INTELIGENCIA

El Gobierno denuncia a Tailhade por “espionaje ilegal”

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El Gobierno de Argentina formalizó una denuncia contra el diputado Rodolfo Tailhade por presunto “espionaje ilegal”, tras su intervención en la Cámara de Diputados donde detalló aspectos de la vida cotidiana de la familia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El planteo oficial sostiene que esa información habría sido obtenida mediante “medios ilegítimos” y que su difusión implica un riesgo para la seguridad.

El episodio se originó durante el informe de gestión presentado por Adorni, cuando el legislador cuestionó el uso de custodia policial para la esposa del funcionario, incluyendo referencias a actividades y desplazamientos personales. La reacción del Ejecutivo fue inmediata: denunció una posible actividad de inteligencia ilegal y avanzó en el plano judicial.

Inteligencia, seguridad y límites del control político

La denuncia introduce un eje sensible en el funcionamiento institucional: la frontera entre control parlamentario y acceso a información privada. El Gobierno plantea que la obtención y exposición de datos personales vinculados a la custodia de un alto funcionario puede configurar una vulneración de la seguridad y del orden institucional.

En el escrito, se advierte que la recopilación de ese tipo de información “amerita ser investigada” por los riesgos que implicaría para la seguridad nacional, especialmente cuando involucra a funcionarios con capacidad de incidir en decisiones estratégicas.

Judicialización de un cruce político en el Congreso

El conflicto pasa de la arena parlamentaria al ámbito judicial. El Ejecutivo sostiene que el diputado habría accedido a información sensible por vías no legítimas, mientras que el propio Tailhade anticipó que presentará sus elementos ante la Justicia.

El eje de la acusación no es solo la crítica política sino el origen de los datos utilizados y su nivel de detalle, particularmente en lo referido a la logística de seguridad.

Desde una lectura de poder, la denuncia fortalece la posición del Ejecutivo en el plano discursivo al encuadrar el episodio como una amenaza institucional, mientras que coloca a la oposición en una posición defensiva respecto al origen de la información utilizada en el debate parlamentario.

Al mismo tiempo, el caso expone una escalada en el conflicto político: el oficialismo no solo responde en el terreno retórico sino que traslada la disputa a tribunales, elevando el costo institucional del enfrentamiento.

Debate sobre límites y responsabilidades

El episodio abre interrogantes sobre los límites del control legislativo y el uso de información en el ámbito público. La discusión gira en torno a qué tipo de datos pueden ser utilizados en el Congreso y bajo qué condiciones, especialmente cuando involucran aspectos de la vida privada de funcionarios.

La denuncia también introduce el concepto de posible afectación a la seguridad, lo que amplía el alcance del conflicto más allá del plano político.

Si bien el caso se desarrolla en el ámbito nacional, su resolución puede sentar precedentes sobre el uso de información en la política argentina. Esto podría tener impacto indirecto en todas las jurisdicciones, incluyendo provincias del NEA, donde las relaciones entre oficialismo y oposición replican dinámicas de confrontación.

Investigación judicial y escalada política

El proceso judicial será clave para determinar si existieron los “medios ilegítimos” mencionados por el Gobierno. En paralelo, el conflicto político continúa abierto, con ambas partes sosteniendo sus posiciones.

Las variables a observar serán el avance de la causa, la presentación de pruebas y la evolución del debate público sobre los límites entre control político, privacidad y seguridad.

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Delcy Rodríguez remueve a Padrino y redefine el control militar en Venezuela

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La presidenta encargada Delcy Rodríguez desplazó este miércoles a Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa y designó en su lugar al general Gustavo González López, en una decisión que reconfigura uno de los pilares del poder en Venezuela. El cambio no es menor: Padrino llevaba más de una década al frente de la cartera, un período inusual en la historia institucional del país. La pregunta que se abre es inevitable: ¿se trata de un ajuste táctico tras una crisis puntual o del inicio de un rediseño más profundo en la relación entre el poder político y las Fuerzas Armadas?

La decisión llega luego de un hecho crítico: la operación del 3 de enero en la que fuerzas especiales de Estados Unidos penetraron Fuerte Tiuna y detuvieron a Nicolás Maduro sin una reacción efectiva de la estructura militar. Ese episodio dejó expuesta una fisura en el sistema de seguridad y, sobre todo, en el esquema de conducción castrense que Padrino encabezaba.

El fin de un ciclo: del equilibrio interno al desgaste político

Padrino no era un ministro más. Desde su designación en octubre de 2014, se convirtió en una pieza central para garantizar la cohesión de la Fuerza Armada en un contexto de reacomodo tras la muerte de Hugo Chávez. Su rol fue, en esencia, político: administrar tensiones internas, distribuir cuotas de poder y asegurar que los distintos grupos dentro del estamento militar convivieran sin fracturas abiertas.

Ese equilibrio permitió algo inédito: su permanencia durante más de diez años en un cargo históricamente inestable. Pero también consolidó un modelo en el que los militares ampliaron su influencia más allá de la defensa, con presencia directa en áreas económicas y de gestión estatal. Más de un tercio del gabinete llegó a estar integrado por uniformados, activos o retirados.

Sin embargo, el mismo esquema que garantizó estabilidad terminó condicionando su margen de maniobra. La falta de reacción ante la incursión en Fuerte Tiuna erosionó su principal activo: la capacidad de control. En un sistema donde la lealtad y la eficacia operativa son inseparables, ese episodio alteró la ecuación.

El reemplazo: inteligencia, control y señal política

La designación de Gustavo González López no es neutra. Su trayectoria está ligada a los organismos de inteligencia y contrainteligencia, con pasos por el Sebin y la Dgcim, además de su rol reciente en la Guardia de Honor Presidencial. Es, en términos funcionales, un perfil orientado al control interno más que a la conducción militar tradicional.

Su llegada al Ministerio de Defensa sugiere un desplazamiento del eje: de la administración de consensos dentro de la Fuerza Armada a una lógica más centrada en la vigilancia, la disciplina y la contención de riesgos. En otras palabras, menos arbitraje político y más control directo.

Las sanciones internacionales que pesan sobre González López también introducen otra dimensión. Refuerzan la idea de un endurecimiento del esquema de poder, en un contexto donde la legitimidad externa ya no parece ser una variable determinante en la toma de decisiones.

Repercusiones: equilibrio interno y señales hacia la estructura militar

El desplazamiento de Padrino reconfigura la correlación de fuerzas dentro del Gobierno y, sobre todo, dentro de la estructura militar. Durante años, su figura funcionó como articulador entre distintos sectores. Su salida abre un interrogante sobre cómo se redistribuirán esas lealtades.

Para el oficialismo, el movimiento puede interpretarse como un intento de recuperar control tras un episodio que expuso vulnerabilidades. Pero también implica riesgos: desarmar un esquema de equilibrio interno siempre genera tensiones, especialmente en instituciones con fuerte peso político.

Al mismo tiempo, el mensaje hacia la Fuerza Armada es claro. La continuidad ya no está garantizada por la trayectoria, sino por la capacidad de responder en escenarios críticos. En ese marco, la designación de un perfil vinculado a inteligencia puede leerse como una advertencia y una redefinición de prioridades.

Un escenario en evolución

La salida de Padrino marca el cierre de una etapa, pero no define por sí sola el rumbo. Habrá que observar cómo se reacomodan los distintos sectores dentro de la Fuerza Armada y qué grado de control logra consolidar la nueva conducción.

También será clave seguir el impacto de este cambio en la estructura del gabinete y en la distribución del poder económico que, durante años, tuvo fuerte presencia militar.

La decisión de Rodríguez introduce una señal nítida: el Gobierno está dispuesto a recalibrar su núcleo de poder frente a situaciones de crisis. Lo que aún no está claro es si este movimiento alcanzará para recomponer el control o si, por el contrario, abrirá nuevas tensiones en un esquema que, hasta ahora, había logrado sostenerse sobre equilibrios delicados.

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La inteligencia de Estados Unidos dice que el Gobierno iraní no corre riesgo de colapso

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(Reuters) – La inteligencia estadounidense indica que el liderazgo de Irán sigue prácticamente intacto y no corre riesgo de colapsar en un futuro próximo tras casi dos semanas de bombardeos incesantes por parte de Estados Unidos e Israel, según tres fuentes familiarizadas con el asunto.

Una “multitud” ‌de informes de inteligencia proporcionan “un análisis coherente de que el régimen no está en peligro” de colapsar y “mantiene el control del pueblo iraní”, dijo una de las fuentes, a ‌las que se les concedió el anonimato para discutir los hallazgos de la inteligencia estadounidense.

El informe más reciente se completó en los últimos días, según la fuente.

Ante la creciente presión política por el aumento de los precios del petróleo, ​el presidente Donald Trump ha insinuado que “pronto” pondrá fin a la mayor operación militar estadounidense desde 2003. Sin embargo, encontrar un final aceptable para la guerra podría resultar difícil si los líderes iraníes de línea dura se mantienen firmemente atrincherados.

Los informes de inteligencia subrayan la cohesión del liderazgo de Irán, formado por clérigos, a pesar del asesinato del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, el 28 de febrero, el primer día de los ataques estadounidenses e israelíes.

Funcionarios israelíes también han reconocido en conversaciones privadas que no hay certeza de que la guerra conduzca al colapso del Gobierno, según dijo un alto cargo israelí ‌a Reuters.

Las fuentes subrayaron que la situación sobre el terreno es ⁠inestable y que la dinámica dentro de Irán podría cambiar.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional y la Agencia Central de Inteligencia se negaron a hacer comentarios.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Cambio de objetivos

Desde el inicio de la guerra, Estados Unidos e Israel han ⁠atacado una serie de objetivos iraníes, entre ellos defensas aéreas, instalaciones nucleares y miembros de la cúpula dirigente.

El Gobierno de Trump ha dado diversas razones para justificar la guerra. Al anunciar el inicio de la operación estadounidense, Trump instó a los iraníes a “tomar el control de su Gobierno”, pero desde entonces altos asesores han negado que el objetivo fuera derrocar a los líderes iraníes.

Además de Jamenei, los ataques han matado a ​decenas ​de altos cargos y a algunos de los comandantes de más alto rango del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria ​Islámica, una fuerza paramilitar de élite que controla gran parte de la ‌economía.

Aun así, los informes de inteligencia estadounidenses indican que la Guardia Revolucionaria y los líderes interinos que asumieron el poder tras la muerte de Jamenei mantienen el control del país.

La Asamblea de Expertos, un grupo de altos clérigos chiíes, nombró esta semana al hijo de Jamenei, Mojtabá, nuevo líder supremo.

Israel no tiene intención de permitir que ningún vestigio del antiguo Gobierno permanezca intacto, según una cuarta fuente familiarizada con el asunto.

No está claro cómo la actual campaña militar estadounidense-israelí derrocaría al Gobierno.

Probablemente requeriría una ofensiva terrestre que permitiera a la población iraní protestar de forma segura en las calles, según la fuente.

El Gobierno de Trump no ha descartado enviar tropas estadounidenses a Irán.

Reuters informó ‌la semana pasada de que las milicias kurdas iraníes con base en la vecina Irak consultaron con Estados ​Unidos si atacar a las fuerzas de seguridad iraníes en la parte occidental del país y cómo hacerlo.

Tal incursión ​podría ejercer presión sobre los servicios de seguridad iraníes en esa zona, lo que ​permitiría a los iraníes levantarse contra el Gobierno.

Abdulah Mohtadi, líder del Partido Komala del Kurdistán iraní, que forma parte de una coalición de seis partidos ‌kurdos iraníes, dijo en una entrevista el miércoles que los partidos están muy ​bien organizados dentro de Irán y que “decenas de ​miles de jóvenes están dispuestos a tomar las armas” contra el Gobierno si reciben el apoyo de Estados Unidos.

Mohtadi dijo que ha recibido informes del interior del Kurdistán iraní de que unidades de la Guardia Revolucionaria y otras fuerzas de seguridad han abandonado bases y cuarteles por temor a los ataques de EEUU e Israel.

“Hemos sido testigos de signos ​tangibles de debilidad en las zonas kurdas”, dijo.

Sin embargo, según dos ‌fuentes familiarizadas con esas evaluaciones, los últimos informes de inteligencia estadounidenses han puesto en duda la capacidad de los grupos kurdos iraníes para mantener una lucha contra ​los servicios de seguridad iraníes.

La inteligencia indica que los grupos carecen de potencia de fuego y número, dijeron.

(Información de Erin Banco en Nueva York y Jonathan Landay ​en Washington; edición de Don Durfee y Matthew Lewis; edición en español de Jorge Ollero Castela)

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Organizaciones piden derogar el DNU de Inteligencia por “debilitar controles democráticos”

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Una veintena de organizaciones de derechos humanos, políticas  y sociales pidieron que el Congreso proceda a la derogación del DNU que reforma de la ley de Inteligencia, al advertir que “debilita los controles democráticos” porque permite la “aprehensión” de personas sin que quede claro bajo qué criterios ni con qué garantías, y sin autorización judicial“.

La postura está plasmada en un documento firmado por la Amnistía Internacional Argentina, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas,  Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, CELS, Democracia en Red, Fundación SES, Fundación Vía Libre y la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), entre otros.

Las entidades de derechos humanos y sociales pidieron al Congreso que rechace ese DNU y la oposición está buscando alcanzar el número para poder anular esa medida del Poder Ejecutivo.

“Advertimos que se trata de un DNU manifiestamente inconstitucional, que amplía la discrecionalidad estatal y habilita prácticas que creíamos superadas. El Congreso debe rechazarlo”, expresaron.

Esos organismos señalaron que el DNU de reforma de la ley de Inteligencia “es grave” porque el “decreto habilita vigilancia masiva, concentra más poder en la SIDE y debilita los controles democráticos”

Por primera vez en democracia, la SIDE  puede proceder a la aprehensión” de personas sin que quede claro bajo qué criterios ni con qué garantías, y sin autorización judicial”, señalaron.

Y destacaron que “esto deja habilitado el camino a detenciones arbitrarias, a la persecución y a la intimidación. Es transformar a los servicios de inteligencia en una especie de policía secreta y sin control. 

En esa línea, sostuvieron que el DNU “obliga a más de 15 organismos públicos a compartir datos personales de la población con la SIDE, sin establecer procedimientos concretos ni mecanismos de control”.

Agregaron que se “se vuelve así una herramienta para realizar vigilancia masiva. Además, la acumulación de grandes cantidades de datos en un solo organismo es todavía más peligrosa en la medida en que el Estado no tiene una política adecuada de seguridad de la información y las filtraciones son frecuentes”.

“El decreto no prevé ningún tipo de control ciudadano sobre el accionar de la SIDE y concentra todavía más poder en esta agencia. Puede pedir información a provincias y municipios, aprobar presupuestos secretos, compartir tus datos con agencias de otros países sin autorización judicial. Y todo bajo absoluto secreto. Nadie sabrá qué hacen con tu información ni a quién se la dan”, puntualizaron.

Más críticas

Otro punto rechazado por las organizaciones de derechos humanos es que el decreto “establece que las actividades de inteligencia son encubiertas por definición. Esto significa que no vas a poder saber si te están investigando, por qué, ni qué información tienen sobre vos. El carácter encubierto puede frustrar eventuales investigaciones para probar responsabilidades del Estado. No hay forma de reclamar si se equivocan o abusan. El secreto es la regla”.

En otro tramo del documento rechazaron que los militares realicen tareas de inteligencia sobre organizaciones no estatales.

En ese sentido señalaron que “durante décadas, Argentina trabajó para separar claramente defensa (militares) de seguridad interna (policías). Era una lección aprendida de la dictadura: los militares no deben ejercer funciones de control de la población civil”

Agregan que “este decreto permite que las Fuerzas Armadas realicen tareas de inteligencia sobre “organizaciones no estatales” —sin aclarar cuáles ni los criterios que harían que las organizaciones ingresaran en esa categoría— y les quita el control civil. Es un retroceso histórico peligroso.”__IP__

La polémica

El Gobierno dictó el 31 de diciembre el DNU 941-2025, que introduce profundos cambios a la ley de inteligencia al establecer que toda la actividad será “secreta”, permitir la aprehensión del personas y otorgar un amplio poder a la SIDE, y tiene hasta el jueves próximo para poder enviar esa norma al Congreso.

Tras llegar al Congreso, la Comisión de Trámite Legislativo contará con diez días hábiles para su tratamiento, pero es probable que ese plazo se venza ya que ni siquiera está constituida la comisión, con lo cual la oposición puede impulsar su tratamiento en el recinto de sesiones.

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El Gobierno crea el Centro Nacional Antiterrorista bajo la órbita de la SIDE para coordinar la lucha contra el terrorismo

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El Gobierno crea el Centro Nacional Antiterrorista, un nuevo eje estratégico bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado. “No se combate con improvisación”, dijo Patricia Bullrich al presentar el organismo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el Centro Nacional Antiterrorista, un organismo creado con el objetivo de articular las políticas de prevención y respuestas ante las amenazas de grupos armados extremistas, las que “no se combaten con improvisación”, consideró la funcionaria.

Según la candidata a senadora nacional de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires, el CNA “viene a cerrar una brecha histórica” debido a “la falta de coordinación entre organismos” públicos “para responder” a las intimidaciones del Estado Islámico (ISIS), Hamás, Al Qaeda y Hezbolá (implicado en los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994), entre otros.

De acuerdo a su explicación, la entidad funcionará bajo el control de la Secretaría de Inteligencia del Estado, al tiempo que la cartera de Seguridad se encargará de activar protocolos y coordinar fuerzas federales en todo el territorio nacional.

Por Decreto 717/2025, el Poder Ejecutivo formalizó la creación de un organismo destinado a integrar información, coordinar acciones y diseñar estrategias nacionales frente a las amenazas terroristas. La medida se enmarca en las recomendaciones del GAFI y busca fortalecer la cooperación internacional y la capacidad operativa del Estado argentino.

Un nuevo esquema de coordinación en inteligencia y seguridad nacional

El Gobierno nacional oficializó este 7 de octubre la creación del Centro Nacional Antiterrorista (CNA), que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), con el objetivo de centralizar el análisis, la coordinación y la respuesta frente al terrorismo.

El decreto 717/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro del Interior Guillermo Francos, define al CNA como un espacio de integración interinstitucional para recibir, analizar y compartir información estratégica, elaborar lineamientos y protocolos operativos y diseñar políticas específicas de prevención, detección y respuesta ante amenazas terroristas.

El organismo actuará como unidad de comando nacional y coordinará acciones con las fuerzas de seguridad federales, organismos de inteligencia, la UIF, la ARCA y Migraciones, además de ministerios clave como Defensa, Seguridad, Justicia y Relaciones Exteriores.

Según el texto oficial, el CNA contará con “recursos humanos y presupuestarios provistos por la SIDE” y su creación responde a la necesidad de fortalecer la capacidad estatal frente al “ciclo terrorista”, un concepto que comprende las fases de propaganda, radicalización, financiamiento, logística, reclutamiento y ejecución de actos terroristas.

Respuesta a recomendaciones internacionales y antecedentes locales

La medida surge en cumplimiento de observaciones formuladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) durante la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua sobre la Argentina.
El informe del organismo recomendó “desarrollar medios y procedimientos adicionales para identificar actividades sospechosas de financiamiento del terrorismo”, más allá de los reportes de operaciones sospechosas, incluyendo una coordinación más estrecha entre organismos de inteligencia, justicia y seguridad.

El decreto recuerda también los ataques terroristas contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994), aún sin resolución judicial definitiva, y señala que el país “ha adoptado múltiples reformas normativas con escaso resultado operativo”, por lo que se busca ahora institucionalizar un esquema de gestión centralizada para la prevención y respuesta.

En los fundamentos, el Ejecutivo advierte que el fenómeno terrorista contemporáneo se ha complejizado, con redes transnacionales que vinculan el extremismo violento con el crimen organizado, el tráfico ilícito de armas y el financiamiento ilegal. En ese marco, la creación del CNA pretende “incrementar la cooperación internacional y garantizar la vigencia del Estado de Derecho” bajo una estructura especializada.

La norma cita antecedentes internacionales como la creación del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (tras los atentados del 11-S) y el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista de España (CITCO), instaurado luego del atentado de Madrid de 2004, como modelos de referencia en la materia.

Estructura, integración y funciones del nuevo organismo

El Centro Nacional Antiterrorista estará dirigido por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), con una unidad operativa dedicada al diseño de directivas, estrategias y lineamientos técnicos, cuyo titular será designado a propuesta del Ministerio de Seguridad Nacional.

El CNA estará integrado por representantes de diez organismos del Estado nacional:

  • Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE)
  • Ministerio de Defensa
  • Ministerio de Seguridad Nacional
  • Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
  • Ministerio de Justicia (a través de la Secretaría de Justicia)
  • Unidad de Información Financiera (UIF)
  • Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)
  • Dirección Nacional de Inteligencia Criminal
  • Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar
  • Dirección Nacional de Migraciones

Además, el Ministerio Público Fiscal fue invitado a designar un enlace administrativo, y el CNA podrá convocar a organismos provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y entidades internacionales cuando sea necesario.

El organismo tendrá la potestad de requerir información a entidades públicas y privadas, celebrar convenios nacionales e internacionales, emitir informes y estadísticas oficiales sobre terrorismo, y proponer reformas legislativas y regulatorias para reforzar las capacidades estatales.

También podrá conformar Comités Especializados permanentes o temporarios, orientados a coordinar la respuesta frente a riesgos específicos o crisis vinculadas al terrorismo.

Un paso hacia una política integral de seguridad estratégica

El Decreto 717/2025 marca un punto de inflexión en la política de seguridad e inteligencia del país. La creación del CNA centraliza la información dispersa en distintos organismos y permite al Estado reaccionar con mayor rapidez y precisión frente a potenciales amenazas.

“El terrorismo no se combate con improvisación. Se combate con inteligencia, cooperación nacional e internacional, planificación y acción concreta. Eso es exactamente lo que va a hacer este centro”, agregó la ministra, quien remarcó que la Argentina será el primer país de América Latina en implementar una política pública de estas características.

La funcionaria estuvo acompañada por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva,  el jefe de la SIDE, Sergio Darío Neiffert, y el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Ignacio Ernesto Cichello, durante la conferencia de prensa brindada en el barrio porteño de Recoleta.

La iniciativa, alineada con los estándares internacionales en la lucha contra el terrorismo, busca mejorar la capacidad preventiva y operativa del país, reforzando la cooperación interinstitucional y la articulación con organismos internacionales.

El Gobierno nacional sostiene que esta medida es parte de una estrategia de fortalecimiento institucional y defensa de los valores republicanos y democráticos, en un contexto global donde el terrorismo se presenta bajo formas no convencionales y vinculaciones financieras transnacionales.

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