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Misiones impulsa el concurso “Mejor Blend Argentino”

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El Gobierno de Misiones, a través del Ministerio del Agro y la Producción y en articulación con la Asociación de Té Argentino, abrió la convocatoria a la segunda edición del concurso “Mejor Blend Argentino”, con inscripción abierta hasta el 27 de abril de 2026 y premiación prevista para el 23 de mayo en la 4ta Expo Té Argentina, en Posadas. La decisión no es solo sectorial: forma parte de una política más amplia para reposicionar al té como economía regional con mayor valor agregado. En un contexto de búsqueda de competitividad, la iniciativa plantea una tensión de fondo: ¿puede la innovación en origen transformar una cadena históricamente exportadora de commodities en una industria con mayor diferenciación?

El certamen apunta a productores, elaboradores y emprendedores que trabajen con té argentino como base —en sus variantes verde, negro, oolong, rojo o blanco— e incorporen al menos un componente adicional. Las muestras deberán presentarse antes del 27 de abril y serán evaluadas el 28 mediante una cata técnica bajo sistema codificado.

Institucionalidad productiva y construcción de mercado

La iniciativa se inscribe en una lógica de articulación público-privada. El jurado estará integrado por representantes de la Asociación de Té Argentino, la Cámara de Elaboradores de Té Argentino, el Ministerio del Agro y la Producción, el INTI y el INTA. Esa composición no es menor: busca validar el proceso con criterios técnicos y, al mismo tiempo, alinear a los principales actores de la cadena.

Desde el punto de vista institucional, el concurso funciona como una herramienta concreta para impulsar el agregado de valor. No se trata solo de premiar blends, sino de estimular una reconversión productiva que incorpore innovación, diferenciación y desarrollo de marca en origen. En términos prácticos, esto implica pasar de vender materia prima a construir productos con identidad y potencial de mercado.

La articulación con la 4ta Expo Té Argentina refuerza esa estrategia. El evento, que se realizará el 23 y 24 de mayo en el Parque del Conocimiento, opera como vidriera comercial, espacio de networking y plataforma de posicionamiento para la actividad tealera.

Un sector estratégico en disputa por su modelo de desarrollo

Misiones concentra el 95% del cultivo de té en Argentina, con cerca de 29.000 hectáreas implantadas. Ese dato define el peso estructural de la provincia en la cadena, pero también expone una dependencia histórica de mercados externos y de precios internacionales.

En ese contexto, la promoción de blends y té gourmet aparece como un intento de diversificación. La apuesta es clara: capturar mayor valor dentro de la provincia y ampliar la base de consumo, especialmente en el mercado interno. Sin embargo, ese movimiento también reconfigura la discusión sobre el modelo productivo. No todos los actores tienen la misma capacidad para reconvertirse hacia segmentos de mayor valor agregado.

La convocatoria, abierta a cualquier interesado, intenta ampliar la base de participación. Pero el verdadero impacto dependerá de cuántos de esos proyectos logren sostenerse más allá del concurso y convertirse en unidades productivas viables.

Entre la política sectorial y el desafío de escala

El lanzamiento del concurso envía una señal política: el Gobierno provincial busca intervenir en la cadena tealera no solo desde la producción primaria, sino también desde la construcción de mercados. Es una estrategia que combina promoción, capacitación y visibilidad.

Lo que queda por ver es si esta política logra escalar. La experiencia de otros sectores muestra que la innovación inicial necesita luego de financiamiento, logística y acceso a canales de comercialización para consolidarse.

En las próximas semanas, la cantidad y calidad de propuestas que se presenten dará una primera señal sobre la recepción del sector. Más adelante, el foco estará en la capacidad de transformar esa creatividad en volumen económico real.

El té misionero vuelve a escena con una apuesta distinta. El resultado, como suele ocurrir en la política productiva, no dependerá solo de la idea, sino de cómo se articule en el tiempo.

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La Indicación Geográfica “Té Argentino” suma 15 empresas y potencia la competitividad del sector

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La Indicación Geográfica (IG) “Té Argentino” alcanzó un punto de inflexión para la producción tealera del nordeste argentino: 15 empresas de Misiones ya forman parte del sello, una herramienta estratégica que protege el origen, la calidad y el valor cultural del té producido en la región y fortalece su posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales. El reconocimiento oficial fue otorgado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación mediante la Resolución 126/2024, a fines de 2024, y coronó más de un año de trabajo interinstitucional.

El proceso fue impulsado y acompañado por el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Producción Vegetal, junto con la Asociación de Té, el INTA y el INTI. La medida representa un avance institucional clave para el sector, al consolidar un marco de protección legal, diferenciación productiva y mejora competitiva para una de las economías regionales más relevantes de la provincia.

Qué implica la Indicación Geográfica y por qué es estratégica

La Indicación Geográfica es un derecho de propiedad intelectual regulado por la Ley 25.380, cuyo objetivo es proteger y valorizar productos cuyas características específicas están directamente vinculadas a su origen geográfico. No se trata de una herramienta que se crea, sino que se reconoce, ya que su valor se asienta en cualidades preexistentes derivadas de la combinación entre recursos naturales, prácticas productivas locales, historia y cultura.

En términos operativos, la IG garantiza que todas las etapas de producción, transformación y elaboración se realicen íntegramente dentro de la zona delimitada. En el caso del Té Argentino, certifica el producto cultivado y elaborado en Misiones y en el extremo noreste de Corrientes, reconocida como la región productora de té más austral del mundo.

La certificación destaca cualidades diferenciales del té de la región: elevado contenido de polifenoles, que potencia su capacidad antioxidante; un perfil sensorial menos astringente, más suave y dulce frente a otros orígenes; y brillo y traslucidez en la infusión fría. Estas características se vinculan de manera directa con las condiciones agroecológicas, como el relieve ondulado y la predominancia de suelos rojos, además de un fuerte componente histórico y humano que se remonta a 1923, cuando comenzó el cultivo de té en la Argentina.

Gobernanza, control y trabajo interinstitucional

La gestión, promoción y administración de la IG está a cargo de la Asociación Civil Consejo de la Indicación Geográfica Té Argentino, que nuclea a productores y elaboradores de la región. Su función es central para la representación colectiva del sector y la defensa de la calidad del producto, supervisando y participando en las auditorías que verifican el cumplimiento de los estándares de calidad, origen y trazabilidad establecidos en el protocolo.

Este esquema se desarrolla de forma articulada con el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, el INTA y el INTI, y es supervisado por el Consejo Asesor de la Indicación Geográfica “Té Argentino”, integrado por la Asociación Civil Té Argentino; el Ministerio del Agro —a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Producción Vegetal y la Dirección General de Yerba Mate y Té—; el INTA; y el INTI. El proceso cuenta además con la validación de la Comisión Nacional Asesora de Indicaciones Geográficas (IG) y Denominaciones de Origen (DO).

En este marco, la directora general de Yerba Mate y Té, Tatiana Bida, explicó que “el Consejo Asesor coordinado por el Ministerio realiza las auditorías técnicas a las plantas elaboradoras para verificar que cumplen rigurosamente con todos los estándares de calidad, origen y trazabilidad establecidos en el pliego de condiciones de la IG, habilitándolas para utilizar el sello distintivo de ‘Té Argentino’. Para nosotros es clave el trabajo interinstitucional”.

Desde el Gobierno provincial, el ministro Facundo López Sartori subrayó que la Indicación Geográfica “es una política que fortalece a los productores y elaboradores, mejora el desempeño del té argentino tanto en el mercado local como internacional y consolida el valor del origen como un diferencial competitivo”. En la misma línea, la subsecretaria Luciana Imbrogno destacó que “este reconocimiento posiciona al té argentino a nivel global, garantiza que el producto cumpla con estándares de calidad y de preservación ambiental, y protege su valor cultural y productivo como propiedad intelectual”.

Impacto económico y beneficios para exportadores

Más allá del reconocimiento simbólico y productivo, la IG “Té Argentino” tiene un impacto económico concreto. Los productos que utilizan el sello pueden acceder a un reintegro adicional del 0,5% sobre el valor de exportación, conforme a lo establecido por el Decreto 1341/16. Este incentivo mejora la competitividad externa del sector y refuerza la estrategia de posicionamiento del té argentino como producto diferenciado de alta calidad.

Para acceder al uso del sello y al beneficio económico, el primer paso es contactar a la Asociación Té Argentino, mientras que los requisitos se encuentran disponibles en el sitio oficial del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones.

Actualmente, integran la Indicación Geográfica “Té Argentino” las siguientes empresas: Akasha Tea, Del Iguazú Infusiones, Hebras Misioneras, Té Kaeriyama, Doña Irma Té Artesanal, Infusiones Jesper, Cooperativa Agrícola Ltda. Ruiz de Montoya, Cooperativa Yerbatera Dos de Mayo Ltda., Don Basilio, Klimiuk Infusiones, Don Layo S.R.L., Valmitran, Fontana S.A., Martin Bauer Argentina y Las Treinta S.A.

Con esta incorporación, Misiones consolida una política pública de largo plazo, que reconoce el valor del territorio, protege el conocimiento productivo acumulado y fortalece la competitividad del té argentino en el escenario global, a partir de una estrategia común que articula Estado, productores y sistema científico-tecnológico.

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El INTI deja de prestar servicios metrológicos legales y certificaciones

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El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) dispuso el cese progresivo de la prestación de servicios metrológicos legales y certificaciones vinculadas a instrumentos de medición reglamentados, mediante la Resolución 213/2025, publicada el 30 de diciembre de 2025 en el Boletín Oficial. La decisión redefine el rol operativo del organismo dentro del Sistema Nacional de Aplicación de la Ley 19.511, transfiere en los hechos mayor protagonismo a laboratorios y organismos de certificación acreditados ante el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y busca reducir costos, plazos y superposiciones administrativas en el mercado interno. El cronograma de salida se extenderá entre enero y junio de 2026, con impacto directo en industrias, comercios, servicios públicos y actividades donde el control metrológico es obligatorio.

Desburocratización y reordenamiento del sistema metrológico legal

La Resolución RESFC-2025-213-APN-CD#INTI se inscribe en el proceso de simplificación regulatoria impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional a partir del Decreto 891/2017, que aprobó las Buenas Prácticas en Materia de Simplificación. En sus considerandos, el Consejo Directivo del INTI reconoce demoras recurrentes en los trámites de aprobación de modelo, verificación primitiva y verificación periódica de instrumentos de medición, así como una “situación de superposición” entre las funciones del propio Instituto y las competencias delegadas a laboratorios de ensayo y organismos de certificación privados acreditados ante el OAA.

El marco normativo que sustenta la medida es amplio. La Ley 19.511 estableció el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) y la obligatoriedad de que todo instrumento de medición reglamentado sea sometido a controles oficiales cuando se utiliza en transacciones comerciales, actividades industriales, agropecuarias, mineras, de servicios o en reparticiones públicas. El Decreto 960/2017 reglamentó esa ley y habilitó a la entonces Secretaría de Comercio —hoy Secretaría de Industria y Comercio— a delegar funciones en el INTI y en entidades públicas o privadas acreditadas.

En esa línea, la Resolución de la Secretaría de Industria y Comercio N° 276/2024 amplió formalmente la participación del OAA y de los organismos certificadores acreditados como integrantes del Servicio Nacional de Aplicación, y autorizó a laboratorios privados acreditados a realizar ensayos, certificaciones y verificaciones que antes concentraba el INTI. Según el texto oficial, el sistema cuenta hoy con “una oferta suficiente de laboratorios y organismos de certificación acreditados ante el OAA” en todo el territorio nacional, lo que permite al Instituto “centrar sus acciones en el marco de Metrología Científica e Industrial”.

En términos institucionales, la resolución redefine el perfil del INTI como articulador del Sistema Nacional de la Calidad, con foco en desarrollo tecnológico, innovación metrológica y elaboración de patrones y muestras testigo, dejando de operar directamente en servicios regulados que el mercado ya puede cubrir bajo esquemas de acreditación.

Qué servicios deja de prestar el INTI y desde cuándo

El artículo 1° dispone la cesación de los servicios regulados y certificaciones detallados en los Anexos I y II, que abarcan tanto actividades de laboratorio de ensayos como de organismo de certificación. Entre los instrumentos alcanzados se incluyen, entre otros:

  • Instrumentos de pesar no automáticos (Resoluciones SCyNE N° 3207/1980 y SIyC N° 25/2025).
  • Instrumentos automáticos para pesaje en movimiento de vehículos de carretera (Resolución SCI N° 492/2022).
  • Medidores de agua potable fría (Resolución SCI N° 402/2020).
  • Medidores de energía eléctrica en corriente alterna (Resolución SCI N° 247/2019).
  • Surtidores de nafta, kerosene y gas oil (Decreto N° 5410/1932 y Resolución SCI N° 50/1989).
  • Termómetros clínicos, etilómetros, cinemómetros, taxímetros, pesas patrón y medidas de capacidad, entre otros.

El cronograma de implementación establece una salida escalonada por regiones:

  • Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): cese efectivo a partir del 31 de enero de 2026, alcanzando a más de 40 municipios.
  • Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán: desde el 30 de abril de 2026.
  • Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe: a partir del 30 de junio de 2026.

La resolución aclara que los convenios, órdenes de trabajo y pedidos de certificación vigentes al momento del dictado de la norma “serán cumplidos y permanecerán vigentes hasta su finalización”, lo que busca evitar disrupciones contractuales y operativas durante la transición.

Asimismo, se instruyó a la Dirección Técnica de Metrología Legal y al Organismo de Certificación del INTI a elaborar un plan de transición que contemple el resguardo documental, la preservación de registros, la publicación de procedimientos técnicos vigentes, la comunicación a usuarios y organismos de control, el inventario del equipamiento y un cronograma de cierre operativo.

Impacto económico, sectores alcanzados y posibles reacciones

La medida tiene implicancias directas para sectores donde la metrología legal es crítica: comercio minorista y mayorista, energía, agua potable, transporte, industria manufacturera, servicios públicos, control de tránsito y actividades de fiscalización. En la práctica, importadores, fabricantes, prestadores de servicios y operadores comerciales deberán canalizar sus trámites de aprobación de modelo y verificaciones a través de laboratorios y organismos de certificación acreditados ante el OAA.

Desde el punto de vista económico, el objetivo explícito es reducir tiempos y costos de transacción, eliminando cuellos de botella administrativos que, según el INTI, “redundan en un perjuicio para los consumidores”. La mayor competencia entre prestadores acreditados podría traducirse en mayor oferta de servicios, plazos más cortos y mayor previsibilidad regulatoria.

En términos institucionales, el reordenamiento consolida un esquema más descentralizado de control metrológico, alineado con estándares de acreditación y supervisión, aunque también plantea desafíos de coordinación y fiscalización para la Autoridad de Aplicación. El rol del OAA y de los organismos certificadores privados se vuelve central, mientras que el INTI redefine su función estratégica dentro del sistema.

Las reacciones esperables incluyen una adaptación progresiva de empresas y organismos de control locales al nuevo esquema, así como un seguimiento atento por parte de sectores regulados que dependen de verificaciones periódicas para operar. La resolución subraya que no implica erogaciones adicionales para el presupuesto del INTI, pero sí una reconfiguración profunda de su oferta de servicios históricos.

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El INTI elimina el Servicio Argentino de Calibración y Medición

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El INTI disuelve el Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC) y concentra la certificación en el OAA para fortalecer el Sistema Nacional de Calidad

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) oficializó la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC), creado en 1985, con el objetivo de eliminar superposiciones con el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y robustecer el Sistema Nacional de Calidad. La medida, alineada con las políticas nacionales de desregulación y eficiencia administrativa, busca impulsar que los laboratorios certifiquen directamente ante el OAA, organismo con reconocimiento internacional.

Unificación institucional: por qué se elimina el SAC tras casi cuatro décadas

La decisión fue anunciada este 2 de diciembre de 2025 y se fundamenta en la necesidad de corregir una estructura duplicada dentro de la gestión de la calidad. Tanto el SAC como el OAA intervenían en la autorización de Certificados de Calibración y Medición, generando —según los argumentos oficiales— una superposición de funciones que afectaba la eficiencia del sistema.

La medida se enmarca en las políticas de desregulación, desburocratización y simplificación impulsadas por el Gobierno Nacional para optimizar el uso de los recursos públicos y promover un entorno técnico más competitivo para la certificación de calidad.

De acuerdo con el INTI, la disolución del SAC permite avanzar hacia un esquema unificado que fortalece la capacidad de los laboratorios para obtener acreditaciones internacionalmente reconocidas. El OAA, como organismo central del sistema, cuenta con el respaldo de entidades globales como ILAC, IAF, IAAC, la OCDE y el International Halal Acreditation Forum (IHAF).

Reconfiguración del Sistema Nacional de Calidad: nuevas competencias y transición para los laboratorios

El rediseño normativo se apoya en la Resolución Nº 276/24 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. Esta normativa habilita a los entes privados —además del INTI— a efectuar la aprobación de modelos y verificaciones periódicas de instrumentos de medición, una función históricamente concentrada en el ámbito estatal.

Según los fundamentos oficiales, la nueva estructura apunta a: Consolidar un sistema de calibración más robusto bajo la coordinación del OAA. Eliminar barreras técnicas al comercio, facilitando procesos más ágiles para empresas y laboratorios. Promover la transparencia y estandarización, al operar bajo acreditaciones reconocidas globalmente. Fortalecer la competitividad, mejorando la inserción de productos y servicios argentinos en mercados internacionales.

La Dirección Operativa del INTI garantizó una transición ordenada, de modo que los laboratorios puedan iniciar formalmente los procedimientos necesarios para la acreditación ante el OAA. Esto implica migrar sus certificaciones al nuevo régimen y adecuar procesos internos a los estándares exigidos por el organismo.

Laboratorios, industria y comercio exterior

El rediseño del esquema de certificación genera consecuencias directas para industrias que dependen de la calibración y medición para operar:

Laboratorios privados y públicos

La eliminación del SAC implica que todos deberán certificar ante el OAA, un organismo con estándares estrictos y homologación internacional. Esto puede elevar la competitividad pero exige inversiones en adecuación técnica.

Empresas industriales

La simplificación del sistema busca reducir tiempos y costos en la aprobación de modelos y verificaciones periódicas, especialmente en sectores donde la trazabilidad de mediciones es crítica —manufacturas, alimentos, construcción, energía, logística.

Comercio exterior

El reconocimiento internacional del OAA facilita la aceptación de certificaciones argentinas en otros mercados, reduciendo la necesidad de ensayos duplicados y potenciando la inserción de productos locales.

Estado nacional

El nuevo esquema se alinea con la estrategia de eficiencia administrativa, reducción del gasto operativo y fortalecimiento de estándares compatibles con organismos multilaterales.

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Transporte: prorrogan requisitos de ESC y EBS por falta de laboratorios y pedidos del sector

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La Subsecretaría de Transporte Automotor dispuso nuevas excepciones hasta 2027 para la implementación del Control Electrónico de Estabilidad (ESC) y del Sistema Electrónico de Freno (EBS) en vehículos de las categorías M, N y O. La medida responde a pedidos de fabricantes y cámaras empresarias ante la falta de laboratorios nacionales reconocidos para validar ensayos obligatorios. Regirá hasta el 1° de enero de 2027.

El núcleo de la medida: prórroga y excepciones para ESC y EBS

Mediante la Disposición 4/2025, publicada el 27 de noviembre de 2025, el Ministerio de Economía —a través de la Subsecretaría de Transporte Automotor— dispuso nuevas excepciones y prórrogas en la aplicación de dos sistemas de seguridad obligatorios en vehículos destinados al transporte de pasajeros y de carga: el Control Electrónico de Estabilidad (ESC) y el Sistema Electrónico de Freno (EBS).

La norma establece que, hasta el 1° de enero de 2027, quedarán exceptuados del ESC los vehículos de carga con Peso Bruto Total mayor a 3,5 toneladas, con más de tres ejes y configuraciones de tracción 4×4, 6×4 (no bitrén), 6×6, 8×2, 8×4 y 8×6, además de los vehículos de propósito especial y los ómnibus de la categoría M3, salvo los doble piso, que mantienen aplicación vigente.

Asimismo, dispone la excepción del EBS para las categorías M2, M3, N2, N3, O3 y O4, también hasta 2027, con las mismas excepciones para los ómnibus doble piso M3 y los bitrenes N3.

La medida se dicta bajo las facultades conferidas por la Ley 24.449, su decreto reglamentario 779/1995, el decreto 196/2025, y el decreto 50/2019.

Las razones oficiales: falta de laboratorios reconocidos, pedidos del sector privado y criterios técnicos de seguridad

El texto reconoce que la prórroga vuelve a ser necesaria debido a que “a la fecha aún no se cuenta con laboratorios nacionales con reconocimiento de métodos de prueba alternativos”, según indicó la Subsecretaría de Gestión Productiva en la nota NO-2024-87651691-APN-SSGP#MEC.

El INTI, responsable de la validación técnica, confirmó que “continúa trabajando junto a los laboratorios con el fin de resolver la situación”, lo cual ya había motivado una postergación previa —hasta el 1° de julio de 2025— mediante la disposición 2/2024.

Además, la Subsecretaría de Transporte Automotor recibió dos solicitudes formales del sector productivo:

La Cámara Argentina de Fabricantes de Acoplados y Semirremolques (CAFAS)

Pidió extender la postergación del ESC y del EBS ante “la necesidad de adecuación del sector y la imposibilidad técnica de validar métodos de ensayo”.

La empresa Agrale Argentina SA

Solicitó la prórroga para avanzar con la obtención de la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) de la unidad eléctrica YAXING JS6690GHBEV/AGRALE MA 6.0 LEe, cuya tramitación depende del marco normativo prorrogado.

El respaldo técnico central provino de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, que sostuvo: “Visto los avances tecnológicos en sistemas de frenos y las continuas prórrogas, resulta oportuno dar lugar a una nueva extensión del plazo”. Recomendó aplicar la prórroga a categorías O4 y O3 y extender excepciones para configuraciones pesadas. Señaló que, hasta que existan métodos de prueba reconocidos, los fabricantes deberán presentar una Declaración Jurada avalada por un laboratorio nacional aprobando la instalación y funcionamiento de ABS, EBS y ESC.

La Comisión también destacó la importancia del equilibrio entre actualización normativa, condiciones técnicas y seguridad vial.

Impacto en la industria, el transporte y la agenda regulatoria

La prórroga hasta 2027 tiene efectos directos sobre:

Fabricantes e importadores

Podrán continuar comercializando unidades sin ESC ni EBS en las categorías exceptuadas, siempre bajo Declaración Jurada supervisada por el INTI y la autoridad de aplicación.

Transportistas de carga pesada

Las configuraciones de hasta 8 ejes podrán seguir operando sin modificaciones estructurales inmediatas.

Transporte de pasajeros

Solo los ómnibus doble piso M3 mantienen obligatoriedad vigente, lo que preserva estándares de seguridad en vehículos de mayor riesgo operativo.

Normativa futura

La medida reabre el debate sobre los plazos de implementación de tecnologías de seguridad obligatorias, las capacidades del sistema científico-tecnológico nacional y el alineamiento con estándares internacionales.

El sector aguarda definiciones sobre la entrada en vigencia plena del IF-2025-26816697-APN-SSTAU#MEC, que sustituyó el Anexo B del decreto 779/1995 y establece los procedimientos de ensayos para obtener la LCM y la LCA.

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