debate interno del sector yerbatero misionero.

Consultado por La Voz de Misiones, el productor Jorge Skripczuk confirmó la presencia de organizaciones que reclamaban una mesa más amplia: “Estaremos presentes las asociaciones de productores que estuvimos el otro día en la reunión con el presidente del Inym, que habíamos solicitado la presencia de todas las asociaciones de la provincia”, afirmó.

Antecedentes y cuestionamientos por falta de representatividad

El llamado a esta asamblea tiene como antecedente inmediato la reunión convocada por el Inym el 13 de enero, de la que participaron solo cuatro organizaciones yerbateras. Aquella instancia generó un fuerte rechazo en distintos sectores del entramado productivo, que cuestionaron la falta de representatividad y el alcance de las decisiones que pudieran surgir de un espacio reducido.

Desde la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), una de las entidades críticas, se calificó aquella convocatoria como “ilegítima” y se advirtió que la exclusión de otras asociaciones “debilitó el valor institucional del debate”. Además, tras ese encuentro no se logró consenso interno, profundizando las diferencias entre los actores del sector y dejando en evidencia la fragilidad del esquema de diálogo vigente.

En ese contexto, la nueva convocatoria en Campo Viera aparece como una instancia correctiva, orientada a ampliar la base de participación y a reordenar el proceso de discusión en un momento clave para la actividad yerbatera.

Crisis productiva y expectativas del sector

La asamblea se realizará mientras continúa el paro de cosecha de verano, una medida que expresa el malestar de los productores frente a una estructura de precios que consideran inviable. La combinación de costos en alza y valores de referencia insuficientes tensiona la sustentabilidad económica de los establecimientos y profundiza el conflicto dentro de la cadena yerbatera.

En términos institucionales, el encuentro del viernes será una nueva oportunidad para que el conjunto del sector productivo de la provincia exponga sus demandas ante los directivos del Inym y reclame definiciones frente a un escenario que afecta tanto la producción primaria como el entramado económico regional.

La expectativa está puesta en si la ampliación de la convocatoria logra recomponer consensos mínimos, fortalecer la legitimidad del debate y abrir el camino a alternativas de solución en un sector estratégico para la economía misionera.

Compartí esta noticia !

El INYM, ¿de Milei o del sector yerbatero?

Compartí esta noticia !

El planteo, fechado en Misiones el 20 de enero de 2026, interpela de manera directa al rol del INYM en el actual contexto político y económico y formula una pregunta central: “¿El INYM responde al Gobierno nacional o al sector yerbatero?”. La crítica se inscribe en un escenario marcado, según los firmantes, por la “caída estrepitosa del valor de la materia prima de la yerba mate” durante los primeros años de la gestión de Javier Milei, con precios considerados “viles” y modalidades de pago con cheques diferidos.

El comunicado:

Los dos primeros años de Javier Milei serán recordados por la caída estrepitosa del valor de la materia prima de la yerba mate, pagándose un precio vil y con cheques diferidos, y su tercer año, el 2026, se inicia designando un nuevo presidente en el INYM, con daños contundentes en los primeros días, degradando la funcionalidad, operatividad e institucionalidad yerbatera.

En la nueva conducción del organismo, Rodrigo Correa despidió a 21 personas pero creó nuevos cargos, asignándose una secretaria privada y mayor poder, y reordenó el organigrama profundizando el deterioro del sector productivo y todo lo concerniente a garantizar un buen producto para el consumidor.  Esto, con el acompañamiento del Directorio, un Directorio integrado por representantes del sector que claramente, la mayoría, no está cumpliendo con su cometido que es asegurar la sustentabilidad y el crecimiento del sector yerbatero.

¿Nuevo organigrama para quién?

Lo que expresamos se evidencia en la Resolución 152/25 del 30 de diciembre de 2025, aprobada por el Directorio del INYM 20 días después de que asumió Rodrigo Correa como presidente de la Institución. Ese documento, que hace referencia a la estructura de funcionamiento de la Institución, oficializa el despido de 21 personas y presenta un nuevo organigrama, crea dos nuevos cargos, siendo uno de ellos el de Secretaría Privada de Presidencia (es decir, el Presidente se asigna una secretaria privada cuando ya existe una secretaria para todos los directores). Por si fuera poco, se faculta al Presidente a elegir, a su gusto y placer, a la persona para ocupar ese lugar. Esto último se contrapone a todo lo actuado hasta el momento consiste en empleo por concurso, es decir: hasta el momento el INYM empleaba únicamente si el postulante superaba el sistema de selección basado en la valoración de méritos.

El Artículo 7 de la mencionada Resolución contempla ese ítem de la siguiente manera: “Crear la Secretaría Privada de Presidencia, con dependencia directa del Presidente del INYM”, y establece que la designación y vinculación de su titular “se realizará bajo la modalidad de contrato a plazo fijo por el término de un año, con posibilidad de renovación sujeta a evaluación de necesidades, aprobándose que el Presidente del INYM designe a la persona de su confianza que él elija para cubrir dicho puesto que tendrá el mismo sueldo asignado a la Secretaría del Directorio, encomendándose al Departamento de Asuntos Jurídicos que redacte el documento pertinente para instrumentar lo decidido”.

Pero además, esa Resolución faculta al Presidente a aprobar escalas salariales, excluyendo al Directorio. El Artículo 14 dice: “Autorizar a la Gerencia y a la responsable de Recursos Humanos a que realicen las adecuaciones salariales que corresponda como consecuencia de la reestructuración decidida por el presente dispositivo, en base a la elaboración de una escala salarial general y rangos dentro de cada escala, que deberá incluir los sueldos básicos integrados con los adicionales mencionados en los considerandos, que se eliminan como un concepto remunerativo independiente, todo ello con el conocimiento y autorización del Presidente del INYM, a quien se le autoriza y delega la aprobación de estas adecuaciones y escalas salariales”.

Otro nuevo cargo creado por esa Resolución es el de Asesor Letrado General. Esto está en el Artículo 3 del instrumento, donde dice: “Crear el Departamento de Asuntos Jurídicos, en sustitución del Departamento de Asuntos Jurídicos y Legales, que estará a cargo de un Asesor Letrado General, con dependencia directa de Presidencia y Directorio, absorbiendo bajo su dependencia jerárquica y funcional a la totalidad de los asesores letrados, abogados y sumariantes del departamento que se conforma”.

¿Estos nuevos cargos acaso no son abiertamente contrarios al discurso del Gobierno de la Nación de reducción de estructuras y funcionarios para lograr el orden fiscal?

En cuanto a la degradación de la funcionalidad, operatividad e institucionalidad del INYM, la misma está explicita en la Resolución 152, cuando establece: 

  • Cambiar la Subgerencia de Fiscalización y la Subgerencia de Control y de Gestión de Calidad a Área de Inspección y Control de Calidad, con 10 personas empleadas, de las cuales solo 7 son inspectores para recorrer la zona productora y el país en pos de garantizar cumplimiento de normativa y calidad del producto.
  • Cambiar la Gerencia de Modernización a Coordinación General de Modernización y la Subgerencia de Registros a Área de Registros, unificando a ambas, cuya función es todo lo atinente a informática y registros de todos los actores de la actividad (cantidad de productores, cooperativas, secaderos, industrias; superficie cultivada, estado de las plantaciones, cantidad de materia prima por cosecha, cantidad de yerba mate en el mercado dentro y fuera del país, etcétera; es decir la base de datos imprescindible para la toma de decisiones).
  • Cambiar la Subgerencia del Área Técnica a Área Técnica, dejándola solo con 11 personas, de las cuales 7 son ingenieros agrónomos de atención directa en las chacras para más de 12 mil productores y una superficie plantada de 231.352 hectáreas (datos publicados recientemente).
  • Cambiar la Subgerencia de Promoción y Desarrollo a Área de Promoción y Comunicación, cuya tarea es posicionar la Yerba Mate Argentina para aumentar consumidores dentro y fuera del país. 

Esta Resolución contraproducente para quienes trabajamos con la yerba mate,  lleva la firma de Gerardo Vallejos, director por Cooperativas; Luis Konopaki, director por Secadero; María Fracalossi, directora por la Producción; Orlando Bien, director suplente por Cooperativas; Gustavo Barreiro, director por Industria; Gerardo López, director por Industria; María Herminda Gabur, directora por la provincia de Corrientes; y la del presidente Rodrigo Correa.

Calidad de la yerba comprometida

OTRO PUNTO CENTRAL y repudiable de esta nueva conducción es que derogó la Resolución 15/2003, que determinaba estándares de calidad y acciones a quienes incumplieran esas medidas.

La resolución eliminada establecía sanciones por:

  • El exceso de palo en la yerba elaborada, la presencia de elementos extraños o contaminantes, o el incumplimiento del Código Alimentario Argentino.
  • Prácticas prohibidas en la cosecha, como el uso de machete, el pisoteo del material, la presencia de flores, frutos o hojas quemadas, o el transporte de personal sobre la yerba.
  • El exceso de semillas, bayas y materiales extraños en la yerba canchada.
  • Deficiencias en higiene, seguridad, secanza, estacionamiento, identificación de bolsas y control de humedad.
  • La tenencia, molienda o reprocesamiento del palo, considerado subproducto no apto para uso alimenticio.
  • La presencia de animales, residuos y plagas en la playa de recepción.
  • La falta de higiene y seguridad durante la cosecha, quebrado, acondicionado y transporte del producto.

Además, la nueva conducción del INYM dejó sin efecto la Resolución 37/2007, que suspendía la cosecha y secanza de yerba mate durante los meses de octubre y noviembre, que es cuando se produce la brotación de las plantaciones, para proteger la planta y la calidad del producto.

También dejó sin efecto la Resolución 103/2017, que establecía la inhabilitación inmediata de operadores que no contaran con la documentación necesaria durante una inspección. Su función era controlar la trazabilidad y el movimiento de la materia prima.

En ese marco, y muy brevemente, debe notarse que en la nueva Resolución de Acciones y Tareas del INYM se detalla, entre las funciones, la de “aplicar y hacer cumplir leyes, decretos reglamentarios y disposiciones existentes relacionados con los objetivos de la Ley 25.564” (…) “procurando proteger el carácter competitivo de la industria”, es decir es obscenamente favorable al eslabón económico más fuerte.

¿Para quién trabajan los Directores?

No se comprende que mujeres y hombres propios de la familia yerbatera, hablamos de los Directores, hayan aprobado estos cambios que nos perjudican, que facilitan la concentración del producto en pocas manos; se no se puede admitir que siendo designados para defender al sector, actúen en representación de Javier Milei y del Decreto 70/23; es repudiable que sean serviciales al neoliberalismo autoritario, y que en su propia casa, en el INYM, convaliden la destrucción de la actividad yerbatera que se inició con el Decreto 70/23, respaldando medidas que van en detrimento del producto y que menguan la institucionalidad del único organismo que le dio datos certeros, crecimiento y desarrollo, certidumbre, y previsibilidad al sector en las últimas décadas.

Por caso, y aunque resulte vergonzoso salir a explicar públicamente, es preciso recalcar que el Directorio del INYM está integrado por 12 personas que representan a TODOS los ESLABONES de la CADENA YERBATERA. Y de esos 12, solamente 1 corresponde al Gobierno de la Nación. ¿Cómo pueden explicar, las y los Directores, el haber llegado a este punto, dañando desde ese ámbito al SECTOR y al mismo INYM, una línea que aceleró a partir de la llegada del nuevo presidente (el 11 de diciembre pasado) que responde a Javier Milei, el contador Rodrigo Correa.  ¿Cómo es posible que los representantes de trabajadores rurales, productores, cooperativas, secaderos, pequeñas y medianas industrias y el representante de la provincia de Misiones en el Directorio no hayan actuado en defensa de nuestra actividad de manera integral?

Memoria, coherencia y defensa de lo nuestro

En respeto a los colonos, tareferos, maestros, comerciantes, organizaciones sociales, madereros, periodistas y muchos otros que fueron parte, de diferentes manera, de los tractorazos que dieron origen al INYM, apelamos a la conciencia de cada uno de los Directores actuales, invitándoles a reflexionar si están trabajando para la destrucción o para la construcción del sector yerbatero, y en caso de que prime la pertenencia a esta actividad, encomendamos a que de manera urgente encabecen la defensa del INYM, gestionando fehacientemente la restitución de todas sus facultades hasta lograr su cometido, y devuelvan el funcionamiento pleno de la Institución, tal como existió hasta noviembre de 2023, con programas y acciones que generaron mejoras para cosecheros, productores, cooperativas, secaderos e industrias, garantizando la productividad sustentable y la calidad de la Yerba Mate Argentina.

Hugo Sand Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM).

Salvador TorresMovimiento Agrario de Misiones (MAM).    

Julio Petterson  Asociación Productores Yerbateros y Yerbateros del Norte (ACPYN).                             

Antonio FrançaAsociación Civil de Productores  Tareferos del Alto Uruguay.

Jorge Skripczuk Asociación Civil Impulso Yerbatero.

Jorge Lizznienz Productor de Jardín América.

Compartí esta noticia !

Preocupación por el DNU que modifica la Ley de Inteligencia y alerta por un retroceso institucional

Compartí esta noticia !

El Llamamiento Argentino Judío expresó una “honda preocupación” por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Inteligencia, al advertir que la ampliación de facultades de los organismos de inteligencia, la opacidad en su funcionamiento y el debilitamiento de los controles democráticos configuran un grave retroceso institucional. El pronunciamiento, fechado el viernes 2 de enero de 2026, plantea objeciones de fondo sobre el impacto político, constitucional y democrático de la medida, y reclama la intervención de la Justicia y del Congreso Nacional.

Según el documento, la modificación del régimen de inteligencia no responde a una emergencia concreta ni constituye una acción aislada, sino que se inscribe en una modalidad de gobierno que concentra poder en el Poder Ejecutivo y avanza sobre garantías democráticas en un contexto de deterioro social y económico.

Ampliación de facultades y debilitamiento de controles democráticos

En su declaración, la organización advierte que la ampliación de las facultades de los organismos de inteligencia, sumada a la falta de transparencia en sus mecanismos de funcionamiento, “no solo constituyen un retroceso institucional grave, sino que ponen en tensión principios elementales del orden constitucional y del Estado de derecho”.

El Llamamiento Argentino Judío remarca que la experiencia histórica demuestra que, cada vez que los servicios de inteligencia operaron sin límites claros ni control efectivo, fueron utilizados para la persecución política, el espionaje interno y la vulneración de derechos fundamentales. En ese sentido, el comunicado señala que el DNU se vincula con procesos antidemocráticos de la historia moderna y compromete de manera directa la orientación ideológica del actual gobierno.

La entidad subraya que el uso sistemático de decretos para impulsar reformas de alto impacto institucional consolida una dinámica de concentración de poder que debilita los equilibrios propios del sistema democrático.

Reclamo de intervención del Congreso y la Justicia

Frente a este escenario, la organización considera “urgente la intervención de la Justicia y del Congreso Nacional” para frenar lo que define como un “descalabro de la democracia” y resguardar el orden democrático que, a su entender, se encuentra en riesgo.

El documento sostiene que “no hay seguridad posible al margen de la Constitución, ni gobernabilidad legítima sin control, legalidad y respeto por los derechos”, y enfatiza que la defensa de la democracia no puede basarse en la vigilancia de la sociedad ni en la concentración de poder en el Ejecutivo.

En esa línea, el pronunciamiento también interpela a los distintos sectores de la oposición, a los que exhorta a “ocupar el lugar que les corresponde en los momentos álgidos del devenir ciudadano”, reforzando su rol institucional en la defensa de las libertades públicas y la división de poderes.

El planteo

El posicionamiento del Llamamiento Argentino Judío introduce un nuevo foco de tensión en el debate sobre el alcance del DNU que modifica la Ley de Inteligencia, con implicancias directas sobre el funcionamiento del sistema democrático, el control del poder estatal y la vigencia de los derechos fundamentales.

Desde una perspectiva institucional, el planteo anticipa posibles escenarios de judicialización y discusión parlamentaria, al tiempo que pone en agenda el rol de los organismos de inteligencia y los límites de su accionar en un Estado de derecho. El documento reafirma que la democracia se fortalece mediante instituciones sólidas, controles efectivos y respeto por la legalidad, y no a través de mecanismos excepcionales que concentran poder y reducen la transparencia.

El comunicado lleva la firma de Elina Malamud, presidenta, y Marcelo Horestein, secretario, quienes ratifican el compromiso de la organización con la democracia, los derechos humanos y las libertades públicas.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin