El Presupuesto 2027 que envió el Gobierno al Congreso al filo del cierre del martes consolida una matriz de ajuste, que en los casos puntuales del sistema científico de universidades nacionales se siente con mayor crudeza porque son sectores que ya arrastraban problemas estructurales de desfinanciamiento.
Los organismos que componen el sistema científico, como CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) recibirán partidas para acompañar la inflación prevista del 18% por el Gobierno para el 2027.
En caso de que este escenario optimista de expectativa inflacionaria no se cumpla, volverán a perder capacidad de financiamiento en términos reales.
Este nuevo golpe se produce cuando aún no pudieron recuperar la pérdida del 35% de sus ingresos reales desde la llegada de Javier Milei en diciembre de 2023.
El panorama es sensiblemente peor para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que sufrirá en 2027 una quita nominal de partidas del 12,4%, al tiempo que para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) está prevista una caída nominal de recursos del 5,2%.
Tanto el INTA como el INTI vienen sufriendo un fuerte desfinanciamiento y una pérdida masiva de personal desde 2024.
En el INTA, el recorte presupuestario acumulado en términos reales supera el 43%, mientras que en el INTI la situación es aún más pronunciada, con caídas en la ejecución de sus recursos y un recorte real acumulado que roza el 49% en el mismo lapso.
Universidades nacionales
El proyecto de ley presentado por la administración de Javier Milei destina 7,34 billones de pesos a las universidades nacionales, una cifra muy alejada de los más de 11 billones exigidos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de todo el país.
Más allá del recorte económico, el Capítulo II del proyecto del presupuesto del Gobierno introduce una polémica cláusula que exige a las universidades detallar la finalidad de sus gastos ante el Ministerio de Capital Humano y faculta al Poder Ejecutivo a interrumpir las transferencias de fondos si no cumplen.
Los rectores advierten sobre la vulneración del principio de la autonomía universitaria, y consideran que la propuesta de 11 billones es insuficiente.
Además, reclaman por el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario que está vigente y anticipan una fuerte conflictividad.
La crisis del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) escaló esta semana con una convocatoria realizada en el Parque Tecnológico Miguelete, en San Martín, impulsada por mandos medios del organismo y acompañada por referentes empresarios, industriales, técnicos y académicos. El encuentro se produjo después de la eliminación de alrededor de 1.000 servicios técnicos que el instituto brindaba a la industria y a la comunidad, el cierre del Servicio Argentino de Calibración y la supresión del Sistema de Metrología Legal.
A ese escenario se suma la advertencia por más de 700 posibles despidos en la planta del organismo. Desde el inicio de la actual gestión nacional, el INTI ya habría perdido cerca del 30% de su personal, entre retiros voluntarios, no renovación de contratos y otras bajas, un recorte que, según alertaron los participantes, podría volver prácticamente inviable el funcionamiento de la institución.
La actividad estuvo atravesada por un clima de tensión. Según denunciaron los organizadores, las autoridades intentaron impedir el desarrollo del encuentro: primero, rodeando el auditorio con gendarmes; luego, bloqueando el ingreso al predio. Sin embargo, la magnitud de la convocatoria obligó a permitir la realización de la jornada en la puerta del organismo.
Uno de los ejes del debate fue el rol estratégico del INTI en la competitividad industrial. Marco Meloni, vicepresidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), sostuvo que los países que logran crecer con movilidad social “están totalmente apoyados en el desarrollo tecnológico e industrial”, y que ese proceso requiere educación y centros técnicos “como el INTI, multiplicados por todo el país”.
En la misma línea, Luciano Galfione, presidente de Fundación ProTejer, advirtió que una matriz industrial diversificada y federal necesita organismos capaces de certificar productos, validar procesos y dar garantías para acceder a mercados internacionales. “Sin el INTI no hay industria y sin industria no hay Nación”, afirmó.
Galfione puso como ejemplo la suspensión de ensayos vinculados a fibras de camélidos, una decisión que, según explicó, impide exportar productos que dependen de esas certificaciones. También cuestionó el argumento oficial de reemplazar capacidades públicas por laboratorios privados. “Me hablan de competitividad y me hacen mandar los ensayos a un laboratorio más caro; en muchos casos, esos laboratorios ni siquiera existen en la Argentina”, señaló.
Fernanda Mettini, directora técnica de El Balancero SRL, amplió el impacto del recorte: “Sin el INTI no sólo no hay industria; tampoco hay comercio, seguridad ni salud”. La empresaria alertó especialmente por la disolución del área de Metrología Legal, encargada de ensayos y controles sobre instrumentos de medición como balanzas, etilómetros y cinemómetros, utilizados en sectores sensibles de la vida económica y social.
El reclamo también incorporó testimonios de empresas que utilizaron al INTI como plataforma de desarrollo productivo. Juan Cruz López Hamdan, fundador y CEO de Cultura Cárnica & Cultura Smash y director de Agroganadera Los Juanes, relató que el organismo fue clave para transformar producción ganadera en alimentos con valor agregado y estándares internacionales.
“Me acerqué al INTI sin tener idea del sector industrial. Sus especialistas me ayudaron a desarrollar un producto desde cero, con estándares internacionales para Estados Unidos y Europa, y a montar nuestra primera planta”, explicó. Según planteó, la continuidad del instituto es decisiva para terminar un nuevo producto cárnico con destino exportador.
Aldo Lo Russo, CEO de la metalúrgica Baigorria, fue más directo en su diagnóstico: “Hoy nos encontramos con una política industrial inexistente”. Para el empresario, evitar que el entramado productivo quede reducido a “ruinas” exige reconstruir un pacto entre empresas, trabajadores, instituciones técnicas y el Estado.
El economista Paul Segal, profesor del IAE Business School y especialista en desarrollo internacional y economías emergentes, aportó una mirada estructural. Subrayó que el INTI cumple una función clave para que las empresas puedan exportar, al asesorarlas en el cumplimiento de estándares internacionales de seguridad y calidad.
Segal remarcó que el desarrollo productivo exitoso rara vez surge de empresas aisladas. “El sector privado es central: invierte, produce y exporta. Pero las empresas no operan en el vacío. Necesitan capacidades, reglas e instituciones que les permitan invertir, innovar y competir”, sostuvo. Para el académico, la inversión pública en ciencia, técnica y tecnología no es un accesorio: forma parte de las condiciones necesarias para que la industria pueda desarrollarse.
El conflicto por el INTI expone, así, una discusión de fondo sobre el modelo productivo argentino. Para los sectores empresarios y técnicos que participaron del encuentro, el ajuste sobre el organismo no sólo implica una reducción administrativa: compromete servicios críticos para exportar, certificar, medir, controlar calidad, agregar valor y sostener capacidades industriales en todo el país.
En el marco del convenio de cooperación entre la Asociación Civil Misiones Activa, la ONG Ciencia Sativa y el INTA Bariloche, se dieron a conocer los resultados de los análisis realizados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial sobre semillas de cáñamo producidas en la provincia, consolidando un avance clave hacia el desarrollo de una nueva cadena de valor agroindustrial.
Los informes técnicos del INTI, elaborados en el Departamento de Alimentos NEA, confirmaron un perfil nutricional altamente competitivo en semillas de cáñamo de genética Cannawine. En una base de 100 gramos, se registraron 29,1 ± 0,5 gramos de proteínas, 36,9 ± 0,5 gramos de grasas totales, 19,44 ± 0,01 gramos de fibra dietaria, 7,01 ± 0,02 gramos de humedad, 7,56 ± 0,01 gramos de cenizas totales y 32 ± 2 miligramos de sodio.
Estos valores, verificados bajo metodologías oficiales AOAC, posicionan al cáñamo como un alimento de alto valor biológico, con un contenido proteico destacado frente a fuentes tradicionales como la carne vacuna o porcina en términos relativos.
El ensayo fue desarrollado bajo la dirección técnica de cultivo del licenciado Lionel Matías Fernández, quien coordinó el proceso productivo y la implementación de los protocolos agronómicos que permitieron obtener las muestras analizadas, garantizando trazabilidad y calidad en cada etapa.
“Este resultado no es casualidad, es el producto de una articulación inteligente entre organizaciones, sistema científico y territorio. El cáñamo industrial representa una oportunidad estratégica para la provincia de Misiones: diversifica la matriz productiva, genera valor agregado en origen y abre la puerta a una nueva economía basada en la innovación y la sostenibilidad. Hoy contamos con evidencia científica que respalda la necesidad de avanzar en políticas públicas que acompañen este desarrollo”, señaló Fernández.
Sin embargo, este avance técnico contrasta con la situación actual del marco regulatorio nacional. La Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, organismo encargado de otorgar licencias para el desarrollo del cáñamo industrial, mantiene una parálisis operativa que se extiende desde hace más de dos años.
En ese contexto, la Asociación Civil Misiones Activa presentó su solicitud de licencia hace más de 200 días, sin haber recibido respuesta hasta el momento, en un escenario de silencio administrativo que limita la posibilidad de escalar este tipo de iniciativas productivas.
Este desfasaje entre la capacidad técnica demostrada y la falta de definiciones regulatorias expone la necesidad de reactivar los mecanismos institucionales que permitan transformar el potencial del cáñamo en desarrollo económico real.
Desde una perspectiva técnica y política, el estudio valida no solo la calidad nutricional del cultivo, sino también su potencial como política de desarrollo productivo, alineada con las nuevas demandas globales de alimentos saludables y sostenibles.
En un contexto internacional de crecimiento de la demanda de proteínas vegetales, Misiones cuenta hoy con una ventaja concreta: datos científicos, capacidad técnica y condiciones agroecológicas favorables.
El desafío hacia adelante es consolidar el marco normativo, habilitar la operatoria del sector y construir una cadena de valor que permita transformar este logro técnico en desarrollo económico, empleo y oportunidades para los productores misioneros.
El Gobierno de Misiones, a través del Ministerio del Agro y la Producción y en articulación con la Asociación de Té Argentino, abrió la convocatoria a la segunda edición del concurso “Mejor Blend Argentino”, con inscripción abierta hasta el 27 de abril de 2026 y premiación prevista para el 23 de mayo en la 4ta Expo Té Argentina, en Posadas. La decisión no es solo sectorial: forma parte de una política más amplia para reposicionar al té como economía regional con mayor valor agregado. En un contexto de búsqueda de competitividad, la iniciativa plantea una tensión de fondo: ¿puede la innovación en origen transformar una cadena históricamente exportadora de commodities en una industria con mayor diferenciación?
El certamen apunta a productores, elaboradores y emprendedores que trabajen con té argentino como base —en sus variantes verde, negro, oolong, rojo o blanco— e incorporen al menos un componente adicional. Las muestras deberán presentarse antes del 27 de abril y serán evaluadas el 28 mediante una cata técnica bajo sistema codificado.
Institucionalidad productiva y construcción de mercado
La iniciativa se inscribe en una lógica de articulación público-privada. El jurado estará integrado por representantes de la Asociación de Té Argentino, la Cámara de Elaboradores de Té Argentino, el Ministerio del Agro y la Producción, el INTI y el INTA. Esa composición no es menor: busca validar el proceso con criterios técnicos y, al mismo tiempo, alinear a los principales actores de la cadena.
Desde el punto de vista institucional, el concurso funciona como una herramienta concreta para impulsar el agregado de valor. No se trata solo de premiar blends, sino de estimular una reconversión productiva que incorpore innovación, diferenciación y desarrollo de marca en origen. En términos prácticos, esto implica pasar de vender materia prima a construir productos con identidad y potencial de mercado.
La articulación con la 4ta Expo Té Argentina refuerza esa estrategia. El evento, que se realizará el 23 y 24 de mayo en el Parque del Conocimiento, opera como vidriera comercial, espacio de networking y plataforma de posicionamiento para la actividad tealera.
Un sector estratégico en disputa por su modelo de desarrollo
Misiones concentra el 95% del cultivo de té en Argentina, con cerca de 29.000 hectáreas implantadas. Ese dato define el peso estructural de la provincia en la cadena, pero también expone una dependencia histórica de mercados externos y de precios internacionales.
En ese contexto, la promoción de blends y té gourmet aparece como un intento de diversificación. La apuesta es clara: capturar mayor valor dentro de la provincia y ampliar la base de consumo, especialmente en el mercado interno. Sin embargo, ese movimiento también reconfigura la discusión sobre el modelo productivo. No todos los actores tienen la misma capacidad para reconvertirse hacia segmentos de mayor valor agregado.
La convocatoria, abierta a cualquier interesado, intenta ampliar la base de participación. Pero el verdadero impacto dependerá de cuántos de esos proyectos logren sostenerse más allá del concurso y convertirse en unidades productivas viables.
Entre la política sectorial y el desafío de escala
El lanzamiento del concurso envía una señal política: el Gobierno provincial busca intervenir en la cadena tealera no solo desde la producción primaria, sino también desde la construcción de mercados. Es una estrategia que combina promoción, capacitación y visibilidad.
Lo que queda por ver es si esta política logra escalar. La experiencia de otros sectores muestra que la innovación inicial necesita luego de financiamiento, logística y acceso a canales de comercialización para consolidarse.
En las próximas semanas, la cantidad y calidad de propuestas que se presenten dará una primera señal sobre la recepción del sector. Más adelante, el foco estará en la capacidad de transformar esa creatividad en volumen económico real.
El té misionero vuelve a escena con una apuesta distinta. El resultado, como suele ocurrir en la política productiva, no dependerá solo de la idea, sino de cómo se articule en el tiempo.
La Indicación Geográfica (IG) “Té Argentino” alcanzó un punto de inflexión para la producción tealera del nordeste argentino: 15 empresas de Misiones ya forman parte del sello, una herramienta estratégica que protege el origen, la calidad y el valor cultural del té producido en la región y fortalece su posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales. El reconocimiento oficial fue otorgado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación mediante la Resolución 126/2024, a fines de 2024, y coronó más de un año de trabajo interinstitucional.
El proceso fue impulsado y acompañado por el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Producción Vegetal, junto con la Asociación de Té, el INTA y el INTI. La medida representa un avance institucional clave para el sector, al consolidar un marco de protección legal, diferenciación productiva y mejora competitiva para una de las economías regionales más relevantes de la provincia.
Qué implica la Indicación Geográfica y por qué es estratégica
La Indicación Geográfica es un derecho de propiedad intelectual regulado por la Ley 25.380, cuyo objetivo es proteger y valorizar productos cuyas características específicas están directamente vinculadas a su origen geográfico. No se trata de una herramienta que se crea, sino que se reconoce, ya que su valor se asienta en cualidades preexistentes derivadas de la combinación entre recursos naturales, prácticas productivas locales, historia y cultura.
En términos operativos, la IG garantiza que todas las etapas de producción, transformación y elaboración se realicen íntegramente dentro de la zona delimitada. En el caso del Té Argentino, certifica el producto cultivado y elaborado en Misiones y en el extremo noreste de Corrientes, reconocida como la región productora de té más austral del mundo.
La certificación destaca cualidades diferenciales del té de la región: elevado contenido de polifenoles, que potencia su capacidad antioxidante; un perfil sensorial menos astringente, más suave y dulce frente a otros orígenes; y brillo y traslucidez en la infusión fría. Estas características se vinculan de manera directa con las condiciones agroecológicas, como el relieve ondulado y la predominancia de suelos rojos, además de un fuerte componente histórico y humano que se remonta a 1923, cuando comenzó el cultivo de té en la Argentina.
Gobernanza, control y trabajo interinstitucional
La gestión, promoción y administración de la IG está a cargo de la Asociación Civil Consejo de la Indicación Geográfica Té Argentino, que nuclea a productores y elaboradores de la región. Su función es central para la representación colectiva del sector y la defensa de la calidad del producto, supervisando y participando en las auditorías que verifican el cumplimiento de los estándares de calidad, origen y trazabilidad establecidos en el protocolo.
Este esquema se desarrolla de forma articulada con el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, el INTA y el INTI, y es supervisado por el Consejo Asesor de la Indicación Geográfica “Té Argentino”, integrado por la Asociación Civil Té Argentino; el Ministerio del Agro —a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Producción Vegetal y la Dirección General de Yerba Mate y Té—; el INTA; y el INTI. El proceso cuenta además con la validación de la Comisión Nacional Asesora de Indicaciones Geográficas (IG) y Denominaciones de Origen (DO).
En este marco, la directora general de Yerba Mate y Té, Tatiana Bida, explicó que “el Consejo Asesor coordinado por el Ministerio realiza las auditorías técnicas a las plantas elaboradoras para verificar que cumplen rigurosamente con todos los estándares de calidad, origen y trazabilidad establecidos en el pliego de condiciones de la IG, habilitándolas para utilizar el sello distintivo de ‘Té Argentino’. Para nosotros es clave el trabajo interinstitucional”.
Desde el Gobierno provincial, el ministro Facundo López Sartori subrayó que la Indicación Geográfica “es una política que fortalece a los productores y elaboradores, mejora el desempeño del té argentino tanto en el mercado local como internacional y consolida el valor del origen como un diferencial competitivo”. En la misma línea, la subsecretaria Luciana Imbrogno destacó que “este reconocimiento posiciona al té argentino a nivel global, garantiza que el producto cumpla con estándares de calidad y de preservación ambiental, y protege su valor cultural y productivo como propiedad intelectual”.
Impacto económico y beneficios para exportadores
Más allá del reconocimiento simbólico y productivo, la IG “Té Argentino” tiene un impacto económico concreto. Los productos que utilizan el sello pueden acceder a un reintegro adicional del 0,5% sobre el valor de exportación, conforme a lo establecido por el Decreto 1341/16. Este incentivo mejora la competitividad externa del sector y refuerza la estrategia de posicionamiento del té argentino como producto diferenciado de alta calidad.
Para acceder al uso del sello y al beneficio económico, el primer paso es contactar a la Asociación Té Argentino, mientras que los requisitos se encuentran disponibles en el sitio oficial del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones.
Actualmente, integran la Indicación Geográfica “Té Argentino” las siguientes empresas: Akasha Tea, Del Iguazú Infusiones, Hebras Misioneras, Té Kaeriyama, Doña Irma Té Artesanal, Infusiones Jesper, Cooperativa Agrícola Ltda. Ruiz de Montoya, Cooperativa Yerbatera Dos de Mayo Ltda., Don Basilio, Klimiuk Infusiones, Don Layo S.R.L., Valmitran, Fontana S.A., Martin Bauer Argentina y Las Treinta S.A.
Con esta incorporación, Misiones consolida una política pública de largo plazo, que reconoce el valor del territorio, protege el conocimiento productivo acumulado y fortalece la competitividad del té argentino en el escenario global, a partir de una estrategia común que articula Estado, productores y sistema científico-tecnológico.
